Publicado en Portafolio el viernes 24 de mayo de 2019
Aun cuando los últimos gobiernos han implementado programas de reducción de trámites, la carga regulatoria sigue siendo un lastre para la competitividad de las empresas. Eso ocurre porque mientras se hace el esfuerzo de eliminar algunas normas, no hay ningún control en la expedición de otras nuevas.
Entre 2000 y 2016 el Congreso expidió en promedio 1,4 leyes por semana y, según el DNP, la rama ejecutiva emitió 15,4 normas por día (2,8 de ellas son decretos); esta es una avalancha prácticamente imposible de asimilar por los ciudadanos y las empresas que deben cumplir con ellas.
Esa avalancha es uno de los factores que afectan negativamente la eficiencia económica. Según el último Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, en la variable “carga de la regulación gubernamental”, Colombia ocupó el puesto 123 entre 140 países.
El tema de la regulación excesiva es una preocupación de muchos gobiernos, lo que ha conducido a políticas que buscan su control, a la vez que mejoran su calidad y reducen su costo económico y social. En esta materia el Reino Unido es un ejemplo interesante; en 2005 estableció The Better Regulation Executive (BRE), que hoy es parte del British Department for Business, Energy and Industrial Strategy, con el propósito de liderar una mejor política regulatoria en todo el gobierno británico, buscando un equilibrio entre las necesidades de control y regulación y los costos para la sociedad y las empresas.
Las funciones de la BRE implican, entre otras, la evaluación del impacto de cada regulación, revisar su efectividad, reducir la regulación a las pequeñas empresas, brindar asesoría a las Better Regulation Unit que tiene cada departamento gubernamental y controlar el número de nuevas normas.
Para esta última función, en enero de 2011 el Reino Unido introdujo la regla One-In One-Out, y en enero de 2013 dio paso a la nueva regla One-In Two-Out. Con ella se planteó que “cualquier medida de regulación o desregulación que resulte en un costo neto directo para las empresas debe ser compensada por medidas que desregulen y les proporcionen ahorros de al menos el doble de esa cantidad” (Department for Business, Innovation and Skills (2015). “Better Regulation Framework Manual. Practical Guidance for UK Government Officials”).
Según los informes del Comité de Política Regulatoria, el ahorro neto para las empresas entre enero de 2011 y julio de 2015 fue cercano a los 2.2 miles de millones de libras esterlinas. Es el resultado neto de la introducción de 119 normas, la salida de 214 y la expedición de 183 con costo cero para las empresas (Department for Business Innovation & Skills (2014). “Ninth Statement of New Regulations. Better Regulation Executive”).
De forma complementaria, el gobierno británico creó, como parte del Cabinet Office, el Behavioural Insights Team (BIT), con el propósito de mejorar la calidad de las políticas públicas, incluyendo la regulación, mediante la aplicación de la economía conductual. Entre sus asesores están Richard Thaler, premio nobel de economía, y Cass Sunstein, su coautor del libro “Un pequeño empujón”. Actualmente el BIT es una empresa independiente que asesora al gobierno británico y a otros gobiernos y empresas del mundo.
En síntesis, Colombia tiene el reto de frenar la hemorragia regulatoria, para lo cual hay muchos ejemplos de referencia.
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