Publicado en la Revista MisiónPyme No 80, noviembre de 2014
La reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso causó una sorpresa y generó debates por su justificación y su contenido.
La sorpresa surge porque en la campaña presidencial que terminó en junio pasado ningún candidato mencionó el tema, pero, en cambio, varios expertos formularon la necesidad de una reforma tributaria.
Aun así fue sorpresa, porque mientras los estudiosos apuntaban a una reforma tributaria estructural, la presentada nace de problemas presuntamente coyunturales.
Justificación de la reforma
El Ministro de Hacienda justifica la reforma por tres razones: la necesidad de financiar gastos permanentes –el fortalecimiento de las fuerzas militares y los compromisos adquiridos en el paro agrario del año pasado– que se nutrían de impuestos temporales; la reducción de la renta petrolera por cuenta de la caída en la producción y la tendencia descendente de los precios internacionales; y la importancia de sostener la dinámica de la inversión pública en un entorno global de desaceleración.
No es razonable establecer gastos permanentes y financiarlos con impuestos temporales y anti-técnicos. Tampoco lo es que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), publicado en junio, no se mencione el problema esperado para 2015, toda vez que era conocido que la vigencia del impuesto al patrimonio terminaría a finales de 2014 y que el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) se desmontaría gradualmente entre 2015 y 2017.
Con relación al precio del petróleo, desde 2013 hay análisis sobre la probabilidad de caída como consecuencia de la creciente oferta de hidrocarburos no convencionales. Esa previsión se está cumpliendo con una rapidez y en una magnitud que pocos esperaban. En este punto el MFMP fue muy optimista al suponer un precio de US$98 para 2014 y US$99 para 2015.
Por último, es evidente que ante la nueva desaceleración que está enfrentando el mundo, hay que fortalecer la dinámica del mercado interno. En ese contexto son claves las autopistas 4G y la construcción de las 300 mil viviendas gratis y las 200 mil con subsidios para los estratos 1 y 2; pero, como lo enuncia el Ministro, estos rubros no tienen un impacto de corto plazo en el gasto público.
Las medidas propuestas
En esencia la reforma busca recaudar el faltante de $12.5 billones para 2015 mediante la extensión de la vigencia del GMF hasta el 2018 –posponiendo su desmonte para 2019-2021–; la creación del impuesto a la riqueza en reemplazo del impuesto al patrimonio; y una sobretasa de tres puntos al CREE entre 2015 y 2018, junto con el aumento permanente de ese impuesto del 8% al 9% a partir del periodo gravable 2016.
Varios puntos han generado la polémica. Primero, se busca financiar no solo el 2015 sino todo el periodo del actual Gobierno. Pero se siguen financiando con impuestos temporales los gastos permanentes.
Segundo, no hay nada en la reforma que solucione los problemas estructurales que tienen las finanzas públicas y que han sido diagnosticados en diversos estudios nacionales e internacionales.
Tercero, la prolongación del GMF a pesar de las distorsiones que ocasiona en el mercado financiero; este impuesto induce una alta preferencia por efectivo, que frena la profundización financiera y su potencial impacto en el desarrollo económico. Según la Asobancaria, “la alta demanda por este medio de pago favorece las actividades delictivas, la evasión tributaria y la informalidad, que son elevadas en el país. Además, constriñe el desarrollo de otros medios de pago que son unos vehículos eficaces de inclusión financiera”.
Cuarto, crea el impuesto a la riqueza, que es otro impuesto anti-técnico pues grava el patrimonio, que es el motor del crecimiento de las empresas. Un ejercicio de Fedesarrollo (Tendencia Económica No. 146) muestra que este gravamen castiga a las empresas intensivas en capital y a las que tienen baja rentabilidad patrimonial.
Un aspecto poco mencionado es el impacto de ese impuesto sobre las pyme. Al respecto, un estudio del FMI, de 1994, señaló: “Como las firmas más pequeñas tienden a mantener una baja proporción entre deuda y títulos, la distribución de las cargas tributarias entre firmas pequeñas y grandes se sesga en contra de las pequeñas en el caso de un impuesto al patrimonio neto”.
Reforma estructural
La OCDE, organización a la que Colombia está en proceso de adhesión, resume el problema fiscal en los siguientes términos: “El sistema tributario colombiano recauda poco, crea distorsiones por medio de las diversas desgravaciones, regímenes especiales y tasas marginales relativamente altas, y la redistribución es baja o inexistente. Además, es un régimen complejo que genera altos costos administrativos y de cumplimiento, así como una amplia elusión y evasión de impuestos”.
Adicionalmente un estudio del Banco Mundial muestra que los beneficios y exenciones a los impuestos de renta e IVA pasaron de 127 a 201 entre 2000 y 2011. Ellos tienen un costo fiscal del 4.5% del PIB.
Por último, Christian Moller, del Banco Mundial, afirma: “Mientras que los impuestos y las transferencias reducen la desigualdad en cerca de 12 puntos Gini en los países europeos de la OCDE, la política fiscal en Colombia no parece tener un impacto redistributivo importante”.
Los anteriores elementos muestran las razones que le asisten al Consejo Gremial Nacional para solicitar al Gobierno que el proyecto de reforma tributaria solo financie el faltante de 2015 y que se conforme un comité de expertos para diseñar una reforma estructural.
La reforma estructural es necesaria para sustituir la colcha de retazos que actualmente es el estatuto tributario. Con ella, la política fiscal se debe convertir en una herramienta efectiva para mejorar la distribución del ingreso, no generar distorsiones a la inversión privada y contar con el margen de maniobra para su uso contracíclico.
Seguro de desempleo
martes, 18 de noviembre de 2014
Publicado en Ámbito Jurídico, Año XVII – No. 406; 10 al 23 de noviembre de 2014
En la pasada Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, Miguel Urrutia, exgerente general del Banco de la República y profesor de la Universidad de los Andes, presentó una propuesta de seguro de desempleo. La propuesta es el resultado de un trabajo de investigación dirigido por él, con la participación de un grupo técnico de la Universidad de los Andes y de Fasecolda.
En ausencia de un seguro de desempleo, la pérdida del empleo ocasiona un drama a las familias: los ingresos caen, la educación de los hijos se suspende, desmejora la calidad de la alimentación, pierden el acceso al sistema de salud, aumentan el endeudamiento, se pone en riesgo el patrimonio y aumenta la probabilidad de entrar a la informalidad.
El Gobierno colombiano ha realizado diferentes intentos de proteger a los trabajadores frente a esa eventualidad, pero con poco éxito. El esquema más antiguo es el de cesantías; los empleadores están obligados a abonar anualmente en un fondo de cesantías, el equivalente a un mes de salario de cada empleado que devengue menos de 10 salarios mínimos legales (SMMLV). Además debe pagarle como intereses al trabajador el 12% del valor abonado.
Teóricamente esa cuenta individual debería constituir una reserva para ser utilizada como ingreso en caso de pérdida del empleo. Sin embargo, en la práctica no funciona así, pues la legislación permite al trabajador retirar total o parcialmente las cesantías para pagos de educación superior y compra o reparaciones de vivienda. Además, cuando un trabajador cambia de empresa, puede disponer del saldo acumulado.
De esta forma, las cesantías se volvieron parte del ingreso corriente de los trabajadores; más del 70% de ellas son retiradas en los meses siguientes al abono, por cualquiera de las razones señaladas. Por eso, si quedan desempleados, no disponen de las reservas suficientes para cubrir sus necesidades básicas mientras logran otro empleo.
En el presente año entró en funcionamiento el Mecanismo de Protección al Cesante (MPC), establecido mediante la Ley 1636 de 2013. El MPC cubre a todos los empleados afiliados a cajas de compensación y consiste en el pago de los aportes a salud y pensiones del trabajador por un periodo de seis meses, sobre la base de un salario mínimo.
De forma complementaria, los trabajadores del régimen de cesantías pueden inscribirse para ahorrar voluntariamente como mínimo el 10% de sus cesantías, en el caso que devenguen hasta dos SMMLV, o el 25% para los de salarios superiores a ese nivel. Cuando el trabajador pierde el empleo, además de los pagos a la seguridad social mencionados, recibe un subsidio del Gobierno del 20% del saldo ahorrado si sus ingresos son inferiores a dos SMMLV; ese porcentaje es decreciente para salarios superiores.
Es claro que el MPC cubre un gasto importante para las familias e incentiva la acumulación de cesantías. Sin embargo, queda abierta la puerta para suspender el ahorro cuando se quiera (perdiendo el derecho al subsidio), lo que, dada la arraigada práctica de retiro, repercutirá en baja acumulación de reservas. Adicionalmente, a pesar de la buena intención, no brinda los ingresos suficientes para cubrir los demás gastos.
La propuesta de Urrutia complementa los dos instrumentos mencionados y opera en sentido estricto como un seguro. Por el pago de una prima, cubierta con parte de los intereses de las cesantías, el trabajador que sea despedido sin justa causa podrá recibir el equivalente a tres salarios mensuales distribuidos de forma decreciente hasta por seis meses; para el efecto se toma como base el salario que devengaba al momento del despido y el seguro se activa después de transcurrido un periodo en el que se supone que el trabajador se debe financiar con sus cesantías.
El seguro y los otros dos instrumentos incentivarán al trabajador a retener sus cesantías de al menos tres periodos. Con ello se garantiza que sus ingresos no caerán a cero al perder el empleo, contará con aportes a pensiones y salud, y con el subsidio del gobierno por un periodo un poco superior al de la duración del desempleo, que Urrutia y sus colaboradores calculan en cerca de seis meses. Además, el decrecimiento de las mensualidades del seguro contribuye a que el trabajador se mantenga activo en la búsqueda de empleo.
En términos macroeconómicos el seguro de desempleo contribuye a retener mano de obra en el sector formal y aumenta los incentivos para reducir la informalidad laboral. Además, en periodos de desaceleración económica ayuda a moderar el ciclo al amortiguar la caída de la demanda agregada.
Cabe esperar que las ideas propuestas sean plasmadas en un proyecto de ley y que se logren poner en práctica. Los beneficiados serán no solo los trabajadores formales y sus familias, sino todo el país.
En la pasada Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, Miguel Urrutia, exgerente general del Banco de la República y profesor de la Universidad de los Andes, presentó una propuesta de seguro de desempleo. La propuesta es el resultado de un trabajo de investigación dirigido por él, con la participación de un grupo técnico de la Universidad de los Andes y de Fasecolda.
En ausencia de un seguro de desempleo, la pérdida del empleo ocasiona un drama a las familias: los ingresos caen, la educación de los hijos se suspende, desmejora la calidad de la alimentación, pierden el acceso al sistema de salud, aumentan el endeudamiento, se pone en riesgo el patrimonio y aumenta la probabilidad de entrar a la informalidad.
El Gobierno colombiano ha realizado diferentes intentos de proteger a los trabajadores frente a esa eventualidad, pero con poco éxito. El esquema más antiguo es el de cesantías; los empleadores están obligados a abonar anualmente en un fondo de cesantías, el equivalente a un mes de salario de cada empleado que devengue menos de 10 salarios mínimos legales (SMMLV). Además debe pagarle como intereses al trabajador el 12% del valor abonado.
Teóricamente esa cuenta individual debería constituir una reserva para ser utilizada como ingreso en caso de pérdida del empleo. Sin embargo, en la práctica no funciona así, pues la legislación permite al trabajador retirar total o parcialmente las cesantías para pagos de educación superior y compra o reparaciones de vivienda. Además, cuando un trabajador cambia de empresa, puede disponer del saldo acumulado.
De esta forma, las cesantías se volvieron parte del ingreso corriente de los trabajadores; más del 70% de ellas son retiradas en los meses siguientes al abono, por cualquiera de las razones señaladas. Por eso, si quedan desempleados, no disponen de las reservas suficientes para cubrir sus necesidades básicas mientras logran otro empleo.
En el presente año entró en funcionamiento el Mecanismo de Protección al Cesante (MPC), establecido mediante la Ley 1636 de 2013. El MPC cubre a todos los empleados afiliados a cajas de compensación y consiste en el pago de los aportes a salud y pensiones del trabajador por un periodo de seis meses, sobre la base de un salario mínimo.
De forma complementaria, los trabajadores del régimen de cesantías pueden inscribirse para ahorrar voluntariamente como mínimo el 10% de sus cesantías, en el caso que devenguen hasta dos SMMLV, o el 25% para los de salarios superiores a ese nivel. Cuando el trabajador pierde el empleo, además de los pagos a la seguridad social mencionados, recibe un subsidio del Gobierno del 20% del saldo ahorrado si sus ingresos son inferiores a dos SMMLV; ese porcentaje es decreciente para salarios superiores.
Es claro que el MPC cubre un gasto importante para las familias e incentiva la acumulación de cesantías. Sin embargo, queda abierta la puerta para suspender el ahorro cuando se quiera (perdiendo el derecho al subsidio), lo que, dada la arraigada práctica de retiro, repercutirá en baja acumulación de reservas. Adicionalmente, a pesar de la buena intención, no brinda los ingresos suficientes para cubrir los demás gastos.
La propuesta de Urrutia complementa los dos instrumentos mencionados y opera en sentido estricto como un seguro. Por el pago de una prima, cubierta con parte de los intereses de las cesantías, el trabajador que sea despedido sin justa causa podrá recibir el equivalente a tres salarios mensuales distribuidos de forma decreciente hasta por seis meses; para el efecto se toma como base el salario que devengaba al momento del despido y el seguro se activa después de transcurrido un periodo en el que se supone que el trabajador se debe financiar con sus cesantías.
El seguro y los otros dos instrumentos incentivarán al trabajador a retener sus cesantías de al menos tres periodos. Con ello se garantiza que sus ingresos no caerán a cero al perder el empleo, contará con aportes a pensiones y salud, y con el subsidio del gobierno por un periodo un poco superior al de la duración del desempleo, que Urrutia y sus colaboradores calculan en cerca de seis meses. Además, el decrecimiento de las mensualidades del seguro contribuye a que el trabajador se mantenga activo en la búsqueda de empleo.
En términos macroeconómicos el seguro de desempleo contribuye a retener mano de obra en el sector formal y aumenta los incentivos para reducir la informalidad laboral. Además, en periodos de desaceleración económica ayuda a moderar el ciclo al amortiguar la caída de la demanda agregada.
Cabe esperar que las ideas propuestas sean plasmadas en un proyecto de ley y que se logren poner en práctica. Los beneficiados serán no solo los trabajadores formales y sus familias, sino todo el país.
Normalización monetaria, ¿y ahora qué?
viernes, 14 de noviembre de 2014
Publicado en Portafolio el 14 de noviembre de 2014
Finalmente la FED desmontó los estímulos monetarios (“Quantitative Easing” –QE) a partir de este mes. Cesa la heterodoxia sin precedentes y da paso a la ortodoxia de la política monetaria. Ahora las expectativas del mundo están en el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos.
Hay dos razones básicas para prever el aumento de las tasas de interés. La primera, las potenciales presiones inflacionarias derivadas de la enorme expansión de la base monetaria bajo el esquema del “QE”.
La segunda, es el riesgo de una nueva burbuja financiera, como parece indicarlo la evolución reciente de los precios de las acciones. Es la recuperación más rápida del S&P500 con relación a crisis anteriores, según lo muestra The Economist.
Pero, de otra parte, el aumento de las tasas de interés puede frenar la recuperación de la economía estadounidense. Por eso resultan cruciales el momento de adoptar la decisión y la magnitud del incremento.
Las variables decisivas son la tasa de desempleo y la inflación. Lo que se observa, y llama poderosamente la atención de los analistas, es que el desempleo bajó hasta 5.8%, pero la tasa de empleo no crece.
Una hipótesis explicativa es el cambio estructural relacionado con el envejecimiento de la población, que también se refleja en la caída continua de la tasa de participación. En este caso, se podría dar un compás de espera al aumento de las tasas.
Una hipótesis alternativa afirma que el mejor indicador no es el desempleo total sino el de corto plazo; según Martin Feldstein, este último empieza a generar presiones inflacionarias cuando se encuentra en un rango entre 4.0 y 4.5% y actualmente está en 4.2%. Cabría esperar, por lo tanto, que la FED iniciara el aumento de sus tasas de interés hacia marzo de 2015.
Con relación a la magnitud del cambio, diversos analistas creen que para finales de 2015 la FED habrá subido la tasa de interés a un rango entre 1.25 y 1.5%. Pero, como anota Feldstein, con una tasa de inflación de 2% anual, la tasa real sería negativa, lo que sería insuficiente para frenar las presiones inflacionarias e incluso las alimentaría; él sugiere que la tasa debe aumentar a 4.0%.
Para los países de la región la decisión de la FED es importante, porque puede generar turbulencias en los mercados financieros (salidas de capitales y dificultades de acceso al crédito) y mayores depreciaciones de las monedas.
Según la CEPAL, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia la región cayeron 23% en el primer semestre. También el IIF observó que los flujos de portafolio hacia las economías emergentes, que oscilaron alrededor de US$38 mil millones mensuales en el periodo mayo-julio de 2014, apenas llegaron a US$9 mil millones en agosto.
En ese contexto, Colombia sigue apareciendo como una notable excepción en la región. En el primer semestre los flujos de IED se incrementaron en 10%; las inversiones de portafolio se duplicaron; y el nivel de las reservas internacionales, sumado al crédito flexible con el FMI, da un margen de seguridad al país.
No obstante, no existe un blindaje total, por lo que no se puede bajar la guardia y es necesario un seguimiento estricto a las señales que dé la FED.
Finalmente la FED desmontó los estímulos monetarios (“Quantitative Easing” –QE) a partir de este mes. Cesa la heterodoxia sin precedentes y da paso a la ortodoxia de la política monetaria. Ahora las expectativas del mundo están en el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos.
Hay dos razones básicas para prever el aumento de las tasas de interés. La primera, las potenciales presiones inflacionarias derivadas de la enorme expansión de la base monetaria bajo el esquema del “QE”.
La segunda, es el riesgo de una nueva burbuja financiera, como parece indicarlo la evolución reciente de los precios de las acciones. Es la recuperación más rápida del S&P500 con relación a crisis anteriores, según lo muestra The Economist.
Pero, de otra parte, el aumento de las tasas de interés puede frenar la recuperación de la economía estadounidense. Por eso resultan cruciales el momento de adoptar la decisión y la magnitud del incremento.
Las variables decisivas son la tasa de desempleo y la inflación. Lo que se observa, y llama poderosamente la atención de los analistas, es que el desempleo bajó hasta 5.8%, pero la tasa de empleo no crece.
Una hipótesis explicativa es el cambio estructural relacionado con el envejecimiento de la población, que también se refleja en la caída continua de la tasa de participación. En este caso, se podría dar un compás de espera al aumento de las tasas.
Una hipótesis alternativa afirma que el mejor indicador no es el desempleo total sino el de corto plazo; según Martin Feldstein, este último empieza a generar presiones inflacionarias cuando se encuentra en un rango entre 4.0 y 4.5% y actualmente está en 4.2%. Cabría esperar, por lo tanto, que la FED iniciara el aumento de sus tasas de interés hacia marzo de 2015.
Con relación a la magnitud del cambio, diversos analistas creen que para finales de 2015 la FED habrá subido la tasa de interés a un rango entre 1.25 y 1.5%. Pero, como anota Feldstein, con una tasa de inflación de 2% anual, la tasa real sería negativa, lo que sería insuficiente para frenar las presiones inflacionarias e incluso las alimentaría; él sugiere que la tasa debe aumentar a 4.0%.
Para los países de la región la decisión de la FED es importante, porque puede generar turbulencias en los mercados financieros (salidas de capitales y dificultades de acceso al crédito) y mayores depreciaciones de las monedas.
Según la CEPAL, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia la región cayeron 23% en el primer semestre. También el IIF observó que los flujos de portafolio hacia las economías emergentes, que oscilaron alrededor de US$38 mil millones mensuales en el periodo mayo-julio de 2014, apenas llegaron a US$9 mil millones en agosto.
En ese contexto, Colombia sigue apareciendo como una notable excepción en la región. En el primer semestre los flujos de IED se incrementaron en 10%; las inversiones de portafolio se duplicaron; y el nivel de las reservas internacionales, sumado al crédito flexible con el FMI, da un margen de seguridad al país.
No obstante, no existe un blindaje total, por lo que no se puede bajar la guardia y es necesario un seguimiento estricto a las señales que dé la FED.
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