Publicado en Portafolio el viernes 23 de marzo de 2018
El proteccionismo de Trump carece de argumentos técnicos. Aun cuando él enfatiza en el déficit de la balanza comercial, la variable relevante en economía es el saldo de la cuenta corriente, que además del comercio de bienes, incluye el de servicios y la renta de los factores.
Si esa balanza es deficitaria (importaciones mayores que las exportaciones de bienes), puede tratarse de un problema de competitividad, pero también puede obedecer a un exceso de gasto que es financiado con ahorro externo. Ninguna de estas dos causas se soluciona con medidas proteccionistas ni con guerras comerciales; la primera, demanda mejorar la competitividad y, la segunda, aumentar el ahorro doméstico.
Además, el déficit comercial y el de cuenta corriente se deben analizar en términos relativos y no solo absolutos. El primero aumentó hasta un máximo del 6.0% del PIB en 2006; desde ahí se redujo a 4.0% en 2016. El segundo llegó a 5.8% del PIB y luego disminuyó a 2.4% en los mismos años. Los niveles y las tendencias de ambos son considerados de bajo riesgo en el contexto internacional.
Paradójicamente, la reforma tributaria de 2017 aumentará el déficit comercial que Trump pretende reducir. Se calcula que en los próximos años el déficit fiscal crecerá más de 1.7 billones de dólares; como el ahorro nacional es bajo, el gobierno dependerá de los capitales del exterior para financiarlo. Esos flujos apreciarán más el dólar, debilitarán las exportaciones, fortalecerán las importaciones y ampliarán el déficit de la cuenta corriente.
Los efectos negativos del proteccionismo se acentúan cuando las medidas adoptadas carecen de precisión en sus objetivos, como ocurre con los aranceles a los paneles solares y a las lavadoras y sus componentes. Funcionarios gubernamentales afirmaron que “las tarifas están dirigidas principalmente a… fabricantes chinos de paneles solares y productores surcoreanos de lavadoras” (Wall Street Journal).
En el caso de los paneles solares, Stephen Roach señala que su producción se desplazó de China a Malasia, Corea del Sur y Vietnam, países desde los cuales Estados Unidos importa dos tercios del total de estos productos. Respecto a las lavadoras, Samsung abrió en enero una fábrica de electrodomésticos en Carolina del Sur, con una inversión de US$380 millones; con el arancel, las autoridades del Estado temen que se frenen la producción y los empleos proyectados.
Otra medida reciente de Trump fue la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio. Pero China ya paga unos sobre-aranceles por el 94% de sus exportaciones de acero a Estados Unidos; por esto, según Chad Bown, del Peterson Institute, el impacto esperado para los demás proveedores será mayor que para los chinos. De hecho, aun cuando China es el principal productor mundial, la mayoría de las importaciones estadounidenses provienen de la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur, México y Brasil.
En aluminio ocurre algo parecido, pues China solo provee el 10% de las importaciones de Estados Unidos y el 96% de ellas tiene gravámenes adicionales.
Visto así, es más que justificado el severo juicio del nobel de economía Paul Krugman sobre el presidente de EEUU: “Siempre hemos sabido que Donald Trump es beligerantemente ignorante sobre economía (y muchas otras cosas)”.
Por esto, sigue creciendo el riesgo de una guerra comercial; otro efecto del proteccionismo improvisado.
Proteccionismo improvisado
viernes, 23 de marzo de 2018
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Déficit comercial,
Guerra comercial,
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Venezuela en la olla de presión
martes, 27 de febrero de 2018
Publicado en Portafolio el martes 27 de febrero de 2018
El comandante Chávez comenzó la tarea de acabar con la economía de Venezuela; con una billetera llena de petrodólares, soñó con ser el amo de América Latina y castigar a los que no se alinearan con su “revolución bolivariana”. Por eso arremetió contra la economía colombiana, mediante una absurda decisión que liquidó el comercio entre las dos naciones; en 2017 Colombia apenas le exportó US$319 millones y le compró US$220 millones.
Maduro, como buen discípulo, y siguiendo las instrucciones de Chávez transfigurado en pajarito, continuó la labor destructiva. La economía está en ruinas. El PIB ha caído por cuatro años consecutivos y el FMI proyecta que la crisis seguirá en 2018 y 2019; de cumplirse esas proyecciones, el PIB de 2019 será el 48% inferior al de 2013, último año en que la economía creció; por contraste, a pesar de la desaceleración reciente, el de Colombia será el 19% más alto.
Una de las consecuencias es la masiva migración, que Consultores 21 calcula en cuatro millones de personas en los últimos años; de ellos, al menos 700 mil habrían entrado a Colombia.
Son numerosos los factores que obligan a la población a migrar: La escasez de alimentos y la consecuente desnutrición generalizada; la nula oferta de medicinas y la reaparición de enfermedades como la difteria y el sarampión –que se consideraban erradicadas en América Latina–; la hiperinflación que corroe los ingresos de los asalariados (el salario mínimo no llega a US$10 mensuales, al calcularlo con la tasa de cambio del mercado paralelo); y la violenta represión de la dictadura contra aquellos que osen protestar por la crisis humanitaria que se agudiza día a día.
Ricardo Hausmann destaca la crítica situación de desnutrición. Calcula que el consumo medio de calorías diarias ha caído a 1.400, muy por debajo del mínimo recomendado para llevar una vida sana. El “Dietary Guidelines for Americans, 2015-2020” (U.S. Department of Health and Human Services y U.S. Department of Agriculture), estima “un rango entre 1.600 y 2.400 calorías diarias para una mujer adulta y 2.000 a 3.000 calorías diarias para un hombre adulto, dependiendo de la edad y de la actividad física”; los niveles inferiores son para personas sedentarias.
La dictadura de Maduro dejó de publicar estadísticas, pretendiendo ocultar el sol con las manos. No se conocen mediciones oficiales de inflación, empleo, comercio exterior y situación fiscal. Los analistas han tenido que recurrir a creativos métodos para tratar de cuantificar los problemas.
El “Billion Prices Project”, iniciativa de Roberto Rigobón y Alberto Cavallo, profesores de MIT, empezó a recolectar información de precios en Venezuela en 2017, con la colaboración de un creciente grupo de voluntarios que todas las semanas va al comercio a capturar los datos mediante un aplicativo de sus celulares. Según esa fuente, en enero de 2018 la inflación de alimentos fue del 117.6% , que anualizado equivale a una astronómica variación del 1.130.000%. Esto significa que el aumento de salarios del 40% en ese mes, prácticamente desapareció en 10 días.
En síntesis, la nefasta revolución bolivariana tiene a la economía venezolana en una olla de presión. La pregunta es cuánto más aguantará antes de estallar y cuáles serán las consecuencias para la población no chavista y para la región.
El comandante Chávez comenzó la tarea de acabar con la economía de Venezuela; con una billetera llena de petrodólares, soñó con ser el amo de América Latina y castigar a los que no se alinearan con su “revolución bolivariana”. Por eso arremetió contra la economía colombiana, mediante una absurda decisión que liquidó el comercio entre las dos naciones; en 2017 Colombia apenas le exportó US$319 millones y le compró US$220 millones.
Maduro, como buen discípulo, y siguiendo las instrucciones de Chávez transfigurado en pajarito, continuó la labor destructiva. La economía está en ruinas. El PIB ha caído por cuatro años consecutivos y el FMI proyecta que la crisis seguirá en 2018 y 2019; de cumplirse esas proyecciones, el PIB de 2019 será el 48% inferior al de 2013, último año en que la economía creció; por contraste, a pesar de la desaceleración reciente, el de Colombia será el 19% más alto.
Una de las consecuencias es la masiva migración, que Consultores 21 calcula en cuatro millones de personas en los últimos años; de ellos, al menos 700 mil habrían entrado a Colombia.
Son numerosos los factores que obligan a la población a migrar: La escasez de alimentos y la consecuente desnutrición generalizada; la nula oferta de medicinas y la reaparición de enfermedades como la difteria y el sarampión –que se consideraban erradicadas en América Latina–; la hiperinflación que corroe los ingresos de los asalariados (el salario mínimo no llega a US$10 mensuales, al calcularlo con la tasa de cambio del mercado paralelo); y la violenta represión de la dictadura contra aquellos que osen protestar por la crisis humanitaria que se agudiza día a día.
Ricardo Hausmann destaca la crítica situación de desnutrición. Calcula que el consumo medio de calorías diarias ha caído a 1.400, muy por debajo del mínimo recomendado para llevar una vida sana. El “Dietary Guidelines for Americans, 2015-2020” (U.S. Department of Health and Human Services y U.S. Department of Agriculture), estima “un rango entre 1.600 y 2.400 calorías diarias para una mujer adulta y 2.000 a 3.000 calorías diarias para un hombre adulto, dependiendo de la edad y de la actividad física”; los niveles inferiores son para personas sedentarias.
La dictadura de Maduro dejó de publicar estadísticas, pretendiendo ocultar el sol con las manos. No se conocen mediciones oficiales de inflación, empleo, comercio exterior y situación fiscal. Los analistas han tenido que recurrir a creativos métodos para tratar de cuantificar los problemas.
El “Billion Prices Project”, iniciativa de Roberto Rigobón y Alberto Cavallo, profesores de MIT, empezó a recolectar información de precios en Venezuela en 2017, con la colaboración de un creciente grupo de voluntarios que todas las semanas va al comercio a capturar los datos mediante un aplicativo de sus celulares. Según esa fuente, en enero de 2018 la inflación de alimentos fue del 117.6% , que anualizado equivale a una astronómica variación del 1.130.000%. Esto significa que el aumento de salarios del 40% en ese mes, prácticamente desapareció en 10 días.
En síntesis, la nefasta revolución bolivariana tiene a la economía venezolana en una olla de presión. La pregunta es cuánto más aguantará antes de estallar y cuáles serán las consecuencias para la población no chavista y para la región.
Distribución del ingreso y populismo
viernes, 19 de enero de 2018
Publicado en Portafolio el 19 de enero de 2018
La creciente concentración del ingreso en las economías desarrolladas ha suscitado numerosos debates y es una de las presuntas culpables de las manifestaciones de descontento de las clases medias en Estados Unidos y en Europa.
En Colombia el interés por el tema es esporádico; pero debería ser más relevante, dado que tenemos una de las peores distribuciones del ingreso del mundo. El índice de Gini es el octavo más alto, según el PNUD, y solo nos superan Haití y algunas de las economías africanas más pobres del planeta.
El mundo se sorprendió cuando diversas investigaciones mostraron que en Estados Unidos el 1% superior de la distribución aumentó su participación en el ingreso total del 8.9% en 1973 al 20.0% en 2010 y al 22.0% en 2015. Según Facundo Alvaredo y Juliana Londoño (“Altos ingresos e impuesto de renta en Colombia, 1993-2010”), estamos en las mismas, pues ese grupo captó el 20.4% del ingreso colombiano en 2010.
De forma complementaria, con base en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el diario alemán Welt am Sonntag calculó que en 2017 la fortuna de las cinco personas más adineradas de Estados Unidos (Bezos, Gates, Buffet, Zuckerberg y Page), que están entre los 10 más ricos del mundo, equivale al 2.1% del PIB. Por contraste, los tres con mayor riqueza en Colombia (puestos 77, 107 y 450 en el índice) representan el 11.3% del PIB, es decir, 5.4 veces más que los cinco estadounidenses; esa concentración es mayor que la de nuestros principales socios latinoamericanos: Chile el 9.3%, México el 7.9% y Perú el 2.9%.
Aun cuando estos indicadores reflejan la magnitud del problema en Colombia, no parece que estemos dispuestos a solucionarlo, pues ni se aprovechan las oportunidades del crecimiento y ni se toman las decisiones de política económica para mejorar la distribución del ingreso.
El reciente auge de crecimiento sirvió a la mayoría de las economías de Latinoamérica para mejorar la distribución del ingreso, pero Colombia lo aprovechó en menor medida. Según la Cepal, el Gini de la región se redujo en 13.2% entre 2002 y 2016, mientras que el colombiano lo hizo en 8.2%. Además, según Alvaredo y Londoño la participación del 1% superior de la distribución se mantiene estable.
La reforma tributaria aprobada en 2016 fue una oportunidad desperdiciada. Muy pocas exenciones se eliminaron y el gravamen sobre los dividendos se quedó a la mitad del camino de lo propuesto por la Comisión de Expertos. Esto impidió mejorar la capacidad redistributiva de la política fiscal.
Tampoco se logró avanzar en la aprobación de una ley para racionalizar la asignación de los subsidios y el ambiente para tramitar una reforma pensional que elimine los regresivos subsidios a las pensiones altas luce poco favorable.
Ante este panorama, todos los ciudadanos, en especial los candidatos a la presidencia, deberíamos tener presente la sentencia de François Bourguignon en su libro La globalización de la desigualdad (2017): “Demasiada desigualdad puede conducir indirectamente a grandes daños económicos a través de la política. En efecto, las tensiones sociales, la inestabilidad política, los gobiernos populistas o simplemente las decisiones populistas que surgen de la percepción pública de una desigualdad excesiva son potencialmente perjudiciales para la economía”.
La creciente concentración del ingreso en las economías desarrolladas ha suscitado numerosos debates y es una de las presuntas culpables de las manifestaciones de descontento de las clases medias en Estados Unidos y en Europa.
En Colombia el interés por el tema es esporádico; pero debería ser más relevante, dado que tenemos una de las peores distribuciones del ingreso del mundo. El índice de Gini es el octavo más alto, según el PNUD, y solo nos superan Haití y algunas de las economías africanas más pobres del planeta.
El mundo se sorprendió cuando diversas investigaciones mostraron que en Estados Unidos el 1% superior de la distribución aumentó su participación en el ingreso total del 8.9% en 1973 al 20.0% en 2010 y al 22.0% en 2015. Según Facundo Alvaredo y Juliana Londoño (“Altos ingresos e impuesto de renta en Colombia, 1993-2010”), estamos en las mismas, pues ese grupo captó el 20.4% del ingreso colombiano en 2010.
De forma complementaria, con base en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el diario alemán Welt am Sonntag calculó que en 2017 la fortuna de las cinco personas más adineradas de Estados Unidos (Bezos, Gates, Buffet, Zuckerberg y Page), que están entre los 10 más ricos del mundo, equivale al 2.1% del PIB. Por contraste, los tres con mayor riqueza en Colombia (puestos 77, 107 y 450 en el índice) representan el 11.3% del PIB, es decir, 5.4 veces más que los cinco estadounidenses; esa concentración es mayor que la de nuestros principales socios latinoamericanos: Chile el 9.3%, México el 7.9% y Perú el 2.9%.
Aun cuando estos indicadores reflejan la magnitud del problema en Colombia, no parece que estemos dispuestos a solucionarlo, pues ni se aprovechan las oportunidades del crecimiento y ni se toman las decisiones de política económica para mejorar la distribución del ingreso.
El reciente auge de crecimiento sirvió a la mayoría de las economías de Latinoamérica para mejorar la distribución del ingreso, pero Colombia lo aprovechó en menor medida. Según la Cepal, el Gini de la región se redujo en 13.2% entre 2002 y 2016, mientras que el colombiano lo hizo en 8.2%. Además, según Alvaredo y Londoño la participación del 1% superior de la distribución se mantiene estable.
La reforma tributaria aprobada en 2016 fue una oportunidad desperdiciada. Muy pocas exenciones se eliminaron y el gravamen sobre los dividendos se quedó a la mitad del camino de lo propuesto por la Comisión de Expertos. Esto impidió mejorar la capacidad redistributiva de la política fiscal.
Tampoco se logró avanzar en la aprobación de una ley para racionalizar la asignación de los subsidios y el ambiente para tramitar una reforma pensional que elimine los regresivos subsidios a las pensiones altas luce poco favorable.
Ante este panorama, todos los ciudadanos, en especial los candidatos a la presidencia, deberíamos tener presente la sentencia de François Bourguignon en su libro La globalización de la desigualdad (2017): “Demasiada desigualdad puede conducir indirectamente a grandes daños económicos a través de la política. En efecto, las tensiones sociales, la inestabilidad política, los gobiernos populistas o simplemente las decisiones populistas que surgen de la percepción pública de una desigualdad excesiva son potencialmente perjudiciales para la economía”.
Educación técnica: ¿Cuándo?
viernes, 22 de diciembre de 2017
Publicado en Portafolio el 22 de diciembre de 2017
Los niveles de educación de los trabajadores reflejan una grave falencia del sistema educativo colombiano: no hay preparación para el trabajo. En efecto, el 80% de los ocupados informales y el 45% de los formales tienen grado de secundaria o menos.
Como la mayoría de los egresados de secundaria no consigue cupo en la educación superior o no cuenta con financiación, se enfrenta al mercado laboral sin una formación específica. Su destino, igual que el de los no bachilleres, es engancharse en lo que salga, con bajos ingresos: salario mínimo, si se gana la lotería y accede al mercado formal; menos, si entra al informal; uno azaroso en la delincuencia; y cero en el mundo de los “ninis”.
El país tuvo hace varias décadas unas instituciones de educación técnica de alta calidad, con estudiantes que cursaban siete años de secundaria (uno más que en los colegios tradicionales). En algún momento se buscó fomentar y ampliar este tipo de educación mediante la creación de los INEM, aun cuando su calidad era inferior a la de colegios como el Técnico Central. Esa opción sobrevive, pero ha perdido protagonismo y su cobertura es muy baja.
El país debería emular el ejemplo de Alemania. Hoy en día, los muchachos desde los 10 y 11 años de edad cuentan con diversas alternativas de formación. En la secundaria “alta”, los estudiantes tienen la posibilidad de laborar en empresas para practicar los conocimientos que reciben en las aulas de clase; las áreas de formación técnica están en función de los requerimientos de mano de obra de las empresas, lo que hace muy pertinente la formación y bajo el desempleo de los bachilleres.
Cuando terminan la secundaria, además de la vinculación al mercado laboral, pueden ingresar a instituciones de formación de tecnólogos o a la educación universitaria para adquirir una formación teórica.
Las repercusiones económicas de la formación técnica secundaria y terciaria son notables. Ella es una de las bases de la productividad y de la potencia económica de Alemania, lo que llevó a otras economías desarrolladas a adaptar este modelo a sus sistemas educativos, desde el siglo XIX. También fueron evidentes los resultados durante la Gran Recesión que asoló al mundo desarrollado recientemente; mientras en países como España el desempleo juvenil superó el 50%, en Alemania apenas bordeó el 9%.
Estas diferencias indujeron a la OECD a desarrollar investigaciones orientadas a evaluar entre los países miembro las políticas de formación para el trabajo con base en institutos técnicos de educación secundaria y terciaria; las resultantes recomendaciones de política son útiles para países como Colombia.
Habrá quienes se opongan a este tipo de educación aduciendo que castran la creatividad, la sensibilidad hacia las artes y la formación de científicos que impulsen la innovación y el desarrollo. Pues nada más alejado de la realidad; los alemanes se han destacado en los últimos siglos por sus notables aportes al avance de la ciencia y las artes.
Las diferencias saltan a la vista. De los matriculados en educación superior en un año, en Colombia menos del 30% son técnicos o tecnólogos, mientras que en Europa superan el 60%. Con niveles como los europeos en el país habría menos informalidad, menos delincuencia, más productividad y, por qué no, mayor emprendimiento.
Los niveles de educación de los trabajadores reflejan una grave falencia del sistema educativo colombiano: no hay preparación para el trabajo. En efecto, el 80% de los ocupados informales y el 45% de los formales tienen grado de secundaria o menos.
Como la mayoría de los egresados de secundaria no consigue cupo en la educación superior o no cuenta con financiación, se enfrenta al mercado laboral sin una formación específica. Su destino, igual que el de los no bachilleres, es engancharse en lo que salga, con bajos ingresos: salario mínimo, si se gana la lotería y accede al mercado formal; menos, si entra al informal; uno azaroso en la delincuencia; y cero en el mundo de los “ninis”.
El país tuvo hace varias décadas unas instituciones de educación técnica de alta calidad, con estudiantes que cursaban siete años de secundaria (uno más que en los colegios tradicionales). En algún momento se buscó fomentar y ampliar este tipo de educación mediante la creación de los INEM, aun cuando su calidad era inferior a la de colegios como el Técnico Central. Esa opción sobrevive, pero ha perdido protagonismo y su cobertura es muy baja.
El país debería emular el ejemplo de Alemania. Hoy en día, los muchachos desde los 10 y 11 años de edad cuentan con diversas alternativas de formación. En la secundaria “alta”, los estudiantes tienen la posibilidad de laborar en empresas para practicar los conocimientos que reciben en las aulas de clase; las áreas de formación técnica están en función de los requerimientos de mano de obra de las empresas, lo que hace muy pertinente la formación y bajo el desempleo de los bachilleres.
Cuando terminan la secundaria, además de la vinculación al mercado laboral, pueden ingresar a instituciones de formación de tecnólogos o a la educación universitaria para adquirir una formación teórica.
Las repercusiones económicas de la formación técnica secundaria y terciaria son notables. Ella es una de las bases de la productividad y de la potencia económica de Alemania, lo que llevó a otras economías desarrolladas a adaptar este modelo a sus sistemas educativos, desde el siglo XIX. También fueron evidentes los resultados durante la Gran Recesión que asoló al mundo desarrollado recientemente; mientras en países como España el desempleo juvenil superó el 50%, en Alemania apenas bordeó el 9%.
Estas diferencias indujeron a la OECD a desarrollar investigaciones orientadas a evaluar entre los países miembro las políticas de formación para el trabajo con base en institutos técnicos de educación secundaria y terciaria; las resultantes recomendaciones de política son útiles para países como Colombia.
Habrá quienes se opongan a este tipo de educación aduciendo que castran la creatividad, la sensibilidad hacia las artes y la formación de científicos que impulsen la innovación y el desarrollo. Pues nada más alejado de la realidad; los alemanes se han destacado en los últimos siglos por sus notables aportes al avance de la ciencia y las artes.
Las diferencias saltan a la vista. De los matriculados en educación superior en un año, en Colombia menos del 30% son técnicos o tecnólogos, mientras que en Europa superan el 60%. Con niveles como los europeos en el país habría menos informalidad, menos delincuencia, más productividad y, por qué no, mayor emprendimiento.
A diversificar
viernes, 24 de noviembre de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 24 de noviembre de 2017
Por décadas hemos debatido sobre la diversificación de la canasta exportadora colombiana; utilizamos múltiples instrumentos, incentivos y programas; connotados consultores internacionales han orientado a los gobiernos; y con frecuencia hemos modificado la institucionalidad para promoción del comercio internacional.
No obstante, el balance es pobre: 1. El coeficiente de exportaciones de bienes y servicios a PIB, que era 15.7% en 1960, fue 14% en 2016. 2. Las exportaciones de bienes primarios eran el 67% del total en 1991 y en 2016 fueron el 71%. 3. Solo el 0.4% de las empresas exporta, mientras que la media de América Latina es el 1.1% y en las economías desarrolladas superan el 4%.
A pesar de la apertura de Gaviria y de las políticas implementados en las siguientes administraciones, los empresarios se las han arreglado para mantener el status quo mediante el cabildeo, que desencadenó la proliferación de medidas no arancelarias para compensar las rebajas arancelarias.
El problema es que, entretanto, el mundo cambió y lo sigue haciendo a pasos cada vez más grandes. Ya no es solo la globalización con su fragmentación de los procesos de producción y la creación de cadenas globales de valor –de las que estamos auto-marginados–, sino que ahora comenzó la denominada Cuarta Revolución Industrial, con la robotización y la competencia virtual de numerosos productos y servicios que desplazan mano de obra.
Países como Colombia, cuyas supuestas ventajas están en la abundancia de mano de obra y de recursos naturales, corren el riesgo de volver a la edad de piedra y de entrar a lo que Paul Collier denominó el “club de la miseria”; las economías que se quedaron del tren del desarrollo, sumidas en el atraso y la miseria.
Bastan dos ejemplos para ver cómo se está moviendo el mundo y qué tipo de repercusiones puede tener sobre Colombia. Primero, parece una historia de ciencia ficción, pero la producción de carne en laboratorios ya es una realidad, como lo mostró el exministro Luis Guillermo Plata en un artículo reciente en Portafolio (“¿Carne sin vacas?”); cuando se produzca a escala comercial, los países ganaderos o con “potencial”, como el nuestro, se quedarán viendo un chispero. En ese contexto, los ganaderos enfrentan un dilema: o dan el salto tecnológico de una vez por todas o se dedican a crear museos pecuarios.
Segundo, los mercados de petróleo y carbón pueden desaparecer. Diversos estudios del FMI (“El fin de la era del petróleo: Es solo cuestión de tiempo”) destacan la creciente probabilidad de sustitución de estos combustibles por la energía eléctrica; calculan que hacia el 2040 el 90% de los vehículos (que hoy consumen el 45% del petróleo) serán eléctricos y la generación de electricidad provendrá de fuentes diferentes a los hidrocarburos.
Esto significa que en pocos años desaparecerá la fuente del 50% de nuestras exportaciones, si no es que antes se agotan las reservas de petróleo, que hoy se estiman para cinco años.
Conclusión: diversificamos o diversificamos. Con dos restricciones: una, tiene que ser hacia bienes y servicios sofisticados, que son los que demanda el mundo y actualmente no producimos; dos, la política de promoción del comercio internacional debe ser una política de Estado. En caso contrario, podemos comenzar las gestiones diplomáticas para integrarnos al “club de la miseria
Por décadas hemos debatido sobre la diversificación de la canasta exportadora colombiana; utilizamos múltiples instrumentos, incentivos y programas; connotados consultores internacionales han orientado a los gobiernos; y con frecuencia hemos modificado la institucionalidad para promoción del comercio internacional.
No obstante, el balance es pobre: 1. El coeficiente de exportaciones de bienes y servicios a PIB, que era 15.7% en 1960, fue 14% en 2016. 2. Las exportaciones de bienes primarios eran el 67% del total en 1991 y en 2016 fueron el 71%. 3. Solo el 0.4% de las empresas exporta, mientras que la media de América Latina es el 1.1% y en las economías desarrolladas superan el 4%.
A pesar de la apertura de Gaviria y de las políticas implementados en las siguientes administraciones, los empresarios se las han arreglado para mantener el status quo mediante el cabildeo, que desencadenó la proliferación de medidas no arancelarias para compensar las rebajas arancelarias.
El problema es que, entretanto, el mundo cambió y lo sigue haciendo a pasos cada vez más grandes. Ya no es solo la globalización con su fragmentación de los procesos de producción y la creación de cadenas globales de valor –de las que estamos auto-marginados–, sino que ahora comenzó la denominada Cuarta Revolución Industrial, con la robotización y la competencia virtual de numerosos productos y servicios que desplazan mano de obra.
Países como Colombia, cuyas supuestas ventajas están en la abundancia de mano de obra y de recursos naturales, corren el riesgo de volver a la edad de piedra y de entrar a lo que Paul Collier denominó el “club de la miseria”; las economías que se quedaron del tren del desarrollo, sumidas en el atraso y la miseria.
Bastan dos ejemplos para ver cómo se está moviendo el mundo y qué tipo de repercusiones puede tener sobre Colombia. Primero, parece una historia de ciencia ficción, pero la producción de carne en laboratorios ya es una realidad, como lo mostró el exministro Luis Guillermo Plata en un artículo reciente en Portafolio (“¿Carne sin vacas?”); cuando se produzca a escala comercial, los países ganaderos o con “potencial”, como el nuestro, se quedarán viendo un chispero. En ese contexto, los ganaderos enfrentan un dilema: o dan el salto tecnológico de una vez por todas o se dedican a crear museos pecuarios.
Segundo, los mercados de petróleo y carbón pueden desaparecer. Diversos estudios del FMI (“El fin de la era del petróleo: Es solo cuestión de tiempo”) destacan la creciente probabilidad de sustitución de estos combustibles por la energía eléctrica; calculan que hacia el 2040 el 90% de los vehículos (que hoy consumen el 45% del petróleo) serán eléctricos y la generación de electricidad provendrá de fuentes diferentes a los hidrocarburos.
Esto significa que en pocos años desaparecerá la fuente del 50% de nuestras exportaciones, si no es que antes se agotan las reservas de petróleo, que hoy se estiman para cinco años.
Conclusión: diversificamos o diversificamos. Con dos restricciones: una, tiene que ser hacia bienes y servicios sofisticados, que son los que demanda el mundo y actualmente no producimos; dos, la política de promoción del comercio internacional debe ser una política de Estado. En caso contrario, podemos comenzar las gestiones diplomáticas para integrarnos al “club de la miseria
Política industrial y 'antispace'
viernes, 20 de octubre de 2017
Publicado en Portafolio el 20 de octubre de 2017
La política industrial siempre es un tema polémico que genera inagotables debates.
El reciente libro del premio nobel de economía Jean Tirole, “La economía del bien común”, aborda el tema mostrando que, quiéranlo o no, todos los gobiernos hacen política industrial. Y lo hacen porque no todos los mercados funcionan como en la teoría; en el mundo real se presentan fallas que, de no ser corregidas por la intervención gubernamental, deterioran el bienestar de la población.
Un ejemplo de fallas de mercado en Colombia, lo ilustra el tristemente célebre edificio Space de Medellín: una construcción de mala calidad, que generó una tragedia con 12 personas muertas y numerosos damnificados que perdieron su patrimonio.
Tirole diferencia seis categorías de fallas de mercado, de las cuales al menos tres aplican a este caso. Primera, el comprador no tiene plena información, lo que justifica la existencia de una autoridad que reprima el fraude. Segunda, los detalles de la transacción desbordan la capacidad del individuo, como ocurre en los contratos financieros, lo que explica la existencia de la autoridad de supervisión financiera. Tercera, el poder de mercado de empresas que constriñen al consumidor a pagar precios muy elevados o a adquirir productos de mediocre calidad; esto hace necesaria la autoridad de competencia.
La experiencia de los compradores del Space demostró que la construcción de viviendas en condiciones de mercado registra esas fallas porque algunos constructores actúan de mala fe. Ellos abusan de las imperfecciones de la información, pues la gran mayoría de los compradores no tiene acceso a las especificaciones técnicas de la construcción (primera falla) y si lo tuvieran, difícilmente las entenderían (segunda falla); por último, es evidente que los timan al venderles productos que no cumplen estándares mínimos de calidad (tercera falla).
Como respuesta a esas fallas, se tramitó la Ley 1796, más conocida como “antispace”, que fue sancionada el 13 de julio de 2016. En el artículo 8 se establecen al menos cuatro opciones para que los constructores amparen los perjuicios patrimoniales de los compradores de vivienda: patrimonio del constructor, garantías bancarias, productos financieros y seguros.
Transcurridos quince meses de la sanción, el artículo no ha sido reglamentado como lo ordena la ley. Esto significa que todas las viviendas que se han vendido en ese periodo no tienen esa garantía, creada para corregir las fallas de mercado mencionadas.
Si estuviera reglamentado, la exposición del propio patrimonio o las consecuencias de usar las opciones del sector financiero repercutirían, para beneficio de los consumidores y del propio sector de la construcción, en la exclusión de los constructores que actúan de mala fe.
La gravedad de esa falta de reglamentación se aprecia con el caso reciente del edificio en construcción Blas de Leso II en Cartagena, que se desplomó matando a 21 personas y dejando heridas a 23. Además, en estos quince meses se han desalojado diversos edificios en varias ciudades para evitar nuevas tragedias.
Lo que sale a flote es que también hay fallas de gobierno que necesitan cirugía. ¿Cuántos spaces o blas de lesos necesitan los funcionarios encargados de reglamentar la ley para cumplir con sus obligaciones? ¿O será que los de la mala fe están bloqueando la reglamentación, con las mismas tácticas que “convencen” a los curadores urbanos?
La política industrial siempre es un tema polémico que genera inagotables debates.
El reciente libro del premio nobel de economía Jean Tirole, “La economía del bien común”, aborda el tema mostrando que, quiéranlo o no, todos los gobiernos hacen política industrial. Y lo hacen porque no todos los mercados funcionan como en la teoría; en el mundo real se presentan fallas que, de no ser corregidas por la intervención gubernamental, deterioran el bienestar de la población.
Un ejemplo de fallas de mercado en Colombia, lo ilustra el tristemente célebre edificio Space de Medellín: una construcción de mala calidad, que generó una tragedia con 12 personas muertas y numerosos damnificados que perdieron su patrimonio.
Tirole diferencia seis categorías de fallas de mercado, de las cuales al menos tres aplican a este caso. Primera, el comprador no tiene plena información, lo que justifica la existencia de una autoridad que reprima el fraude. Segunda, los detalles de la transacción desbordan la capacidad del individuo, como ocurre en los contratos financieros, lo que explica la existencia de la autoridad de supervisión financiera. Tercera, el poder de mercado de empresas que constriñen al consumidor a pagar precios muy elevados o a adquirir productos de mediocre calidad; esto hace necesaria la autoridad de competencia.
La experiencia de los compradores del Space demostró que la construcción de viviendas en condiciones de mercado registra esas fallas porque algunos constructores actúan de mala fe. Ellos abusan de las imperfecciones de la información, pues la gran mayoría de los compradores no tiene acceso a las especificaciones técnicas de la construcción (primera falla) y si lo tuvieran, difícilmente las entenderían (segunda falla); por último, es evidente que los timan al venderles productos que no cumplen estándares mínimos de calidad (tercera falla).
Como respuesta a esas fallas, se tramitó la Ley 1796, más conocida como “antispace”, que fue sancionada el 13 de julio de 2016. En el artículo 8 se establecen al menos cuatro opciones para que los constructores amparen los perjuicios patrimoniales de los compradores de vivienda: patrimonio del constructor, garantías bancarias, productos financieros y seguros.
Transcurridos quince meses de la sanción, el artículo no ha sido reglamentado como lo ordena la ley. Esto significa que todas las viviendas que se han vendido en ese periodo no tienen esa garantía, creada para corregir las fallas de mercado mencionadas.
Si estuviera reglamentado, la exposición del propio patrimonio o las consecuencias de usar las opciones del sector financiero repercutirían, para beneficio de los consumidores y del propio sector de la construcción, en la exclusión de los constructores que actúan de mala fe.
La gravedad de esa falta de reglamentación se aprecia con el caso reciente del edificio en construcción Blas de Leso II en Cartagena, que se desplomó matando a 21 personas y dejando heridas a 23. Además, en estos quince meses se han desalojado diversos edificios en varias ciudades para evitar nuevas tragedias.
Lo que sale a flote es que también hay fallas de gobierno que necesitan cirugía. ¿Cuántos spaces o blas de lesos necesitan los funcionarios encargados de reglamentar la ley para cumplir con sus obligaciones? ¿O será que los de la mala fe están bloqueando la reglamentación, con las mismas tácticas que “convencen” a los curadores urbanos?
Las diferencias en el desarrollo regional
viernes, 13 de octubre de 2017
Publicado en la Revista Fasecolda No. 167, octubre 2017
La nueva geografía económica postula que la distribución espacial de la producción es dinámica; cambia con el modelo de desarrollo económico y con la forma de vinculación de las economías al comercio mundial.
Los empresarios de cualquier actividad económica deberían hacer una revisión periódica de los cambios que se están propiciando en la localización de la producción; con base en ella pueden adoptar las decisiones estratégicas que les permitan no solo la continuidad del negocio en la nueva distribución geográfica, sino el aprovechamiento de oportunidades emergentes.
Competitividad y localización
En el caso colombiano, se escucha todavía el trivial argumento de que estando a mil kilómetros de las costas no somos competitivos, especialmente cuando no contamos con una infraestructura moderna, y que, por eso, los acuerdos comerciales tendrán impactos negativos en la economía.
Ese argumento desconoce que las importaciones también tienen que recorrer esos mismos mil kilómetros para competir con la industria y los servicios locales y que la deficiente infraestructura impacta sus costos de operación como lo hace a los productos nacionales.
En realidad, el problema de competitividad es evidente cuando una empresa localizada en Bogotá, por ejemplo, usa insumos importados que tienen que pagar un arancel y luego atravesar medio país para ser incorporados en un producto destinado al comercio exterior; posteriormente, ese producto debe recorrer los mil kilómetros para salir del país a los mercados internacionales.
Desde hace mucho tiempo, la economía internacional señaló que la distancia actúa como un arancel; entre más kilómetros deba recorrer un producto para llegar a su mercado de destino, más costos de logística incorporará y menos competitivo será frente a los que hacen recorridos menores.
Más elocuentemente lo señaló un estudio del BID titulado Muy lejos para exportar. Su conclusión es tajante: competir en los mercados internacionales cuando la producción se localiza a miles de kilómetros de los puertos es imposible (Mesquita, et al; 2013).
¿A qué lleva todo esto? A que la actual distribución espacial de la producción colombiana es herencia del modelo de sustitución de importaciones. Recordemos que en ese modelo se pregonaba que primero se debía desarrollar el mercado interno y después, cuando el aparato productivo fuera competitivo, se abriría la economía y se lanzarían las empresas a la conquista de la economía mundial.
Ese ideal no fue alcanzado porque las políticas proteccionistas generan sesgos antiexportadores, mala asignación de los recursos en la economía e ineficiencias en la producción, que son pagadas por los consumidores (Little, Scitovsky y Scott, 1975).
Lo anterior significa que en una economía globalizada, si el modelo económico de un país cambia hacia una economía abierta, la distribución espacial de la producción debe cambiar, para no incurrir en el riesgo de desaparecer frente a la competencia internacional.
El caso de Colombia
Colombia intentó inducir el cambio de su geografía económica con la apertura unilateral del presidente Gaviria en 1991. Se bajó el arancel promedio, cercano al 50%, al 11%, se eliminó la licencia previa, se desmontó el control de cambios y se suprimieron las restricciones a la inversión extranjera.
Pero esa política no cambió la distribución espacial de la producción porque la reacción de los empresarios fue la intensificación del cabildeo para sustituir la protección arancelaria por la no arancelaria. Un estudio de investigadores del Banco de la República demostró la explosión de barreras no arancelarias desde la apertura económica: de 1.102 medidas que estaban vigentes en 1991, se llegó en 2007 a 24.357 (García, et al; 2014).
Desde entonces, nominalmente la economía fue clasificada como «abierta», cuando en la práctica siguió siendo cerrada. Como consecuencia, muchos empresarios no adoptaron las decisiones de inversión y modernización que demandaba el nuevo entorno; tampoco relocalizaron las empresas (Fernández, 1998) y menos aún se desarrolló una orientación exportadora que se reflejara en cambios estructurales en la canasta de exportación.
En lo corrido del presente siglo las cosas empiezan a cambiar con la negociación de los tratados de libre comercio (TLC), pues ellos implican compromisos internacionales que hay que cumplir y ante los cuales el cabildeo pierde fuerza. Los TLC tendrán profundas repercusiones sobre el aparato productivo del país: inducen reformas regulatorias y la adopción de los mejores estándares técnicos; los empresarios tienen que incrementar la calidad de los productos y servicios; propician la modernización tecnológica de los procesos de producción; desencadenan la reasignación de recursos desde actividades ineficientes hacia actividades con ventajas comparativas; e incentivan las decisiones de relocalización, si la opción es aprovechar las ventajas de acceso preferencial obtenidas.
Hay quienes tienen afán de juzgar los TLC y aprovechan los resultados deficitarios en la balanza comercial para aseverar que son un fracaso. La realidad es que pocas cosas han cambiado, por un lado, por la inercia de décadas de proteccionismo y, por otro, porque los acuerdos con mayores impactos esperados llevan poco tiempo de vigencia y la reasignación de recursos no se produce de forma inmediata. Por eso, seguimos clasificando como una de las economías más cerradas del mundo en las comparaciones internacionales.
Según el Global Competitiveness Report 2016-2017, en los coeficientes de exportaciones e importaciones sobre PIB quedamos en el puesto 126 entre 138 países; en el arancel, con un nivel nominal promedio del 6.4%, en el puesto 79; y en barreras no arancelarias en el puesto 94 (Schwab, 2016).
Las cifras disponibles muestran que se están registrando algunos cambios en la distribución espacial de la producción nacional, pero no son los esperados.
La evaluación de la participación de los departamentos en el PIB entre 2000 y 2016 indica que 14 departamentos perdieron 5.8 puntos, que fueron ganados por ocho, mientras que los restantes 11 la mantuvieron inalterada. Entre los perdedores están, como se esperaba, Bogotá y Cundinamarca; pero sorprende que hagan parte de ese conjunto el Valle, Atlántico y Magdalena (cuadro 1). Especialmente llama la atención el caso de Atlántico, pues es la región con mayores cambios aparentes en los años recientes y hacia donde es más probable la relocalización de empresas.
Entre los ganadores también hay sorpresas (cuadro 2); lideran Meta y Santander, con tres cuartas partes del incremento mencionado, y solo hay un departamento con puerto marítimo: Bolívar.
De estos, el Meta es un departamento petrolero, lo que explica su repunte de casi tres puntos en la participación en el PIB nacional; su producción de petróleo pasó del 0.4% del PIB nacional en 2000-2004 al 3.0% en el periodo 2013-2016. Pero la tendencia de producción de este hidrocarburo es a la baja, por lo que su importancia relativa viene declinando, igual que la participación del departamento en el valor agregado de Colombia; lamentablemente, la bonanza de precios internacionales del petróleo no se aprovechó para diversificar la estructura productiva departamental.
El caso de Santander es más llamativo, pues está lejos de los puertos. Su mayor participación en el PIB del país es aportada, en orden de magnitud, por la construcción, la industria y la minería. En el sector industrial es fundamental la actividad de refinación, que ha impulsado el desarrollo de la metalmecánica y los servicios empresariales a las petroleras; ellas se suman a la producción tradicional de calzado y confecciones y a los importantes avances en medicina, con particular orientación al turismo de salud, y en avicultura.
Santander también registra un notable incremento de su PIB per cápita, que pasó del cuarto al segundo puesto entre 2000 y 2016, superando el de Bogotá en un 16% en este último año (gráfico 1). Finalmente, excluyendo al Meta, Santander registra la segunda productividad laboral más alta de Colombia, después de Bogotá.
Reflexiones finales
Los cambios que se vienen registrando en la distribución espacial de la producción colombiana no parecen responder a las tendencias de globalización y de aprovechamiento de los TLC.
Con excepción de los servicios que no requieren relocalización –como el turismo de salud en Santander–, la producción de manufacturas de exportación demanda la instalación de plantas cerca a los puertos.
Transcurridos más de 25 años desde la apertura unilateral, es vital entender por qué no están ocurriendo los cambios esperados en la geografía económica del país y qué se debe hacer para incentivar la relocalización. Esperemos que sean preguntas centrales en los debates que se avecinan.
Bibliografía
Fernández, C. (1998). "Agglomeration and Trade: The Case of Colombia". Ensayos sobre Política Económica, No. 33.
García, J., López, D., Montes, E. y Esguerra, P., (2014), "Una visión general de la política comercial colombiana 1950-2012". Borradores de Economía No. 817.
Little, I., Scitovsky, T. y Scott, M. (1975). Industria y comercio en algunos países en desarrollo. Fondo de Cultura Económica, México.
Mesquita,M., Blyde, J., Volpe, C. y Molina, D. (2013). Muy lejos para exportar. BID, Washington.
Schwab, K., (2016). World Competitiveness Report 2016-2017. World Economic Forum, Geneva.
La nueva geografía económica postula que la distribución espacial de la producción es dinámica; cambia con el modelo de desarrollo económico y con la forma de vinculación de las economías al comercio mundial.
Los empresarios de cualquier actividad económica deberían hacer una revisión periódica de los cambios que se están propiciando en la localización de la producción; con base en ella pueden adoptar las decisiones estratégicas que les permitan no solo la continuidad del negocio en la nueva distribución geográfica, sino el aprovechamiento de oportunidades emergentes.
Competitividad y localización
En el caso colombiano, se escucha todavía el trivial argumento de que estando a mil kilómetros de las costas no somos competitivos, especialmente cuando no contamos con una infraestructura moderna, y que, por eso, los acuerdos comerciales tendrán impactos negativos en la economía.
Ese argumento desconoce que las importaciones también tienen que recorrer esos mismos mil kilómetros para competir con la industria y los servicios locales y que la deficiente infraestructura impacta sus costos de operación como lo hace a los productos nacionales.
En realidad, el problema de competitividad es evidente cuando una empresa localizada en Bogotá, por ejemplo, usa insumos importados que tienen que pagar un arancel y luego atravesar medio país para ser incorporados en un producto destinado al comercio exterior; posteriormente, ese producto debe recorrer los mil kilómetros para salir del país a los mercados internacionales.
Desde hace mucho tiempo, la economía internacional señaló que la distancia actúa como un arancel; entre más kilómetros deba recorrer un producto para llegar a su mercado de destino, más costos de logística incorporará y menos competitivo será frente a los que hacen recorridos menores.
Más elocuentemente lo señaló un estudio del BID titulado Muy lejos para exportar. Su conclusión es tajante: competir en los mercados internacionales cuando la producción se localiza a miles de kilómetros de los puertos es imposible (Mesquita, et al; 2013).
¿A qué lleva todo esto? A que la actual distribución espacial de la producción colombiana es herencia del modelo de sustitución de importaciones. Recordemos que en ese modelo se pregonaba que primero se debía desarrollar el mercado interno y después, cuando el aparato productivo fuera competitivo, se abriría la economía y se lanzarían las empresas a la conquista de la economía mundial.
Ese ideal no fue alcanzado porque las políticas proteccionistas generan sesgos antiexportadores, mala asignación de los recursos en la economía e ineficiencias en la producción, que son pagadas por los consumidores (Little, Scitovsky y Scott, 1975).
Lo anterior significa que en una economía globalizada, si el modelo económico de un país cambia hacia una economía abierta, la distribución espacial de la producción debe cambiar, para no incurrir en el riesgo de desaparecer frente a la competencia internacional.
El caso de Colombia
Colombia intentó inducir el cambio de su geografía económica con la apertura unilateral del presidente Gaviria en 1991. Se bajó el arancel promedio, cercano al 50%, al 11%, se eliminó la licencia previa, se desmontó el control de cambios y se suprimieron las restricciones a la inversión extranjera.
Pero esa política no cambió la distribución espacial de la producción porque la reacción de los empresarios fue la intensificación del cabildeo para sustituir la protección arancelaria por la no arancelaria. Un estudio de investigadores del Banco de la República demostró la explosión de barreras no arancelarias desde la apertura económica: de 1.102 medidas que estaban vigentes en 1991, se llegó en 2007 a 24.357 (García, et al; 2014).
Desde entonces, nominalmente la economía fue clasificada como «abierta», cuando en la práctica siguió siendo cerrada. Como consecuencia, muchos empresarios no adoptaron las decisiones de inversión y modernización que demandaba el nuevo entorno; tampoco relocalizaron las empresas (Fernández, 1998) y menos aún se desarrolló una orientación exportadora que se reflejara en cambios estructurales en la canasta de exportación.
En lo corrido del presente siglo las cosas empiezan a cambiar con la negociación de los tratados de libre comercio (TLC), pues ellos implican compromisos internacionales que hay que cumplir y ante los cuales el cabildeo pierde fuerza. Los TLC tendrán profundas repercusiones sobre el aparato productivo del país: inducen reformas regulatorias y la adopción de los mejores estándares técnicos; los empresarios tienen que incrementar la calidad de los productos y servicios; propician la modernización tecnológica de los procesos de producción; desencadenan la reasignación de recursos desde actividades ineficientes hacia actividades con ventajas comparativas; e incentivan las decisiones de relocalización, si la opción es aprovechar las ventajas de acceso preferencial obtenidas.
Hay quienes tienen afán de juzgar los TLC y aprovechan los resultados deficitarios en la balanza comercial para aseverar que son un fracaso. La realidad es que pocas cosas han cambiado, por un lado, por la inercia de décadas de proteccionismo y, por otro, porque los acuerdos con mayores impactos esperados llevan poco tiempo de vigencia y la reasignación de recursos no se produce de forma inmediata. Por eso, seguimos clasificando como una de las economías más cerradas del mundo en las comparaciones internacionales.
Según el Global Competitiveness Report 2016-2017, en los coeficientes de exportaciones e importaciones sobre PIB quedamos en el puesto 126 entre 138 países; en el arancel, con un nivel nominal promedio del 6.4%, en el puesto 79; y en barreras no arancelarias en el puesto 94 (Schwab, 2016).
Las cifras disponibles muestran que se están registrando algunos cambios en la distribución espacial de la producción nacional, pero no son los esperados.
La evaluación de la participación de los departamentos en el PIB entre 2000 y 2016 indica que 14 departamentos perdieron 5.8 puntos, que fueron ganados por ocho, mientras que los restantes 11 la mantuvieron inalterada. Entre los perdedores están, como se esperaba, Bogotá y Cundinamarca; pero sorprende que hagan parte de ese conjunto el Valle, Atlántico y Magdalena (cuadro 1). Especialmente llama la atención el caso de Atlántico, pues es la región con mayores cambios aparentes en los años recientes y hacia donde es más probable la relocalización de empresas.
Entre los ganadores también hay sorpresas (cuadro 2); lideran Meta y Santander, con tres cuartas partes del incremento mencionado, y solo hay un departamento con puerto marítimo: Bolívar.
De estos, el Meta es un departamento petrolero, lo que explica su repunte de casi tres puntos en la participación en el PIB nacional; su producción de petróleo pasó del 0.4% del PIB nacional en 2000-2004 al 3.0% en el periodo 2013-2016. Pero la tendencia de producción de este hidrocarburo es a la baja, por lo que su importancia relativa viene declinando, igual que la participación del departamento en el valor agregado de Colombia; lamentablemente, la bonanza de precios internacionales del petróleo no se aprovechó para diversificar la estructura productiva departamental.
El caso de Santander es más llamativo, pues está lejos de los puertos. Su mayor participación en el PIB del país es aportada, en orden de magnitud, por la construcción, la industria y la minería. En el sector industrial es fundamental la actividad de refinación, que ha impulsado el desarrollo de la metalmecánica y los servicios empresariales a las petroleras; ellas se suman a la producción tradicional de calzado y confecciones y a los importantes avances en medicina, con particular orientación al turismo de salud, y en avicultura.
Santander también registra un notable incremento de su PIB per cápita, que pasó del cuarto al segundo puesto entre 2000 y 2016, superando el de Bogotá en un 16% en este último año (gráfico 1). Finalmente, excluyendo al Meta, Santander registra la segunda productividad laboral más alta de Colombia, después de Bogotá.
Reflexiones finales
Los cambios que se vienen registrando en la distribución espacial de la producción colombiana no parecen responder a las tendencias de globalización y de aprovechamiento de los TLC.
Con excepción de los servicios que no requieren relocalización –como el turismo de salud en Santander–, la producción de manufacturas de exportación demanda la instalación de plantas cerca a los puertos.
Transcurridos más de 25 años desde la apertura unilateral, es vital entender por qué no están ocurriendo los cambios esperados en la geografía económica del país y qué se debe hacer para incentivar la relocalización. Esperemos que sean preguntas centrales en los debates que se avecinan.
Bibliografía
Fernández, C. (1998). "Agglomeration and Trade: The Case of Colombia". Ensayos sobre Política Económica, No. 33.
García, J., López, D., Montes, E. y Esguerra, P., (2014), "Una visión general de la política comercial colombiana 1950-2012". Borradores de Economía No. 817.
Little, I., Scitovsky, T. y Scott, M. (1975). Industria y comercio en algunos países en desarrollo. Fondo de Cultura Económica, México.
Mesquita,M., Blyde, J., Volpe, C. y Molina, D. (2013). Muy lejos para exportar. BID, Washington.
Schwab, K., (2016). World Competitiveness Report 2016-2017. World Economic Forum, Geneva.
Peñalosa y los conductores asesinos
viernes, 22 de septiembre de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 22 de septiembre de 2017
Los principales medios del país citaron la siguiente afirmación del alcalde Peñalosa: “ojalá que los jueces sean especialmente drásticos con los automovilistas que matan y asesinan ciclistas”.
Si no está citado fuera de contexto, pareciera que Peñalosa tiene como asesores de comunicaciones a los contradictores que están impulsando la revocatoria de su mandato.
Según la Real Academia Española, asesinar es “matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa”. Asesinos son los terroristas del Estado Islámico que utilizan automotores para asesinar inocentes transeúntes en Europa. Pero, salvo casos aislados, no es esa la causal de muerte de los ciclistas en accidentes de tránsito en Bogotá y en resto del país.
Las desatinadas declaraciones del burgomaestre dan pie para debatir algunos temas en torno a los ciclistas y la accidentalidad de tránsito. En primer lugar, la gran mayoría de quienes utilizan la bicicleta carecen de la más mínima cultura ciudadana; si hay quejas permanentes por el irrespeto de los motociclistas de las reglas de tránsito, el problema es aún mayor con los ciclistas.
Con pocas excepciones, los ciclistas no respetan los semáforos; no conocen qué es una contravía; muy pocos utilizan un casco que realmente les brinde alguna protección; en los andenes y en los puentes peatonales son un peligro para los transeúntes; y en las vías no tienen en cuenta los espacios y la velocidad para que un conductor pueda reaccionar ante las piruetas y movimientos intempestivos que hacen para lucirse o para evitar un bache.
Eso evidencia la ausencia de autoridad, empezando por los alcaldes, para hacer cumplir las normas básicas de convivencia en los espacios públicos; también es evidencia de alcaldes que no implementan campañas masivas de educación para cambiar el comportamiento de los ciclistas. Tampoco hay autoridad que les exija un equipo mínimo de protección. Teóricamente los infractores podrían ser multados, pero, como lo reconocen las autoridades de tránsito, poco y nada se aplican estas sanciones y cuando lo hacen es casi nulo el pago que de ellas se hace.
En segundo lugar, es muy bueno, muy sano y positivo para el medio ambiente impulsar el uso de la bicicleta. Pero no tiene por qué hacerse al costo de satanizar a los automovilistas, ni forzar a los peatones a hacer acrobacias para no invadir las ciclo-rutas que se inventaron reduciendo los andenes (ejemplo carrera 11 entre las calles 72 y 76).
En tercer lugar, es útil analizar las pocas cifras disponibles sobre accidentalidad vial. Los datos de Medicina Legal para 2016 indican que en Colombia murieron 379 ciclistas y 2.748 sufrieron lesiones en accidentes de tránsito.
En la revista Forensis, Medicina Legal hace unas precisiones importantes: 43.1% de las muertes fueron ocasionadas por “volcamientos o caídas del ocupante” y 25.5% por “choque con objeto fijo o en movimiento”. Ninguno de los dos conceptos tiene una explicación ampliada en la publicación oficial, pero es claro que el 68.6% de las muertes de ciclistas no fue por automotores que los atropellaron.
La reducción de la mortalidad vial es responsabilidad de todos: conductores, ciclistas, alcaldes y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pero hay que respetar los derechos de cada uno, no satanizar a nadie y evaluar objetivamente las causas de la accidentalidad.
Los principales medios del país citaron la siguiente afirmación del alcalde Peñalosa: “ojalá que los jueces sean especialmente drásticos con los automovilistas que matan y asesinan ciclistas”.
Si no está citado fuera de contexto, pareciera que Peñalosa tiene como asesores de comunicaciones a los contradictores que están impulsando la revocatoria de su mandato.
Según la Real Academia Española, asesinar es “matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa”. Asesinos son los terroristas del Estado Islámico que utilizan automotores para asesinar inocentes transeúntes en Europa. Pero, salvo casos aislados, no es esa la causal de muerte de los ciclistas en accidentes de tránsito en Bogotá y en resto del país.
Las desatinadas declaraciones del burgomaestre dan pie para debatir algunos temas en torno a los ciclistas y la accidentalidad de tránsito. En primer lugar, la gran mayoría de quienes utilizan la bicicleta carecen de la más mínima cultura ciudadana; si hay quejas permanentes por el irrespeto de los motociclistas de las reglas de tránsito, el problema es aún mayor con los ciclistas.
Con pocas excepciones, los ciclistas no respetan los semáforos; no conocen qué es una contravía; muy pocos utilizan un casco que realmente les brinde alguna protección; en los andenes y en los puentes peatonales son un peligro para los transeúntes; y en las vías no tienen en cuenta los espacios y la velocidad para que un conductor pueda reaccionar ante las piruetas y movimientos intempestivos que hacen para lucirse o para evitar un bache.
Eso evidencia la ausencia de autoridad, empezando por los alcaldes, para hacer cumplir las normas básicas de convivencia en los espacios públicos; también es evidencia de alcaldes que no implementan campañas masivas de educación para cambiar el comportamiento de los ciclistas. Tampoco hay autoridad que les exija un equipo mínimo de protección. Teóricamente los infractores podrían ser multados, pero, como lo reconocen las autoridades de tránsito, poco y nada se aplican estas sanciones y cuando lo hacen es casi nulo el pago que de ellas se hace.
En segundo lugar, es muy bueno, muy sano y positivo para el medio ambiente impulsar el uso de la bicicleta. Pero no tiene por qué hacerse al costo de satanizar a los automovilistas, ni forzar a los peatones a hacer acrobacias para no invadir las ciclo-rutas que se inventaron reduciendo los andenes (ejemplo carrera 11 entre las calles 72 y 76).
En tercer lugar, es útil analizar las pocas cifras disponibles sobre accidentalidad vial. Los datos de Medicina Legal para 2016 indican que en Colombia murieron 379 ciclistas y 2.748 sufrieron lesiones en accidentes de tránsito.
En la revista Forensis, Medicina Legal hace unas precisiones importantes: 43.1% de las muertes fueron ocasionadas por “volcamientos o caídas del ocupante” y 25.5% por “choque con objeto fijo o en movimiento”. Ninguno de los dos conceptos tiene una explicación ampliada en la publicación oficial, pero es claro que el 68.6% de las muertes de ciclistas no fue por automotores que los atropellaron.
La reducción de la mortalidad vial es responsabilidad de todos: conductores, ciclistas, alcaldes y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pero hay que respetar los derechos de cada uno, no satanizar a nadie y evaluar objetivamente las causas de la accidentalidad.
Siete meses de Trumponomics
viernes, 25 de agosto de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 25 de agosto de 2017
Cumplidos siete meses del gobierno de Trump, son evidentes los cambios que se están precipitando tanto en Estados Unidos como en el mundo.
En geopolítica ocurre algo muy particular. La primera potencia mundial renunció a su liderazgo, por razones poco comprensibles; mientras Trump pronunciaba un discurso antiglobalización al asumir como presidente de los Estados Unidos, el primer ministro chino, Xin Jinping, se tomaba el escenario de Davos para autoproclamarse líder de la globalización.
Entre sus primeras decisiones, el presidente Trump renunció al Trans Pacific Partnership (TPP), el acuerdo comercial más ambicioso de las décadas recientes, en el cual negociaron 12 países de la cuenca del Pacífico. Además de pretender desenmarañar el spaghetti bowl, el acuerdo hacía parte de la estrategia de los Estados Unidos para generar un contrapeso a China en Asia. Con la renuncia, se le dejó el campo libre a esa economía para fortalecer su posición como potencia dominante en el continente asiático.
También frenó el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), que conformaría con la Unión Europea otro acuerdo de enormes dimensiones, pues representaría 60% del PIB mundial, 33% de las transacciones globales de bienes y 42% de las de servicios.
Por fortuna, finalmente Trump entendió que salirse del NAFTA era pegarse un tiro en el píe, por el alto valor agregado estadounidense incorporado en las exportaciones mexicanas; entonces, optó por la renegociación.
Pero, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de Paris sobre cambio climático, bombardeó a Siria y Afganistán, amenazó con atacar a Corea del Norte si persiste en sus pruebas nucleares, y, en una apresurada decisión, impuso sanciones a varios funcionarios venezolanos sin consultar al Departamento de Estado; analistas como Oppenheimer consideran esto un error porque le permiten al dictador venezolano posar de víctima del “imperio”.
La renuncia de la primera potencia mundial al liderazgo, revitaliza el papel de los países comunistas en el planeta; China y Rusia están estrechando sus relaciones, olvidando viejas rencillas y haciendo ejercicios navales conjuntos en el mar Báltico. Esto forzó a Alemania y Japón a jugar como contrapesos para limitar los alcances de esa alianza y de las pretensiones chinas.
Entre tanto, la mayor parte de las promesas económicas de Trump se están diluyendo, porque el balance de poderes impide la implementación de decisiones que impactarían negativamente la propia economía estadounidense. El bloqueo comercial contra China, el muro en la frontera con México pagado por los propios mexicanos, la supresión del Obamacare, la rebaja de impuestos a las empresas y el programa de expansión fiscal están embolatados; por si fuera poco, diversos analistas consideran que la reforma tributaria en trámite favorecerá más a los ricos que a las inconformes clases medias que lo eligieron. No obstante, persiste el riesgo de una guerra comercial, si logra sancionar a China por su pasividad frente a Corea del Norte.
Este es apenas el comienzo y, con estos precedentes en tan pocos meses, el futuro luce más incierto que nunca. Las previsiones incluyen tres tipos de escenarios: unos en los que las instituciones logran aislar la economía de los bandazos políticos, otros catastróficos en los que se desata una guerra comercial de grandes proporciones y uno en el que Trump es destituido antes de culminar su mandato. Amanecerá y veremos.
Cumplidos siete meses del gobierno de Trump, son evidentes los cambios que se están precipitando tanto en Estados Unidos como en el mundo.
En geopolítica ocurre algo muy particular. La primera potencia mundial renunció a su liderazgo, por razones poco comprensibles; mientras Trump pronunciaba un discurso antiglobalización al asumir como presidente de los Estados Unidos, el primer ministro chino, Xin Jinping, se tomaba el escenario de Davos para autoproclamarse líder de la globalización.
Entre sus primeras decisiones, el presidente Trump renunció al Trans Pacific Partnership (TPP), el acuerdo comercial más ambicioso de las décadas recientes, en el cual negociaron 12 países de la cuenca del Pacífico. Además de pretender desenmarañar el spaghetti bowl, el acuerdo hacía parte de la estrategia de los Estados Unidos para generar un contrapeso a China en Asia. Con la renuncia, se le dejó el campo libre a esa economía para fortalecer su posición como potencia dominante en el continente asiático.
También frenó el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), que conformaría con la Unión Europea otro acuerdo de enormes dimensiones, pues representaría 60% del PIB mundial, 33% de las transacciones globales de bienes y 42% de las de servicios.
Por fortuna, finalmente Trump entendió que salirse del NAFTA era pegarse un tiro en el píe, por el alto valor agregado estadounidense incorporado en las exportaciones mexicanas; entonces, optó por la renegociación.
Pero, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de Paris sobre cambio climático, bombardeó a Siria y Afganistán, amenazó con atacar a Corea del Norte si persiste en sus pruebas nucleares, y, en una apresurada decisión, impuso sanciones a varios funcionarios venezolanos sin consultar al Departamento de Estado; analistas como Oppenheimer consideran esto un error porque le permiten al dictador venezolano posar de víctima del “imperio”.
La renuncia de la primera potencia mundial al liderazgo, revitaliza el papel de los países comunistas en el planeta; China y Rusia están estrechando sus relaciones, olvidando viejas rencillas y haciendo ejercicios navales conjuntos en el mar Báltico. Esto forzó a Alemania y Japón a jugar como contrapesos para limitar los alcances de esa alianza y de las pretensiones chinas.
Entre tanto, la mayor parte de las promesas económicas de Trump se están diluyendo, porque el balance de poderes impide la implementación de decisiones que impactarían negativamente la propia economía estadounidense. El bloqueo comercial contra China, el muro en la frontera con México pagado por los propios mexicanos, la supresión del Obamacare, la rebaja de impuestos a las empresas y el programa de expansión fiscal están embolatados; por si fuera poco, diversos analistas consideran que la reforma tributaria en trámite favorecerá más a los ricos que a las inconformes clases medias que lo eligieron. No obstante, persiste el riesgo de una guerra comercial, si logra sancionar a China por su pasividad frente a Corea del Norte.
Este es apenas el comienzo y, con estos precedentes en tan pocos meses, el futuro luce más incierto que nunca. Las previsiones incluyen tres tipos de escenarios: unos en los que las instituciones logran aislar la economía de los bandazos políticos, otros catastróficos en los que se desata una guerra comercial de grandes proporciones y uno en el que Trump es destituido antes de culminar su mandato. Amanecerá y veremos.
¿Adiós resiliencia?
viernes, 21 de julio de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 21 de julio de 2017
Los choques externos que impactaron a Colombia en los últimos años han tenido un efecto moderado en el mercado laboral. Aun cuando la tasa de desempleo frenó su tendencia descendente, se mantiene relativamente estable; además, la tasa de informalidad, que empezó a ceder desde la reforma tributaria de 2012, siguió disminuyendo.
Los resultados se dieron en un escenario en el que la tasa media de crecimiento del PIB bajó de 4.8%, en el periodo 2010-2014, al 2.0% en 2015-2016. Estos datos sustentan el atributo de resiliencia del mercado laboral colombiano, al cual se hace referencia con frecuencia en los análisis locales.
Como ocurre con otras variables, es poco habitual la comparación de los resultados del mercado laboral colombiano con la evolución en otros países. En ese contexto, es importante ver qué ha pasado en la región en los años recientes. Al hacerlo, salta a la vista que la resiliencia no es un atributo exclusivo de Colombia, sino de varias economías de América Latina.
En efecto, las estadísticas de desempleo urbano descendieron continuamente en las principales economías y en el conjunto de la región entre 2010 y 2014. La excepción fueron Costa Rica y Brasil, en los cuales se observaron aumentos desde 2011 y 2012, respectivamente; en el caso de Ecuador, la tasa creció desde 2014 por efecto del choque petrolero.
La tasa de desempleo cambió su tendencia para el promedio de América Latina en 2015, con un aumento moderado de 6.9% a 7.3%, y se acentuó en 2016, al ubicarse en 8.9%, superando el nivel de 2010 (8.2%). Comportamiento similar se observa en casi todas las economías, especialmente en 2016, con excepción de México, cuyo indicador sigue descendiendo.
El cambio en la tendencia es atribuido por la Cepal y la OIT a los dos años de crecimiento negativo del PIB regional; según estos organismos, el mencionado aumento de América Latina es el más alto de las últimas décadas. El impacto fue especialmente drástico en Brasil, donde la tasa de desempleo pasó de 7.8% en 2014 a 13.0% en 2016, desplazando a Colombia como el país con la tasa más alta de la región.
Un índice comparativo del desempleo urbano en América Latina pone en evidencia que el mercado laboral colombiano registra la evolución más favorable; es una de las economías con mayor descenso de la tasa de desempleo entre 2010 y 2014 y la de menor incremento desde 2015.
Colombia tiene la segunda tasa de desempleo más alta de la región, pero la brecha con las demás economías se redujo de forma notable. Los casos más llamativos son el de Brasil, ya mencionado, y el de Costa Rica, país con el cual la diferencia en 2016 es apenas el 13% de la que había en 2010. Con relación a la media de América Latina, el mismo indicador fue el 31%.
En síntesis, la resiliencia del mercado laboral se observó en mayor o menor medida en toda la región. El interrogante es si el notable deterioro del empleo en América Latina indica el final de la resiliencia y si Colombia seguirá la misma senda; en este caso, el Gobierno debe fortalecer su empeño en impulsar el crecimiento para evitar incrementos del desempleo y aumento de la pobreza.
Los choques externos que impactaron a Colombia en los últimos años han tenido un efecto moderado en el mercado laboral. Aun cuando la tasa de desempleo frenó su tendencia descendente, se mantiene relativamente estable; además, la tasa de informalidad, que empezó a ceder desde la reforma tributaria de 2012, siguió disminuyendo.
Los resultados se dieron en un escenario en el que la tasa media de crecimiento del PIB bajó de 4.8%, en el periodo 2010-2014, al 2.0% en 2015-2016. Estos datos sustentan el atributo de resiliencia del mercado laboral colombiano, al cual se hace referencia con frecuencia en los análisis locales.
Como ocurre con otras variables, es poco habitual la comparación de los resultados del mercado laboral colombiano con la evolución en otros países. En ese contexto, es importante ver qué ha pasado en la región en los años recientes. Al hacerlo, salta a la vista que la resiliencia no es un atributo exclusivo de Colombia, sino de varias economías de América Latina.
En efecto, las estadísticas de desempleo urbano descendieron continuamente en las principales economías y en el conjunto de la región entre 2010 y 2014. La excepción fueron Costa Rica y Brasil, en los cuales se observaron aumentos desde 2011 y 2012, respectivamente; en el caso de Ecuador, la tasa creció desde 2014 por efecto del choque petrolero.
La tasa de desempleo cambió su tendencia para el promedio de América Latina en 2015, con un aumento moderado de 6.9% a 7.3%, y se acentuó en 2016, al ubicarse en 8.9%, superando el nivel de 2010 (8.2%). Comportamiento similar se observa en casi todas las economías, especialmente en 2016, con excepción de México, cuyo indicador sigue descendiendo.
El cambio en la tendencia es atribuido por la Cepal y la OIT a los dos años de crecimiento negativo del PIB regional; según estos organismos, el mencionado aumento de América Latina es el más alto de las últimas décadas. El impacto fue especialmente drástico en Brasil, donde la tasa de desempleo pasó de 7.8% en 2014 a 13.0% en 2016, desplazando a Colombia como el país con la tasa más alta de la región.
Un índice comparativo del desempleo urbano en América Latina pone en evidencia que el mercado laboral colombiano registra la evolución más favorable; es una de las economías con mayor descenso de la tasa de desempleo entre 2010 y 2014 y la de menor incremento desde 2015.
Colombia tiene la segunda tasa de desempleo más alta de la región, pero la brecha con las demás economías se redujo de forma notable. Los casos más llamativos son el de Brasil, ya mencionado, y el de Costa Rica, país con el cual la diferencia en 2016 es apenas el 13% de la que había en 2010. Con relación a la media de América Latina, el mismo indicador fue el 31%.
En síntesis, la resiliencia del mercado laboral se observó en mayor o menor medida en toda la región. El interrogante es si el notable deterioro del empleo en América Latina indica el final de la resiliencia y si Colombia seguirá la misma senda; en este caso, el Gobierno debe fortalecer su empeño en impulsar el crecimiento para evitar incrementos del desempleo y aumento de la pobreza.
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