Publicado en Portafolio el viernes 22 de septiembre de 2017
Los principales medios del país citaron la siguiente afirmación del alcalde Peñalosa: “ojalá que los jueces sean especialmente drásticos con los automovilistas que matan y asesinan ciclistas”.
Si no está citado fuera de contexto, pareciera que Peñalosa tiene como asesores de comunicaciones a los contradictores que están impulsando la revocatoria de su mandato.
Según la Real Academia Española, asesinar es “matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa”. Asesinos son los terroristas del Estado Islámico que utilizan automotores para asesinar inocentes transeúntes en Europa. Pero, salvo casos aislados, no es esa la causal de muerte de los ciclistas en accidentes de tránsito en Bogotá y en resto del país.
Las desatinadas declaraciones del burgomaestre dan pie para debatir algunos temas en torno a los ciclistas y la accidentalidad de tránsito. En primer lugar, la gran mayoría de quienes utilizan la bicicleta carecen de la más mínima cultura ciudadana; si hay quejas permanentes por el irrespeto de los motociclistas de las reglas de tránsito, el problema es aún mayor con los ciclistas.
Con pocas excepciones, los ciclistas no respetan los semáforos; no conocen qué es una contravía; muy pocos utilizan un casco que realmente les brinde alguna protección; en los andenes y en los puentes peatonales son un peligro para los transeúntes; y en las vías no tienen en cuenta los espacios y la velocidad para que un conductor pueda reaccionar ante las piruetas y movimientos intempestivos que hacen para lucirse o para evitar un bache.
Eso evidencia la ausencia de autoridad, empezando por los alcaldes, para hacer cumplir las normas básicas de convivencia en los espacios públicos; también es evidencia de alcaldes que no implementan campañas masivas de educación para cambiar el comportamiento de los ciclistas. Tampoco hay autoridad que les exija un equipo mínimo de protección. Teóricamente los infractores podrían ser multados, pero, como lo reconocen las autoridades de tránsito, poco y nada se aplican estas sanciones y cuando lo hacen es casi nulo el pago que de ellas se hace.
En segundo lugar, es muy bueno, muy sano y positivo para el medio ambiente impulsar el uso de la bicicleta. Pero no tiene por qué hacerse al costo de satanizar a los automovilistas, ni forzar a los peatones a hacer acrobacias para no invadir las ciclo-rutas que se inventaron reduciendo los andenes (ejemplo carrera 11 entre las calles 72 y 76).
En tercer lugar, es útil analizar las pocas cifras disponibles sobre accidentalidad vial. Los datos de Medicina Legal para 2016 indican que en Colombia murieron 379 ciclistas y 2.748 sufrieron lesiones en accidentes de tránsito.
En la revista Forensis, Medicina Legal hace unas precisiones importantes: 43.1% de las muertes fueron ocasionadas por “volcamientos o caídas del ocupante” y 25.5% por “choque con objeto fijo o en movimiento”. Ninguno de los dos conceptos tiene una explicación ampliada en la publicación oficial, pero es claro que el 68.6% de las muertes de ciclistas no fue por automotores que los atropellaron.
La reducción de la mortalidad vial es responsabilidad de todos: conductores, ciclistas, alcaldes y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pero hay que respetar los derechos de cada uno, no satanizar a nadie y evaluar objetivamente las causas de la accidentalidad.
Siete meses de Trumponomics
viernes, 25 de agosto de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 25 de agosto de 2017
Cumplidos siete meses del gobierno de Trump, son evidentes los cambios que se están precipitando tanto en Estados Unidos como en el mundo.
En geopolítica ocurre algo muy particular. La primera potencia mundial renunció a su liderazgo, por razones poco comprensibles; mientras Trump pronunciaba un discurso antiglobalización al asumir como presidente de los Estados Unidos, el primer ministro chino, Xin Jinping, se tomaba el escenario de Davos para autoproclamarse líder de la globalización.
Entre sus primeras decisiones, el presidente Trump renunció al Trans Pacific Partnership (TPP), el acuerdo comercial más ambicioso de las décadas recientes, en el cual negociaron 12 países de la cuenca del Pacífico. Además de pretender desenmarañar el spaghetti bowl, el acuerdo hacía parte de la estrategia de los Estados Unidos para generar un contrapeso a China en Asia. Con la renuncia, se le dejó el campo libre a esa economía para fortalecer su posición como potencia dominante en el continente asiático.
También frenó el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), que conformaría con la Unión Europea otro acuerdo de enormes dimensiones, pues representaría 60% del PIB mundial, 33% de las transacciones globales de bienes y 42% de las de servicios.
Por fortuna, finalmente Trump entendió que salirse del NAFTA era pegarse un tiro en el píe, por el alto valor agregado estadounidense incorporado en las exportaciones mexicanas; entonces, optó por la renegociación.
Pero, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de Paris sobre cambio climático, bombardeó a Siria y Afganistán, amenazó con atacar a Corea del Norte si persiste en sus pruebas nucleares, y, en una apresurada decisión, impuso sanciones a varios funcionarios venezolanos sin consultar al Departamento de Estado; analistas como Oppenheimer consideran esto un error porque le permiten al dictador venezolano posar de víctima del “imperio”.
La renuncia de la primera potencia mundial al liderazgo, revitaliza el papel de los países comunistas en el planeta; China y Rusia están estrechando sus relaciones, olvidando viejas rencillas y haciendo ejercicios navales conjuntos en el mar Báltico. Esto forzó a Alemania y Japón a jugar como contrapesos para limitar los alcances de esa alianza y de las pretensiones chinas.
Entre tanto, la mayor parte de las promesas económicas de Trump se están diluyendo, porque el balance de poderes impide la implementación de decisiones que impactarían negativamente la propia economía estadounidense. El bloqueo comercial contra China, el muro en la frontera con México pagado por los propios mexicanos, la supresión del Obamacare, la rebaja de impuestos a las empresas y el programa de expansión fiscal están embolatados; por si fuera poco, diversos analistas consideran que la reforma tributaria en trámite favorecerá más a los ricos que a las inconformes clases medias que lo eligieron. No obstante, persiste el riesgo de una guerra comercial, si logra sancionar a China por su pasividad frente a Corea del Norte.
Este es apenas el comienzo y, con estos precedentes en tan pocos meses, el futuro luce más incierto que nunca. Las previsiones incluyen tres tipos de escenarios: unos en los que las instituciones logran aislar la economía de los bandazos políticos, otros catastróficos en los que se desata una guerra comercial de grandes proporciones y uno en el que Trump es destituido antes de culminar su mandato. Amanecerá y veremos.
Cumplidos siete meses del gobierno de Trump, son evidentes los cambios que se están precipitando tanto en Estados Unidos como en el mundo.
En geopolítica ocurre algo muy particular. La primera potencia mundial renunció a su liderazgo, por razones poco comprensibles; mientras Trump pronunciaba un discurso antiglobalización al asumir como presidente de los Estados Unidos, el primer ministro chino, Xin Jinping, se tomaba el escenario de Davos para autoproclamarse líder de la globalización.
Entre sus primeras decisiones, el presidente Trump renunció al Trans Pacific Partnership (TPP), el acuerdo comercial más ambicioso de las décadas recientes, en el cual negociaron 12 países de la cuenca del Pacífico. Además de pretender desenmarañar el spaghetti bowl, el acuerdo hacía parte de la estrategia de los Estados Unidos para generar un contrapeso a China en Asia. Con la renuncia, se le dejó el campo libre a esa economía para fortalecer su posición como potencia dominante en el continente asiático.
También frenó el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), que conformaría con la Unión Europea otro acuerdo de enormes dimensiones, pues representaría 60% del PIB mundial, 33% de las transacciones globales de bienes y 42% de las de servicios.
Por fortuna, finalmente Trump entendió que salirse del NAFTA era pegarse un tiro en el píe, por el alto valor agregado estadounidense incorporado en las exportaciones mexicanas; entonces, optó por la renegociación.
Pero, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de Paris sobre cambio climático, bombardeó a Siria y Afganistán, amenazó con atacar a Corea del Norte si persiste en sus pruebas nucleares, y, en una apresurada decisión, impuso sanciones a varios funcionarios venezolanos sin consultar al Departamento de Estado; analistas como Oppenheimer consideran esto un error porque le permiten al dictador venezolano posar de víctima del “imperio”.
La renuncia de la primera potencia mundial al liderazgo, revitaliza el papel de los países comunistas en el planeta; China y Rusia están estrechando sus relaciones, olvidando viejas rencillas y haciendo ejercicios navales conjuntos en el mar Báltico. Esto forzó a Alemania y Japón a jugar como contrapesos para limitar los alcances de esa alianza y de las pretensiones chinas.
Entre tanto, la mayor parte de las promesas económicas de Trump se están diluyendo, porque el balance de poderes impide la implementación de decisiones que impactarían negativamente la propia economía estadounidense. El bloqueo comercial contra China, el muro en la frontera con México pagado por los propios mexicanos, la supresión del Obamacare, la rebaja de impuestos a las empresas y el programa de expansión fiscal están embolatados; por si fuera poco, diversos analistas consideran que la reforma tributaria en trámite favorecerá más a los ricos que a las inconformes clases medias que lo eligieron. No obstante, persiste el riesgo de una guerra comercial, si logra sancionar a China por su pasividad frente a Corea del Norte.
Este es apenas el comienzo y, con estos precedentes en tan pocos meses, el futuro luce más incierto que nunca. Las previsiones incluyen tres tipos de escenarios: unos en los que las instituciones logran aislar la economía de los bandazos políticos, otros catastróficos en los que se desata una guerra comercial de grandes proporciones y uno en el que Trump es destituido antes de culminar su mandato. Amanecerá y veremos.
¿Adiós resiliencia?
viernes, 21 de julio de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 21 de julio de 2017
Los choques externos que impactaron a Colombia en los últimos años han tenido un efecto moderado en el mercado laboral. Aun cuando la tasa de desempleo frenó su tendencia descendente, se mantiene relativamente estable; además, la tasa de informalidad, que empezó a ceder desde la reforma tributaria de 2012, siguió disminuyendo.
Los resultados se dieron en un escenario en el que la tasa media de crecimiento del PIB bajó de 4.8%, en el periodo 2010-2014, al 2.0% en 2015-2016. Estos datos sustentan el atributo de resiliencia del mercado laboral colombiano, al cual se hace referencia con frecuencia en los análisis locales.
Como ocurre con otras variables, es poco habitual la comparación de los resultados del mercado laboral colombiano con la evolución en otros países. En ese contexto, es importante ver qué ha pasado en la región en los años recientes. Al hacerlo, salta a la vista que la resiliencia no es un atributo exclusivo de Colombia, sino de varias economías de América Latina.
En efecto, las estadísticas de desempleo urbano descendieron continuamente en las principales economías y en el conjunto de la región entre 2010 y 2014. La excepción fueron Costa Rica y Brasil, en los cuales se observaron aumentos desde 2011 y 2012, respectivamente; en el caso de Ecuador, la tasa creció desde 2014 por efecto del choque petrolero.
La tasa de desempleo cambió su tendencia para el promedio de América Latina en 2015, con un aumento moderado de 6.9% a 7.3%, y se acentuó en 2016, al ubicarse en 8.9%, superando el nivel de 2010 (8.2%). Comportamiento similar se observa en casi todas las economías, especialmente en 2016, con excepción de México, cuyo indicador sigue descendiendo.
El cambio en la tendencia es atribuido por la Cepal y la OIT a los dos años de crecimiento negativo del PIB regional; según estos organismos, el mencionado aumento de América Latina es el más alto de las últimas décadas. El impacto fue especialmente drástico en Brasil, donde la tasa de desempleo pasó de 7.8% en 2014 a 13.0% en 2016, desplazando a Colombia como el país con la tasa más alta de la región.
Un índice comparativo del desempleo urbano en América Latina pone en evidencia que el mercado laboral colombiano registra la evolución más favorable; es una de las economías con mayor descenso de la tasa de desempleo entre 2010 y 2014 y la de menor incremento desde 2015.
Colombia tiene la segunda tasa de desempleo más alta de la región, pero la brecha con las demás economías se redujo de forma notable. Los casos más llamativos son el de Brasil, ya mencionado, y el de Costa Rica, país con el cual la diferencia en 2016 es apenas el 13% de la que había en 2010. Con relación a la media de América Latina, el mismo indicador fue el 31%.
En síntesis, la resiliencia del mercado laboral se observó en mayor o menor medida en toda la región. El interrogante es si el notable deterioro del empleo en América Latina indica el final de la resiliencia y si Colombia seguirá la misma senda; en este caso, el Gobierno debe fortalecer su empeño en impulsar el crecimiento para evitar incrementos del desempleo y aumento de la pobreza.
Los choques externos que impactaron a Colombia en los últimos años han tenido un efecto moderado en el mercado laboral. Aun cuando la tasa de desempleo frenó su tendencia descendente, se mantiene relativamente estable; además, la tasa de informalidad, que empezó a ceder desde la reforma tributaria de 2012, siguió disminuyendo.
Los resultados se dieron en un escenario en el que la tasa media de crecimiento del PIB bajó de 4.8%, en el periodo 2010-2014, al 2.0% en 2015-2016. Estos datos sustentan el atributo de resiliencia del mercado laboral colombiano, al cual se hace referencia con frecuencia en los análisis locales.
Como ocurre con otras variables, es poco habitual la comparación de los resultados del mercado laboral colombiano con la evolución en otros países. En ese contexto, es importante ver qué ha pasado en la región en los años recientes. Al hacerlo, salta a la vista que la resiliencia no es un atributo exclusivo de Colombia, sino de varias economías de América Latina.
En efecto, las estadísticas de desempleo urbano descendieron continuamente en las principales economías y en el conjunto de la región entre 2010 y 2014. La excepción fueron Costa Rica y Brasil, en los cuales se observaron aumentos desde 2011 y 2012, respectivamente; en el caso de Ecuador, la tasa creció desde 2014 por efecto del choque petrolero.
La tasa de desempleo cambió su tendencia para el promedio de América Latina en 2015, con un aumento moderado de 6.9% a 7.3%, y se acentuó en 2016, al ubicarse en 8.9%, superando el nivel de 2010 (8.2%). Comportamiento similar se observa en casi todas las economías, especialmente en 2016, con excepción de México, cuyo indicador sigue descendiendo.
El cambio en la tendencia es atribuido por la Cepal y la OIT a los dos años de crecimiento negativo del PIB regional; según estos organismos, el mencionado aumento de América Latina es el más alto de las últimas décadas. El impacto fue especialmente drástico en Brasil, donde la tasa de desempleo pasó de 7.8% en 2014 a 13.0% en 2016, desplazando a Colombia como el país con la tasa más alta de la región.
Un índice comparativo del desempleo urbano en América Latina pone en evidencia que el mercado laboral colombiano registra la evolución más favorable; es una de las economías con mayor descenso de la tasa de desempleo entre 2010 y 2014 y la de menor incremento desde 2015.
Colombia tiene la segunda tasa de desempleo más alta de la región, pero la brecha con las demás economías se redujo de forma notable. Los casos más llamativos son el de Brasil, ya mencionado, y el de Costa Rica, país con el cual la diferencia en 2016 es apenas el 13% de la que había en 2010. Con relación a la media de América Latina, el mismo indicador fue el 31%.
En síntesis, la resiliencia del mercado laboral se observó en mayor o menor medida en toda la región. El interrogante es si el notable deterioro del empleo en América Latina indica el final de la resiliencia y si Colombia seguirá la misma senda; en este caso, el Gobierno debe fortalecer su empeño en impulsar el crecimiento para evitar incrementos del desempleo y aumento de la pobreza.
Educación: Gasto versus calidad
viernes, 23 de junio de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 23 de junio de 2017
Terminó el paro de maestros, y los colombianos quedamos con una nueva factura: las bonificaciones adicionales, que aparecerán en las cuentas fiscales como un incremento del gasto en educación.
Ese mayor gasto luce razonable, por la importancia de la educación como factor de movilidad social y de reducción de la desigualdad; además, al fortalecer el capital humano, puede aumentar la productividad y el PIB potencial de la economía.
En comparación con las economías desarrolladas, aparentemente, el gasto anual por estudiante es bajo. Según la OCDE (“Education at a Glance 2016”) el gasto de Colombia es de US$3.165 anuales a precios de paridad, mientras que la media de esa organización es US$10.493 y la de Estados Unidos US$15.720.
En realidad, la brecha es relativamente pequeña; ese gasto como porcentaje del PIB per cápita es para Colombia 16% en educación primaria y 24% en secundaria; para el promedio de la OCDE, 22% y 25%, respectivamente. Aun cuando en primaria la diferencia es más amplia, el gasto relativo es similar al de Irlanda y Holanda (17%), Australia, Francia y Alemania (18%).
Lo sorprendente es que la suma del gasto público y privado de Colombia en educación es alta; según la OCDE, equivale al 6.6% del PIB. Con ese resultado estamos por encima de la media de los miembros de esa organización (5.2%) y el único país que nos supera es el Reino Unido, con el 6.7%.
La composición muestra, de una parte, que el gasto de Colombia supera el de la OCDE en educación primaria y terciaria e iguala el de secundaria; de otra, que la participación del gasto privado, que es el 23% del total, es la más alta entre los 46 países que compara la publicación mencionada.
Si el gasto relativo es mayor, surge el interrogante sobre cuál es la calidad de la educación que se le está brindando a los estudiantes del país. La evidencia muestra los graves problemas de Colombia en esa materia.
Colombia participa en las pruebas PISA desde 2006, clasificando siempre entre las economías con bajos puntajes y con avances marginales en las tres áreas evaluadas: matemáticas, lectura y ciencias. Los resultados equivalen a tres años de atraso de los estudiantes colombianos respecto al promedio de los 35 países miembros de la OCDE.
En matemáticas el 66.3% de los evaluados obtuvo en 2015 puntajes inferiores al nivel 2, que es “el nivel básico de las competencias necesarias para participar de manera productiva en la sociedad” (OCDE “La educación en Colombia”). En ciencias el 49% de los estudiantes y en lectura el 42.8% quedó en esa categoría.
Además, según la OCDE, el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, aplicado los grados 3 y 6, “muestra que los estudiantes colombianos empiezan a atrasarse con respecto a sus países vecinos como Chile, Costa Rica y México, en los primeros años de educación”.
El país debe analizar a profundidad estos contrastes: Una economía emergente que asigna en educación más de su PIB que las economías desarrolladas, pero brinda a los estudiantes una deficiente calidad; y un acuerdo que entrega bonificaciones crecientes a los maestros, mientras que la palabra calidad apenas merece una mención. ¿Problemas de eficiencia? ¿Mala asignación de los recursos? Ojalá haya luces antes del próximo paro.
Terminó el paro de maestros, y los colombianos quedamos con una nueva factura: las bonificaciones adicionales, que aparecerán en las cuentas fiscales como un incremento del gasto en educación.
Ese mayor gasto luce razonable, por la importancia de la educación como factor de movilidad social y de reducción de la desigualdad; además, al fortalecer el capital humano, puede aumentar la productividad y el PIB potencial de la economía.
En comparación con las economías desarrolladas, aparentemente, el gasto anual por estudiante es bajo. Según la OCDE (“Education at a Glance 2016”) el gasto de Colombia es de US$3.165 anuales a precios de paridad, mientras que la media de esa organización es US$10.493 y la de Estados Unidos US$15.720.
En realidad, la brecha es relativamente pequeña; ese gasto como porcentaje del PIB per cápita es para Colombia 16% en educación primaria y 24% en secundaria; para el promedio de la OCDE, 22% y 25%, respectivamente. Aun cuando en primaria la diferencia es más amplia, el gasto relativo es similar al de Irlanda y Holanda (17%), Australia, Francia y Alemania (18%).
Lo sorprendente es que la suma del gasto público y privado de Colombia en educación es alta; según la OCDE, equivale al 6.6% del PIB. Con ese resultado estamos por encima de la media de los miembros de esa organización (5.2%) y el único país que nos supera es el Reino Unido, con el 6.7%.
La composición muestra, de una parte, que el gasto de Colombia supera el de la OCDE en educación primaria y terciaria e iguala el de secundaria; de otra, que la participación del gasto privado, que es el 23% del total, es la más alta entre los 46 países que compara la publicación mencionada.
Si el gasto relativo es mayor, surge el interrogante sobre cuál es la calidad de la educación que se le está brindando a los estudiantes del país. La evidencia muestra los graves problemas de Colombia en esa materia.
Colombia participa en las pruebas PISA desde 2006, clasificando siempre entre las economías con bajos puntajes y con avances marginales en las tres áreas evaluadas: matemáticas, lectura y ciencias. Los resultados equivalen a tres años de atraso de los estudiantes colombianos respecto al promedio de los 35 países miembros de la OCDE.
En matemáticas el 66.3% de los evaluados obtuvo en 2015 puntajes inferiores al nivel 2, que es “el nivel básico de las competencias necesarias para participar de manera productiva en la sociedad” (OCDE “La educación en Colombia”). En ciencias el 49% de los estudiantes y en lectura el 42.8% quedó en esa categoría.
Además, según la OCDE, el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, aplicado los grados 3 y 6, “muestra que los estudiantes colombianos empiezan a atrasarse con respecto a sus países vecinos como Chile, Costa Rica y México, en los primeros años de educación”.
El país debe analizar a profundidad estos contrastes: Una economía emergente que asigna en educación más de su PIB que las economías desarrolladas, pero brinda a los estudiantes una deficiente calidad; y un acuerdo que entrega bonificaciones crecientes a los maestros, mientras que la palabra calidad apenas merece una mención. ¿Problemas de eficiencia? ¿Mala asignación de los recursos? Ojalá haya luces antes del próximo paro.
El pesimismo del TLC
viernes, 19 de mayo de 2017
Publicado en Portafolio el 19 de mayo de 2017
Al cumplirse cinco años del TLC Colombia–Estados Unidos, los críticos estarán de jolgorio. Dirán que sus pronósticos fueron acertados, que el TLC es un fracaso y que habían predicho el déficit comercial. Curiosamente, algunos empresarios parecen compartir esa visión.
En una evaluación objetiva del TLC es útil revisar dos aspectos: los factores exógenos que afectaron el comercio mundial y la estructura de las exportaciones colombianas a EE.UU.
Los factores exógenos son bien conocidos. La terminación del superciclo alcista de los precios internacionales de los productos básicos impactó negativamente a las economías emergentes. Además, incidieron la Gran Recesión de las economías desarrolladas, la desaceleración de China y la recesión de Brasil y Rusia. Por último, numerosos países adoptaron medidas proteccionistas; las decisiones de Venezuela y Ecuador, en particular, golpearon a las empresas colombianas.
Todos esos factores repercutieron en la caída del valor del comercio mundial; las exportaciones globales que crecían más del 20% en 2010, registraron variaciones negativas en el periodo 2014-2016. Solo desde finales del año pasado retornaron a tasas positivas, reflejando la recuperación de la demanda agregada.
Con relación al comercio con EE.UU., la canasta exportadora es muy concentrada. El Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) de las exportaciones hacia ese país registra un valor superior a 1.800 durante la mayor parte del periodo 2000-2016, indicando una alta concentración; por contraste, el IHH del total de exportaciones de Colombia solo superó ese nivel en los años de más altos precios internacionales de los productos básicos (2011-2014).
El valor del IHH de las exportaciones hacia EE.UU. es explicado por los minero-energéticos, que en 2014 representaron el 73.2% del total; y siguen pesando, aunque la caída de sus precios redujo la participación al 61.1% en 2016.
El problema de esa concentración es el surgimiento de EE.UU. como potencia energética. Su producción de petróleo está creciendo aceleradamente, lo que le permitió sustituir parte de sus importaciones y entrar nuevamente como exportador. En gas natural se convirtió en el primer productor mundial, de forma que sus precios internos cayeron e impulsaron el creciente uso en la industria, en reemplazo del carbón.
Tener esa alta concentración se reflejó en un superávit comercial de Colombia mientras los precios de los minero-energéticos fueron altos y en un déficit desde que empezaron a caer. La dificultad estriba en que el déficit tenderá a ser estructural, pues, además de que EE.UU. está disminuyendo las compras de petróleo y carbón de numerosos proveedores, las reservas petroleras de Colombia están cayendo.
La alta concentración también oculta los avances que se registran en las demás exportaciones, que son las que realmente se benefician del TLC. La Ministra de Comercio ha señalado que entre 2012 y 2016 ellos crecieron 12.3% y el número de empresas exportadoras aumentó en 17.5%; esos resultados son destacables teniendo en cuenta los factores externos mencionados.
Los beneficios potenciales de los TLC son de largo plazo. Para obtenerlos, Colombia tiene que romper con esa alta concentración de las exportaciones, por lo que es imperativo acelerar ese proceso gradual resaltado por la ministra. También es deseable que ciertos empresarios, en lugar de plegarse a las evaluaciones pesimistas de los críticos, hagan un acto de contrición y tomen decisiones para mejorar su productividad y aprovechar los acuerdos comerciales.
Al cumplirse cinco años del TLC Colombia–Estados Unidos, los críticos estarán de jolgorio. Dirán que sus pronósticos fueron acertados, que el TLC es un fracaso y que habían predicho el déficit comercial. Curiosamente, algunos empresarios parecen compartir esa visión.
En una evaluación objetiva del TLC es útil revisar dos aspectos: los factores exógenos que afectaron el comercio mundial y la estructura de las exportaciones colombianas a EE.UU.
Los factores exógenos son bien conocidos. La terminación del superciclo alcista de los precios internacionales de los productos básicos impactó negativamente a las economías emergentes. Además, incidieron la Gran Recesión de las economías desarrolladas, la desaceleración de China y la recesión de Brasil y Rusia. Por último, numerosos países adoptaron medidas proteccionistas; las decisiones de Venezuela y Ecuador, en particular, golpearon a las empresas colombianas.
Todos esos factores repercutieron en la caída del valor del comercio mundial; las exportaciones globales que crecían más del 20% en 2010, registraron variaciones negativas en el periodo 2014-2016. Solo desde finales del año pasado retornaron a tasas positivas, reflejando la recuperación de la demanda agregada.
Con relación al comercio con EE.UU., la canasta exportadora es muy concentrada. El Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) de las exportaciones hacia ese país registra un valor superior a 1.800 durante la mayor parte del periodo 2000-2016, indicando una alta concentración; por contraste, el IHH del total de exportaciones de Colombia solo superó ese nivel en los años de más altos precios internacionales de los productos básicos (2011-2014).
El valor del IHH de las exportaciones hacia EE.UU. es explicado por los minero-energéticos, que en 2014 representaron el 73.2% del total; y siguen pesando, aunque la caída de sus precios redujo la participación al 61.1% en 2016.
El problema de esa concentración es el surgimiento de EE.UU. como potencia energética. Su producción de petróleo está creciendo aceleradamente, lo que le permitió sustituir parte de sus importaciones y entrar nuevamente como exportador. En gas natural se convirtió en el primer productor mundial, de forma que sus precios internos cayeron e impulsaron el creciente uso en la industria, en reemplazo del carbón.
Tener esa alta concentración se reflejó en un superávit comercial de Colombia mientras los precios de los minero-energéticos fueron altos y en un déficit desde que empezaron a caer. La dificultad estriba en que el déficit tenderá a ser estructural, pues, además de que EE.UU. está disminuyendo las compras de petróleo y carbón de numerosos proveedores, las reservas petroleras de Colombia están cayendo.
La alta concentración también oculta los avances que se registran en las demás exportaciones, que son las que realmente se benefician del TLC. La Ministra de Comercio ha señalado que entre 2012 y 2016 ellos crecieron 12.3% y el número de empresas exportadoras aumentó en 17.5%; esos resultados son destacables teniendo en cuenta los factores externos mencionados.
Los beneficios potenciales de los TLC son de largo plazo. Para obtenerlos, Colombia tiene que romper con esa alta concentración de las exportaciones, por lo que es imperativo acelerar ese proceso gradual resaltado por la ministra. También es deseable que ciertos empresarios, en lugar de plegarse a las evaluaciones pesimistas de los críticos, hagan un acto de contrición y tomen decisiones para mejorar su productividad y aprovechar los acuerdos comerciales.
Destrucción de empleos en EE.UU.
viernes, 21 de abril de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 21 de abril de 2017
Hace algunos años, durante la negociación de los TLC, los críticos aseveraron que generarían desempleos al tornar deficitaria la balanza comercial. Fue necesario demostrarles que tanto las exportaciones como las importaciones generan empleos y crecimiento (Hernán Avendaño “¿Por qué negociar acuerdos comerciales?”. Revista Civilizar de Empresa y Economía, 2011).
Curiosamente, los críticos criollos se deben sentir en su salsa con las posturas de Donald Trump, que satanizan las importaciones y les atribuyen la pérdida de empleos industriales. En “How Imports Boost Employment”, la conocida economista Anne Krueger demuestra la trivialidad de esas posiciones. Afirma que las importaciones generan empleos y que los intentos de reducirlas mediante la imposición de barreras repercutirán en la destrucción de puestos de trabajo en Estados Unidos.
Recuerda los diversos canales por los que las importaciones generan empleos, comenzando por los directamente vinculados a los operadores de los medios de transporte, los estibadores y los comercios que distribuyen los productos importados. Otro canal es el acceso a insumos baratos que permiten a las empresas competir tanto en el mercado local como en el extranjero; si no contaran con los insumos importados tendrían que cerrar, perdiendo empleos.
Adicionalmente, las exportaciones de Estados Unidos son pagadas con las importaciones que hace este y otros países; en términos escuetos, la importancia de exportar consiste en la adquisición del medio de pago internacional para adquirir, mediante importaciones, lo que cada país necesita y no produce en la cantidad, calidad y precio necesarios.
Krueger también destaca que las importaciones suelen generar empleos derivados. En el caso de Colombia, por ejemplo, a pesar de no producir computadores, son miles los empleos que nacen de las empresas que los utilizan y que demandan servicios complementarios.
Todos estos argumentos le permiten a Krueger concluir que “las importaciones de bajo costo, en lugar de “destruir” los empleos de los estadounidenses, realmente los sostienen”.
Aun cuando no existe una medición oficial de los empleos vinculados a las importaciones en Estados Unidos, hay varios estudios que estiman su importancia.
Cabe destacar el análisis auspiciado por U.S. Chamber of Commerce, National Retail Federation, Consumer Electronics Association y American Apparel and Footwear Association en 2013 (Laura Baughman y Joseph Francois “Imports Work for America”). Ahí se concluye que las importaciones soportan 16 millones de empleos; “un gran número de ellos son de empleados sindicalizados, ocupados por minorías y mujeres, y están ubicados en todo Estados Unidos”.
Un documento de investigadores de Heritage Foundation estima que más de medio millón de empleos tienen soporte en las importaciones de ropa y juguetes provenientes de China (D. Scissors, T. Millerand y C. Espinoza “Trade Freedom: How Imports Support U.S. Jobs”).
De igual forma, las exportaciones generan empleos. Las estadísticas oficiales de los Estados Unidos muestran que de ellas dependen más de 11.5 millones de empleos, de los cuales el 18% está asociado a las exportaciones a China y México, los dos países que Trump tiene en la mira para imponerles sanciones comerciales.
Esto demuestra que los bloqueos al comercio internacional y una posible guerra comercial tendrían un impacto muy negativo en el empleo de Estados Unidos y del resto del mundo. ¿Ese será el camino que insisten en proponer a Colombia los críticos de los TLC?
Hace algunos años, durante la negociación de los TLC, los críticos aseveraron que generarían desempleos al tornar deficitaria la balanza comercial. Fue necesario demostrarles que tanto las exportaciones como las importaciones generan empleos y crecimiento (Hernán Avendaño “¿Por qué negociar acuerdos comerciales?”. Revista Civilizar de Empresa y Economía, 2011).
Curiosamente, los críticos criollos se deben sentir en su salsa con las posturas de Donald Trump, que satanizan las importaciones y les atribuyen la pérdida de empleos industriales. En “How Imports Boost Employment”, la conocida economista Anne Krueger demuestra la trivialidad de esas posiciones. Afirma que las importaciones generan empleos y que los intentos de reducirlas mediante la imposición de barreras repercutirán en la destrucción de puestos de trabajo en Estados Unidos.
Recuerda los diversos canales por los que las importaciones generan empleos, comenzando por los directamente vinculados a los operadores de los medios de transporte, los estibadores y los comercios que distribuyen los productos importados. Otro canal es el acceso a insumos baratos que permiten a las empresas competir tanto en el mercado local como en el extranjero; si no contaran con los insumos importados tendrían que cerrar, perdiendo empleos.
Adicionalmente, las exportaciones de Estados Unidos son pagadas con las importaciones que hace este y otros países; en términos escuetos, la importancia de exportar consiste en la adquisición del medio de pago internacional para adquirir, mediante importaciones, lo que cada país necesita y no produce en la cantidad, calidad y precio necesarios.
Krueger también destaca que las importaciones suelen generar empleos derivados. En el caso de Colombia, por ejemplo, a pesar de no producir computadores, son miles los empleos que nacen de las empresas que los utilizan y que demandan servicios complementarios.
Todos estos argumentos le permiten a Krueger concluir que “las importaciones de bajo costo, en lugar de “destruir” los empleos de los estadounidenses, realmente los sostienen”.
Aun cuando no existe una medición oficial de los empleos vinculados a las importaciones en Estados Unidos, hay varios estudios que estiman su importancia.
Cabe destacar el análisis auspiciado por U.S. Chamber of Commerce, National Retail Federation, Consumer Electronics Association y American Apparel and Footwear Association en 2013 (Laura Baughman y Joseph Francois “Imports Work for America”). Ahí se concluye que las importaciones soportan 16 millones de empleos; “un gran número de ellos son de empleados sindicalizados, ocupados por minorías y mujeres, y están ubicados en todo Estados Unidos”.
Un documento de investigadores de Heritage Foundation estima que más de medio millón de empleos tienen soporte en las importaciones de ropa y juguetes provenientes de China (D. Scissors, T. Millerand y C. Espinoza “Trade Freedom: How Imports Support U.S. Jobs”).
De igual forma, las exportaciones generan empleos. Las estadísticas oficiales de los Estados Unidos muestran que de ellas dependen más de 11.5 millones de empleos, de los cuales el 18% está asociado a las exportaciones a China y México, los dos países que Trump tiene en la mira para imponerles sanciones comerciales.
Esto demuestra que los bloqueos al comercio internacional y una posible guerra comercial tendrían un impacto muy negativo en el empleo de Estados Unidos y del resto del mundo. ¿Ese será el camino que insisten en proponer a Colombia los críticos de los TLC?
0
comentarios
Etiquetas:
Comercio internacional,
Empleo,
Estados Unidos,
Exportaciones,
Importaciones,
TLC
Corrupción
viernes, 17 de marzo de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 17 de marzo de 2017
En una entrevista al diario El Tiempo (1 de marzo de 2017), el congresista Rodrigo Lara declaró que no se presentará a las próximas elecciones, porque no puede financiarse; afirmó que una campaña para Senado cuesta “$1.300 millones, bajito”, pero que algunas “valen 10 o 20 veces más”.
Sorprende el exorbitante costo de las campañas electorales en el país; pero asombra más la ausencia de reacción pública ante esa declaración, justo cuando la corrupción está en el ojo del huracán. La sociedad debe reaccionar porque, si el costo mínimo de una campaña es impagable con los sueldos que recibirá un senador durante los cuatro años de su periodo ($1.340 millones), ¿qué decir de las que cuestan $13 mil o $27 mil millones?
Según Transparencia por Colombia “no es posible determinar con exactitud los costos reales de las campañas así como tampoco los recursos –legales e ilegales– que se gastaron en las elecciones de Congreso 2014 para financiarlas”.
Esta ONG indica que, en promedio, cada senador elegido declaró gastos por $450 millones. Si ese fuera el costo real, para recuperarlo, con recursos del Estado, sería necesaria la reposición sobre 95 mil votos; para compensar campañas de $1.300 y $27.000 millones, se requerirían 275 mil y seis millones de votos, respectivamente. Como referencia, en esa elección cada curul del Senado se obtuvo con un promedio de 104 mil votos.
Si no logran la reposición total, ¿por qué se matan los candidatos por llegar al Congreso? ¿Amor de patria? Aun cuando hay muchos aspirantes a congresistas y a otros cargos de elección popular que son honestos, esos costos de campaña sugieren que hay otra fuente de “compensación”: La corrupción.
Esta clase de corrupción se alimenta de los “cotos de caza” que los elegidos obtienen mediante diversas alianzas. Por eso son frecuentes expresiones del siguiente tenor: El senador X es el “dueño” de tal empresa del Estado; en el Ministerio Y manda el congresista Z; el Procurador N le dio puestos a los hijos del Magistrado M para “agradecer” su democrática elección.
También se engorda con otras fuentes. Haciendo referencia solo a los recursos “legales” y no a los “ilegales”, lo más frecuente es que el sector privado “apoye” diversos candidatos y partidos.
Pero esos apoyos no son gratuitos; están asociados a “la economía política” de las políticas públicas y suelen tener dos consecuencias. De un lado, los jugosos contratos que obtienen estos empresarios en condiciones amañadas y con sobrecostos para toda la sociedad; esto explica que numerosas obras públicas en Colombia terminen costando cuatro o cinco veces su valor original. De otro, el trámite de las leyes y otras normas que terminan hechas a la medida del financiador, para obtener privilegios y tratamientos preferenciales. Los POT, las reformas tributarias, y las licitaciones en entidades y municipios son un buen ejemplo.
Todos estos elementos muestran la urgencia de emprender una guerra frontal contra la corrupción. Una medida inicial es la financiación estatal plena de las campañas, con estrictas auditorías y exigencias de mayor transparencia. Puede no ser la mejor opción, tener defectos y ser muy costosa; pero peor es la pasividad.
Parafraseando el título de la obra de Siddhartha Mukherjee, podríamos afirmar que la corrupción es la “emperatriz de todos los males del subdesarrollo”.
En una entrevista al diario El Tiempo (1 de marzo de 2017), el congresista Rodrigo Lara declaró que no se presentará a las próximas elecciones, porque no puede financiarse; afirmó que una campaña para Senado cuesta “$1.300 millones, bajito”, pero que algunas “valen 10 o 20 veces más”.
Sorprende el exorbitante costo de las campañas electorales en el país; pero asombra más la ausencia de reacción pública ante esa declaración, justo cuando la corrupción está en el ojo del huracán. La sociedad debe reaccionar porque, si el costo mínimo de una campaña es impagable con los sueldos que recibirá un senador durante los cuatro años de su periodo ($1.340 millones), ¿qué decir de las que cuestan $13 mil o $27 mil millones?
Según Transparencia por Colombia “no es posible determinar con exactitud los costos reales de las campañas así como tampoco los recursos –legales e ilegales– que se gastaron en las elecciones de Congreso 2014 para financiarlas”.
Esta ONG indica que, en promedio, cada senador elegido declaró gastos por $450 millones. Si ese fuera el costo real, para recuperarlo, con recursos del Estado, sería necesaria la reposición sobre 95 mil votos; para compensar campañas de $1.300 y $27.000 millones, se requerirían 275 mil y seis millones de votos, respectivamente. Como referencia, en esa elección cada curul del Senado se obtuvo con un promedio de 104 mil votos.
Si no logran la reposición total, ¿por qué se matan los candidatos por llegar al Congreso? ¿Amor de patria? Aun cuando hay muchos aspirantes a congresistas y a otros cargos de elección popular que son honestos, esos costos de campaña sugieren que hay otra fuente de “compensación”: La corrupción.
Esta clase de corrupción se alimenta de los “cotos de caza” que los elegidos obtienen mediante diversas alianzas. Por eso son frecuentes expresiones del siguiente tenor: El senador X es el “dueño” de tal empresa del Estado; en el Ministerio Y manda el congresista Z; el Procurador N le dio puestos a los hijos del Magistrado M para “agradecer” su democrática elección.
También se engorda con otras fuentes. Haciendo referencia solo a los recursos “legales” y no a los “ilegales”, lo más frecuente es que el sector privado “apoye” diversos candidatos y partidos.
Pero esos apoyos no son gratuitos; están asociados a “la economía política” de las políticas públicas y suelen tener dos consecuencias. De un lado, los jugosos contratos que obtienen estos empresarios en condiciones amañadas y con sobrecostos para toda la sociedad; esto explica que numerosas obras públicas en Colombia terminen costando cuatro o cinco veces su valor original. De otro, el trámite de las leyes y otras normas que terminan hechas a la medida del financiador, para obtener privilegios y tratamientos preferenciales. Los POT, las reformas tributarias, y las licitaciones en entidades y municipios son un buen ejemplo.
Todos estos elementos muestran la urgencia de emprender una guerra frontal contra la corrupción. Una medida inicial es la financiación estatal plena de las campañas, con estrictas auditorías y exigencias de mayor transparencia. Puede no ser la mejor opción, tener defectos y ser muy costosa; pero peor es la pasividad.
Parafraseando el título de la obra de Siddhartha Mukherjee, podríamos afirmar que la corrupción es la “emperatriz de todos los males del subdesarrollo”.
Seguros y economía conductual
lunes, 27 de febrero de 2017
Publicado en la Revista Fasecolda No. 165
La economía conductual es un área del pensamiento económico que ha tenido un desarrollo notable en las últimas décadas. Su punto de partida es el cuestionamiento de uno de los supuestos básicos de la economía: la racionalidad del consumidor. Según Dan Ariely (2011; p. 6), “se trata de un campo del saber en el que no asumimos que los individuos son calculadoras perfectas. Por el contrario, observamos los comportamientos reales de las personas y tales observaciones suelen obligarnos a concluir que los seres humanos son irracionales”.
Hay varios antecedentes en la teoría económica, que algunos autores asocian a la economía conductual, aun cuando ese no fuera el propósito explícito de los teóricos.
Por ejemplo, se mencionan las referencias de Keynes a los animal spirits y la toma de decisiones de largo plazo. “Aparte de la inestabilidad debida a la especulación, existe la inestabilidad debida a las características de la naturaleza humana: gran parte de nuestras actividades positivas dependen más del optimismo espontáneo que de una expectativa matemática, sea moral, hedonista o económica. Probablemente, la mayoría de nuestras decisiones de hacer algo positivo, cuyas consecuencias se extiendan muchos días hacia el futuro, sólo pueden ser tomadas como resultado de los animal spirits –de un impulso espontáneo a la acción más que a la inacción, y no como resultado de un promedio ponderado de beneficios cuantitativos multiplicados por probabilidades cuantitativas” (Keynes, 2013; p. 161).
En la pasada Convención Internacional de Seguros, se contó con la presencia de Marina Oberholzer, integrante de Swiss Re Behavioural Research Unit, experta en economía conductual, que labora en investigaciones y aplicaciones en la industria aseguradora (ver Oberholzer 2016).
En su conferencia se refirió a algunos de los principios básicos de la economía conductual. Entre ellos destacan los dos sistemas del pensamiento humano: el sistema uno es automático e intuitivo, el que genera respuestas rápidas de los agentes económicos; el sistema dos es el reflexivo y racional (Kahneman 2014; primera parte). Como lo enfatizó Oberholzer, “el sistema uno es responsable de nuestro pensamiento en un 85% del tiempo; es como estar en piloto automático”.
Ese funcionamiento del pensamiento hace más fácil la vida cotidiana, pues las personas no tienen que detenerse a analizar con detalle cada una de sus decisiones. Según Thaler y Sunstein (2011; p. 38-39), “cuando tenemos que emitir juicios… utilizamos reglas básicas. Nos servimos de ellas porque son rápidas y útiles”; pero “también pueden conducir a sesgos sistemáticos”, que inducen a la irracionalidad. Oberholzer afirma que se han identificado más de 100 sesgos en el comportamiento de los seres humanos.
En sintonía con los más destacados autores de esta corriente de pensamiento, Oberholzer resalta la posibilidad de influir en las decisiones de los agentes económicos, con el fin de mejorarlas.
Uno de los temas estudiados por la economía conductual es el de la honestidad de las personas. Los experimentos de Dan Ariely (2008; p. 241) demuestran que en general “cuando se le da la oportunidad, la gente hace trampas… Cuando los consumidores dan parte de siniestros relacionados con sus viviendas o automóviles, inflan sus pérdidas alrededor de un 10%. Esas mismas personas serían incapaces de robar dinero directamente a las compañías de seguros… pero declarar cosas que ya no tienen aumentando un poquito su tamaño y su valor hace que la carga moral resulte más fácil de sobrellevar”.
Estos comportamientos también han sido probados por Oberholzer en la suscripción de seguros. Con el fin de inducir a las personas a dar sus datos con mayor honestidad, ella y su grupo diseñan las preguntas de los formularios, de forma que den unos datos más cercanos a la realidad.
Así lo hicieron con los hábitos de los fumadores. “Hemos estudiado maneras en las que podamos recordarle a la gente que deben ser más honestos; por ejemplo, si le preguntamos a alguien cuántos cigarrillos se fuma al día y le damos tres casillas de cero a cinco, de cinco a diez, de diez a veinte, a cualquier humano normal no le gustaría estar en la última casilla. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos y ponemos un rango de 0 a 60 distribuido en cinco casillas?; si fumamos 35 cigarrillos al día, pero ese número está en la tercera o cuarta casilla, no se ve tan mal porque estamos como en el medio y hay otros que están fumando más todavía”.
Hay cambios sencillos que pueden mejorar el nivel de honestidad en las respuestas de las personas. En un experimento, los investigadores de Swiss Re recordaron que al comienzo de un interrogatorio en los tribunales de justicia las personas juran decir la verdad, con una mano sobre la biblia; quisieron ver qué ocurriría si en los formularios de suscripción se cambiaba del final al principio la casilla en la que se firma indicando que todos los datos suministrados son ciertos.
En el experimento en Australia enviaron 2.000 formularios con la casilla para firmar al comienzo y 2.000 con la casilla al final. En el primer caso, observaron “tres puntos porcentuales de aumento en el número de personas que decía si han estado utilizando drogas no prescritas o si han estado tomando alcohol por encima de cierto umbral”.
Los economistas conductuales han realizado múltiples experimentos en los que demuestran que los contratos en el sector financiero son complejos y dificultan las decisiones de los agentes económicos. Oberholzer mencionó el caso de una compañía de seguros del Reino Unido que ofrecía protección gratis a los ingresos de los estudiantes de medicina por un año; su objetivo era que una vez graduados y vinculados a un trabajo, compraran una póliza con esta compañía. Se observaba un comportamiento irracional en cerca del 5% de los estudiantes que se inscribían, pero cancelaban la póliza poco después de recibir el paquete de información del seguro. Los economistas conductuales, analizaron el caso y sugirieron reducir el tamaño de la documentación entregada de cuatro a dos páginas, y mejorar la redacción con un lenguaje más sencillo y en el que se suprimieran secciones superfluas del original. El resultado fue una caída del 61% en las cancelaciones.
La conferencia de Marina Oberholzer logró su objetivo de mostrar una amplia variedad de campos de la economía conductual de los que la industria aseguradora puede beneficiarse y beneficiar a sus clientes. Su contenido amerita una amplia difusión en el sector, para lograr una mayor sensibilización sobre su importancia y sobre el papel que puede jugar en el desarrollo de los seguros en el futuro cercano.
Al respecto, cabe recordar la afirmación de PWC (2016) en una publicación reciente sobre la industria de los seguros: “El modelo empresarial ganador del mañana parece depender en gran medida del análisis inteligente (Smart analytics) y del análisis del comportamiento del cliente. La economía conductual combina los dos temas en una poderosa herramienta”.
Bibliografía
Ariely, D. (2008). Las trampas del deseo. Cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error. Editorial Ariel, Barcelona.
Ariely, D. (2011). Las ventajas del deseo. Cómo sacar partido de la irracionalidad en nuestras relaciones personales y laborales. Editorial Ariel, Barcelona.
Ariely, D. (2012). Por qué mentimos… en especial a nosotros mismos. La ciencia del engaño puesta al descubierto. Editorial Ariel, Barcelona.
Kahneman, D. (2014). Pensar rápido, pensar despacio. Random House Mondadori, Bogotá.
Keynes, J. M. (2013). The General Theory of Employment, Interest and Money. Cambridge University Press. Cambridge.
Oberholzer, M. (2016). “Behavioural Economics. How small changes to context can lead to large changes in customer behavior”. Presentación en la Convención Internacional de Seguros. Cartagena, 29 de septiembre. Video disponible en: http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/memorias/2016/convencion-internacional-de-seguros-2016/memorias/
PWC (2016). “Behavioral Economics. An Enhanced Business Model for the Insurance Industry”. Insurance EyeOpener. Ontario, April. Disponible en: http://www.pwc.com/ca/en/industries/insurance/eyeopener/enhanced-behavioral-economics.html
Thaler, R. y Sunstein, C. (2011). Un pequeño empujón (Nudge). El impulso que necesitas para tomar las mejores decisiones en salud, dinero y felicidad. Editorial Taurus, México.
La economía conductual es un área del pensamiento económico que ha tenido un desarrollo notable en las últimas décadas. Su punto de partida es el cuestionamiento de uno de los supuestos básicos de la economía: la racionalidad del consumidor. Según Dan Ariely (2011; p. 6), “se trata de un campo del saber en el que no asumimos que los individuos son calculadoras perfectas. Por el contrario, observamos los comportamientos reales de las personas y tales observaciones suelen obligarnos a concluir que los seres humanos son irracionales”.
Hay varios antecedentes en la teoría económica, que algunos autores asocian a la economía conductual, aun cuando ese no fuera el propósito explícito de los teóricos.
Por ejemplo, se mencionan las referencias de Keynes a los animal spirits y la toma de decisiones de largo plazo. “Aparte de la inestabilidad debida a la especulación, existe la inestabilidad debida a las características de la naturaleza humana: gran parte de nuestras actividades positivas dependen más del optimismo espontáneo que de una expectativa matemática, sea moral, hedonista o económica. Probablemente, la mayoría de nuestras decisiones de hacer algo positivo, cuyas consecuencias se extiendan muchos días hacia el futuro, sólo pueden ser tomadas como resultado de los animal spirits –de un impulso espontáneo a la acción más que a la inacción, y no como resultado de un promedio ponderado de beneficios cuantitativos multiplicados por probabilidades cuantitativas” (Keynes, 2013; p. 161).
En la pasada Convención Internacional de Seguros, se contó con la presencia de Marina Oberholzer, integrante de Swiss Re Behavioural Research Unit, experta en economía conductual, que labora en investigaciones y aplicaciones en la industria aseguradora (ver Oberholzer 2016).
En su conferencia se refirió a algunos de los principios básicos de la economía conductual. Entre ellos destacan los dos sistemas del pensamiento humano: el sistema uno es automático e intuitivo, el que genera respuestas rápidas de los agentes económicos; el sistema dos es el reflexivo y racional (Kahneman 2014; primera parte). Como lo enfatizó Oberholzer, “el sistema uno es responsable de nuestro pensamiento en un 85% del tiempo; es como estar en piloto automático”.
Ese funcionamiento del pensamiento hace más fácil la vida cotidiana, pues las personas no tienen que detenerse a analizar con detalle cada una de sus decisiones. Según Thaler y Sunstein (2011; p. 38-39), “cuando tenemos que emitir juicios… utilizamos reglas básicas. Nos servimos de ellas porque son rápidas y útiles”; pero “también pueden conducir a sesgos sistemáticos”, que inducen a la irracionalidad. Oberholzer afirma que se han identificado más de 100 sesgos en el comportamiento de los seres humanos.
En sintonía con los más destacados autores de esta corriente de pensamiento, Oberholzer resalta la posibilidad de influir en las decisiones de los agentes económicos, con el fin de mejorarlas.
Uno de los temas estudiados por la economía conductual es el de la honestidad de las personas. Los experimentos de Dan Ariely (2008; p. 241) demuestran que en general “cuando se le da la oportunidad, la gente hace trampas… Cuando los consumidores dan parte de siniestros relacionados con sus viviendas o automóviles, inflan sus pérdidas alrededor de un 10%. Esas mismas personas serían incapaces de robar dinero directamente a las compañías de seguros… pero declarar cosas que ya no tienen aumentando un poquito su tamaño y su valor hace que la carga moral resulte más fácil de sobrellevar”.
Estos comportamientos también han sido probados por Oberholzer en la suscripción de seguros. Con el fin de inducir a las personas a dar sus datos con mayor honestidad, ella y su grupo diseñan las preguntas de los formularios, de forma que den unos datos más cercanos a la realidad.
Así lo hicieron con los hábitos de los fumadores. “Hemos estudiado maneras en las que podamos recordarle a la gente que deben ser más honestos; por ejemplo, si le preguntamos a alguien cuántos cigarrillos se fuma al día y le damos tres casillas de cero a cinco, de cinco a diez, de diez a veinte, a cualquier humano normal no le gustaría estar en la última casilla. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos y ponemos un rango de 0 a 60 distribuido en cinco casillas?; si fumamos 35 cigarrillos al día, pero ese número está en la tercera o cuarta casilla, no se ve tan mal porque estamos como en el medio y hay otros que están fumando más todavía”.
Hay cambios sencillos que pueden mejorar el nivel de honestidad en las respuestas de las personas. En un experimento, los investigadores de Swiss Re recordaron que al comienzo de un interrogatorio en los tribunales de justicia las personas juran decir la verdad, con una mano sobre la biblia; quisieron ver qué ocurriría si en los formularios de suscripción se cambiaba del final al principio la casilla en la que se firma indicando que todos los datos suministrados son ciertos.
En el experimento en Australia enviaron 2.000 formularios con la casilla para firmar al comienzo y 2.000 con la casilla al final. En el primer caso, observaron “tres puntos porcentuales de aumento en el número de personas que decía si han estado utilizando drogas no prescritas o si han estado tomando alcohol por encima de cierto umbral”.
Los economistas conductuales han realizado múltiples experimentos en los que demuestran que los contratos en el sector financiero son complejos y dificultan las decisiones de los agentes económicos. Oberholzer mencionó el caso de una compañía de seguros del Reino Unido que ofrecía protección gratis a los ingresos de los estudiantes de medicina por un año; su objetivo era que una vez graduados y vinculados a un trabajo, compraran una póliza con esta compañía. Se observaba un comportamiento irracional en cerca del 5% de los estudiantes que se inscribían, pero cancelaban la póliza poco después de recibir el paquete de información del seguro. Los economistas conductuales, analizaron el caso y sugirieron reducir el tamaño de la documentación entregada de cuatro a dos páginas, y mejorar la redacción con un lenguaje más sencillo y en el que se suprimieran secciones superfluas del original. El resultado fue una caída del 61% en las cancelaciones.
La conferencia de Marina Oberholzer logró su objetivo de mostrar una amplia variedad de campos de la economía conductual de los que la industria aseguradora puede beneficiarse y beneficiar a sus clientes. Su contenido amerita una amplia difusión en el sector, para lograr una mayor sensibilización sobre su importancia y sobre el papel que puede jugar en el desarrollo de los seguros en el futuro cercano.
Al respecto, cabe recordar la afirmación de PWC (2016) en una publicación reciente sobre la industria de los seguros: “El modelo empresarial ganador del mañana parece depender en gran medida del análisis inteligente (Smart analytics) y del análisis del comportamiento del cliente. La economía conductual combina los dos temas en una poderosa herramienta”.
Bibliografía
Ariely, D. (2008). Las trampas del deseo. Cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error. Editorial Ariel, Barcelona.
Ariely, D. (2011). Las ventajas del deseo. Cómo sacar partido de la irracionalidad en nuestras relaciones personales y laborales. Editorial Ariel, Barcelona.
Ariely, D. (2012). Por qué mentimos… en especial a nosotros mismos. La ciencia del engaño puesta al descubierto. Editorial Ariel, Barcelona.
Kahneman, D. (2014). Pensar rápido, pensar despacio. Random House Mondadori, Bogotá.
Keynes, J. M. (2013). The General Theory of Employment, Interest and Money. Cambridge University Press. Cambridge.
Oberholzer, M. (2016). “Behavioural Economics. How small changes to context can lead to large changes in customer behavior”. Presentación en la Convención Internacional de Seguros. Cartagena, 29 de septiembre. Video disponible en: http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/memorias/2016/convencion-internacional-de-seguros-2016/memorias/
PWC (2016). “Behavioral Economics. An Enhanced Business Model for the Insurance Industry”. Insurance EyeOpener. Ontario, April. Disponible en: http://www.pwc.com/ca/en/industries/insurance/eyeopener/enhanced-behavioral-economics.html
Thaler, R. y Sunstein, C. (2011). Un pequeño empujón (Nudge). El impulso que necesitas para tomar las mejores decisiones en salud, dinero y felicidad. Editorial Taurus, México.
Contra la tributación
viernes, 17 de febrero de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 17 de febrero de 2017
En las primeras semanas del año se registró un alud de críticas a la reforma tributaria. La sensación transmitida la resumió una conocida publicación: “nadie quedó contento con la reforma”.
Todos deseamos una cobertura universal de salud de alta calidad; educación gratuita y buena; viviendas regaladas o con subsidios elevados; infraestructura óptima; modernos sistemas de transporte masivo; más subsidios para los agricultores; atención estatal para los adultos mayores; “incentivos” tributarios; etcétera. Pero no nos gustan los impuestos; olvidamos que “no hay almuerzo gratis” y que los gobiernos necesitan los tributos para pagar esas cosas tan buenas.
Extrañan las críticas, pues es de conocimiento público que uno de los objetivos de la reforma era aumentar los recaudos para reducir el déficit fiscal. También se anunció como segundo objetivo la modernización estructural del estatuto tributario; los diagnósticos identifican los problemas de equidad horizontal y vertical, la complejidad de la tributación, y los impactos negativos en la competitividad empresarial, entre otros.
La reforma logró mayores recaudos, pero no se puede desconocer que también avanzó gradualmente en los temas estructurales; en estos últimos la gradualidad tiene dos explicaciones: Primera, la imposibilidad de hacer una revolución tributaria; de ahí coligen los críticos que no fue “estructural”. Segunda, los problemas de economía política típicos de la tributación; la versión presentada por el Gobierno fue “peluqueada” en su tránsito por el Congreso y limitó muchos de sus alcances.
Por ejemplo, la tarifa propuesta del nuevo impuesto a los dividendos de sociedades y personas no residentes fue bajada del 10% al 5%. Para compensar ese tipo de modificaciones, el impuesto de renta bajó menos de lo previsto (a 33% en lugar de 32%).
Hay quienes creen que el Gobierno le metió gato por liebre a los empresarios, pues bajó la tarifa del impuesto de renta, pero creó el impuesto a los dividendos; suponen que ahora los empresarios tributarán más y seguirán perdiendo competitividad. Al respecto, caben dos precisiones.
Primera, Colombia tiene una de las tasas efectivas de tributación más altas del mundo, por lo que la disminución de la tarifa de renta mejora la capacidad de las empresas para afrontar la competencia internacional. Por su parte, el impuesto a los dividendos reduce el ingreso disponible de las personas más adineradas, sin afectar la capacidad de crecimiento o la competitividad de las empresas; este es solo una parte de los cambios estructurales necesarios para redistribuir la carga tributaria desde las personas jurídicas hacia las naturales.
Segunda, la tasa combinada de renta y dividendos tampoco reduce la competitividad. Para 2017 la tarifa de renta es del 40% (34% más una sobretasa del 6%); con un impuesto a los dividendos de 10%, la combinada sería del 46% (suponiendo distribución total de las utilidades). En 2018 la combinada baja a 43.3% y en 2019 a 39.7%. Actualmente en Estados Unidos la tasa de renta es 38.9% y la combinada 56.3%; en general, 13 países de la OCDE están por encima del nivel de Colombia y en 2019 estarán 23.
En síntesis, el Gobierno aumentó sus ingresos y comenzaron los ajustes estructurales. Se necesitarán nuevas leyes para avanzar más en estos últimos y, según algunas proyecciones, también para incrementar los recaudos. Lo importante es que hay un norte definido y hay que mantenerlo.
En las primeras semanas del año se registró un alud de críticas a la reforma tributaria. La sensación transmitida la resumió una conocida publicación: “nadie quedó contento con la reforma”.
Todos deseamos una cobertura universal de salud de alta calidad; educación gratuita y buena; viviendas regaladas o con subsidios elevados; infraestructura óptima; modernos sistemas de transporte masivo; más subsidios para los agricultores; atención estatal para los adultos mayores; “incentivos” tributarios; etcétera. Pero no nos gustan los impuestos; olvidamos que “no hay almuerzo gratis” y que los gobiernos necesitan los tributos para pagar esas cosas tan buenas.
Extrañan las críticas, pues es de conocimiento público que uno de los objetivos de la reforma era aumentar los recaudos para reducir el déficit fiscal. También se anunció como segundo objetivo la modernización estructural del estatuto tributario; los diagnósticos identifican los problemas de equidad horizontal y vertical, la complejidad de la tributación, y los impactos negativos en la competitividad empresarial, entre otros.
La reforma logró mayores recaudos, pero no se puede desconocer que también avanzó gradualmente en los temas estructurales; en estos últimos la gradualidad tiene dos explicaciones: Primera, la imposibilidad de hacer una revolución tributaria; de ahí coligen los críticos que no fue “estructural”. Segunda, los problemas de economía política típicos de la tributación; la versión presentada por el Gobierno fue “peluqueada” en su tránsito por el Congreso y limitó muchos de sus alcances.
Por ejemplo, la tarifa propuesta del nuevo impuesto a los dividendos de sociedades y personas no residentes fue bajada del 10% al 5%. Para compensar ese tipo de modificaciones, el impuesto de renta bajó menos de lo previsto (a 33% en lugar de 32%).
Hay quienes creen que el Gobierno le metió gato por liebre a los empresarios, pues bajó la tarifa del impuesto de renta, pero creó el impuesto a los dividendos; suponen que ahora los empresarios tributarán más y seguirán perdiendo competitividad. Al respecto, caben dos precisiones.
Primera, Colombia tiene una de las tasas efectivas de tributación más altas del mundo, por lo que la disminución de la tarifa de renta mejora la capacidad de las empresas para afrontar la competencia internacional. Por su parte, el impuesto a los dividendos reduce el ingreso disponible de las personas más adineradas, sin afectar la capacidad de crecimiento o la competitividad de las empresas; este es solo una parte de los cambios estructurales necesarios para redistribuir la carga tributaria desde las personas jurídicas hacia las naturales.
Segunda, la tasa combinada de renta y dividendos tampoco reduce la competitividad. Para 2017 la tarifa de renta es del 40% (34% más una sobretasa del 6%); con un impuesto a los dividendos de 10%, la combinada sería del 46% (suponiendo distribución total de las utilidades). En 2018 la combinada baja a 43.3% y en 2019 a 39.7%. Actualmente en Estados Unidos la tasa de renta es 38.9% y la combinada 56.3%; en general, 13 países de la OCDE están por encima del nivel de Colombia y en 2019 estarán 23.
En síntesis, el Gobierno aumentó sus ingresos y comenzaron los ajustes estructurales. Se necesitarán nuevas leyes para avanzar más en estos últimos y, según algunas proyecciones, también para incrementar los recaudos. Lo importante es que hay un norte definido y hay que mantenerlo.
La era Trump
viernes, 20 de enero de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 20 de enero de 2017
Donald Trump asume hoy la presidencia de los Estados Unidos y el mundo está expectante por sus decisiones de política económica.
En líneas generales, Trump prometió bajar los impuestos de las empresas desde más del 30% al 15% y aumentar la inversión en infraestructura en US$500.000 millones. Adicionalmente, “reindustrializar” el país forzando el retorno de las empresas que se marcharon a otros países; para lograrlo, impondrá un arancel del 45% a los productos chinos y uno del 35% a los mexicanos.
Algunos analistas aseveran que la política fiscal expansiva impulsará el crecimiento y el empleo, a costa de aumentar el déficit fiscal y la deuda pública; este impulso de la demanda agregada estadounidense también dinamizará el comercio internacional y la economía mundial. Esperan que esos resultados moderen la amenaza contra China y México, pero desestiman que el mayor fortalecimiento de la tasa de cambio puede aumentar el déficit comercial.
Hay dos estudios que estiman los impactos esperados de esa combinación de políticas. Uno de Moody’s (“The Macroeconomic Consequences of Mr. Trump’s Economic Policies”) y otro del Peterson Institute for International Economics (PIIE) (“Assessing Trade Agendas in the US Presidential Campaign”).
Los resultados muestran que, en efecto, puede ocurrir inicialmente una aceleración del crecimiento económico, pero en 2019 la economía entraría en recesión: -1.5% y -0.1%, para Moody’s y PIIE, respectivamente. Para el periodo 2016-2026 el primer estudio estima un crecimiento promedio del 1.4% y el segundo del 2.0%, con lo que se prolongaría el bajo dinamismo registrado desde la crisis mundial.
Según Moody’s, después de alcanzar el pleno empleo, que en buena parte se explicaría por la deportación de 11.3 millones de migrantes ilegales, el desempleo aumenta. El choque de oferta en el mercado laboral induce un incremento de la inflación, a la cual se suma el alza de los precios de los productos importados como consecuencia de los altos aranceles; la FED responderá aumentando la tasa de interés, con el consecuente freno de la demanda agregada. Finalmente, el estudio del PIIE estima que habrá una pérdida de 4.8 millones de empleos.
Si bien se espera una reducción tanto de las exportaciones como de las importaciones, no son claros los impactos por países ni las magnitudes (Moody’s señala que en el punto pico las exportaciones de Estados Unidos caerán en US$85 mil millones, alrededor del 6%).
Aun cuando el PIIE incluye un escenario de “guerra comercial plena”, en el que China y México responden a la política de Trump imponiendo aranceles de igual magnitud a los productos de Estados Unidos, destaca la dificultad de modelar los efectos por países dada la existencia de cadenas globales de valor. Cada empresa conoce el detalle de su cadena, la forma en que los mayores aranceles le impactarán y la probabilidad de relocalizarse en otro país o retornar a Estados Unidos, como lo anhela Trump. Pero esa no es información disponible para los analistas.
El balance esperado no luce muy positivo. Se pueden perder más empleos que los atribuidos a la globalización, es factible una guerra comercial de grandes proporciones –cuya magnitud aún no ha sido medida por las dificultades para modelar las cadenas globales de valor–, y el alto crecimiento será flor de un día. Comenzó la era Trump.
Donald Trump asume hoy la presidencia de los Estados Unidos y el mundo está expectante por sus decisiones de política económica.
En líneas generales, Trump prometió bajar los impuestos de las empresas desde más del 30% al 15% y aumentar la inversión en infraestructura en US$500.000 millones. Adicionalmente, “reindustrializar” el país forzando el retorno de las empresas que se marcharon a otros países; para lograrlo, impondrá un arancel del 45% a los productos chinos y uno del 35% a los mexicanos.
Algunos analistas aseveran que la política fiscal expansiva impulsará el crecimiento y el empleo, a costa de aumentar el déficit fiscal y la deuda pública; este impulso de la demanda agregada estadounidense también dinamizará el comercio internacional y la economía mundial. Esperan que esos resultados moderen la amenaza contra China y México, pero desestiman que el mayor fortalecimiento de la tasa de cambio puede aumentar el déficit comercial.
Hay dos estudios que estiman los impactos esperados de esa combinación de políticas. Uno de Moody’s (“The Macroeconomic Consequences of Mr. Trump’s Economic Policies”) y otro del Peterson Institute for International Economics (PIIE) (“Assessing Trade Agendas in the US Presidential Campaign”).
Los resultados muestran que, en efecto, puede ocurrir inicialmente una aceleración del crecimiento económico, pero en 2019 la economía entraría en recesión: -1.5% y -0.1%, para Moody’s y PIIE, respectivamente. Para el periodo 2016-2026 el primer estudio estima un crecimiento promedio del 1.4% y el segundo del 2.0%, con lo que se prolongaría el bajo dinamismo registrado desde la crisis mundial.
Según Moody’s, después de alcanzar el pleno empleo, que en buena parte se explicaría por la deportación de 11.3 millones de migrantes ilegales, el desempleo aumenta. El choque de oferta en el mercado laboral induce un incremento de la inflación, a la cual se suma el alza de los precios de los productos importados como consecuencia de los altos aranceles; la FED responderá aumentando la tasa de interés, con el consecuente freno de la demanda agregada. Finalmente, el estudio del PIIE estima que habrá una pérdida de 4.8 millones de empleos.
Si bien se espera una reducción tanto de las exportaciones como de las importaciones, no son claros los impactos por países ni las magnitudes (Moody’s señala que en el punto pico las exportaciones de Estados Unidos caerán en US$85 mil millones, alrededor del 6%).
Aun cuando el PIIE incluye un escenario de “guerra comercial plena”, en el que China y México responden a la política de Trump imponiendo aranceles de igual magnitud a los productos de Estados Unidos, destaca la dificultad de modelar los efectos por países dada la existencia de cadenas globales de valor. Cada empresa conoce el detalle de su cadena, la forma en que los mayores aranceles le impactarán y la probabilidad de relocalizarse en otro país o retornar a Estados Unidos, como lo anhela Trump. Pero esa no es información disponible para los analistas.
El balance esperado no luce muy positivo. Se pueden perder más empleos que los atribuidos a la globalización, es factible una guerra comercial de grandes proporciones –cuya magnitud aún no ha sido medida por las dificultades para modelar las cadenas globales de valor–, y el alto crecimiento será flor de un día. Comenzó la era Trump.
0
comentarios
Etiquetas:
China,
Comercio internacional,
Estados Unidos,
Globalización,
México,
Trump
Suscribirse a:
Entradas (Atom)