Economía mundial: Una nueva revolución

Publicado en la Revista de Fasecolda No. 164.

En los últimos 40 años el mundo registró numerosos acontecimientos económicos, políticos y sociales, que repercutieron en profundas transformaciones (ver cuadro). Aquí se destacan algunos de los que más han contribuido a los cambios en el periodo 1975-2016. 

* A comienzos de los setenta dos terremotos económicos sacudieron la economía mundial y marcaron su evolución hasta hoy: la quiebra del patrón oro y los choques petroleros.

En 1971 se suspendió la convertibilidad del dólar en oro, lo que significó el abandonó del sistema de tasas de cambio fijas que rigió desde los acuerdos de Bretton Woods de 1944; comenzó así la era de las tasas de cambio flotantes.

Los choques petroleros de 1973-1974 y 1979-1980 ocasionaron recesiones en el mundo desarrollado en 1975 y 1981. En el largo plazo, repercutieron en el desarrollo de automóviles compactos con menor consumo de combustible y la destinación de ingentes recursos a la búsqueda de fuentes alternativas de energía (nuclear, biocombustibles, eólica, etc.). Otra consecuencia fue el impulso a nuevas técnicas de producción de combustibles fósiles, que hoy explican la caída de los precios del petróleo, la creciente debilidad de la OPEP y el surgimiento de Estados Unidos como nueva potencia petrolera.

* Los desarrollos tecnológicos en diversos campos repercutieron en un incremento del comercio internacional y de los flujos de capitales, dando comienzo, hacia 1980, a la tercera ola de globalización (World Bank, 2002; p. 31). Los avances en telecomunicaciones, la revolución de la computación y el internet y la reducción de los costos de transporte transformaron la forma de hacer negocios en el mundo.

A manera de ejemplo, se cita el costo de una llamada telefónica de tres minutos entre Nueva York y Londres, que ascendía en 1931 a US$293 (en dólares de 1991) y cayó a cerca de US$1 en 2001 y a unos pocos centavos hoy en día (World Bank, 2009; p. 180).

Otro ejemplo es el de los computadores: “En 1965, la primera minicomputadora comercialmente exitosa, cuyo precio ajustado por inflación ascendía a US$135.470, era capaz de realizar cómputos básicos, tales como sumar y multiplicar… Hoy, un teléfono inteligente posee una capacidad 3 millones de veces mayor y cuesta menos de US$600” (Kose y Ozturk, 2014; p. 7).

* Estos cambios contribuyeron a la fragmentación geográfica de los procesos de producción (offshoring y outsourcing) y al desarrollo de cadenas globales de valor como nueva forma de organización de la producción mundial. Ahora, los productos nacionales (“made in Colombia”, por ejemplo) tienden a desaparecer, para ser sustituidos por los productos hechos en el mundo (“made in the world”).

Además, el comercio internacional se concentró en bienes y servicios intermedios y las estadísticas tradicionales de la balanza comercial perdieron relevancia, por lo que serán sustituidas por las nuevas cuentas de valor agregado (Ver Unctad, 2013; p. 122-ss y WTO y IDE-JETRO, 2011; p. 103-ss).

* Paralelo a estos cambios, se fortaleció la tendencia a reducir las barreras al comercio internacional, lo que se plasmó en la creación de la OMC para sustituir el GATT y en la proliferación de acuerdos comerciales. Mientras que en 1975 había alrededor de 30 acuerdos regionales vigentes, la cifra ascendió a 419 en 2016.

Estos acuerdos facilitan a los empresarios de los países que los firman la inserción en las cadenas globales de valor y, además, evitan el desplazamiento en los mercados de destino por parte de competidores con acceso preferencial permanente.

* Otro acontecimiento fue el fracaso de los regímenes comunistas. En 1989 cayó el emblemático muro de Berlín y comenzó el final de la guerra fría. Posteriormente se desmanteló la Unión Soviética y se escindieron otras economías de la antigua “cortina de hierro”, como Yugoslavia y Checoslovaquia. El título del famoso libro de Francis Fukuyama, “El fin de la historia”, resumió el efecto de este proceso, que fue interpretado como el fin de la lucha de las ideologías con el triunfo de la democracia liberal.

Según Amartya Sen, “el Muro de Berlín no sólo simbolizaba que había gente que no podía salir de Alemania del Este, sino que era además una manera de impedir que nos formáramos una visión global de nuestro futuro. Mientras estaba ahí el Muro de Berlín no podíamos reflexionar sobre el mundo desde un punto de vista global. No podíamos pensar en él como un todo” (citado en Friedman, 2006; p. 60).

* Las economías en desarrollo (el Sur), adquirieron un peso destacado en el concierto mundial. Según De la Torre (2015; p. 3-ss), la participación del Sur en el PIB mundial se incrementó del 20% en los años setenta al 40% en 2012. De igual forma, pasó de representar el 24% al 51% del comercio global en el mismo periodo. Por último, en la inversión extranjera su peso relativo aumentó del 18% a más del 50%.

Adicionalmente, el Sur fue un motor del crecimiento en el entorno de estancamiento que siguió a la crisis mundial de 2008-2009: “Durante la última década, generaron más del 70% del crecimiento mundial, mientras que la participación de las economías avanzadas cayó a alrededor del 17%” (Kose y Ozturk, 2014; p. 8).

Pero, ese crecimiento está concentrado en un reducido grupo de economías, especialmente asiáticas, con China a la cabeza. En el caso de las exportaciones mundiales de manufacturas en el periodo 2000-2012, solo China aumentó en 10 puntos su participación, mientras que las siguientes 20 economías del Sur lo hicieron en ocho puntos; y otros países, como Malasia, México y Filipinas, perdieron participación. En el caso de América Latina, su participación en las exportaciones de bienes primarios aumentó, pero la perdió en manufacturas.

* A pesar de estos notables hechos, son múltiples los problemas que sigue enfrentando el mundo y que afectarán su desenvolvimiento en las próximas décadas: cambio climático, contaminación, concentración del ingreso, envejecimiento de la población, crisis financieras más frecuentes.

Las diferencias entre los países desarrollados y los más atrasados se siguen ampliando. En 1975 en PIB per cápita promedio a precios de paridad de las cinco primeras economías desarrolladas era 33 veces superior al del promedio de las cinco más pobres; en 2014 esa relación era 72.

Paul Collier (2010) denominó el “Club de la Miseria” a un conjunto de países que se rezagó y vive en condiciones peores a las de la edad media: “…Su realidad es la del siglo XIV: guerras civiles, epidemias, ignorancia”.

El mundo cambió en los últimos 40 años y lo seguirá haciendo con celeridad. Los grandes retos para el siglo XXI consisten en lograr una convivencia más amigable con el planeta y paliar la situación de más de mil millones de personas que, en opinión de Collier, ya se quedaron definitivamente del bus del desarrollo.

Bibliografía

Collier, Paul (2010). El club de la miseria. Qué falla en los países más pobres del mundo. Random House Mondadori. Bogotá.

De la Torre, Augusto; Didier, Tatiana; Ize, Alain; Lederman, Daniel y Schmukler, Sergio (2015). América Latina y el ascenso del Sur: Nuevas prioridades en un mundo cambiante. Banco Mundial, Washington, D.C.

Friedman, Thomas (2006). La tierra es plana. Breve historia del mundo globalizado del siglo XXI. Ediciones Martínez Roca, Madrid.

Kose, A. y Ozturk, E. (2014). “Un mundo de cambios. Balance del último medio siglo”. Finanzas y Desarrollo, Vol. 51, No. 3, septiembre.

Unctad (2013). World Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment and Trade for Development. United Nations, New York and Geneva.

World Bank (2002). Globalization, Growth, and Poverty. Building an Inclusive World Economy. World Bank and Oxford University Press, Washington.

World Bank (2009). World Development Report 2009. Reshaping Economic Geography. Washington.

WTO & IDE-JETRO (2011). Trade Patterns and Global Value Chains in East Asia: From Trade in Goods to Trade in Tasks. World Trade Organization, Geneva.

El dilema: ¿Privilegios o tributación?

Publicado en Portafolio el día 23 de septiembre de 2016

Tan arraigada está en Colombia la costumbre de tramitar reformas tributarias fiscalistas, que todos los sectores de la actividad económica, e incluso diversas instituciones al interior del mismo Gobierno, ya tienen elaborados los argumentos para limitar los alcances de las propuestas que puedan tocar en algo sus intereses.

Basta ver las reacciones desde algunos ministerios por el recorte del presupuesto para 2017. O las declaraciones de diferentes sectores ante las posibilidades de ampliar la base y aumentar la tarifa del IVA. Pronto manifestarán a la opinión pública (y especialmente a los congresistas a cuyas campañas aportaron) los apocalípticos argumentos de siempre: si tocan sus privilegios, pondrán en riesgo su actividad productiva y el empleo de miles de personas.

Es hora de cambiar esa mentalidad. El país necesita tramitar una reforma estructural con el principal objetivo de modernizar el estatuto tributario del país y acercarlo a las buenas prácticas internacionales. Es crucial tener en la mira el planteamiento de Luis Alberto Moreno, presidente del BID: “debemos encarar con rigor y decisión la reforma de nuestros actuales sistemas tributarios para que se conviertan en auténticos instrumentos de crecimiento y desarrollo inclusivo”.

Debe perseguir la reforma tributaria varias metas. La primera es bajar las elevadas tasas de tributación efectiva de las empresas y aumentar la de las personas naturales.

La segunda es sustituir los ingresos de la renta petrolera y, a la vez, aprender de la lección reciente; se deben crear los mecanismos para evitar la financiación de gastos permanentes con ingresos temporales, como los impuestos transitorios y las bonanzas de productos básicos.

La tercera es mejorar la eficiencia de la administración de los impuestos y luchar frontalmente contra la evasión y la elusión. Diversos cálculos muestran que los recaudos que se pierden por estos conceptos equivalen a varias reformas tributarias de las que se han cursado en los últimos años.

La cuarta, recuperar la capacidad de la política fiscal como instrumento efectivo de redistribución. El coeficiente de Gini de Colombia queda prácticamente inalterado antes y después de la política tributaria, mientras que en las economías desarrolladas se reduce sustancialmente.

El Gobierno y todos aquellos agentes de la sociedad civil interesados en mejorar la calidad de las finanzas públicas deben estar alerta a neutralizar la proliferación de cabildeos por parte de los intereses privados que querrán evitar el desmonte de sus privilegios, o “incentivos”, como eufemísticamente prefieren llamarlo los puristas.

Cada sector debe hacer un balance entre los beneficios de bajar su tasa de impuesto de renta del 43% al 30% o 35% y los costos de “perder” una exención o un subsidio específico. Hay que contrastar las ventajas de menores tasas impositivas en la competitividad y la ampliación de mercados, con los problemas de equidad horizontal que plantean los privilegios tributarios para unos pocos.

Si en esta ocasión el país no logra modernizar el estatuto tributario y la guerra del lobby se impone, repetiremos la historia de tantas reformas tributarias: el Gobierno habrá solucionado su problema de ingresos por unos pocos años, los dueños de los privilegios los mantendrán o los aumentarán, la tributación será más enmarañada que antes y el impacto tributario negativo sobre la competitividad se perpetuará. ¿Qué le conviene más a Colombia?

Financiación con vacíos

Publicado en la revista Misión Pyme, No. 92, septiembre 2016

Cuando se mira hacia atrás se puede concluir que el mercado de capitales colombiano ha tenido notables avances: se creó un mercado de deuda pública, hay grandes inversionistas institucionales como los fondos de pensiones y las aseguradoras, se fusionaron las tres bolsas de valores, la supervisión avanzó notablemente y se creó la Superintendencia Financiera, para cumplir las funciones que antes se fragmentaban en la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores.

Aun así, el mercado adolece de grandes fallas, que son más evidentes cuando se comparan en el plano internacional. Basta ver algunos pocos indicadores.

El número de empresas listadas en la Bolsa de Colombia en 2005 era de 107, pero en 2015 se redujo a 74, lo que representa una variación negativa del 30.8%. Por contraste, la bolsa de Brasil aumentó en 1.7% el número, la de Lima en 16.2% y la de Santiago de Chile en 27.5%. Otras registraron caídas, pero de menor magnitud que la de Colombia; es el caso de México (-8.6%) y Buenos Aires (-6.6%).

Adicionalmente, el mercado es altamente concentrado, como lo evidencia el hecho de que en 2014 el 73.9% de la capitalización bursátil total está explicado por las 10 sociedades domésticas de mayor capitalización; este es el indicador más alto entre el grupo de países mencionados. Chile registró el nivel más bajo, con el 45.1%.

Es claro que el mercado de valores no se enfoca solo en la negociación de acciones, sino que abarca una creciente gama de títulos de emisores tanto públicos como privados. En consonancia con esa tendencia, en las últimas décadas se ha registrado un importante crecimiento del mercado de deuda en Colombia.

Pero ese mercado también está altamente concentrado en la deuda pública. En los primeros cinco meses de 2016 los TES representaron alrededor del 81% del total de papeles transados en la bolsa, mientras que la renta variable se acerca al 13% y los bonos al 2%.

Un estudio reciente de la Bolsa de Colombia muestra que el mercado de deuda privada del país es de los más pequeños de la región; el saldo de los títulos de deuda emitidos como porcentaje del PIB representó en 2014 el 6.8%, mientras que en Chile fue el 40%, en Brasil el 32% y en México el 18%. Según los autores, este mercado “todavía se encuentra muy alejado en representatividad como fuente de financiamiento de la economía y… por tanto los beneficios de tener un mercado de deuda privada desarrollado para el país están aún por alcanzarse”.

Estos resultados son de gran interés, dada el papel protagónico que se viene asignando en las últimas décadas al mercado de capitales en la financiación y el desarrollo de las empresas en el país. Ellos reflejan la poca orientación de las empresas grandes a diversificar su estructura de capital bien sea mediante la emisión de acciones o mediante la colocación de bonos de deuda. También dan una clara idea de por qué la financiación empresarial en Colombia sigue esencialmente enfocada en el sistema bancario.

Una consecuencia es la alta concentración del crédito bancario en las empresas más grandes. Los datos de la Superfinanciera muestran que 1.000 deudores reciben el 64% de la cartera comercial de los establecimientos de crédito; por contraste los siguientes 4.000 deudores obtienen el 23% de esa cartera.

Este solo hecho, hace muy difícil el acceso al crédito a la mayoría de las empresas del país, como lo destaca un estudio de la OCDE: “Aunque las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME) representan el 99% de las empresas, el 80% del empleo en el sector privado y el 35% del PIB, sólo reciben el 14% de los préstamos para fines comerciales”.

En este contexto el problema se hace más complejo porque los bancos no son los agentes idóneos para financiar empresas nacientes o en sus primeras etapas de desarrollo. El sistema financiero tradicional maneja el ahorro de la sociedad y ello le exige gran cuidado en el uso de esos recursos y le inhibe de financiar actividades de alto riesgo. Para ello se requieren agentes especializados.

La financiación como un obstáculo al crecimiento de las empresas surge de esas particularidades del mercado de capitales y del sistema financiero tradicional. La superación del problema requiere de la creación de vehículos financieros especializados en la financiación de las empresas con diferentes grados de madurez y diversos niveles de riesgos.

Son necesarios los fondos de capital de riesgo y de capital semilla, junto con incubadoras de empresas, para impulsar el emprendimiento en sus primeras fases. Los ángeles financieros y los venture capital para empresas jóvenes y en fase de expansión. Los fondos privados de inversión para empresas más estructuradas, pero aún en crecimiento. Finalmente, el mercado de capitales para las empresas más maduras. En todas las etapas, o en la mayoría de ellas, el crédito bancario apoyaría la financiación del capital de trabajo.

El acompañamiento de los nuevos vehículos se orientaría a salidas mediante la emisión accionaria, lo que permitiría renovación en el mercado de capitales y fortalecimiento de la renta variable en ese mercado.

Como complemento, hay que fomentar en cambio la cultura empresarial sobre la propiedad de las empresas. El acompañamiento de los vehículos mencionados no implica la pérdida de control y en cambio sí potencia y acelera el crecimiento. Las universidades y el Gobierno deben ser los promotores y protagonistas del cambio cultural.

Por fortuna, ese poblamiento de agentes especializados se viene dando en los años recientes, en buena parte por la implementación de políticas públicas que generan el ambiente adecuado para su desarrollo.

Lo deseable es que se acelere el paso, que se disponga de mayor flujo de capitales y que los empresarios vean en los nuevos vehículos una fuente de crecimiento y no el riesgo de perder el control de las empresas.

Las pensiones y los abuelos

Publicado en Portafolio el 19 de agosto de 2016

Francia tiene un régimen pensional de prima media (RPM): todos los trabajadores aportan para pagar los pensionados. Este tipo de régimen es viable si hay una expectativa de vida “razonable” después de pensionarse y se mantiene alto el número de aportantes por pensionado.

Mientras las demás economías desarrolladas aumentaron la edad de jubilación en respuesta a la mayor esperanza de vida y al envejecimiento poblacional, Francia la redujo a 58 años, buscando disminuir la tasa de desempleo juvenil; la realidad mostró que esos trabajos no son sustitutos y que el desempleo juvenil sigue elevado.

El aumento de la esperanza de vida (en 13 años en el periodo 1960-2014) alargó el tiempo medio de disfrute de la pensión. Eso estaría muy bien, si no fuera por el envejecimiento poblacional y la demora de los jóvenes para ingresar al mercado laboral (más de 22 años).

Las personas entre 60 a 75 años, que hace unas pocas décadas eran achacosos ancianos, hoy son vitales “adultos mayores”. Pero, como afirma Dominique Simonnet (2006), esa “es una buena noticia para los individuos y una catástrofe para la sociedad. Pues esos alegres abuelos y abuelas empiezan a pulverizar los frágiles equilibrios sociales y económicos que se han establecido entre generaciones, y pueden provocar una crisis sin precedentes. La longevidad, ese bello regalo, es una bomba de tiempo. Y está a punto de estallar”.

En el periodo 1960-2014 los mayores de 65 años aumentaron en 7.1 puntos porcentuales su participación en la población total, en tanto que los menores de 15 años la redujeron en 7.8 y los de 15 a 64 años apenas crecieron en 0.7 puntos. Así, la relación entre personas en edad de aportar y población en edad de pensión bajó de 3.9 en 1960 a 2.6 en 2015. Como consecuencia, la carga financiera por la educación de los jóvenes y la pensión de los adultos viene subiendo notablemente.

Aun cuando una reforma de 2010 incrementó la edad de pensión a 62 años desde 2017, persisten los riesgos de sostenibilidad financiera del RPM.

Colombia era un buen ejemplo para Francia. La edad de pensión, que era de 50 años desde 1946, aumentó en 1966 a 60 y 55 años para hombres y mujeres, a la vez que la esperanza de vida pasó de 51.2 años en 1951 a 59.5 en 1966. Luego, en 1993 se creó el régimen de ahorro individual (RAIS) –que aísla la pensión del cambio poblacional– y se presumía el marchitamiento del RPM. Ahora Colombia da mal ejemplo. Desde 2015 aumentó en dos años la edad para todos los aportantes al RPM, pero la esperanza de vida aumentó en 14.5 años entre 1966 y 2014. Además, lejos de marchitarse, se está incentivando el RPM, captando nuevos cotizantes.

El problema es que la población está envejeciendo, los aportantes por pensionado vienen disminuyendo, escasamente el 20% de los trabajadores actuales podrá pensionarse y el RPM mantiene un esquema de subsidios regresivos, financiado por el sector formal de la economía.

Mientras que en Francia el RPM tiene dificultades financieras, pero pensiona a los alegres abuelos, en Colombia el régimen está quebrado, agrava los problemas fiscales y condena a la penuria a la mayor parte de los abuelos. ¿Urgirá una reforma pensional estructural?

Brexit: Un salto al vacío

Publicado en Portafolio, el 22 de julio de 2016

Con el Brexit, la economía mundial quedó sumida en una mayor incertidumbre. Se enfrentan ahora caminos inexplorados y nadie sabe por cuáles rutas optará el nuevo gobierno del Reino Unido (RU), ni a dónde conducirán.

Los impactos económicos, como era de esperarse, arrojan resultados en función de quién defiende cada posición. Así, desde el grupo Economists for Brexit, el profesor Patrick Minford, de la Universidad de Cardiff, asegura que la salida de la Unión Europea (UE) tendrá un impacto positivo y mejorará el bienestar en un 4%, consecuencia del crecimiento esperado del comercio internacional, si el RU baja los aranceles a cero.

Desde otra orilla, un estudio del Tesoro arrojó resultados negativos con el Brexit. La investigación analizó tres de las opciones más probables para sustituir a la UE: entrar al Espacio Económico Europeo (EEE) –conformado por la UE y EFTA sin Suiza–, negociar acuerdos bilaterales y solo enfocarse en la Organización Mundial de Comercio. Los resultados indican que en el primer caso el PIB sería 3.8% inferior al que se registraría si permanece en la UE; en el segundo la reducción sería del 6.2% y en el tercero del 7.5%.

El Tesoro también evaluó los ingresos del gobierno. Puesto que en los diferentes escenarios el crecimiento del PIB sería inferior al de permanecer en la UE, habría una reducción de los recaudos tributarios, que repercutiría en aumento del endeudamiento público y mayores impuestos o recortes del gasto; aun con los ahorros por la eliminación de las contribuciones a la UE, los ingresos serían inferiores en 20 mil millones de libras esterlinas anuales con la adhesión al EEE, en 36 mil millones con los bilaterales y en 45 mil millones con la OMC.

Independientemente de los resultados de los ejercicios técnicos, pocos análisis mencionan como una opción factible la propuesta de Minford. Le dan mayor peso a una negociación para entrar al EEE.

Pero la realidad es que la situación del RU sería inferior a la que tiene en la UE, pues en el EEE también se aplican las cuatro libertades: libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas; esta última, incluye el tema migratorio que fue uno de los detonantes del Brexit. Además, no tendría voto en diferentes decisiones, con lo que pierde la capacidad de influencia que ha tenido en la UE. Por último, tendría que hacer aportes financieros, que fue otro tema sensible esgrimido por los partidarios de la salida.

Peor aún serían los otros dos escenarios, pero especialmente el de los bilaterales, por las dificultades y el tiempo que tomarían las numerosas negociaciones. Con la UE el RU tiene acceso preferencial a los otros 27 miembros y a más de 50 países con los que este bloque tiene acuerdos comerciales vigentes; adicionalmente, están en proceso de ratificación o de negociación más de 20 tratados, de los cuales el más importante es con Estados Unidos.

Con ese panorama, lo más probable es que el RU pierda su relevancia como centro financiero mundial, numerosas entidades bancarias y aseguradoras tenderán a relocalizarse en el continente y la evolución hacia una regulación financiera única en la UE limitará el acceso que se podría lograr desde el EEE. En síntesis, un salto al vacío.

En torno a la financiación del postconflicto

Publicado en la Revista de Fasecolda No. 163

Aun cuando no se cumplió la fecha del 23 de marzo para el cierre de las negociaciones de La Habana, se mantiene la esperanza de alcanzar el objetivo en el corto plazo. De ahí que haya tomado nueva fuerza el debate en torno a diversos aspectos del postconflicto, incluido el de la financiación.

En este artículo se revisan algunos aspectos que muestran la dificultad de aterrizar el tema, mientras no se precise con mayor detalle lo que se consideran costos del postconflicto para los que se requiere financiación, y que no fueron previstos ni en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria.

Concepto difícil

No deja de llamar la atención de los analistas nacionales e internacionales el hecho de que se esté hablando del postconflicto, como si la negociación ya hubiera terminado.

“La palabra postconflicto se ha instalado en el lenguaje oficial y en la diplomacia colombiana, lo cual no deja de ser una paradoja teniendo en cuenta que a… [pocos] meses de la fecha límite para la firma del acuerdo aún no se ha efectuado un cese al fuego bilateral. En este sentido, la diplomacia y el discurso público colombianos parecen excesivamente optimistas al dar ya por saldada la consecución de la paz en el país” (Rodríguez 2016; p. 2).

Esto plantea un primer interrogante sobre lo que se debe entender por posconflicto. Según los especialistas, en el caso de conflictos internos no es fácil llegar a una definición de consenso: “Las hostilidades normalmente no se terminan bruscamente, para dar paso inmediato a la paz. Es posible que haya una "paz" acordada, pero que la lucha continúe, a menudo en un nivel bajo o de forma esporádica…” (Brown, et al 2011; p. 4).

Brown, et al (2011) sugieren que, en lugar de intentar una definición, se deberían tener en cuenta unos hitos básicos para determinar si un país está en la etapa del postconflicto. Esos hitos son la cesación de hostilidades y de la violencia; la firma de un acuerdo de paz; la desmovilización, desarme y reintegración; el retorno de desplazados y refugiados; el establecimiento de un Estado que funcione (reducción de la impunidad, fortalecimiento del estado de derecho y reducción de la corrupción, entre otros); el logro de la reconciliación y la integración social; y la recuperación de la economía.

Las medidas del postconflicto no necesariamente deben iniciarse al terminar el conflicto, pues cabe, e incluso es deseable, la opción de iniciarlas antes: “Por ejemplo, las políticas y programas para mejorar las condiciones socioeconómicas de los católicos en Irlanda del Norte, incluyendo una legislación laboral justa y el acceso a la vivienda pública, fueron llevadas a cabo durante la década de 1980, incluso mientras los "problemas" estaban todavía en curso, y, efectivamente, hicieron que la población católica estuviera más predispuesta a la paz” (Brown, et al 2011; p. 5).

A la luz de esta propuesta, Colombia apenas estaría cerca del primer hito, pues por ahora solo hay una decisión unilateral de la guerrilla de suspender las hostilidades. Ese enfoque también justificaría por qué se viene discutiendo sobre el postconflicto desde hace varios años y, más aun, por qué el Gobierno afirma que ya está haciendo gastos asociados al postconflicto. Según el Ministro de Hacienda, en el presupuesto general de la Nación de 2015 se destinaron recursos por $7.9 billones para atención, asistencia y reparación de víctimas (Cárdenas, 2015).

¿Qué abarca el postconflicto? 

En ese contexto adquieren mayor vigencia las preguntas claves sobre el post-conflicto: ¿Qué actividades se involucran en ese concepto? ¿Cuánto durará? ¿Cuál es su costo? ¿Cómo se financiará?

Mucho se ha debatido y especulado sobre estos aspectos, pero nadie tiene una respuesta sólida. Para muchos, lo acordado en el primer punto de la negociación implica que el desarrollo agropecuario es un componente del postconflicto.

De igual forma, en el Plan Nacional de Desarrollo se vinculan al postconflicto programas de construcción de vías, de actividad física y deporte, de infraestructura de seguridad, y de oferta de salud, entre otros (DNP 2015).

Los analistas también mencionan temas que están relacionados de forma más directa: la reparación de víctimas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, las zonas de concentración, y la Jurisdicción Especial para la Paz, conformada por magistrados nacionales y extranjeros.

La realidad es que buena parte de los compromisos de las negociaciones consisten en la implementación de las políticas de desarrollo, que se tienen que hacer con o sin postconflicto; en algunos casos, como el de los derechos de propiedad sobre la tierra, son tareas que se han aplazado por décadas.

Por consiguiente, es importante la tarea de depurar el listado de actividades consideradas como parte del posconflicto, separando aquellas que son componentes de una política de desarrollo económico y social, de aquellas que son parte integral del proceso de paz. Entre las primeras, también es necesario discriminar las que ya cuentan con asignación de recursos en el presupuesto nacional de las que demandan recursos nuevos. Mientras no haya esa precisión, será difícil para la sociedad entender las verdaderas dimensiones del postconflicto y más aún la magnitud de los costos que se deben asumir.

¿Cuánto cuesta el postconflicto?

Cabe preguntarse por qué es importante cuantificar el costo del postconflicto, pues hay analistas que piensan que el interrogante puede llevar a un debate absurdo: si el costo es muy alto, es mejor seguir como estamos.

Tales posiciones desvirtúan el objetivo de la estimación del costo. La experiencia muestra que en términos de la planeación económica es deseable contar con una cifra, a partir de la cual se pueda evaluar cómo se van a allegar esos recursos, cuál sería el plazo razonable de implementación de las políticas, y cuáles serían los programas y políticas prioritarios para la asignación de los presupuestos.

No es deseable generalizar posiciones como la de Francisco de Roux, quien, basado en su experiencia de trabajo con comunidades en zonas de conflicto, concluye que no debería haber asignaciones previas de recursos: “Es un error definir ex ante la cantidad de dinero que se va a asignar a un territorio, pues entre otras cosas, crea una rapiña política y social que rompe el proceso” (Tribuna, 2016; p. 19).

Sin demeritar que en algunos programas específicos se podría utilizar tal método a fin de controlar la corrupción, en el caso del postconflicto se trata de cifras cuantiosas y se requiere de cálculos detallados de los costos para acceder a cualquiera de las vías de financiación disponibles.

Pero, como no se cuenta con un inventario completo de los rubros que generarán compromisos de gasto, tampoco se puede valorar con precisión el costo. Además, tampoco hay claridad sobre la duración del postconflicto, lo que hace más difícil ese cálculo.

En una conferencia en marzo de 2015 el Ministro de Hacienda señaló: “la verdad es que no hay una cifra de cuál va a ser el costo del post-conflicto simple y llanamente… porque todo dependerá de cómo se logra ese acuerdo en las negociaciones de paz y esas negociaciones no han concluido” (Cárdenas, 2015).

También señaló el ministro que no es un costo único en un momento del tiempo: “El país seguramente va a tomarse un tiempo en implementar estos acuerdos, el post-conflicto lo vamos a tener que medir, en lustros, o en décadas porque no va a ser una transición inmediata”.

Por estas razones, las cifras que han lanzado diversos analistas se mueven en un rango amplio tanto de tiempo como de costo: Al Presidente Santos se le atribuye la cifra de $54 billones en reparación, en un periodo de 10 años (Semana, 2014). Para un periodo similar, Juan Camilo Restrepo calcula entre $80 y $100 billones solo para la zona rural. Fedesarrollo señala $80 billones; el Bank of America $187 billones, la firma Raddar $200 billones. Para un periodo de 20 años, la senadora Claudia López estima la cifra en $312 billones (Semana, 2014 y El Universal, 2015). Por último, el costo estimado para poner en marcha las recomendaciones de la Misión Rural, que están muy en la línea del primer punto de los acuerdos de La Habana, asciende a $195 billones, según el DNP en 15 años (Portafolio 2016).

Como ya se anotó, la dificultad con esas cifras es que no diferencian los programas de desarrollo ya financiados, los programas sectoriales adicionales y los gastos realmente nuevos que nacen del proceso de paz.

Hay casos como el de la reparación de víctimas, por ejemplo, que en aplicación de la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011), ya cuenta con recursos del presupuesto y con avances en la solución del problema, como lo señaló el Ministro Cárdenas en la conferencia mencionada. De esta forma, el gasto nuevo que se derivaría de los acuerdos de La Habana por este concepto sería menor a lo que inicialmente se podría pensar.

Pero hay otros que surgen de las negociaciones, sobre los que aún no hay estimaciones o ellas son muy imprecisas. Es el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, que implicará vincular entre 1.600 y 3.000 funcionarios y podría tener un costo cercano a los dos billones de pesos; sin embargo, no se conoce cuál es la metodología de estimación de ese costo, ni el periodo de tiempo que se supone estará vigente esta Jurisdicción.

Algo similar ocurre con el tema de la desmovilización. Se habla de zonas de concentración, que podrían ser ocho, si prima la tesis del Gobierno, o 60 si se aplica la de las Farc. El problema es que habría que garantizar la financiación de los consumos básicos de alrededor de 36.000 desmovilizados (sumando los guerrilleros armados y los grupos de apoyo logístico) por un tiempo indefinido.

Fuentes de recursos

Las estimaciones mencionadas están en un rango entre 0.6% y 2% del PIB por año; aun cuando no se tiene la precisión deseada, se debe ir evaluando la forma de financiarlos. Hay tres fuentes básicas para hacerlo y, dadas las circunstancias, se tendrá que acudir a todas ellas.

La primera es el Presupuesto General de la Nación. Una posibilidad teórica es el aumento de la tributación; en la realidad hay poco margen para esta fuente, pues la reforma tributaria estructural que se está preparando, además de redistribuir la carga entre empresas y personas naturales, espera recaudar 2% del PIB con el fin de compensar la desaparición de la renta petrolera; un 1% adicional que requiere el Gobierno se deberá financiar con deuda.

La otra posibilidad es la re-priorización del gasto. Esta será la opción a la que acudirá el Gobierno, pero hay limitaciones como lo demuestran varias decisiones recientes. En el Pipe 2.0 se reorientaron recursos por cerca de $17 billones y los programas de austeridad de 2015 y 2016 recortaron básicamente recursos de inversión, porque los gastos de funcionamiento no son flexibles.

La segunda son los recursos de la cooperación internacional. Aquí la pregunta es qué tan dispuestos están los organismos internacionales a apoyar financieramente a Colombia, que no es un país pobre y en el que, hasta hace poco, en los escenarios internacionales se negaba la existencia de un conflicto.

Según Rodríguez (2016, p. 2), “El problema es que presentar los éxitos de Colombia como país emergente, candidato a la OCDE y graduado como país de renta media, se conjuga con dificultad con la necesidad de buscar recursos para financiar el postconflicto. En la última década la cooperación para el desarrollo ha ido retirándose de los países de renta media y de las regiones menos “problemáticas”, para concentrarse en los focos de tensión de la actualidad en Asia, África y la cuenca del Mediterráneo”.

Adicionalmente, regiones como la Unión Europea se han visto forzadas a utilizar ingentes recursos en la contención y solución del problema migratorio, disminuyendo las disponibilidades para apoyar procesos como el del postconflicto en Colombia.

Por último, están los créditos con organismos multilaterales en condiciones preferenciales. Esta fuente tiene alta probabilidad, por la tradición de cumplimiento de las obligaciones financieras que tiene el país, y por el prestigio de seriedad en el manejo macroeconómico.

Pero puede haber una restricción en el creciente endeudamiento que tiene el país. Según el exministro Alberto Carrasquilla (2016) “la deuda bruta del gobierno viene subiendo de manera gradual pero sostenida desde 2012 y ya supera el 53 por ciento del PIB. Esta es la más alta de la historia moderna si se incluyen los 11 puntos del PIB que habían sido emitidos hasta abril de 2015 bajo la figura igualmente onerosa de las vigencias futuras”.

En la coyuntura reciente las calificadoras y los analistas internacionales están haciendo un cuidadoso seguimiento de la situación fiscal y de la cuenta corriente de las economías emergentes. Por lo tanto, la posibilidad de uso de esta fuente estará en función del trámite de la reforma tributaria estructural y del ajuste que se pueda dar en la cuenta corriente.

Colofón

Se debe reiterar que la cuantificación de los costos del postconflicto no se puede interpretar como un dilema entre guerra y paz. La construcción de buenas decisiones económicas pasa por tener un alto grado de certeza sobre las magnitudes de las variables sobre las que se pretende incidir y ese es el objetivo de la medición.

De lo expuesto se colige que aún hay mucho que hacer en materia de cuantificación de los costos del postconflicto. Si bien es cierto que las negociaciones no han terminado, hay puntos acordados sobre los que debería existir ya una discriminación de gastos por tareas nuevas que surgen de los acuerdos, gastos nuevos en políticas de desarrollo económico y social, y gastos en programas ya incorporados en el presupuesto general de la nación.

Solo de esa forma se podrán definir las estrategias más realistas de financiación y evitar que la insuficiencia de recursos se convierta en un cuello de botella para la implementación de los acuerdos de paz.

Bibliografía

Brown, G.; Langer, A.; y Steward, F. (2011). “A Typology of Post-Conflict Environments”. CRPD Working Paper No. 1. Centre for Research on Peace and Development, University of Leuven, Belgium.

Cárdenas, M. (2015). “Análisis de los posibles costos del post-conflicto”. Transcripción de la conferencia en el foro “Análisis de los posibles costos del post-conflicto”, organizado por la Universidad del Rosario y el Consejo Nacional Profesional de Economía, en Bogotá. Marzo.

Carrasquilla, A. (25 de enero de 2016). “El ajuste fiscal ¿Por qué y cómo?”. Razón Pública. Disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/9176-el-ajuste-fiscal-por-que-y-como.html.

Departamento Nacional de Planeación (2015). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país. Bogotá.

El Universal (21 de octubre de 2015). “Lo que podría costarle el posconflicto a Colombia”. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/lo-que-podria-costarle-el-posconflicto-colombia-209052.

Portafolio (12 de abril de 2016). “Poner en marcha la Misión Rural cuesta $195 millones”. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/gobierno/mision-rural-cuesta-195-billones-493853.

Rodríguez, E. (2016). “El papel de la comunidad internacional tras la firma de los acuerdos de paz en Colombia”. ARI 12/2016. Real Instituto Elcano. Madrid.

Semana (11 de noviembre de 2014). “Las cuentas del posconflicto no dan”. Disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/las-cuentas-del-posconflicto-no-dan/408351-3.

Tribuna (2016). “Cuáles son las grandes necesidades del gasto del posconflicto”. Tribuna Revista de Asuntos Públicos, No. 12, febrero. Universidad de los Andes.

Paz y crecimiento económico

Publicado en Portafolio el 17 de junio de 2016

Una de las esperanzas generadas por las negociaciones de paz es un mayor crecimiento económico. La teoría pareciera sustentarla, pues enuncia que una guerra civil reduce el PIB per cápita y su terminación lo incrementa. No obstante, hay matices a considerar para no sobredimensionar el efecto esperado de la paz en Colombia.

Según un estudio del PNUD (Post-Conflict Economic Recovery. Enabling Local Ingenuity; 2008), los impactos económicos de las guerras civiles dependen de la proporción de la población involucrada en el conflicto, la duración, la extensión geográfica y el grado de debilitamiento del gobierno.

Casos como el de Uganda, en el que las zonas en conflicto fueron periféricas, afectaron poco la actividad económica, mientras que en Afganistán, Camboya y Mozambique los efectos fueron devastadores al abarcar todo el territorio.

El mismo estudio indica que la duración puede tener efectos dispares: entre más prolongado el conflicto, mayores serán los impactos negativos esperados; pero también puede generar resiliencia del crecimiento, por la adaptación de la población al entorno.

El PNUD encontró que 26 de las 29 economías analizadas registraron variaciones negativas del PIB per cápita durante el conflicto, con las únicas excepciones de Bosnia (3.6%), Papúa Nueva Guinea (1.7%) y Guatemala (0.9%). Colombia supera dos de ellas, pues su tasa media anual de crecimiento del PIB per cápita fue 2.2% en los últimos 55 años.

En ese contexto, el caso colombiano (que no estudió el PNUD) se clasificaría, como marginal –por su cobertura geográfica y por la proporción de la población involucrada–, y como un conflicto de larga duración que generó resiliencia del crecimiento.

Según Paul Collier (“On the Economic Consequences of Civil War”; 1998), la caída del PIB per cápita “es explicada en parte porque la guerra reduce directamente la producción y en parte porque ella causa una gradual pérdida del stock de capital, debido a la destrucción, el desahorro y la migración de recursos al exterior”.

Cabría esperar, por lo tanto, que el crecimiento de la economía en el postconflicto proviniera en buena parte de la recuperación de la inversión. Pero, como señala Collier, “a pesar de los graves efectos de la guerra civil, la restauración de la paz no produce necesariamente un dividendo”, porque las condiciones económicas no vuelven a su normalidad de manera automática y, por el contrario, en los primeros años es alto el riesgo de recaer en el conflicto.

Por contraste, en Colombia, pese al conflicto, la inversión creció al 5.0% anual promedio en el periodo 1960-2014, y el coeficiente de inversión a PIB bordea el 30%, uno de los más altos de la región.

Hay estudios que atribuyen a la paz en Colombia un crecimiento del PIB que va entre 0.4 y 4.0 puntos porcentuales adicionales, pero varios de ellos no toman en cuenta los aspectos señalados. De igual forma, la comparación con otros conflictos pasa por alto que, en la mayoría, los acuerdos involucraron a todos los actores de la confrontación. En Colombia, después de cuatro años de negociación, es probable un acuerdo con las Farc; entre tanto, el Eln y las bacrim se enfrentan para “adueñarse” de los territorios hasta ahora dominados por las Farc.

Todos anhelamos la paz y esperamos impactos económicos positivos. Pero hay que aterrizar las expectativas.

Los gorditos del TLC

Publicado en Portafolio el 15 de abril de 2016

El TLC con EEUU aumenta la obesidad, según la novedosa y exótica hipótesis de un profesor de nutrición de la Universidad Nacional (John Bejarano “TLC aumenta malnutrición en los colombianos”. UN Periódico, No. 197).

Además de sorprendido, el lector queda perdido, pues desde el título en adelante no es claro si el artículo trata sobre hechos probables o realidades comprobadas. Sobre lo primero, el autor señala que la calidad de la dieta y “la composición corporal de los individuos… podría agudizarse con la entrada en vigor, hace cuatro años, del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos”.

Sobre lo segundo, afirma que “las estadísticas empiezan a comprobarlo”, pues “en el primer semestre de 2013, el DANE registró compras nacionales por valor de 238 millones de dólares en alimentos y bebidas, destinados al consumo de los hogares, y 874,8 millones de dólares en alimentos procesados”.

Esta afirmación carece de rigor académico: 1. Los datos corresponden a importaciones, por lo que no pueden ser “compras nacionales”, dado que no incluyen la producción doméstica. 2. Son datos puntuales desprovistos de valor económico por la ausencia de comparaciones. 3. Son cifras “viejas” y parciales (solo un semestre). Los datos del año pasado, 458 y 1.900 millones de dólares, evidencian caídas de 11.9% y 1.4% anuales, respectivamente. 4. Con las cifras, el autor sugiere implícitamente que “procesados” equivale a nocivos para la salud; es un error, pues el concepto técnico estadístico es “elaborados” y en ellos se incluyen, por ejemplo, arroz semielaborado, maíz dulce congelado, otras legumbres congeladas, aceite refinado de girasol y salmón, atún, arenque y bacalao fresco o refrigerado. 5. Por último, esas no son importaciones desde EE.UU. sino de todo el mundo, luego es imposible concluir algo sobre el TLC.

Dadas las falencias en el manejo de los argumentos económicos, cabría esperar sobrada solvencia en los relativos a nutrición. El autor presenta unas cifras sobre el aumento de la obesidad en Colombia en las décadas recientes, que, razonablemente, no atribuye al TLC.

Su demostración del impacto de los TLC la fundamenta en la experiencia de México, país en el que la obesidad aumentó en las mujeres “de 34% a 73%” y en los niños el 40% (no señala qué pasó con los hombres). Pero no aporta argumentos que demuestren la causalidad entre el tratado con EEUU (Nafta) y esos aumentos de obesidad.

La realidad es que la obesidad es reconocida como un problema de salud pública mundial. Ello porque los cambios estructurales en los hábitos de consumo, movilidad y actividad física están repercutiendo en aumento de la población con enfermedades graves originadas en el sobrepeso.

El International Food Policy Research Institute señala que “entre 2010 y 2014, ningún país [entre 193] registró una disminución del sobrepeso y la obesidad en los adultos”, a pesar de los compromisos internacionales en esa materia. Además, en países de la región, como Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay, que no tienen TLC con EEUU, la población obesa aumentó en el periodo más que en Colombia (2.0%) y en Ecuador el incremento fue similar (1.9%).

Conclusión: La sociedad necesita preservar el rigor académico que demanda el prestigio de la Universidad Nacional de Colombia. Yo lo pido en mi calidad de egresado.

La debacle económica

Publicado en Portafolio el viernes 11 de marzo de 2016

La economía colombiana se está desacelerando. Lamentablemente esa coyuntura se está utilizando para endilgar culpas a hechos y decisiones no relacionados con el problema.

Hasta diciembre de 2015 la economía colombiana venía sorteando bien las turbulencias globales. Pero la economía mundial comenzó 2016 con tormentas que aumentaron los spreads de la deuda, depreciaron más las monedas y acentuaron el deterioro de las cuentas fiscales y de comercio exterior de numerosos países.

En Colombia la tasa de cambio nominal alcanzó niveles récord, cayó fuertemente el índice de confianza del consumidor, aumentaron las tasas de desempleo e inflación, y resurgió el fantasma del racionamiento por el incendio de Guatapé.

Algunos analistas retomaron el manido cuento de la apertura de Gaviria y la reforma arancelaria de 2010 para explicar el enorme déficit comercial de 2015.

Está más que demostrado que la apertura de Gaviria se quedó en el nombre; la reacción de los intereses particulares montó a Colombia en un carrusel de medidas no arancelarias que neutralizaron los menores aranceles. Un estudio de investigadores del Banco de la República muestra que en 1989 estaban vigentes 1.102 medidas no arancelarias; en 1995 su número llegó a 4.750 y en 2000 a 9.256. Más que la apertura, el deterioro de la balanza comercial es explicado por la recesión mundial de 1991, el rompimiento del Pacto Cafetero a finales de los ochenta y la revaluación del peso.

Con la reforma arancelaria de 2010, Colombia pasó del puesto 118 al 95 en el escalafón global de aranceles, lo que comprueba que seguimos siendo una economía cerrada. Más que los TLC, el deterioro de la balanza comercial hay que buscarlo en la caída de los precios internacionales de los productos básicos, que no es una variable que controle el Gobierno colombiano.

Otro tema de discusión es el del posible racionamiento en el que vinculan la venta de Isagén (en pesos) con la importación de energía (en dólares). ¿Alguien en el país pronosticó el incendio de Guatapé? Nadie, pues es imposible por tratarse de un hecho fortuito. Por eso, con o sin la venta de Isagén se hubiera tenido que importar energía eléctrica de Ecuador y, obviamente, pagarla en dólares. Por lo tanto, la crítica es infundada.

En los temas tributarios, se sugiere que el Gobierno miente: anuncia un faltante de 30 billones de pesos y luego señala que la presión fiscal aumentará del 15 al 20 por ciento del PIB, con lo que el faltante sería de 40 billones de pesos o más.

Ese argumento mezcla dos propuestas de reforma tributaria: La del informe de la Comisión de Expertos, que generaría recaudos por el 2 por ciento del PIB, y la del reciente estudio del BID de incrementar los recaudos en 5 por ciento del PIB, como uno de los requerimientos para crecer la economía al 6 por ciento anual. Pero, el Gobierno manifiesta que el proyecto que presentará se basa en el informe de la Comisión; y según Anif, quedaría un faltante del 1 por ciento del PIB, que se financiará con mayor austeridad y endeudamiento.

Es útil debatir los problemas actuales de la economía, pero sin desmarcarlos de la compleja coyuntura internacional que está golpeando numerosas economías, y sin generar confusiones mezclando propuestas que nacen de fuentes y propósitos distintos. Tampoco es el momento para añoranzas proteccionistas.

Economía colombiana 2016: A capear el temporal

Publicada en la revista Misión Pyme, Edición 89, febrero-marzo de 2016

El panorama de la economía colombiana en 2016 preserva varios de los factores que generaron incertidumbre en 2015 y debilitaron su dinámica de crecimiento.

La economía mundial registra problemas de crecimiento y en el frente interno algunas variables clave han sido impactadas por los choques externos. No obstante, hay sectores que contribuirán a amortiguar los efectos adversos y harán que la economía colombiana siga registrando crecimientos aceptables.

Economía mundial complicada

Si bien las proyecciones del FMI para 2016 apuntan a una ligera recuperación del crecimiento mundial con relación al de 2015 (3.6% vs. 3.1%), es altamente probable que en los primeros meses se revisen a la baja.

Cada vez gana más fuerza la hipótesis del estancamiento secular, planteada por Larry Summers. Eso explicaría que en un escenario de políticas monetarias heterodoxas, con inflación baja y tasas de interés cercanas a cero, el crecimiento de las economías desarrolladas siga siendo inferior al registrado antes de la crisis mundial.

El choque petrolero golpeó fuertemente a las economías exportadoras, pero, contrario a lo esperado, no impulsó el crecimiento del PIB global. El mundo está viviendo una silenciosa guerra del petróleo, en la que la producción crece o se reduce muy poco, la demanda está frenada y los inventarios aumentan. En ese escenario, se espera que en 2016 los precios del petróleo se mantengan en el rango entre US$30 y US$50, con alta volatilidad.

Se esperaba que la apreciación del dólar, por el choque petrolero y el cambio en la posición de la política monetaria de Estados Unidos, permitiera a las demás economías un repunte de sus exportaciones. Esto no ocurrió ni en las economías desarrolladas ni en las emergentes. Por el contrario, el valor del comercio mundial está cayendo a ritmos de 12% anual, lo que evidencia el debilitamiento de la demanda agregada en la mayor parte de los países.

Estos elementos indican que en 2016 el comercio internacional no será el motor del crecimiento que fue hasta el comienzo de la crisis mundial de 2008-2009. De esta forma, en el crecimiento del PIB de la mayor parte de las economías pesará más la dinámica de su demanda interna.

Colombia no es ajena a ese entorno. La alta dependencia de las exportaciones y de los ingresos del gobierno central de los minero-energéticos, está pasando su cuenta de cobro. La balanza comercial registró en 2015 un déficit sin precedentes, el déficit en cuenta corriente aumentó hasta 6.5% del PIB, el más alto en lo corrido del siglo, y el déficit fiscal se proyectó al 3.0% del PIB, alejándose del déficit estructural proyectado de 2.2%.

¿Qué viene para Colombia en el 2016?

Con el escenario internacional descrito, es claro que las cuentas de comercio exterior seguirán con saldo en rojo, pero la magnitud del déficit puede ser menor al del 2015.

Si los precios del petróleo se mueven en el rango señalado y el volumen exportado no decrece, su impacto negativo en las exportaciones será menor. Con relación a las exportaciones no minero-energéticas, el esperado repunte seguirá dependiendo de la reactivación de la demanda agregada mundial.

De esta forma, la reducción del déficit comercial se dará por una mayor contracción de las importaciones y una menor caída o un ligero repunte de las exportaciones. El Ministerio de Hacienda proyecta que las exportaciones en 2016 se contraerán en 2.6% anual, mientras que las importaciones caerán en 5.6%; esto, sumado al aumento de ingresos por actividades como el turismo, permite proyectar un déficit en cuenta corriente de 5.8% del PIB.

En materia fiscal, el gobierno proyecta un déficit de 3.6% del PIB, ampliando la brecha con relación al déficit estructural (2.1%). Esto es consecuencia de la práctica desaparición de la renta petrolera por efecto de los precios internacionales; la renta pasó del 3.3% del PIB en 2013 al 0.3% en 2016, con una caída de más de $20 billones entre los dos años.

Aun cuando el déficit es compatible con la Ley de Regla Fiscal, el cierre de la brecha impone un reto para las finanzas públicas, por las restricciones para bajar los gastos de funcionamiento y por la reducción de algunos impuestos en los próximos años, como quedó establecido en la reforma tributaria de 2014.

En ese contexto, la anunciada reforma tributaria de 2016 debe cumplir simultáneamente con los objetivos de reducir la tasa efectiva de tributación de las empresas, avanzar en la recomposición estructural de los ingresos tributarios y generar mayor recaudo para el Gobierno. Pero también es necesario que se implementen las reformas necesarias para flexibilizar el gasto de funcionamiento y hacer grandes esfuerzos para disminuir la evasión y la elusión.

Puesto que la inflación está desbordada y, como lo reconoce la propia autoridad monetaria, en 2016 su nivel se mantendrá por encima del rango meta (2% al 4%), se espera que la tasa de intervención del Banco de la República siga aumentando.

Por lo tanto, ni el frente externo, ni la política fiscal, ni la política monetaria tienen margen de maniobra para impulsar la demanda agregada. Quedan por fortuna algunas variables sobre las que descansará la tarea de amortiguar los efectos adversos y mantener el crecimiento de la economía en niveles positivos.

Esas variables son las obras de infraestructura, los subsidios a la vivienda de clase media y el repunte de la actividad industrial, por la demanda del sector de construcción y por la actividad de refinación de petróleo (Reficar).

En síntesis, 2016 será un año de grandes retos para la economía colombiana. El débil mercado mundial, los ajustes en las finanzas públicas y la política antiinflacionaria tienden a frenar el crecimiento. Cabe esperar que ese impacto sea compensado por la construcción y la industria, para alcanzar la meta de crecimiento de 3.2% establecida por el Gobierno o, al menos, el 2.6% proyectado por los analistas privados.