Publicado en Portafolio el jueves 16 de enero de 2014
Si la Junta Directiva del Banco de la República aumenta la tasa de interés un viernes, resultaría absurdo que los medios le pregunten el siguiente lunes por los efectos que ha observado en la tasa de inflación. Y sería absurdo porque existen rezagos entre la decisión de la autoridad monetaria y la observación de los resultados esperados.
Algo similar ocurre cuando los acuerdos de libre comercio (ALC) entran en vigencia y a las pocas semanas algunos sesudos analistas pretenden achacarle la culpa de los problemas de un sector, caso que ya se vio con el paro agrario.
La realidad es que el rezago en los ALC es mucho más largo que el de la política monetaria. Como lo enfatiza un documento de la Comisión Europea, que evalúa el acuerdo de ese grupo con Corea del Sur:
“Transcurrido poco más de un año de su funcionamiento, aún es demasiado pronto para evaluar el pleno impacto del ALC, una vez que las disposiciones relativas a las medidas arancelarias y no arancelarias de liberalización, así como las medidas sobre los servicios y las inversiones, entrarán en vigor a lo largo de un período más largo”.
No obstante, esto no implica que no se pueda hacer un seguimiento continuo de la forma en que se van reflejando la reducción arancelaria y otras medidas acordadas sobre el comercio y otras variables. Pero en este caso es imprescindible aplicar el rigor analítico.
Con ese rasero se debe evaluar el reciente estudio de Barberi (“La agricultura, los pequeños productores agropecuarios y el primer año de vigencia del acuerdo de libre comercio suscrito con Estados Unidos”), que pretende evaluar el impacto del primer año de vigencia del ALC de Colombia con los EEUU sobre la “agricultura y los pequeños productores agropecuarios”.
Desde el mismo título hay imprecisiones, pues el autor afirma que “los indicadores… que se estimarán no permiten medir el impacto del Acuerdo sobre un determinado grupo de productores”. En plata blanca, esto significa que no puede medir el efecto sobre la producción campesina que es lo que prometió en el título.
El argumento central del documento es que el crecimiento de las importaciones de alimentos desde EEUU representa una “amenaza para los productos de economía campesina”.
El autor cae en el error habitual de los críticos de las negociaciones comerciales, al desconocer lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Por eso no ve que en gran medida el resultado observado en las importaciones de productos agropecuarios desde EEUU refleja una sustitución de proveedores, posiblemente relacionada con los conceptos teóricos de desviación y creación de comercio.
El volumen importado de estos productos desde EEUU en enero-septiembre de 2013 aumentó en 602 mil toneladas con relación al mismo periodo de 2012; con esto se recuperó parcialmente el terreno perdido a septiembre de 2012 (-716 mil toneladas con respecto a septiembre de 2011).
La sustitución es evidente, pues las importaciones agropecuarias del resto del mundo cayeron 615 mil toneladas a septiembre de 2013, mientras que en el periodo anterior habían crecido en 1.5 millones de toneladas.
Barberi seleccionó 14 productos que, según él, reflejan la sensibilidad de la economía campesina a los ALC. En su revisión de las importaciones de los nueve primeros meses de vigencia del TLC (no el año que anuncia en el título), detectó cinco productos con riesgo alto (arroz, lactosuero, leche en polvo, carne de cerdo y maíz blanco), cinco con riesgo medio (trigo, carne de pollo, zanahoria, arveja y tomate) y cuatro con riesgo bajo (fríjol, cebolla, maíz amarillo y sorgo).
Tomando un periodo de 16 meses de vigencia del ALC (que debería mostrar aún más los impactos negativos) y comparándolo con los 16 meses anteriores, se observan datos interesantes. En cinco productos el valor las importaciones desde EEUU registró variaciones absolutas negativas, incluidos dos de los de “riesgo alto”, y en dos de ellos también cayeron las importaciones del resto del mundo. En dos productos el crecimiento de las compras a EEUU se compensa con caídas del resto del mundo; y en cinco crecen las importaciones de ambas fuentes. Por último, la mayor variación corresponde a trigo, producto del cual el país importa el 98% del consumo.
Importaciones de 14 productos agropecuarios desde EEUU y el resto del mundo (US$ millones)
Fuente: Dane, Dian, MinCIT; cálculos del autor.
El análisis debe tener en cuenta que en productos como carne de pollo, lácteos y arroz se negociaron contingentes que en ningún caso superan el equivalente al 3% de la producción anual.
En total los 14 productos importados desde EEUU registraron un incremento de US$20 millones entre los dos periodos, mientras que del resto del mundo aumentaron US$233 millones.
En síntesis, como reza el aforismo atribuido a Patrick Moynihan, “todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones, pero no nuestros propios hechos”.
Tendencias Siglo XXI
Publicado en Ámbito Jurídico No. 382, del 11 al 24 de noviembre de 2013
Hacer un alto en el acelerado ritmo que impone la dinámica económica de corto plazo, para ver un poco más allá, es útil para vislumbrar las sendas que seguirá la economía mundial y tratar de colegir la forma en que impactarán a la economía colombiana.
Entre las múltiples tendencias que se avizoran, destaco tres que pueden tener efectos en Colombia: la creciente demanda de alimentos, el nuevo panorama de la energía, y el “reshoring”.
En el tema de alimentos el punto de partida ya es complejo: en siete de los últimos ocho años creció más el consumo que la oferta, y el crecimiento de los rendimientos se viene desacelerando.
Los retos consisten en atender la creciente demanda de alimentos, derivada del crecimiento poblacional, el aumento de la clase media en las economías en desarrollo, y los requerimientos de la industria de biocombustibles.
Por el lado de la oferta, la atención de esa mayor demanda implica innovaciones tecnológicas que permitan crecer los rendimientos, la incorporación de más tierras de cultivo y contar con la adecuada provisión de agua.
Cabe esperar que la ciencia responda a este reto que enfrenta la humanidad, como lo ha hecho en casos anteriores, para aumentar la productividad del agro. Con relación a las tierras nuevas, según la FAO, las economías en desarrollo pueden incorporar alrededor de 120 millones de hectáreas, la mitad de las cuales la aportan siete economías entre las que se incluye Colombia. En materia de agua, mientras hay regiones del mundo que ya padecen problemas críticos de abastecimiento o que caminan raudamente hacia ellos, Colombia es una de las economías con mayor riqueza hídrica en el mundo.
El nuevo panorama de la energía surge de la explotación de petróleo y gas no convencionales en Estados Unidos y el descubrimiento de potenciales yacimientos en otras regiones del mundo.
Las implicaciones económicas son vastas. Empiezan por el cierre del déficit que por décadas ha registrado Estados Unidos en su cuenta corriente, lo que a su vez puede ocasionar presiones revaluacionistas del dólar. Una derivación de la recuperación del autoabastecimiento energético de esta economía es la reducción de la importancia geopolítica del Oriente Medio y del cartel de la OPEP.
Adicionalmente, la producción de productos no convencionales puede ocasionar una menor demanda de carbón en Estados Unidos y en otras regiones del mundo. Parte de ella puede ser compensada por la sustitución que Japón hará de energía nuclear por otras fuentes.
Por último, el abaratamiento de los costos de la energía ya está repercutiendo en la mejora de la competitividad industrial estadounidense, con el potencial desencadenamiento de una nueva tendencia que se empieza a conocer como “reshoring” o “backshoring”.
Esta tendencia, que nace del abaratamiento de la energía y de la pérdida de competitividad relativa de China, se manifiesta en la reinstalación de empresas en las economías desarrolladas, especialmente en Estados Unidos.
En China los salarios vienen creciendo de forma sostenida, en parte por la mejora de la productividad y en parte por la escasez relativa de mano de obra especializada. No obstante, la producción por trabajador sigue siendo inferior a la de Estados Unidos, por lo que el efecto combinado es un cierre de la brecha de costo laboral unitario ajustado por productividad.
Un estudio de Boston Consulting Group (“Made in America, Again. Why Manufacturing Will Return to the U.S.”) tomó en cuenta estos factores para la fabricación de autopartes y los proyectó al 2015; estimó que el ahorro de costos laborales entre localizar una empresa en China o en Estados Unidos se reducirá del 65% al 39% entre el 2000 y el 2015. “Adicionalmente, puesto que los costos laborales son un cuarto de los costos totales de fabricar la autoparte, el ahorro total se reducirá a menos del 10%”.
Al descontar de ese ahorro el costo y tiempo del transporte, que puede tomar alrededor de 30 días desde China hasta Estados Unidos, hay casos en los que la ventaja relativa desaparece y se torna atractiva la localización más cerca del consumidor.
Síntesis: En un mundo cada vez más integrado es difícil escapar a las tendencias globales. Las aquí reseñadas muestran la importancia de comprenderlas y pensar en las adaptaciones de las empresas colombianas para aprovecharlas.
En la primera, son claras tanto las ventajas naturales del país como los esfuerzos que hay que realizar para aprovecharlas. La segunda plantea retos en productividad para la minería y la producción de hidrocarburos en Colombia, así como en exploración del potencial del país en los no convencionales. Con la última, es importante hacer un seguimiento detallado de las industrias que serán candidatas al “reshoring” y evaluar las ventajas de localización de Colombia para ser un destino alternativo de esas inversiones que saldrán de Asia.
Hacer un alto en el acelerado ritmo que impone la dinámica económica de corto plazo, para ver un poco más allá, es útil para vislumbrar las sendas que seguirá la economía mundial y tratar de colegir la forma en que impactarán a la economía colombiana.
Entre las múltiples tendencias que se avizoran, destaco tres que pueden tener efectos en Colombia: la creciente demanda de alimentos, el nuevo panorama de la energía, y el “reshoring”.
En el tema de alimentos el punto de partida ya es complejo: en siete de los últimos ocho años creció más el consumo que la oferta, y el crecimiento de los rendimientos se viene desacelerando.
Los retos consisten en atender la creciente demanda de alimentos, derivada del crecimiento poblacional, el aumento de la clase media en las economías en desarrollo, y los requerimientos de la industria de biocombustibles.
Por el lado de la oferta, la atención de esa mayor demanda implica innovaciones tecnológicas que permitan crecer los rendimientos, la incorporación de más tierras de cultivo y contar con la adecuada provisión de agua.
Cabe esperar que la ciencia responda a este reto que enfrenta la humanidad, como lo ha hecho en casos anteriores, para aumentar la productividad del agro. Con relación a las tierras nuevas, según la FAO, las economías en desarrollo pueden incorporar alrededor de 120 millones de hectáreas, la mitad de las cuales la aportan siete economías entre las que se incluye Colombia. En materia de agua, mientras hay regiones del mundo que ya padecen problemas críticos de abastecimiento o que caminan raudamente hacia ellos, Colombia es una de las economías con mayor riqueza hídrica en el mundo.
El nuevo panorama de la energía surge de la explotación de petróleo y gas no convencionales en Estados Unidos y el descubrimiento de potenciales yacimientos en otras regiones del mundo.
Las implicaciones económicas son vastas. Empiezan por el cierre del déficit que por décadas ha registrado Estados Unidos en su cuenta corriente, lo que a su vez puede ocasionar presiones revaluacionistas del dólar. Una derivación de la recuperación del autoabastecimiento energético de esta economía es la reducción de la importancia geopolítica del Oriente Medio y del cartel de la OPEP.
Adicionalmente, la producción de productos no convencionales puede ocasionar una menor demanda de carbón en Estados Unidos y en otras regiones del mundo. Parte de ella puede ser compensada por la sustitución que Japón hará de energía nuclear por otras fuentes.
Por último, el abaratamiento de los costos de la energía ya está repercutiendo en la mejora de la competitividad industrial estadounidense, con el potencial desencadenamiento de una nueva tendencia que se empieza a conocer como “reshoring” o “backshoring”.
Esta tendencia, que nace del abaratamiento de la energía y de la pérdida de competitividad relativa de China, se manifiesta en la reinstalación de empresas en las economías desarrolladas, especialmente en Estados Unidos.
En China los salarios vienen creciendo de forma sostenida, en parte por la mejora de la productividad y en parte por la escasez relativa de mano de obra especializada. No obstante, la producción por trabajador sigue siendo inferior a la de Estados Unidos, por lo que el efecto combinado es un cierre de la brecha de costo laboral unitario ajustado por productividad.
Un estudio de Boston Consulting Group (“Made in America, Again. Why Manufacturing Will Return to the U.S.”) tomó en cuenta estos factores para la fabricación de autopartes y los proyectó al 2015; estimó que el ahorro de costos laborales entre localizar una empresa en China o en Estados Unidos se reducirá del 65% al 39% entre el 2000 y el 2015. “Adicionalmente, puesto que los costos laborales son un cuarto de los costos totales de fabricar la autoparte, el ahorro total se reducirá a menos del 10%”.
Al descontar de ese ahorro el costo y tiempo del transporte, que puede tomar alrededor de 30 días desde China hasta Estados Unidos, hay casos en los que la ventaja relativa desaparece y se torna atractiva la localización más cerca del consumidor.
Síntesis: En un mundo cada vez más integrado es difícil escapar a las tendencias globales. Las aquí reseñadas muestran la importancia de comprenderlas y pensar en las adaptaciones de las empresas colombianas para aprovecharlas.
En la primera, son claras tanto las ventajas naturales del país como los esfuerzos que hay que realizar para aprovecharlas. La segunda plantea retos en productividad para la minería y la producción de hidrocarburos en Colombia, así como en exploración del potencial del país en los no convencionales. Con la última, es importante hacer un seguimiento detallado de las industrias que serán candidatas al “reshoring” y evaluar las ventajas de localización de Colombia para ser un destino alternativo de esas inversiones que saldrán de Asia.
Pinocho y los TLC
Publicado en Portafolio el 4 de octubre de 2013
Pasada la efervescencia del paro agrario, una mirada más reposada y con nuevos datos pone en evidencia cómo manipulan la información algunos supuestos defensores de los campesinos colombianos. En su desesperado afán de endilgar todos los problemas del agro a los TLCs, no dudaron en lanzar afirmaciones poco fiables.
Es claro que el campo colombiano vive una compleja problemática, gestada a lo largo de varias décadas y fuente del malestar social reflejado en el paro. Pero ella no se puede solucionar buscando chivos expiatorios sino encontrando la raíz real de los problemas. Y a eso no contribuyen aquellos que buscan pescar en rio revuelto, con perlas como las siguientes:
El senador Jorge Robledo afirma que “el libre comercio es la causa de la crisis agraria”. Ese es un eslogan que suena bonito, vende bien y genera alianzas, antes imposibles, con aquellos que nunca piensan en el bienestar del consumidor pero sí en preservar su estado de confort.
Curiosamente, pocos días antes de esa afirmación, Portafolio titulaba: “Colombia, la segunda economía más cerrada de A. Latina”. Muchos siguen creyendo que la apertura unilateral de 1991 volvió al país una economía abierta y de libre comercio. Pero con su táctica del avestruz, no ven que el mundo se siguió moviendo mientras aquí nos quedamos maquinando cómo “neutralizar” el “neoliberalismo”.
No de otra forma se pueden entender los resultados del Global Competitiveness Report 2013–2014: en la variable “prevalencia de barreras al comercio”, Colombia está en el puesto 131 entre 148 países; en el de la tarifa arancelaria en el 82, aun después de la reforma arancelaria de 2010 y del diferimiento para bienes de capital e insumos no producidos; y en los coeficientes de apertura en el 143 en importaciones y en el 137 en exportaciones. ¿Es este el libre cambio a la colombiana que explica el paro?
En el mismo artículo el senador Robledo afirmó que: “…arroz, cárnicos, lácteos, oleaginosas, papa, azúcar y hortalizas… vienen desapareciendo con los TLC suscritos y la Alianza del Pacífico, como lo muestra el otro millón de hectáreas de agricultura eliminada entre 2000 y 2012”. Esta afirmación es falsa de ‘cabo a rabo’.
Para empezar, la Alianza del Pacífico no puede estar “desapareciendo” cultivos por la simple razón de que no está vigente. La negociación comercial apenas concluyó a finales de agosto y debe ser aprobada como ley por el Congreso y revisada por la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia.
Con relación al área cultivada, las cifras del MinAgricultura indican que en ese periodo, excluyendo café que no tiene datos completos, creció en 240 mil hectáreas. Y respecto a papa, azúcar, hortalizas, oleaginosas y carnes de res, pollo y cerdo, la producción tiene las oscilaciones naturales, pero su tendencia es claramente ascendente; en el caso de leche hay un estancamiento reciente, pero no una caída; y solo en arroz riego se reduce la producción en los últimos años.
La representante Pinilla trinó el 28 de agosto: “TLC con UE puso en total riesgo producción de leche, quesos y mantequillas colombianas por eso se justifica el #ParoNacional”. Este debe ser el TLC con el impacto más veloz en la historia comercial del mundo; entró a regir el 1 de agosto de 2013 y en 27 días tenía en riesgo al sector lechero.
En esa negociación, quedó un contingente de leche en polvo de 4.000 toneladas, equivalente al 0.6 por ciento de la producción anual nacional, y por fuera de él se aplica un arancel del 98 por ciento que se desgrava a 17 años. ¿Será un tiempo suficiente para mejorar la productividad y neutralizar el “riesgo”?
En otro de sus trinos dijo: “Importaciones de alimentos pasaron de 252.516 t en el 1er trimestre del 2011 a 385.196 t en el primero del 2012 TLC con #EstadosUnidos”. Esas cifras son falsas, porque entre los dos periodos mencionados el volumen se redujo en 71.1 por ciento; pero, más importante aún: el TLC con Estados Unidos no estaba vigente en el primer trimestre de 2012.
¡Ese es el tipo de “verdades” con las que defienden a los campesinos! Y con ellas crearon un ambiente que impidió a los ciudadanos de a pie asimilar objetivamente la información con la que el gobierno demostró lo enclenques que eran esos argumentos.
Por si hiciera falta algún dato objetivo más, los resultados del PIB del primer semestre de 2013 que acaba de publicar el Dane, indican que la papa creció 13.5% respecto al 2012, corroborando una buena cosecha que pudo reducir los precios ¿Aun así seguirán sosteniendo que está “desapareciendo” por los TLC, y que eso justifica los paros?
Pasada la efervescencia del paro agrario, una mirada más reposada y con nuevos datos pone en evidencia cómo manipulan la información algunos supuestos defensores de los campesinos colombianos. En su desesperado afán de endilgar todos los problemas del agro a los TLCs, no dudaron en lanzar afirmaciones poco fiables.
Es claro que el campo colombiano vive una compleja problemática, gestada a lo largo de varias décadas y fuente del malestar social reflejado en el paro. Pero ella no se puede solucionar buscando chivos expiatorios sino encontrando la raíz real de los problemas. Y a eso no contribuyen aquellos que buscan pescar en rio revuelto, con perlas como las siguientes:
El senador Jorge Robledo afirma que “el libre comercio es la causa de la crisis agraria”. Ese es un eslogan que suena bonito, vende bien y genera alianzas, antes imposibles, con aquellos que nunca piensan en el bienestar del consumidor pero sí en preservar su estado de confort.
Curiosamente, pocos días antes de esa afirmación, Portafolio titulaba: “Colombia, la segunda economía más cerrada de A. Latina”. Muchos siguen creyendo que la apertura unilateral de 1991 volvió al país una economía abierta y de libre comercio. Pero con su táctica del avestruz, no ven que el mundo se siguió moviendo mientras aquí nos quedamos maquinando cómo “neutralizar” el “neoliberalismo”.
No de otra forma se pueden entender los resultados del Global Competitiveness Report 2013–2014: en la variable “prevalencia de barreras al comercio”, Colombia está en el puesto 131 entre 148 países; en el de la tarifa arancelaria en el 82, aun después de la reforma arancelaria de 2010 y del diferimiento para bienes de capital e insumos no producidos; y en los coeficientes de apertura en el 143 en importaciones y en el 137 en exportaciones. ¿Es este el libre cambio a la colombiana que explica el paro?
En el mismo artículo el senador Robledo afirmó que: “…arroz, cárnicos, lácteos, oleaginosas, papa, azúcar y hortalizas… vienen desapareciendo con los TLC suscritos y la Alianza del Pacífico, como lo muestra el otro millón de hectáreas de agricultura eliminada entre 2000 y 2012”. Esta afirmación es falsa de ‘cabo a rabo’.
Para empezar, la Alianza del Pacífico no puede estar “desapareciendo” cultivos por la simple razón de que no está vigente. La negociación comercial apenas concluyó a finales de agosto y debe ser aprobada como ley por el Congreso y revisada por la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia.
Con relación al área cultivada, las cifras del MinAgricultura indican que en ese periodo, excluyendo café que no tiene datos completos, creció en 240 mil hectáreas. Y respecto a papa, azúcar, hortalizas, oleaginosas y carnes de res, pollo y cerdo, la producción tiene las oscilaciones naturales, pero su tendencia es claramente ascendente; en el caso de leche hay un estancamiento reciente, pero no una caída; y solo en arroz riego se reduce la producción en los últimos años.
La representante Pinilla trinó el 28 de agosto: “TLC con UE puso en total riesgo producción de leche, quesos y mantequillas colombianas por eso se justifica el #ParoNacional”. Este debe ser el TLC con el impacto más veloz en la historia comercial del mundo; entró a regir el 1 de agosto de 2013 y en 27 días tenía en riesgo al sector lechero.
En esa negociación, quedó un contingente de leche en polvo de 4.000 toneladas, equivalente al 0.6 por ciento de la producción anual nacional, y por fuera de él se aplica un arancel del 98 por ciento que se desgrava a 17 años. ¿Será un tiempo suficiente para mejorar la productividad y neutralizar el “riesgo”?
En otro de sus trinos dijo: “Importaciones de alimentos pasaron de 252.516 t en el 1er trimestre del 2011 a 385.196 t en el primero del 2012 TLC con #EstadosUnidos”. Esas cifras son falsas, porque entre los dos periodos mencionados el volumen se redujo en 71.1 por ciento; pero, más importante aún: el TLC con Estados Unidos no estaba vigente en el primer trimestre de 2012.
¡Ese es el tipo de “verdades” con las que defienden a los campesinos! Y con ellas crearon un ambiente que impidió a los ciudadanos de a pie asimilar objetivamente la información con la que el gobierno demostró lo enclenques que eran esos argumentos.
Por si hiciera falta algún dato objetivo más, los resultados del PIB del primer semestre de 2013 que acaba de publicar el Dane, indican que la papa creció 13.5% respecto al 2012, corroborando una buena cosecha que pudo reducir los precios ¿Aun así seguirán sosteniendo que está “desapareciendo” por los TLC, y que eso justifica los paros?
Al Sur
Publicado en Ámbito Jurídico No. 378, el 16 de septiembre de 2013
No me refiero al famoso vals de Jorge Villamil, sino al término utilizado en comercio internacional para describir el bloque de economías en desarrollo. La contraparte es el Norte, que comprende el conjunto de economías desarrolladas.
¿Por qué hablar del Sur? Porque está en ebullición; viene cambiando a gran velocidad y esa tendencia se consolidará en las próximas décadas. Y porque los empresarios, los políticos, los académicos y, en general, los ciudadanos de un país como Colombia, que es parte de ese bloque, deben conocer para dónde va el Sur, con el fin de identificar los efectos, las amenazas y las oportunidades que conlleva ese proceso.
Entre 1970 y comienzos de los 2000, el Sur representaba alrededor del 20% del PIB mundial. Pero en los años siguientes la participación se disparó hasta el 34%; esto es, en menos de 10 años su peso relativo en la economía global se incrementó en 14 puntos.
De entrada, hay que decir que el motor de esos cambios del Sur está en Asia. La notable dinámica de economías como China, Corea e India, explican la mayor parte del incremento y lo seguirán explicando. Así se deduce de un documento reciente del BBVA, según el cual, en la actual década (2012-2022), el 56.4% del crecimiento del PIB mundial será explicado por las economías de Asia, excluyendo a Japón.
Otro cambio que se avecina es el del peso relativo del Sur en el comercio mundial. Tradicionalmente el mayor porcentaje del comercio mundial correspondía a los flujos Norte-Norte; pero su participación, que a mediados de los años ochenta representaba el 65% del total, viene declinando y se espera que hacia el 2018 sea superada por los flujos de comercio Sur-Sur.
La consecuencia más significativa del mayor crecimiento ha sido la reducción de la pobreza y el aumento de las clases medias en el Sur. Se espera que estos dos comportamientos se mantengan en las próximas décadas y, de nuevo, con especial concentración en Asia. Un estudio de Homi Kharas para la OECD (“The emerging middle class in developing countries”) estima que en el 2030 el 66% de la población de clase media en el mundo, estará en Asia Pacífico; en América Latina, si bien el número absoluto de personas en este nivel de ingresos pasará de 181 a 313 millones, su participación en el total de la clase media se reducirá de 10% a 6%.
Son evidentes los impactos que el aumento de la clase media tendrá en la demanda global de productos como los alimentos (en una región que ya es deficitaria), en bienes de consumo duradero y en servicios como la educación, la salud y el turismo.
La provisión de estos bienes y servicios se dará en un entorno de menores obstáculos al comercio, como se deriva de la actual tendencia a la negociación de mega-acuerdos.
Los tradicionales TLC están dando paso a la integración de diversos acuerdos regionales, que implicarán la convergencia de disciplinas comerciales. Lo interesante es que en varios de ellos solo participan economías asiáticas, como en el caso del que están negociando Japón, China y Corea o del Regional Comprehensive Economic Partnership, entre 16 países de Asia y Oceanía.
Hay otros en los que se mezclan diversas regiones del Sur con el Norte, como el Trans-Pacific Partnership, con 11 países, y del cual hacen parte México, Perú y Chile. Hay uno del Norte (TLC Unión Europea – Estados Unidos) y uno de América Latina: La Alianza del Pacífico, que la integran Chile, Colombia, México y Perú, y cuenta con 19 países observadores tanto del Sur como del Norte.
Estos mega-acuerdos serán en poco tiempo el canal básico para la inserción en las cadenas globales de valor y el fortalecimiento del comercio intraindustrial.
¿Qué implicaciones tiene esto para Colombia? Que hay que moverse y aprovechar las ventajas de estar en el Sur. Se debe seguir fortaleciendo la inserción en la economía global, impulsar la vinculación de las empresas en las cadenas globales de valor y aumentar el comercio intraindustrial con la región; esto es vital para acelerar el desarrollo de la industria nacional y del sector de servicios.
Finalmente, la Alianza del Pacífico, como mega-acuerdo, es el vehículo para fortalecer las relaciones con Asia y con los otro mega-acuerdos. También hará posible el aprovechamiento de todo el potencial de demanda de bienes alimenticios de valor agregado.
Lo que no puede hacer Colombia frente a este creciente protagonismo del Sur es adoptar la estrategia del avestruz que quieren forzar algunos sectores promotores de paros. No es demandando políticas proteccionistas y generando miedos infundados frente a los TLC como saldremos del atraso. Esa sería la mejor opción para terminar desplumados y quedarnos del tren del desarrollo.
No me refiero al famoso vals de Jorge Villamil, sino al término utilizado en comercio internacional para describir el bloque de economías en desarrollo. La contraparte es el Norte, que comprende el conjunto de economías desarrolladas.
¿Por qué hablar del Sur? Porque está en ebullición; viene cambiando a gran velocidad y esa tendencia se consolidará en las próximas décadas. Y porque los empresarios, los políticos, los académicos y, en general, los ciudadanos de un país como Colombia, que es parte de ese bloque, deben conocer para dónde va el Sur, con el fin de identificar los efectos, las amenazas y las oportunidades que conlleva ese proceso.
Entre 1970 y comienzos de los 2000, el Sur representaba alrededor del 20% del PIB mundial. Pero en los años siguientes la participación se disparó hasta el 34%; esto es, en menos de 10 años su peso relativo en la economía global se incrementó en 14 puntos.
De entrada, hay que decir que el motor de esos cambios del Sur está en Asia. La notable dinámica de economías como China, Corea e India, explican la mayor parte del incremento y lo seguirán explicando. Así se deduce de un documento reciente del BBVA, según el cual, en la actual década (2012-2022), el 56.4% del crecimiento del PIB mundial será explicado por las economías de Asia, excluyendo a Japón.
Otro cambio que se avecina es el del peso relativo del Sur en el comercio mundial. Tradicionalmente el mayor porcentaje del comercio mundial correspondía a los flujos Norte-Norte; pero su participación, que a mediados de los años ochenta representaba el 65% del total, viene declinando y se espera que hacia el 2018 sea superada por los flujos de comercio Sur-Sur.
La consecuencia más significativa del mayor crecimiento ha sido la reducción de la pobreza y el aumento de las clases medias en el Sur. Se espera que estos dos comportamientos se mantengan en las próximas décadas y, de nuevo, con especial concentración en Asia. Un estudio de Homi Kharas para la OECD (“The emerging middle class in developing countries”) estima que en el 2030 el 66% de la población de clase media en el mundo, estará en Asia Pacífico; en América Latina, si bien el número absoluto de personas en este nivel de ingresos pasará de 181 a 313 millones, su participación en el total de la clase media se reducirá de 10% a 6%.
Son evidentes los impactos que el aumento de la clase media tendrá en la demanda global de productos como los alimentos (en una región que ya es deficitaria), en bienes de consumo duradero y en servicios como la educación, la salud y el turismo.
La provisión de estos bienes y servicios se dará en un entorno de menores obstáculos al comercio, como se deriva de la actual tendencia a la negociación de mega-acuerdos.
Los tradicionales TLC están dando paso a la integración de diversos acuerdos regionales, que implicarán la convergencia de disciplinas comerciales. Lo interesante es que en varios de ellos solo participan economías asiáticas, como en el caso del que están negociando Japón, China y Corea o del Regional Comprehensive Economic Partnership, entre 16 países de Asia y Oceanía.
Hay otros en los que se mezclan diversas regiones del Sur con el Norte, como el Trans-Pacific Partnership, con 11 países, y del cual hacen parte México, Perú y Chile. Hay uno del Norte (TLC Unión Europea – Estados Unidos) y uno de América Latina: La Alianza del Pacífico, que la integran Chile, Colombia, México y Perú, y cuenta con 19 países observadores tanto del Sur como del Norte.
Estos mega-acuerdos serán en poco tiempo el canal básico para la inserción en las cadenas globales de valor y el fortalecimiento del comercio intraindustrial.
¿Qué implicaciones tiene esto para Colombia? Que hay que moverse y aprovechar las ventajas de estar en el Sur. Se debe seguir fortaleciendo la inserción en la economía global, impulsar la vinculación de las empresas en las cadenas globales de valor y aumentar el comercio intraindustrial con la región; esto es vital para acelerar el desarrollo de la industria nacional y del sector de servicios.
Finalmente, la Alianza del Pacífico, como mega-acuerdo, es el vehículo para fortalecer las relaciones con Asia y con los otro mega-acuerdos. También hará posible el aprovechamiento de todo el potencial de demanda de bienes alimenticios de valor agregado.
Lo que no puede hacer Colombia frente a este creciente protagonismo del Sur es adoptar la estrategia del avestruz que quieren forzar algunos sectores promotores de paros. No es demandando políticas proteccionistas y generando miedos infundados frente a los TLC como saldremos del atraso. Esa sería la mejor opción para terminar desplumados y quedarnos del tren del desarrollo.
El TLC con los Estados Unidos y el paro agrario
Publicado en Portafolio el 2 de septiembre de 2013
Achacar al TLC con EEUU, y en general a los acuerdos comerciales, la responsabilidad en la situación del campo que llevó al paro, produce risa y tristeza simultáneamente.
Risa por el oso que hacen quienes, con fines oportunistas, no dudan en repetir cuanto eslogan de crítica van escuchando, sin hacer el menor esfuerzo por verificar los argumentos que lo sustentan. Tristeza, porque reflejan su escasa reflexión sobre los problemas del país; echar culpas por el simple hecho de no compartir la política comercial, desorienta a la ciudadanía, no contribuye a mejorar los diagnósticos y sataniza los instrumentos de política.
El burgomaestre Petro en su tweeter se declara profeta: “Le dije a Uribe que no firmara TLC con EEUU porque iba a destruir el campo de los campesinos”.
El senador Robledo con su palmario pesimismo sentencia: “a punta de TLC aumentan las importaciones y disminuyen las exportaciones, arruinan a los productores y concentran aún más la propiedad de la tierra, a costa del campesinado y de los empresarios pequeños y medianos”.
Y Daniel Samper pretende darle un golpe de gracia al TLC con Estados Unidos, con cifras que no se toma la molestia de poner en contexto: “en el primer año del TLC se dispararon las importaciones agrícolas: la soya subió 467 por ciento, los lácteos, 214, la carne de cerdo, 66, el trigo, 15…”.
Para Estados Unidos el de Colombia no es el primer TLC que firma; además del nuestro tiene vigentes otros 20. La evidencia empírica muestra que en ningún caso ni el campo ni los campesinos se han arruinado; en todos los países el valor agregado agropecuario siguió creciendo; igual pasó con la productividad en el agro; y la balanza comercial agropecuaria ha mantenido su signo y en varios países ha crecido el superávit.
Aun cuando en nuestro medio hay analistas que han hecho eco de supuestas tragedias, como la quiebra de los ganaderos de México, nunca ha aparecido la fuente de tal información.
Como uno de los objetivos de los acuerdos comerciales es crecer el comercio, es normal que aumenten tanto las exportaciones como las importaciones. Estas últimas no tienen que repercutir en la estabilidad de la producción nacional, salvo en los casos teóricos de sustitución de la producción ineficiente de un país por la más eficiente del otro; en tal situación es evidente que habrá una mejora del bienestar de la población, que tendrá acceso a productos de mejor calidad por menor precio.
Pero no es eso lo que está ocurriendo actualmente con las importaciones agropecuarias del país, lo que desvirtúa el argumento de los críticos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha mostrado que las importaciones de leche en 2012 representan el 3% de la producción nacional y equivalen a 10 días de consumo; y las importaciones de papa en ese año son menos del 1% de la producción y 2.4 días de producción. ¿Estas cifras ponen en riesgo la producción nacional? Dudoso.
Los críticos no han caído en cuenta que sus opiniones sobre los presuntos impactos negativos de los TLC, y en general del comercio internacional, en el campo coinciden con un periodo en el que las importaciones de productos agropecuarios están cayendo. En efecto en el primer semestre de 2013 estas importaciones fueron inferiores en 6.5% a las del primer semestre de 2012, al pasar de 5.0 a 4.6 millones de toneladas.
Pero como las provenientes de Estados Unidos crecieron 94.8% en el mismo periodo, concluyen que nos están inundando. Aparentemente tienen razón quienes eso deducen; pero la realidad es que las importaciones de productos agropecuarios desde ese país cayeron de 1.2 millones a 499 mil toneladas entre el primer semestre de 2011 y el primero de 2012, porque la demora en la vigencia del TLC repercutió en el desplazamiento por parte de otros países con los que ya teníamos acuerdo comercial vigente. El primer semestre de 2013 muestra la recuperación parcial del terreno perdido, al llegar a un monto de 971 mil toneladas.
Un examen detallado de los productos importados desde ese país indica que la variación absoluta anual en el primer semestre fue de 473 mil toneladas y que ella es explicada casi totalmente por cinco productos: tortas de soya, trigo, frijol soya, aceite de soya y lácteos. En todos estos casos las importaciones totales de Colombia registraron variaciones negativas.
En síntesis, toca que los críticos de los TLC busquen otros argumentos; mientras tanto, hay que descontaminar la discusión para llegar a las causas objetivas de la situación del campo y de ahí a las mejores soluciones.
Variación absoluta de las importaciones de productos agropecuarios desde EEUU y el mundo entre el primer semestre de 2012 y el primer semestre de 2013 (miles de toneladas)
Fuente: Dane; cálculos del autor
Achacar al TLC con EEUU, y en general a los acuerdos comerciales, la responsabilidad en la situación del campo que llevó al paro, produce risa y tristeza simultáneamente.
Risa por el oso que hacen quienes, con fines oportunistas, no dudan en repetir cuanto eslogan de crítica van escuchando, sin hacer el menor esfuerzo por verificar los argumentos que lo sustentan. Tristeza, porque reflejan su escasa reflexión sobre los problemas del país; echar culpas por el simple hecho de no compartir la política comercial, desorienta a la ciudadanía, no contribuye a mejorar los diagnósticos y sataniza los instrumentos de política.
El burgomaestre Petro en su tweeter se declara profeta: “Le dije a Uribe que no firmara TLC con EEUU porque iba a destruir el campo de los campesinos”.
El senador Robledo con su palmario pesimismo sentencia: “a punta de TLC aumentan las importaciones y disminuyen las exportaciones, arruinan a los productores y concentran aún más la propiedad de la tierra, a costa del campesinado y de los empresarios pequeños y medianos”.
Y Daniel Samper pretende darle un golpe de gracia al TLC con Estados Unidos, con cifras que no se toma la molestia de poner en contexto: “en el primer año del TLC se dispararon las importaciones agrícolas: la soya subió 467 por ciento, los lácteos, 214, la carne de cerdo, 66, el trigo, 15…”.
Para Estados Unidos el de Colombia no es el primer TLC que firma; además del nuestro tiene vigentes otros 20. La evidencia empírica muestra que en ningún caso ni el campo ni los campesinos se han arruinado; en todos los países el valor agregado agropecuario siguió creciendo; igual pasó con la productividad en el agro; y la balanza comercial agropecuaria ha mantenido su signo y en varios países ha crecido el superávit.
Aun cuando en nuestro medio hay analistas que han hecho eco de supuestas tragedias, como la quiebra de los ganaderos de México, nunca ha aparecido la fuente de tal información.
Como uno de los objetivos de los acuerdos comerciales es crecer el comercio, es normal que aumenten tanto las exportaciones como las importaciones. Estas últimas no tienen que repercutir en la estabilidad de la producción nacional, salvo en los casos teóricos de sustitución de la producción ineficiente de un país por la más eficiente del otro; en tal situación es evidente que habrá una mejora del bienestar de la población, que tendrá acceso a productos de mejor calidad por menor precio.
Pero no es eso lo que está ocurriendo actualmente con las importaciones agropecuarias del país, lo que desvirtúa el argumento de los críticos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha mostrado que las importaciones de leche en 2012 representan el 3% de la producción nacional y equivalen a 10 días de consumo; y las importaciones de papa en ese año son menos del 1% de la producción y 2.4 días de producción. ¿Estas cifras ponen en riesgo la producción nacional? Dudoso.
Los críticos no han caído en cuenta que sus opiniones sobre los presuntos impactos negativos de los TLC, y en general del comercio internacional, en el campo coinciden con un periodo en el que las importaciones de productos agropecuarios están cayendo. En efecto en el primer semestre de 2013 estas importaciones fueron inferiores en 6.5% a las del primer semestre de 2012, al pasar de 5.0 a 4.6 millones de toneladas.
Pero como las provenientes de Estados Unidos crecieron 94.8% en el mismo periodo, concluyen que nos están inundando. Aparentemente tienen razón quienes eso deducen; pero la realidad es que las importaciones de productos agropecuarios desde ese país cayeron de 1.2 millones a 499 mil toneladas entre el primer semestre de 2011 y el primero de 2012, porque la demora en la vigencia del TLC repercutió en el desplazamiento por parte de otros países con los que ya teníamos acuerdo comercial vigente. El primer semestre de 2013 muestra la recuperación parcial del terreno perdido, al llegar a un monto de 971 mil toneladas.
Un examen detallado de los productos importados desde ese país indica que la variación absoluta anual en el primer semestre fue de 473 mil toneladas y que ella es explicada casi totalmente por cinco productos: tortas de soya, trigo, frijol soya, aceite de soya y lácteos. En todos estos casos las importaciones totales de Colombia registraron variaciones negativas.
En síntesis, toca que los críticos de los TLC busquen otros argumentos; mientras tanto, hay que descontaminar la discusión para llegar a las causas objetivas de la situación del campo y de ahí a las mejores soluciones.
Variación absoluta de las importaciones de productos agropecuarios desde EEUU y el mundo entre el primer semestre de 2012 y el primer semestre de 2013 (miles de toneladas)
Fuente: Dane; cálculos del autor
Alimentos: ¿Oportunidades o Apocalipsis?
Publicado en Ámbito Jurídico, Vol. XVI, No. 374, 22 de julio al 4 de agosto de 2013
Algunas sombrías voces pretenden imponer en la opinión pública ideas apocalípticas sobre las perspectivas de la agricultura colombiana con los acuerdos comerciales que están entrando en vigencia.
Al calor de las situaciones recientes en que los cultivadores de algunos productos han realizado movilizaciones de protesta por la reducción de sus ingresos reales –generados por factores de la coyuntura internacional o por problemas específicos de la producción, como plagas, o alteraciones climáticas–, aparecen oportunistas que tratan de aplicar el famoso adagio: “en río revuelto ganancia de pescadores”.
Esas visiones generan actitudes derrotistas que eventualmente originarían casos de profecías autorrealizadas; pueden por ejemplo, inducir a los empresarios de un sector del agro a desistir de su actividad, en lugar de perseverar y buscar la forma de superar los cuellos de botella que los afectan. Con ello, el país desperdiciaría las oportunidades que tiene no solo por su dotación natural sino por la situación proyectada a nivel mundial para los productos del agro y especialmente para los alimentos.
En el tema de alimentos en el mundo el punto de partida ya es complejo: en siete de los últimos ocho años creció más el consumo que la oferta, y el crecimiento de los rendimientos se viene desacelerando.
La creciente demanda de alimentos no solo proviene de las economías más pobres que no tienen una producción suficiente. También hay economías desarrolladas y emergentes de rápido crecimiento, que registran déficits cada vez mayores en estos productos. China, por ejemplo, importa alrededor de 95 millones de toneladas de alimentos por año; Japón, 42 millones; Alemania, 33 millones; Corea del Sur, 24 millones; Italia, 25 millones; Egipto, 23 millones; y Rusia, cerca de 15 millones. Para las próximas décadas es posible que esa brecha tienda a ampliarse, por la sostenida dinámica de la demanda y la incierta capacidad de reacción de la oferta. La mayor fuente de demanda provendrá del crecimiento de la población y del crecimiento de las clases medias, a medida que se reduce la pobreza en las economías en desarrollo.
Homi Kharas en un estudio para la OECD (“The emerging middle class in developing countries”) estima que las clases medias en el mundo se incrementarán en más de 3.000 millones de personas entre 2009 y 2030. Este crecimiento repercutirá en una mayor demanda de alimentos, toda vez que la población que sale de la pobreza destina un porcentaje alto de sus ingresos a mejorar la dieta alimenticia.
Según la FAO, para el 2050, mientras la población mundial se incrementará en 34% con relación a la de hoy, la producción de alimentos tendrá que aumentar en un 70%, lo que plantea un reto para la agricultura.
La respuesta de la oferta está en función de mejorar los rendimientos, aumentar la frontera agrícola y contar con buena disponibilidad de agua. Con relación al primero, como ya se enunció, su variación viene siendo cada vez menor, lo cual solo puede ser revertido mediante innovaciones tecnológicas.
Sobre el segundo, estima la FAO que las economías en desarrollo deben crecer en 120 millones de hectáreas las tierras en cultivo y que el 50% de ellas están en siete países: Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Democrática del Congo y Sudán.
En el caso de Colombia, es conocido que hay disponibilidad de tierras con vocación agrícola y agroforestal, para duplicar las 4 millones de hectáreas que actualmente están en cultivos y las 10 millones en agroforestal. Esto requiere como complemento la reducción de áreas en ganadería extensiva y su mejora tecnológica para reducir costos, mejorar eficiencia y crecer la oferta.
En agua, el mundo afronta una creciente escasez en varias regiones, bien sea por problemas climáticos o por efectos de la destrucción de páramos, la deforestación y la contaminación de fuentes, lo que restringe la expansión de la producción de alimentos, especialmente mediante sistemas de riego. Según la FAO, “hoy, más de 1.200 millones de personas viven en regiones con escasez de agua y para 2025 serán más de 3.000 millones”.
Según este organismo, los recursos totales de agua en el mundo ascienden a 47.750 km3/año, y la región con mayores recursos es Latinoamérica, con el 30.1%. Colombia se clasifica como el séptimo país del globo en riqueza hídrica.
En este contexto, son claras las potencialidades de aprovechamiento que surgen para Colombia, especialmente en aquellos mercados en los que tiene acceso preferencial permanente. Con un uso adecuado de los recursos, el énfasis en la superación de los problemas sanitarios, la destinación de más recursos a investigación y desarrollo, la superación de los problemas de acopio y distribución, y la incorporación de más valor agregado a los productos, los empresarios del campo, en vez de declararse derrotados, tienen la oportunidad de salir beneficiados, y, con ellos, el país.
Algunas sombrías voces pretenden imponer en la opinión pública ideas apocalípticas sobre las perspectivas de la agricultura colombiana con los acuerdos comerciales que están entrando en vigencia.
Al calor de las situaciones recientes en que los cultivadores de algunos productos han realizado movilizaciones de protesta por la reducción de sus ingresos reales –generados por factores de la coyuntura internacional o por problemas específicos de la producción, como plagas, o alteraciones climáticas–, aparecen oportunistas que tratan de aplicar el famoso adagio: “en río revuelto ganancia de pescadores”.
Esas visiones generan actitudes derrotistas que eventualmente originarían casos de profecías autorrealizadas; pueden por ejemplo, inducir a los empresarios de un sector del agro a desistir de su actividad, en lugar de perseverar y buscar la forma de superar los cuellos de botella que los afectan. Con ello, el país desperdiciaría las oportunidades que tiene no solo por su dotación natural sino por la situación proyectada a nivel mundial para los productos del agro y especialmente para los alimentos.
En el tema de alimentos en el mundo el punto de partida ya es complejo: en siete de los últimos ocho años creció más el consumo que la oferta, y el crecimiento de los rendimientos se viene desacelerando.
La creciente demanda de alimentos no solo proviene de las economías más pobres que no tienen una producción suficiente. También hay economías desarrolladas y emergentes de rápido crecimiento, que registran déficits cada vez mayores en estos productos. China, por ejemplo, importa alrededor de 95 millones de toneladas de alimentos por año; Japón, 42 millones; Alemania, 33 millones; Corea del Sur, 24 millones; Italia, 25 millones; Egipto, 23 millones; y Rusia, cerca de 15 millones. Para las próximas décadas es posible que esa brecha tienda a ampliarse, por la sostenida dinámica de la demanda y la incierta capacidad de reacción de la oferta. La mayor fuente de demanda provendrá del crecimiento de la población y del crecimiento de las clases medias, a medida que se reduce la pobreza en las economías en desarrollo.
Homi Kharas en un estudio para la OECD (“The emerging middle class in developing countries”) estima que las clases medias en el mundo se incrementarán en más de 3.000 millones de personas entre 2009 y 2030. Este crecimiento repercutirá en una mayor demanda de alimentos, toda vez que la población que sale de la pobreza destina un porcentaje alto de sus ingresos a mejorar la dieta alimenticia.
Según la FAO, para el 2050, mientras la población mundial se incrementará en 34% con relación a la de hoy, la producción de alimentos tendrá que aumentar en un 70%, lo que plantea un reto para la agricultura.
La respuesta de la oferta está en función de mejorar los rendimientos, aumentar la frontera agrícola y contar con buena disponibilidad de agua. Con relación al primero, como ya se enunció, su variación viene siendo cada vez menor, lo cual solo puede ser revertido mediante innovaciones tecnológicas.
Sobre el segundo, estima la FAO que las economías en desarrollo deben crecer en 120 millones de hectáreas las tierras en cultivo y que el 50% de ellas están en siete países: Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Democrática del Congo y Sudán.
En el caso de Colombia, es conocido que hay disponibilidad de tierras con vocación agrícola y agroforestal, para duplicar las 4 millones de hectáreas que actualmente están en cultivos y las 10 millones en agroforestal. Esto requiere como complemento la reducción de áreas en ganadería extensiva y su mejora tecnológica para reducir costos, mejorar eficiencia y crecer la oferta.
En agua, el mundo afronta una creciente escasez en varias regiones, bien sea por problemas climáticos o por efectos de la destrucción de páramos, la deforestación y la contaminación de fuentes, lo que restringe la expansión de la producción de alimentos, especialmente mediante sistemas de riego. Según la FAO, “hoy, más de 1.200 millones de personas viven en regiones con escasez de agua y para 2025 serán más de 3.000 millones”.
Según este organismo, los recursos totales de agua en el mundo ascienden a 47.750 km3/año, y la región con mayores recursos es Latinoamérica, con el 30.1%. Colombia se clasifica como el séptimo país del globo en riqueza hídrica.
En este contexto, son claras las potencialidades de aprovechamiento que surgen para Colombia, especialmente en aquellos mercados en los que tiene acceso preferencial permanente. Con un uso adecuado de los recursos, el énfasis en la superación de los problemas sanitarios, la destinación de más recursos a investigación y desarrollo, la superación de los problemas de acopio y distribución, y la incorporación de más valor agregado a los productos, los empresarios del campo, en vez de declararse derrotados, tienen la oportunidad de salir beneficiados, y, con ellos, el país.
Aritmética y diversificación de exportaciones
Publicado en Portafolio el 23 de julio de 2013
Por increíble que parezca, numerosas personas con formación profesional, incluidos algunos analistas económicos, se comieron el cuento de que la concentración de las exportaciones colombianas en los productos mineros es una manifestación más de la desindustrialización del país. Creen que ya no tenemos para exportar sino petróleo y carbón, lo que les demuestra que la industria se está acabando.
Vaya y venga que un ciudadano del común concluya eso cuando le dicen que las exportaciones mineras eran el 46% de las exportaciones totales de Colombia en el 2000 y que en el 2012 fueron el 73%; y que, además, las industriales bajaron su participación del 30% al 16%. Pero no es tan razonable que personas con educación superior y algo de lógica traguen entero.
Lamentablemente esa visión errada ha hecho carrera y al que miran como ‘bicho raro’ es al que disiente de esa forma de ver las cosas. A riesgo de entrar en ese colectivo, trataremos de mostrar otra cara de la moneda.
Partamos de un ejemplo hipotético. La empresa Compu-Orange produce dos productos: naranjas y computadores. Inicialmente el 80% de sus ventas se concentra en el segundo producto. Pero las naranjas se ponen de moda intempestivamente, porque así son las modas. Como esa producción no responde automáticamente a los cambios en la demanda, el precio de las naranjas comienza a subir. Y sube hasta tal punto que las naranjas representan ahora el 70% de las ventas de la empresa, aun cuando el volumen de producción de los computadores no cambió.
¿Podemos concluir que la empresa está abandonando la actividad de los computadores y se está ‘primarizando’? La respuesta es claramente negativa. Hay un fenómeno particular de precios que modificó la composición de las ventas, y nada más.
Veamos ahora el caso de Colombia, comparando los años 2000 y 2012, pero teniendo en cuenta que, a diferencia de Compu-Orange, las cantidades también cambian. Entre esos dos años las exportaciones mineras crecieron en volumen dos veces, mientras que los precios implícitos crecieron 3.6 veces. Así, la diferencia entre las exportaciones de 2000 y las de 2012 se explica en un 28% por aumento en el volumen y en 72% por aumento en los precios.
En ese mismo periodo, las exportaciones industriales (sin agroindustria, porque recogen el impacto de los precios internacionales de los productos básicos) crecieron el volumen 1.7 veces y el precio implícito 1.4 veces. En este caso, los precios explican el 28% del aumento entre los dos años, y el volumen el 72% (lo contrario de lo observado con la minería).
Cabe preguntarse qué hubiera pasado con la composición de las exportaciones si los precios de los mineros se hubieran mantenido constantes en los niveles de 2000; en este caso su participación en las exportaciones totales sería del 43% en 2012, es decir, tres puntos menos. Si mantenemos las industriales con el comportamiento observado, representarían actualmente el 34% del total, es decir, habrían ganado cuatro puntos.
Por lo tanto, no hay tal cuento de la ‘reprimarización’ de la economía o que la composición de las exportaciones es una demostración de la presunta desindustrialización. Los defensores de esas exóticas ideas deberían explicar por qué se mantiene la tendencia ascendente en el volumen exportado si, según ellos, la producción industrial se está deteriorando.
Para la economía colombiana podría plantearse un dilema, por absurdo que parezca: ¿Debería Colombia dejar de exportar petróleo, carbón y los demás mineros, para no ser calificados por los analistas nacionales y extranjeros de ‘primario dependientes’? ¿O aprovechar el auge sin descuidar la producción y las exportaciones de los demás transables?
Desde luego, nadie desconoce los riesgos que implica un auge minero-energético para el resto de la producción transable de la economía. El gobierno los reconoce y por eso adoptó medidas estructurales, como el ahorro de parte de las regalías y la regla fiscal, o coyunturales, como la reducción del endeudamiento externo.
Y con el propósito de preservar y fortalecer la tendencia de las exportaciones industriales, el gobierno fijó una meta de triplicar al 2021 las exportaciones diferentes de las minero-energéticas. Para lograrla, la política industrial, cuya existencia algunos se niegan a aceptar, tiene enfiladas sus baterías a la producción de valor agregado.
Aquellos que critican el alto peso de las minero-energéticas en el total exportado son los mismos que ahora critican al gobierno porque las exportaciones están cayendo; pero no reconocen que la caída de petróleo y las mineras, en valores y en volumen, explican tal resultado, mientras que las industriales siguen creciendo. Ese empecinamiento, deja poco margen para pensar que aceptarán los argumentos aquí presentados… Pero, ahí están.
Por increíble que parezca, numerosas personas con formación profesional, incluidos algunos analistas económicos, se comieron el cuento de que la concentración de las exportaciones colombianas en los productos mineros es una manifestación más de la desindustrialización del país. Creen que ya no tenemos para exportar sino petróleo y carbón, lo que les demuestra que la industria se está acabando.
Vaya y venga que un ciudadano del común concluya eso cuando le dicen que las exportaciones mineras eran el 46% de las exportaciones totales de Colombia en el 2000 y que en el 2012 fueron el 73%; y que, además, las industriales bajaron su participación del 30% al 16%. Pero no es tan razonable que personas con educación superior y algo de lógica traguen entero.
Lamentablemente esa visión errada ha hecho carrera y al que miran como ‘bicho raro’ es al que disiente de esa forma de ver las cosas. A riesgo de entrar en ese colectivo, trataremos de mostrar otra cara de la moneda.
Partamos de un ejemplo hipotético. La empresa Compu-Orange produce dos productos: naranjas y computadores. Inicialmente el 80% de sus ventas se concentra en el segundo producto. Pero las naranjas se ponen de moda intempestivamente, porque así son las modas. Como esa producción no responde automáticamente a los cambios en la demanda, el precio de las naranjas comienza a subir. Y sube hasta tal punto que las naranjas representan ahora el 70% de las ventas de la empresa, aun cuando el volumen de producción de los computadores no cambió.
¿Podemos concluir que la empresa está abandonando la actividad de los computadores y se está ‘primarizando’? La respuesta es claramente negativa. Hay un fenómeno particular de precios que modificó la composición de las ventas, y nada más.
Veamos ahora el caso de Colombia, comparando los años 2000 y 2012, pero teniendo en cuenta que, a diferencia de Compu-Orange, las cantidades también cambian. Entre esos dos años las exportaciones mineras crecieron en volumen dos veces, mientras que los precios implícitos crecieron 3.6 veces. Así, la diferencia entre las exportaciones de 2000 y las de 2012 se explica en un 28% por aumento en el volumen y en 72% por aumento en los precios.
En ese mismo periodo, las exportaciones industriales (sin agroindustria, porque recogen el impacto de los precios internacionales de los productos básicos) crecieron el volumen 1.7 veces y el precio implícito 1.4 veces. En este caso, los precios explican el 28% del aumento entre los dos años, y el volumen el 72% (lo contrario de lo observado con la minería).
Cabe preguntarse qué hubiera pasado con la composición de las exportaciones si los precios de los mineros se hubieran mantenido constantes en los niveles de 2000; en este caso su participación en las exportaciones totales sería del 43% en 2012, es decir, tres puntos menos. Si mantenemos las industriales con el comportamiento observado, representarían actualmente el 34% del total, es decir, habrían ganado cuatro puntos.
Por lo tanto, no hay tal cuento de la ‘reprimarización’ de la economía o que la composición de las exportaciones es una demostración de la presunta desindustrialización. Los defensores de esas exóticas ideas deberían explicar por qué se mantiene la tendencia ascendente en el volumen exportado si, según ellos, la producción industrial se está deteriorando.
Para la economía colombiana podría plantearse un dilema, por absurdo que parezca: ¿Debería Colombia dejar de exportar petróleo, carbón y los demás mineros, para no ser calificados por los analistas nacionales y extranjeros de ‘primario dependientes’? ¿O aprovechar el auge sin descuidar la producción y las exportaciones de los demás transables?
Desde luego, nadie desconoce los riesgos que implica un auge minero-energético para el resto de la producción transable de la economía. El gobierno los reconoce y por eso adoptó medidas estructurales, como el ahorro de parte de las regalías y la regla fiscal, o coyunturales, como la reducción del endeudamiento externo.
Y con el propósito de preservar y fortalecer la tendencia de las exportaciones industriales, el gobierno fijó una meta de triplicar al 2021 las exportaciones diferentes de las minero-energéticas. Para lograrla, la política industrial, cuya existencia algunos se niegan a aceptar, tiene enfiladas sus baterías a la producción de valor agregado.
Aquellos que critican el alto peso de las minero-energéticas en el total exportado son los mismos que ahora critican al gobierno porque las exportaciones están cayendo; pero no reconocen que la caída de petróleo y las mineras, en valores y en volumen, explican tal resultado, mientras que las industriales siguen creciendo. Ese empecinamiento, deja poco margen para pensar que aceptarán los argumentos aquí presentados… Pero, ahí están.
Ocampo y la industria
Publicado en Portafolio el 5 de julio de 2013
Sin duda, José Antonio Ocampo es uno de los economistas más sobresalientes del país, como lo resaltó una encuesta reciente de un periódico nacional y lo evidencia su brillante trayectoria profesional. Con esos antecedentes, sus opiniones en escritos, conferencias y entrevistas suelen tener eco en el país y en América Latina, dependiendo de su temática.
Sus más recientes intervenciones no han dejado de sorprender, especialmente por su visión pesimista sobre el país y por la descalificación que hace del manejo de la política económica.
Si bien es cierto que la política económica por su propia naturaleza nunca deja contentos a todos, las divergencias también surgen de las diversas vertientes de pensamiento económico en su concepción; además aparecen cuando el analista cree que su punto de vista es más razonable y más inteligente que el del gobierno; éste último es el síndrome del director técnico de fútbol que todos llevamos dentro.
Sea cual sea su origen, lo cierto es que las afirmaciones de Ocampo en la entrevista dejan clara su discrepancia prácticamente con toda la política económica. En el contexto señalado es “normal” que así sea. Sin embargo, hay algunos aspectos que son muy discutibles y la limitación de espacio solo permite hacer referencia a unos pocos.
El entrevistador sintetizó una de las ideas de Ocampo en los siguientes términos: “Ya van tres trimestres de caídas en el crecimiento de la producción industrial, una recesión indiscutible y el peor episodio de 30 años de desindustrialización”.
Sorprendente que Ocampo, que es un distinguido experto en historia económica de Colombia, caiga en una afirmación tan alegre. Sin pretender hacer un ranking de los peores momentos de la industria, cabe recordar que desde el cuarto trimestre de 1980 y hasta el cuarto trimestre de 1982, la dinámica industrial fue negativa: fueron 9 trimestres continuos registrando caídas anuales. Además, en el primer trimestre de 1983 la industria apenas creció 0.2% anual y luego volvió a caer en los dos trimestres siguientes. Y esto ocurrió con el modelo de economía cerrada que tanto añoran algunos analistas del país y no con el actual, que califican de neoliberal, en el que los TLC supuestamente están acabando con la industria nacional.
También habría que mirar las cifras de la crisis de 1998-1999 y las de la crisis mundial de 2008-2009: 6 y 5 trimestres de caídas consecutivas, respectivamente.
Para comparar la magnitud de estos episodios, resulta útil el cambio del peso relativo de la industria en el PIB, medido como la diferencia entre el indicador en el último trimestre de caída y el anterior al comienzo. Esto indica que el primero repercutió en una pérdida de participación de la industria de 2.2 puntos porcentuales, el segundo en 0.9 puntos y el tercero en 1.4 puntos; por contraste en el más reciente la reducción fue de 0.8 puntos.
Adicionalmente, un análisis de la industria colombiana en el periodo reciente queda cojo si no se mira qué está pasando en el mundo. En lo corrido del presente año, el 62% de los 33 países a los que hace seguimiento el MinCIT en sus informes mensuales de industria (disponibles en la web), registró tasas negativas de crecimiento entre enero y marzo; en abril bajó al 40%. Un comportamiento similar se observó en 2012, cuando países como Brasil tuvieron variaciones negativas todos los meses del año. Independientemente del enfoque de la política industrial implementada esto evidencia que el entorno internacional frenó la industria y en varios países ocasionó recesión.
En ese contexto, lo más probable es que las políticas industriales ayudaron a amortiguar los impactos negativos. Aun así, algunos seguirán insistiendo en que es una prueba de los errores de la política o de su ausencia.
Para finalizar, una breve anotación a una afirmación de Ocampo sobre la revaluación del peso, que “ahora se ha corregido porque la Reserva Federal nos ha ayudado un poquito… Ya que el gobierno y el Banco de la República habían hecho tan poco por corregir la revaluación, le agradezco a la FED que esté haciendo el trabajo por nosotros”. Esta frase es una muestra de su buen humor. Ahora le tenemos que dar gracias a la FED por generar la volatilidad de los mercados financieros del mundo, incluyendo las tasas de cambio que se empezaron a depreciar, por anunciar la intención de frenar el chorro de emisión monetaria a que sometieron al mundo en los años recientes; pero, al tiempo, hay que echarle la culpa al gobierno colombiano y a su autoridad monetaria por no controlar la apreciación del tipo de cambio, que en buena medida es consecuencia directa de esa política monetaria flexible de la FED.
Sin duda, José Antonio Ocampo es uno de los economistas más sobresalientes del país, como lo resaltó una encuesta reciente de un periódico nacional y lo evidencia su brillante trayectoria profesional. Con esos antecedentes, sus opiniones en escritos, conferencias y entrevistas suelen tener eco en el país y en América Latina, dependiendo de su temática.
Sus más recientes intervenciones no han dejado de sorprender, especialmente por su visión pesimista sobre el país y por la descalificación que hace del manejo de la política económica.
Si bien es cierto que la política económica por su propia naturaleza nunca deja contentos a todos, las divergencias también surgen de las diversas vertientes de pensamiento económico en su concepción; además aparecen cuando el analista cree que su punto de vista es más razonable y más inteligente que el del gobierno; éste último es el síndrome del director técnico de fútbol que todos llevamos dentro.
Sea cual sea su origen, lo cierto es que las afirmaciones de Ocampo en la entrevista dejan clara su discrepancia prácticamente con toda la política económica. En el contexto señalado es “normal” que así sea. Sin embargo, hay algunos aspectos que son muy discutibles y la limitación de espacio solo permite hacer referencia a unos pocos.
El entrevistador sintetizó una de las ideas de Ocampo en los siguientes términos: “Ya van tres trimestres de caídas en el crecimiento de la producción industrial, una recesión indiscutible y el peor episodio de 30 años de desindustrialización”.
Sorprendente que Ocampo, que es un distinguido experto en historia económica de Colombia, caiga en una afirmación tan alegre. Sin pretender hacer un ranking de los peores momentos de la industria, cabe recordar que desde el cuarto trimestre de 1980 y hasta el cuarto trimestre de 1982, la dinámica industrial fue negativa: fueron 9 trimestres continuos registrando caídas anuales. Además, en el primer trimestre de 1983 la industria apenas creció 0.2% anual y luego volvió a caer en los dos trimestres siguientes. Y esto ocurrió con el modelo de economía cerrada que tanto añoran algunos analistas del país y no con el actual, que califican de neoliberal, en el que los TLC supuestamente están acabando con la industria nacional.
También habría que mirar las cifras de la crisis de 1998-1999 y las de la crisis mundial de 2008-2009: 6 y 5 trimestres de caídas consecutivas, respectivamente.
Para comparar la magnitud de estos episodios, resulta útil el cambio del peso relativo de la industria en el PIB, medido como la diferencia entre el indicador en el último trimestre de caída y el anterior al comienzo. Esto indica que el primero repercutió en una pérdida de participación de la industria de 2.2 puntos porcentuales, el segundo en 0.9 puntos y el tercero en 1.4 puntos; por contraste en el más reciente la reducción fue de 0.8 puntos.
Adicionalmente, un análisis de la industria colombiana en el periodo reciente queda cojo si no se mira qué está pasando en el mundo. En lo corrido del presente año, el 62% de los 33 países a los que hace seguimiento el MinCIT en sus informes mensuales de industria (disponibles en la web), registró tasas negativas de crecimiento entre enero y marzo; en abril bajó al 40%. Un comportamiento similar se observó en 2012, cuando países como Brasil tuvieron variaciones negativas todos los meses del año. Independientemente del enfoque de la política industrial implementada esto evidencia que el entorno internacional frenó la industria y en varios países ocasionó recesión.
En ese contexto, lo más probable es que las políticas industriales ayudaron a amortiguar los impactos negativos. Aun así, algunos seguirán insistiendo en que es una prueba de los errores de la política o de su ausencia.
Para finalizar, una breve anotación a una afirmación de Ocampo sobre la revaluación del peso, que “ahora se ha corregido porque la Reserva Federal nos ha ayudado un poquito… Ya que el gobierno y el Banco de la República habían hecho tan poco por corregir la revaluación, le agradezco a la FED que esté haciendo el trabajo por nosotros”. Esta frase es una muestra de su buen humor. Ahora le tenemos que dar gracias a la FED por generar la volatilidad de los mercados financieros del mundo, incluyendo las tasas de cambio que se empezaron a depreciar, por anunciar la intención de frenar el chorro de emisión monetaria a que sometieron al mundo en los años recientes; pero, al tiempo, hay que echarle la culpa al gobierno colombiano y a su autoridad monetaria por no controlar la apreciación del tipo de cambio, que en buena medida es consecuencia directa de esa política monetaria flexible de la FED.
Alimentos: Utopías y realidades
Publicado en Ámbito Jurídico Año XVI, No. 370 del 27 de mayo al 9 de junio de 2013
En un debate reciente en el Senado de la República sobre “Seguridad alimentaria y el sector lechero”, el senador Robledo defendió su conocida posición sobre la soberanía alimentaria, opuesta al concepto de seguridad alimentaria, conceptualizado por la FAO y adoptado por la mayor parte de países del mundo.
Esa posición es coherente con sus ideas sobre el comercio internacional de alimentos: el país “debe hacer esfuerzos por producir sus propios alimentos”, porque, de no hacerlo, “quedamos sometidos al chantaje extorsivo que nos quiera hacer el país o la trasnacional a la que haya que comprarle la comida”. En cambio, “la visión del libre comercio, del neoliberalismo, es que no importa en qué país del mundo se produzca la comida mientras yo tenga dónde comprarla”.
La realidad del mundo muestra que la soberanía alimentaria es una utopía. Todos los países exportan y/o importan alimentos en mayor o en menor medida porque el comercio internacional permite el acceso a una amplia variedad de alimentos y es un canal para reducir los problemas de hambre en las economías en desarrollo.
Para la muestra un botón. En 2010 China importó 92 millones de toneladas de alimentos: ¡casi cuatro veces la producción agropecuaria total de Colombia! Entre ellas, 57 millones de toneladas de soya, 6 millones de maíz, 6 millones de aceite de palma, 690 mil toneladas de carne de pollo y 355 mil de leche en polvo. Y no solo eso. Pasó de ser una economía superavitaria en alimentos a una con un creciente déficit, que llegó a US$20 mil millones en 2011; puesto que la producción local no es suficiente, mediante el mercado internacional pueden atender la mayor demanda de nutrientes de los millones de los chinos que están saliendo de la pobreza.
China no es el único botón: en 2010 Alemania importó 31 millones de toneladas en alimentos; Italia 24 millones de toneladas; Japón 43 millones; Corea del Sur 24 millones; y Egipto 24 millones.
No se conocen, al menos en la historia contemporánea, situaciones de chantaje como las sugeridas por el Senador. En cambio sí son notables los casos de hambrunas en economías comunistas defensoras de la autarquía y, en la práctica, del concepto de soberanía alimentaria (aun cuando este fue acuñado en 1996): Los tres de la Unión Soviética: en 1921-1922 con más de un millón de muertos, en 1932-1933 con estimativos entre 6 y 8 millones de muertos, y en 1946-1947 con más de 500 mil muertos; el de China a finales de los años cincuenta en la que murieron más de 20 millones de personas; y los dos de Corea del Norte: uno de 1994 a 1998 en el que se estima que murieron entre 500 mil y 3.5 millones de personas y otro que ocurre actualmente y se desconoce el número de víctimas.
Estas hambrunas ponen en evidencia que la soberanía alimentaria, que el Senador Robledo considera una garantía de abastecimiento de alimentos, no está exenta de riesgos frente a los desastres naturales o a las decisiones erradas de las autoridades económicas o a las veleidades y vanidades políticas de quienes detentan el poder de forma despótica, y prefieren dejar morir de hambre a sus compatriotas antes que reconocer con humildad que tienen un problema de abastecimiento de alimentos y que necesitan del resto del mundo.
Tal vez por las claras lecciones de esos episodios, los propulsores de la soberanía alimentaria reconocieron, en una cumbre en La Habana en 2001, que ese concepto no significa aislamiento de las corrientes del comercio internacional. En la Declaración Final del Foro sobre Soberanía Alimentaria concluyen: “…La soberanía alimentaria no significa autarquía, autosuficiencia plena o la desaparición del comercio agroalimentario y pesquero internacional”.
En el caso de Colombia, nadie es tan miope para pensar en dedicarse exclusivamente a la exportación de petróleo y carbón, e importar todos los alimentos necesarios. Con la dotación de recursos que tiene el país, lo absurdo es no capitalizar su potencial de producción agropecuaria, en particular cuando hay una creciente demanda de alimentos en numerosos países desarrollados y subdesarrollados. Es crucial fortalecer el trabajo del gobierno y el sector privado para mejorar la productividad y superar los cuellos de botella de infraestructura y sanitarios que aquejan nuestra producción; lo que no podemos es quedarnos en los lamentos por las “barreras sanitarias” o soñar con el relajamiento de los estándares de los demás países para poderles exportar.
Pero tampoco tenemos que producir todos los alimentos. Desde hace décadas (o siglos), está comprobado, por ejemplo, que Colombia no es eficiente en la producción de productos como el trigo y la cebada. Insistir en su producción no deja de ser otra utopía, conducente a una mala asignación de los recursos.
En un debate reciente en el Senado de la República sobre “Seguridad alimentaria y el sector lechero”, el senador Robledo defendió su conocida posición sobre la soberanía alimentaria, opuesta al concepto de seguridad alimentaria, conceptualizado por la FAO y adoptado por la mayor parte de países del mundo.
Esa posición es coherente con sus ideas sobre el comercio internacional de alimentos: el país “debe hacer esfuerzos por producir sus propios alimentos”, porque, de no hacerlo, “quedamos sometidos al chantaje extorsivo que nos quiera hacer el país o la trasnacional a la que haya que comprarle la comida”. En cambio, “la visión del libre comercio, del neoliberalismo, es que no importa en qué país del mundo se produzca la comida mientras yo tenga dónde comprarla”.
La realidad del mundo muestra que la soberanía alimentaria es una utopía. Todos los países exportan y/o importan alimentos en mayor o en menor medida porque el comercio internacional permite el acceso a una amplia variedad de alimentos y es un canal para reducir los problemas de hambre en las economías en desarrollo.
Para la muestra un botón. En 2010 China importó 92 millones de toneladas de alimentos: ¡casi cuatro veces la producción agropecuaria total de Colombia! Entre ellas, 57 millones de toneladas de soya, 6 millones de maíz, 6 millones de aceite de palma, 690 mil toneladas de carne de pollo y 355 mil de leche en polvo. Y no solo eso. Pasó de ser una economía superavitaria en alimentos a una con un creciente déficit, que llegó a US$20 mil millones en 2011; puesto que la producción local no es suficiente, mediante el mercado internacional pueden atender la mayor demanda de nutrientes de los millones de los chinos que están saliendo de la pobreza.
China no es el único botón: en 2010 Alemania importó 31 millones de toneladas en alimentos; Italia 24 millones de toneladas; Japón 43 millones; Corea del Sur 24 millones; y Egipto 24 millones.
No se conocen, al menos en la historia contemporánea, situaciones de chantaje como las sugeridas por el Senador. En cambio sí son notables los casos de hambrunas en economías comunistas defensoras de la autarquía y, en la práctica, del concepto de soberanía alimentaria (aun cuando este fue acuñado en 1996): Los tres de la Unión Soviética: en 1921-1922 con más de un millón de muertos, en 1932-1933 con estimativos entre 6 y 8 millones de muertos, y en 1946-1947 con más de 500 mil muertos; el de China a finales de los años cincuenta en la que murieron más de 20 millones de personas; y los dos de Corea del Norte: uno de 1994 a 1998 en el que se estima que murieron entre 500 mil y 3.5 millones de personas y otro que ocurre actualmente y se desconoce el número de víctimas.
Estas hambrunas ponen en evidencia que la soberanía alimentaria, que el Senador Robledo considera una garantía de abastecimiento de alimentos, no está exenta de riesgos frente a los desastres naturales o a las decisiones erradas de las autoridades económicas o a las veleidades y vanidades políticas de quienes detentan el poder de forma despótica, y prefieren dejar morir de hambre a sus compatriotas antes que reconocer con humildad que tienen un problema de abastecimiento de alimentos y que necesitan del resto del mundo.
Tal vez por las claras lecciones de esos episodios, los propulsores de la soberanía alimentaria reconocieron, en una cumbre en La Habana en 2001, que ese concepto no significa aislamiento de las corrientes del comercio internacional. En la Declaración Final del Foro sobre Soberanía Alimentaria concluyen: “…La soberanía alimentaria no significa autarquía, autosuficiencia plena o la desaparición del comercio agroalimentario y pesquero internacional”.
En el caso de Colombia, nadie es tan miope para pensar en dedicarse exclusivamente a la exportación de petróleo y carbón, e importar todos los alimentos necesarios. Con la dotación de recursos que tiene el país, lo absurdo es no capitalizar su potencial de producción agropecuaria, en particular cuando hay una creciente demanda de alimentos en numerosos países desarrollados y subdesarrollados. Es crucial fortalecer el trabajo del gobierno y el sector privado para mejorar la productividad y superar los cuellos de botella de infraestructura y sanitarios que aquejan nuestra producción; lo que no podemos es quedarnos en los lamentos por las “barreras sanitarias” o soñar con el relajamiento de los estándares de los demás países para poderles exportar.
Pero tampoco tenemos que producir todos los alimentos. Desde hace décadas (o siglos), está comprobado, por ejemplo, que Colombia no es eficiente en la producción de productos como el trigo y la cebada. Insistir en su producción no deja de ser otra utopía, conducente a una mala asignación de los recursos.
Los pollos y el teléfono roto
Publicado en Ámbito Jurídico, Año XVI, No. 366, 25 de marzo al 14 de abril de 2013
Dicen que a un consagrado escritor –posiblemente Ítalo Calvino, Jorge Luis Borges o Ernst Hemingway– le preguntaron qué son los autores clásicos; su respuesta fue: “los clásicos son unos escritores muy famosos de los que todo el mundo habla pero nadie lee”.
Algo similar está ocurriendo con los TLC en Colombia. No hay día en que no se mencionen en los diarios, la radio y la televisión, las revistas de diversa índole, las conversaciones informales y muchos foros gremiales y académicos. Un amplio porcentaje de los colombianos nos formamos ideas y opiniones sobre los tratados comerciales a partir de estas fuentes.
Pero cuando en la mayoría de ellas se pregunta quién ha leído un TLC, generalmente se producen “silencios embarazosos”. Si eso es así, surge el interrogante sobre cómo formamos nuestras opiniones sobre los tratados comerciales y qué tan bien sustentadas están.
Pareciera que las formamos bajo el supuesto de que quienes hacen las afirmaciones en las diversas fuentes han leído y analizado juiciosamente los tratados. Pero si no lo han hecho, como en muchas ocasiones es evidente, estaremos cayendo en la práctica del teléfono roto, aquel juego infantil en el que se empieza a transmitir un mensaje oral de una persona a otra y al final de la cadena se comprueba que se ha distorsionado, por sencillo que sea.
El problema es que ese teléfono roto, aplicado a temas como los TLC es muy perjudicial. Hace que los ciudadanos se creen falsas ideas tanto sobre las bondades como sobre los riesgos que ellos implican. Lo grave es que parte de esa cadena del teléfono roto la integran formadores de opinión con gran influencia en numerosos lectores.
En un caso reciente, Daniel Samper Pizano, prestigioso columnista, hacía un contraste entre la vieja expresión popular “quién pidió pollo” –con la cual se sentenciaba décadas atrás que era un plato de las élites–, y la realidad actual en la que la carne de pollo está al alcance de la mayor parte de los colombianos. Luego, en dos párrafos se despachó contra el TLC de Colombia con EE.UU.
El autor usa la reminiscencia de la mencionada expresión popular para afirmar que ella volverá a ser vigente porque el TLC presuntamente acabará con la avicultura colombiana. ¿Cómo lo demuestra? Da la cifra de importaciones de “gallinas jubiladas” en enero de 2013 (22.672 kilos) y cita de otro artículo de prensa el monto esperado de las importaciones de cuartos traseros para este año: “2.06 millones de kilogramos”; con esos elementos saca su tajante conclusión: “Nos aguarda una avalancha”.
El columnista incurre en el error de retransmitir un mensaje que ya fue mal emitido por el medio del cual tomó el dato. El contingente o cupo de importaciones de cuartos traseros este año no es “2.06 millones de kilos”, sino 28.1 millones; y si con la primera cifra vaticinó una avalancha, ¿qué apocalíptica conclusión habría sacado con la segunda, que es la del texto del TLC?
Afirmar, ´sin ton ni son´, que por “culpa” del TLC las importaciones de cuartos traseros de pollo desde EE.UU. serán de 28.1 millones de kilos, puede generar temor. Pero si se indica que ese volumen equivale al 2.5% de la producción anual de pollo en Colombia, la interpretación es otra.
Una información balanceada sobre la negociación del pollo en este TLC debería indicar como mínimo: 1. Que el arancel aplicado para las importaciones por fuera del contingente es de 164.4% para los cuartos traseros refrigerados y 70.0% para los condimentados. 2. Que esos aranceles se mantienen iguales para los primeros 5 años en el caso de los refrigerados y de 10 años en el caso de los condimentados; solo después de esos plazos comienza su reducción. 3. Que el plazo total para eliminar los aranceles es de 18 años. 4. Que los contingentes de importación de cada año se negociaron de forma que no pongan en riesgo la producción nacional durante el periodo de desgravación; aun suponiendo que la producción no crezca, en el año 17, las 50.645 toneladas asignadas representarían menos del 5% de la producción nacional. Hay varios elementos adicionales, pero estos serían suficientes para brindar al lector una información de mayor calidad.
Quienes se proclaman como voceros, generadores de opinión, analistas, docentes y conferencistas tienen una seria responsabilidad. En el caso que nos ocupa, tienen la obligación de acudir a las fuentes primarias (es decir, los textos oficiales de los TLC), a las secundarias con alta credibilidad técnica, y sopesar las posiciones antagónicas; así, sus opiniones contribuirán realmente con rigurosos argumentos a cuestionar o a elogiar las decisiones económicas de trascendencia nacional y a orientar a la ciudadanía. En caso contrario, seguirán jugando al teléfono roto.
Dicen que a un consagrado escritor –posiblemente Ítalo Calvino, Jorge Luis Borges o Ernst Hemingway– le preguntaron qué son los autores clásicos; su respuesta fue: “los clásicos son unos escritores muy famosos de los que todo el mundo habla pero nadie lee”.
Algo similar está ocurriendo con los TLC en Colombia. No hay día en que no se mencionen en los diarios, la radio y la televisión, las revistas de diversa índole, las conversaciones informales y muchos foros gremiales y académicos. Un amplio porcentaje de los colombianos nos formamos ideas y opiniones sobre los tratados comerciales a partir de estas fuentes.
Pero cuando en la mayoría de ellas se pregunta quién ha leído un TLC, generalmente se producen “silencios embarazosos”. Si eso es así, surge el interrogante sobre cómo formamos nuestras opiniones sobre los tratados comerciales y qué tan bien sustentadas están.
Pareciera que las formamos bajo el supuesto de que quienes hacen las afirmaciones en las diversas fuentes han leído y analizado juiciosamente los tratados. Pero si no lo han hecho, como en muchas ocasiones es evidente, estaremos cayendo en la práctica del teléfono roto, aquel juego infantil en el que se empieza a transmitir un mensaje oral de una persona a otra y al final de la cadena se comprueba que se ha distorsionado, por sencillo que sea.
El problema es que ese teléfono roto, aplicado a temas como los TLC es muy perjudicial. Hace que los ciudadanos se creen falsas ideas tanto sobre las bondades como sobre los riesgos que ellos implican. Lo grave es que parte de esa cadena del teléfono roto la integran formadores de opinión con gran influencia en numerosos lectores.
En un caso reciente, Daniel Samper Pizano, prestigioso columnista, hacía un contraste entre la vieja expresión popular “quién pidió pollo” –con la cual se sentenciaba décadas atrás que era un plato de las élites–, y la realidad actual en la que la carne de pollo está al alcance de la mayor parte de los colombianos. Luego, en dos párrafos se despachó contra el TLC de Colombia con EE.UU.
El autor usa la reminiscencia de la mencionada expresión popular para afirmar que ella volverá a ser vigente porque el TLC presuntamente acabará con la avicultura colombiana. ¿Cómo lo demuestra? Da la cifra de importaciones de “gallinas jubiladas” en enero de 2013 (22.672 kilos) y cita de otro artículo de prensa el monto esperado de las importaciones de cuartos traseros para este año: “2.06 millones de kilogramos”; con esos elementos saca su tajante conclusión: “Nos aguarda una avalancha”.
El columnista incurre en el error de retransmitir un mensaje que ya fue mal emitido por el medio del cual tomó el dato. El contingente o cupo de importaciones de cuartos traseros este año no es “2.06 millones de kilos”, sino 28.1 millones; y si con la primera cifra vaticinó una avalancha, ¿qué apocalíptica conclusión habría sacado con la segunda, que es la del texto del TLC?
Afirmar, ´sin ton ni son´, que por “culpa” del TLC las importaciones de cuartos traseros de pollo desde EE.UU. serán de 28.1 millones de kilos, puede generar temor. Pero si se indica que ese volumen equivale al 2.5% de la producción anual de pollo en Colombia, la interpretación es otra.
Una información balanceada sobre la negociación del pollo en este TLC debería indicar como mínimo: 1. Que el arancel aplicado para las importaciones por fuera del contingente es de 164.4% para los cuartos traseros refrigerados y 70.0% para los condimentados. 2. Que esos aranceles se mantienen iguales para los primeros 5 años en el caso de los refrigerados y de 10 años en el caso de los condimentados; solo después de esos plazos comienza su reducción. 3. Que el plazo total para eliminar los aranceles es de 18 años. 4. Que los contingentes de importación de cada año se negociaron de forma que no pongan en riesgo la producción nacional durante el periodo de desgravación; aun suponiendo que la producción no crezca, en el año 17, las 50.645 toneladas asignadas representarían menos del 5% de la producción nacional. Hay varios elementos adicionales, pero estos serían suficientes para brindar al lector una información de mayor calidad.
Quienes se proclaman como voceros, generadores de opinión, analistas, docentes y conferencistas tienen una seria responsabilidad. En el caso que nos ocupa, tienen la obligación de acudir a las fuentes primarias (es decir, los textos oficiales de los TLC), a las secundarias con alta credibilidad técnica, y sopesar las posiciones antagónicas; así, sus opiniones contribuirán realmente con rigurosos argumentos a cuestionar o a elogiar las decisiones económicas de trascendencia nacional y a orientar a la ciudadanía. En caso contrario, seguirán jugando al teléfono roto.
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