Colombia sin política industrial

Publicado en el diario La República el 31 de marzo de 2011

Eso opina un analista. Otro dice que hace marras que no se hablaba de política industrial (PI) en Colombia hasta que una exministra puso el tema en la palestra. Y otros ponderan a la exministra por retar al gobierno a perderle el miedo a la PI.

La realidad es que la PI se aplica en todas las economías, y Colombia no es la excepción. Una investigación titulada “Industrial Policies in Colombia”, realizada por el exministro Guillermo Perry y Marcela Meléndez para el BID, “revisa y analiza las políticas industriales en Colombia, encontrando un uso extensivo de políticas de desarrollo productivo (PDP), a pesar de los enunciados de moderada intervención gubernamental”.

El informe, elaborado en 2009, se divulgó ampliamente en los círculos de interés; incluso fue el tema de un concurrido Debate de Coyuntura Económica de Fedesarrollo, en mayo de 2010. Para los que no leyeron el “paper” o no se enteraron del debate (ambos disponibles en internet), el documento fue incluido en el libro de Fidel Jaramillo (editor) “Desafíos del crecimiento en Colombia: ¿Políticas deficientes o insuficientes?”.

Está bien que un lego espere que al hablar de PI siempre se tenga que hacer referencia explícita a ese término; en ese caso le cabría algo de razón al pensar que en Colombia no se habla mucho del tema. Pero los especialistas y las personas bien informadas saben que la PI comprende hoy en día un universo de empresas más amplio que el de las industriales. Por eso se utilizan diversos nombres: políticas de desarrollo productivo, de transformación productiva, de desarrollo empresarial y de competitividad, entre otros.

Esto refleja evolución y modernización de las políticas. Así lo indica el libro “La era de la productividad”, publicado por el BID en 2010: “Las políticas industriales se pusieron otra vez de moda pero con un estilo diferente. Hoy se interpretan como un conjunto de instrumentos e instituciones que facilitan la coordinación y generan los insumos públicos específicos que requieren sectores específicos… De hecho, un mejor nombre para estas políticas sería “políticas de desarrollo productivo” para subrayar que no se limitan al sector industrial y vincularlas directamente con la productividad en lugar de promover una actividad económica como un fin en sí mismo”.

De ahí la importancia de las conclusiones de la investigación de Perry y Meléndez, que fueron un insumo para el mencionado libro del BID: “Colombia… ha hecho progresos en estructurar un arreglo institucional para las PDP suficientemente integrado a una red de enlaces con el sector privado, para obtener información sobre las limitaciones y oportunidades que enfrenta y que requieren intervención del Gobierno. Este ha sido un proceso de ensayo error que… aunque aún tiene carencias en muchas dimensiones, se está comenzando a reflejar en nuevos cursos de acción política…”.

La creación de una institucionalidad para la política de competitividad; el programa de transformación productiva que hoy trabaja con 12 sectores que aspiran a convertirse en sectores de clase mundial; la política de formalización laboral y empresarial; los incentivos a la inversión (zonas francas, contratos de estabilidad jurídica, exenciones tributarias); la conversión de Bancoldex en banco de desarrollo; y el fortalecimiento de la promoción de Proexport a las exportaciones y al turismo, son sólo algunos de los desarrollos de la PI de Colombia en los años recientes.

Esto muestra que hay analistas que hace marras que no se enteran de los debates especializados en la PI del país. Y que al gobierno no sólo no le da miedo hablar de PI, sino que está implementando una versión moderna. Con todo esto, afirmar que Colombia no tiene PI no pasa de ser un mal chiste.

¿Que no hay qué…?

Artículo publicado en el diario La República el jueves 17 de marzo de 2011


Circula una especie según la cual en el país no hay política industrial, porque al gobierno lo único que le importa es negociar TLC, bajar los aranceles y dejar abandonados a los empresarios que por décadas han generado empleo en el país.

En el contexto moderno la política industrial se entiende como la intervención explícita o implícita del Estado con el fin de asegurar unas condiciones adecuadas del entorno para el desarrollo de las empresas. Pero, como señala James Zhan, de la Unctad, “mientras que el concepto original de la política industrial era proteger a las industrias de la competencia internacional, el mundo actual exige integrar la capacidad productiva local a las cadenas de valor globales. Para ello es necesario contar con políticas que se basen en exponer a las industrias a la competencia internacional”.

En la Unión Europea es explícita. Por ejemplo, el documento “La política industrial en la Europa ampliada”, señala: “La política industrial, que por naturaleza es de carácter horizontal, tiene por objeto garantizar el establecimiento de unas condiciones marco favorables a la competitividad de la industria”.

El desarrollo de la política industrial europea implica decisiones horizontales y sectoriales, que abarcan temas de acceso a mercados, respeto a los derechos de propiedad intelectual, simplificación legislativa, cambios estructurales en la industria manufacturera, impulso a la investigación y la innovación, y desarrollo de sectores clave (programa espacial, TICs, y ciencias de la vida y la biotecnología), entre otros.

En el caso de Estados Unidos no hay una decisión explícita, pero las herramientas de política industrial se usan, especialmente en los periodos de dificultades económicas como el actual (The Economist “The Global Revival of Industrial Policy”). El gobierno Obama anunció una estrategia de innovación para algunos sectores, el fortalecimiento del Small Business Administration y la creación de una red nacional de incubadoras de empresas, entre otras.

¿Y en Colombia qué? Aquellos que critican la carencia de una política industrial no conocen la política de desarrollo empresarial, que coincide con varios de los objetivos señalados por la Unión Europea, y abarca empresas de todos los sectores. Esa política comprende los temas de competitividad, comercio exterior, financiación, apoyo a las mipymes, incentivos a la inversión, emprendimiento, innovación, formalización y transformación productiva, entre otros.

La crítica a la reforma arancelaria se puede entender, dado que a simple vista no parece favorable a las empresas. El gobierno redujo los aranceles porque sus niveles estaban entre los más altos del mundo, como lo evidencian el IMD, el WEF y el Banco Mundial, y eso afecta la competitividad.

Para ver tales efectos, tomemos como ejemplo la fabricación de pastas alimenticias. Aun cuando el 97% del consumo interno de trigo es abastecido por importaciones, Colombia aplica un arancel del 15%. En países como Perú el arancel es cero en virtud del TLC con Estados Unidos. Como consecuencia, los fabricantes peruanos nos pueden exportar pastas alimenticias sin arancel y con ventajas competitivas de precio, porque la materia prima fundamental no tiene el recargo del 15% que si tienen los fabricantes del país.

En síntesis, no se puede desconocer la existencia de una política de desarrollo empresarial que privilegia el fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo de sectores de clase mundial. Para ello cuenta con muchos instrumentos y tal vez la principal falencia sea la escasez de recursos que tienen varios de ellos, lo que limita su impacto. Por eso los críticos deberían más bien propender por su fortalecimiento financiero, antes que abogar por más rentas.

Paro

Publicado en el diario La República el jueves 3 de marzo de 2011


El transporte de carga es un sector estratégico para el buen funcionamiento de una economía, pues pone en contacto a los productores y consumidores de todo el mundo.

Precisamente, una de las fuerzas aceleradoras de la globalización es la reducción de los costos de transporte de carga y pasajeros en las últimas décadas, gracias al aumento de la velocidad de desplazamiento, la mayor eficiencia y el incremento de la capacidad de carga.

En el caso de Colombia, el sector transporte registra rezagos en competitividad, como los tiene toda la economía. Curiosamente, parte del problema se relaciona con las políticas adoptadas para defender los ingresos de los transportadores en coyunturas adversas, pues algunas tuvieron efectos indeseados y crearon incentivos y distorsiones.

A mediados de los años noventa, dos de los problemas más notables que tenía el sector eran el exceso de oferta y el alto nivel de obsolescencia; el primero se reflejaba en caída de los fletes y el segundo en un parque automotor con edad superior a 20 años. Entonces se estableció la famosa tabla de fletes y se condicionó el ingreso de un camión nuevo a la chatarrización de uno viejo.

La tabla de fletes se adoptó como una medida temporal, pero se ha mantenido por cerca de 14 años y generó distorsiones en la asignación de recursos. En ocasiones hay guerras de precios por la carga; crece la informalidad; algunas rutas no son debidamente atendidas porque el precio piso es demasiado bajo con relación a los costos de operación, mientras que en otras abunda la oferta; y en otras más el crecimiento de una actividad económica, con el consecuente aumento de la demanda, da lugar a exagerados aumentos de los fletes. Hay sectores que en 2010 sufrieron incrementos entre el 70 y el 100% en los fletes, con impactos en los precios al consumidor y en pérdidas de competitividad en los mercados internacionales.

La intención de renovar el parque automotor activó un efecto no deseado, pues valorizó la chatarra. Vehículos de más de 30 años, cuyo precio de mercado era cercano a cero, de pronto se volvieron valiosos. Esto acarreó una escasez artificial de camiones para chatarrizar y, por lo tanto, la aparición de un precio de entrada, que puede superar los $100 millones (precio de una tractomula modelo 1980). El resultado fue contrario al esperado: estancamiento de la oferta y mayor obsolescencia.

Como es típico de los incentivos no deseados, ellos llevan a la adopción de nuevas normas que tratan de corregir los defectos de las anteriores. Por eso se estableció un sistema en el que el comprador de un vehículo nuevo adquiere una póliza de seguros como garantía de que en tres meses va a chatarrizar un camión viejo; si no cumple, el gobierno hace efectiva la garantía. Hoy en día la póliza para un tracto-camión cuesta más de $70 millones.

En ese contexto es más que justificada la decisión del gobierno de desmontar la tabla de fletes y migrar a un sistema de precios de mercado, que debe estar acompañado de los indicadores de costos que faciliten las decisiones de los empresarios del sector; de igual forma, puertos y fábricas deben eliminar tiempos muertos que afectan negativamente los costos operacionales de los transportadores.

Pero también se necesitan medidas complementarias orientadas a la formalización del sector, por ejemplo mediante la creación de SAS con los pequeños propietarios como socios, el diseño de bolsas de carga que crucen ofertas y demandas para racionalizar el uso de los equipos, y la creación de fondos fiduciarios de reposición con cuentas individuales por camión. Por último, conviene eliminar las normas de chatarrización y sustituirlas por una edad máxima para los camiones, como existe para los vehículos de transporte público de pasajeros.

¿20 años de Apertura?

Artículo publicado en el diario La República el 17 del febrero de 2011


Este año se cumplen 20 años de la famosa “apertura económica”. En realidad el proceso comenzó el 22 de febrero de 1990 cuando fue expedido el documento Conpes No. 2465 “Programa de modernización de la economía colombiana”, mediante el cual se adoptó un cronograma gradual para la reducción unilateral de los aranceles.

Pero, un año y medio después se aceleró la reducción, a partir del documento Conpes No. 2549 “Decisiones sobre el programa de apertura – II”. El gobierno se vio precisado a tomar esta decisión debido a la parálisis de las importaciones; lejos de crecer como se esperaba, los importadores resolvieron aplazar sus compras y apostarle a la suspensión de la gradualidad anunciada.

Muchos escritos se han publicado e innumerables debates han tenido lugar desde entonces. Sin embargo mucho de lo dicho y escrito debería revisarse, pues cada vez es más evidente que la apertura no fue tan profunda como se anunciaba y sus efectos fueron diferentes a los que se le atribuyen y a los que se esperaban.

Diversos datos muestran que la apertura colombiana fue de las más tímidas de la región. Dado que las políticas de exposición a la competencia internacional no se adoptaron al mismo tiempo en todas las economías latinoamericanas, para medir su profundidad, se evalúo el coeficiente de exportaciones más importaciones de bienes y servicios a PIB, calculando la diferencia entre sus valores máximo y mínimo durante el periodo 1960-2009.

Los resultados muestran que la menor diferencia se registró en el caso colombiano; esto significa que fue la economía que menos aumentó su grado de apertura al comercio internacional. Mientras que en economías como Chile el incremento máximo del coeficiente fue de 62 puntos porcentuales y el de México 48 puntos, el de Colombia apenas fue de 18 puntos.

Colombia es hoy una de las economías menos abiertas del mundo. Ese sorprendente hecho se verifica con el indicador de apertura ya mencionado. Según el Banco Mundial, mientras que el país ocupaba el puesto 147 entre 171 economías en 1991, cuando se empezó a adoptar la política de apertura, en 2008 ocupaba el puesto 166 entre 173. ¡Sólo Cuba, Pakistán, la República Centroafricana, Japón, Estados Unidos, Brasil y Eritrea, tienen un indicador más bajo!

Adicionalmente, al analizar el monto de las exportaciones de bienes y servicios per cápita, se observa una tendencia creciente, pero su dinámica ha sido inferior a la de la mayoría de países de la región. En efecto, mientras que en 1990 Colombia ocupaba el puesto 10 entre 18 economías latinoamericanas, en 2008 bajó al puesto 15, superando únicamente a Bolivia, Guatemala y Nicaragua.

Con base en un indicador de apertura, el excodirector del Banco de la República Leonardo Villar concluyó, a comienzos del año 2000, que “la apertura no se dio en Colombia durante la década de los noventa en el sentido de haber conducido a que un mayor porcentaje de la producción nacional quedara expuesto a la competencia externa”.

De ahí que sea tan endeble el argumento del impacto negativo en la producción nacional. Los anteriores indicadores apuntan a algo obvio que desvirtúa ese punto de vista: si la mayor parte de las economías del mundo se abrieron más que Colombia, no es claro por qué la apertura la ha podido afectar más que al resto. Mientras que las importaciones se abarataron en términos relativos, nuestras exportaciones lo hicieron en mayor medida para los compradores.

En síntesis, la culpa de muchos de los males que se le achacan a la apertura hay que buscarlos en otros acontecimientos. El reto, por lo tanto, es superar los obstáculos que neutralizaron los efectos positivos esperados de esa política para emular el éxito de muchas economías que sí hicieron una apertura profunda.

Estructura productiva y cadenas de valor

Publicado en Ámbito Jurídico No. 314, 31 de enero al 13 de febrero de 2011


La globalización está cambiando la geografía de la producción mundial y la estructura del comercio internacional. Esa realidad plantea interrogantes a la economía colombiana: ¿La estructura productiva permite atender las nuevas corrientes de demanda mundial? ¿Hacia dónde se debe orientar sectorialmente el país?

Hay actividades, como la minería, que seguirán sin mayores cambios, con el fin de atender la creciente demanda de materias primas de los países líderes del crecimiento global; pero ellos difícilmente pueden generar los encadenamientos y los efectos de arrastre para fundamentar una modernización de la economía colombiana y el cierre de las brechas de ingreso con el mundo desarrollado y con los países emergentes de alto crecimiento.

El sector agrícola tiene grandes retos. El país no aprovechó el auge internacional del periodo 2004-2008 por la escasa oferta exportable, la baja productividad y la alta informalidad. Pero el panorama para los próximos años nuevamente es favorable por el riesgo de escasez alimentaria que enfrenta el mundo. Así lo indica el Índice FAO de precios de los alimentos, que en diciembre de 2010 alcanzó el nivel más alto de las últimas décadas.

El gobierno considera el agro como una de las locomotoras de la economía, por lo que cabe esperar su fortalecimiento y el desarrollo de actividades de alta productividad y fundamentadas en la investigación. Esa es una senda con buenas probabilidades de éxito, como lo muestran las experiencias de Chile, Brasil, Australia y Nueva Zelanda. El reto radica en la velocidad a la que pueda reaccionar la estructura productiva y adaptarse al nuevo entorno.

Con relación a los sectores de manufactura y servicios es imprescindible mejorar la productividad, reducir la informalidad y potenciar las actividades con mayor futuro en la economía globalizada.

Con el fin de aumentar la competitividad, el gobierno viene adelantando el programa de transformación productiva en ocho sectores y se espera la incorporación de al menos otros ocho en los próximos años; el programa comprende sectores establecidos que serán sometidos a un proceso de reingeniería y sectores nuevos y emergentes que registran una creciente demanda internacional.

Aun cuando ese programa llevará a la creación de sectores de clase mundial, se debe buscar su inserción en la nueva “división internacional del trabajo”, definida por la fragmentación geográfica de la producción en el plano mundial. Esto se puede lograr mediante una política explícita o mediante decisiones de los empresarios.

Cada día más y más productos se vuelven globales. De ahí que el “made in” esté perdiendo sentido, mientras que el “design in” gana creciente importancia. Los vehículos, los computadores y la mayoría de los productos de alta tecnología de consumo masivo son el resultado de la integración de partes diseñadas y fabricadas en muchos países y finalmente ensamblados en uno de ellos.

Son múltiples las implicaciones que acarrea ese cambio y es necesario que los empresarios y las autoridades económicas las entiendan y las aprovechen. Por ejemplo, debilitan las mediciones tradicionales del comercio internacional.

Un trabajo reciente de Yuqing Xing and Neal Detert, investigadores del Asian Development Bank Institute (ADBI), titulado “How the iPhone Widens the United States Trade Deficit with the People’s Republic of China”, demuestra esa implicación.

Xing y Detert señalan que en el enfoque tradicional de medición del comercio, Estados Unidos registra un déficit comercial enorme con China, comúnmente explicado por el empeño de éste último en mantener artificialmente depreciada su moneda. Sin embargo, esa perspectiva del problema no tiene en cuenta los cambios estructurales que se han registrado en la integración de cadenas globales de valor y los efectos que ellas ocasionan en la estructura del comercio internacional.

Para ilustrar sus hipótesis, los autores toman el caso del iPhone, un emblemático producto de alta tecnología de consumo masivo, diseñado por la empresa estadounidense Apple. Pero en su fabricación intervienen nueve empresas ubicadas en seis países, incluido Estados Unidos. Todos los componentes son enviados a China en donde se hacen los procesos de ensamble y exportación al resto del mundo.

Las estadísticas de 2009 indican que China exportó a Estados Unidos US$2.023 millones en iPhones; dado que algunas empresas de Estados Unidos exportaron a China insumos para este producto por un monto de US$122 millones, el neto arroja un déficit de US$1.901 millones para los estadounidenses.

Pero los cálculos de los investigadores del ADBI muestran que en China sólo se incorpora el 3.6% del costo total de un iPhone, básicamente por concepto de mano de obra. Por lo tanto la balanza comercial sería superavitaria para Estados Unidos en US$48 millones por concepto de intercambio de este bien entre los dos países; e implícitamente sería deficitaria con los países que fabrican los demás componentes.

Este caso ilustra la forma en que se está articulando la nueva producción global. Y es en esas cadenas de valor en las que el país debe insertase para obtener los beneficios de la globalización. Por lo tanto, hay bienes que el país no tiene que fabricar totalmente, sino especializarse y ser los mejores en el mundo en producir uno o varios componentes de un conjunto de productos o servicios finales.

¿Podremos alcanzar ese objetivo? ¿O nos resignaremos a ver pasar indias y chinas que nos van dejando atrás, porque nos negamos a aceptar la nueva realidad de la organización productiva mundial?

Peor el remedio

Publicado en el diario La República el jueves 3 de febrero de 2011


Frente a la regulación el ser humano es como el agua: se filtra por cualquier hendedura, por pequeña que ella sea. Por esa razón, es deseable que la intervención del Estado se restrinja al establecimiento de marcos regulatorios generales y evite, en lo posible, las normas que pretenden el control milimétrico.

Steven Levitt, el famoso economista de las cosas raras, resalta en sus obras (Freakonomics y Superfreakonomics) que la política económica y, en general, la regulación, puede generar incentivos perversos que hay que esquivar mejorando la calidad de las decisiones. Como habitualmente los reguladores no prevén esos efectos, cuando perciben que los regulados se están filtrando por las rendijas que encuentran, deciden “fortalecer” las normas; se cae así en un círculo vicioso que fomenta la búsqueda de mecanismos de elusión y convierte en inextricable cualquier regulación.

Por si hiciera falta un ejemplo, las autoridades bogotanas lo acaban de dar con su reglamentación del pico y placa. Cuando la actual administración resolvió extender “temporalmente” la restricción de 6 a 14 horas, muchas voces advirtieron sobre los efectos indeseados que ocasionaría.

En un principio, dio la impresión de efectividad, porque se redujo el volumen de vehículos circulando por las calles, aumentó la velocidad media y disminuyó la contaminación. Pero pronto el efecto se fue diluyendo. Como era de esperar, las familias aspiraron a tener un segundo auto, fuera este nuevo o usado.

Las cifras son contundentes. Cerca del 50% de los automóviles nuevos vendidos en Colombia en 2010, fueron matriculados en Bogotá. Y es posible que muy pocos hayan salido como chatarra o hacia otros municipios del país, pues la elevada demanda fortaleció el mercado del usado. Por si hiciera falta algún ingrediente, las motos se siguieron vendiendo como pan caliente. Estos resultados se fortalecieron con la apreciación de la moneda, los menores aranceles a las importaciones desde México y Brasil, las bajas tasas de interés y las atractivas líneas de financiación.

Sumados los autos nuevos, los que no salieron, la anarquía de los motociclistas, la ausencia de acciones ante la invasión del espacio público y la demora en la entrega de las múltiples obras viales en construcción o reparación, ocasionaron un resultado dramático: el colapso de la movilidad, el aumento de la contaminación, el mayor tiempo requerido para movilizarse –incluso en transmilenio–, y el aislamiento de las universidades y colegios del centro por cuenta del cierre de la Avenida Jimenez.

Con ese panorama, no sorprende la noticia del incumplimiento del compromiso de aplicación temporal de la norma del pico y placa. La novedad corre por cuenta del anuncio de cerrar el boquete que eximía de la restricción a las camionetas (pick up y otros); de ese privilegio gozan 43.529 carros, de los cuales 14.423 (el 33%) entraron en 2010.

En acato a un fallo de tutela relacionado con el derecho al trabajo, las autoridades locales eximieron del pico y placa a este tipo de vehículos. Pero el aumento de la restricción a 14 horas volvió muy atractivas las pick up y sus similares y disparó la demanda.

De esta forma terminamos en el peor de los mundos. Se agravaron los problemas de movilidad, creció aceleradamente el número de vehículos, se creó el riesgo de volver permanente la restricción de las 14 horas y el “fortalecimiento” normativo lo pagarán justos por pecadores. Por culpa de una rendija de la regulación, le pondrán pico y placa a los ingresos de muchos pequeños empresarios.

Queda por ver cuánto tiempo transcurrirá hasta un fallo de tutela que restablezca la exclusión y deje abierto el camino para más y más vehículos sin restricción… Lo dicho: peor el remedio que la enfermedad.

China y América Latina

Publicado en el diario La República el jueves 20 de enero de 2011


Desde hace algunos años surgió un debate sobre las implicaciones que tendrá para América Latina el imparable crecimiento de China. Mientras esa economía produjo bienes de bajo valor agregado, no tuvo mayor importancia para la región. Pero las cosas cambiaron cuando se empezó a percibir que su dinámica no era flor de un día, fue aceptada como miembro de la OMC, empezó a inundar el mundo no sólo con bienes de baja tecnología sino también de media y alta, y comenzó a desplazar a las economías latinoamericanas de los mercados internacionales de confecciones.

Entonces aparecieron publicaciones en las que se exponen los temores o en las que, por el contrario, se muestra que no hay razones para ellos; se argumenta que las economías latinoamericanas tienden a ser complementarias con la economía china y la comparación de las canastas exportadoras indica que no se compiten en importantes mercados como el de Estados Unidos.

Algunas de esas publicaciones realizan reflexiones sobre las diferentes sendas de desarrollo que siguieron China y América Latina. Los resultados han sido a la vez sorprendentes y desalentadores.

A mediados de los años setenta el gigante asiático era la tercera economía más pobre del mundo, después de Burundi y Nepal. Su PIB per cápita (US$146 a precios constantes del año 2000) era equivalente al 4.6% del latinoamericano; pero en 2009 ya representaba el 47.7%, y había salido del fondo de la tabla de las más pobres.

China no sólo cerró la brecha de ingreso con América Latina, sino también con el mundo desarrollado. Entre 1975 y 2009 la proporción pasó del 0.7% del PIB per cápita de Estados Unidos al 6.0%; en el mismo lapso el de los países latinos se redujo de 16.1% a 12.6%.

Varios estudios encontraron que la fuente del rezago de América Latina está en el modelo de desarrollo cerrado implementado hasta finales de los ochenta, frente al modelo de inserción en los mercados internacionales que adoptó China desde 1978. El sesgo antiexportador del primero se reflejó en el creciente atraso en el indicador de productividad laboral relativa, mientras que el segundo registró un crecimiento continuo mayor que el de Estados Unidos, que es el país de referencia.

Cada vez es más evidente la complementariedad económica como la base de las relaciones entre las dos regiones: China produce manufacturas y demanda materias primas que son abundantes en América Latina. Aun cuando las exportaciones se han incrementado notablemente, hay un problema por la alta concentración en productos de bajo valor agregado; cerca del 80% de ellas está representado por soya, cobre, hierro, petróleo y pulpa de papel. Además, cerca del 90% de las exportaciones a ese destino son realizadas por cuatro países: Brasil (41%), Chile (23%), Argentina (16%) y Perú (9%).

En ese contexto, el empeño de la región latinoamericana por lograr economías más diversificadas puede irse al traste, por efecto de las bonanzas de productos básicos que aumentarían el riesgo de enfermedad holandesa y forzarían a la “reprimarización” de las estructuras productivas.

¿Cómo contrarrestar esas tendencias? La vía más clara es la de poner el acelerador a las políticas de competitividad, con el fin de recuperar el tiempo perdido; esa puede ser la causa fundamental de la pérdida de mercados de América Latina no sólo frente a China sino a otros países. Como complemento, es vital la inserción en las cadenas globales de valor y la creación de los incentivos que permitan la apropiación de tecnologías; en esa dirección se mueve el mundo globalizado.

No hacerlo, llevaría a América Latina a perpetuar la broma cruel mencionada por el nobel de paz Óscar Arias: “aquella broma que nos dice que somos el continente del mañana… y siempre lo seremos”.

Crepúsculo

Publicado en el diario La República del jueves 23 de diciembre de 2010


Podríamos calificar el 2010 como un año crepúsculo, siguiendo la definición del famoso diccionario de María Moliner: “Claridad que precede a la salida del Sol y atenuación de la luz que sigue inmediatamente a su puesta”.

En efecto, el año comenzó con mucha claridad para la economía mundial, pues registró una sólida dinámica que generó la esperanza de un pronto retorno a las altas tasas de crecimiento observadas antes de la profunda crisis de 2008-2009. Pero aparecieron algunos nubarrones que oscurecieron el panorama: las dificultades de las naciones desarrolladas para consolidar la reactivación y el riesgo que ello implica para las emergentes.

Con la dinámica registrada en los primeros trimestres, el FMI proyectó para Estados Unidos un crecimiento del 3.2% en 2010, pero con la desaceleración posterior, la bajó a 2.6%. Los problemas de consolidación del crecimiento obedecen a la debilidad de la demanda privada, ocasionada por el alto nivel de desempleo, la menor demanda de crédito y el efecto riqueza negativo que produjo la caída de los precios de la vivienda.

El gobierno y la Reserva Federal siguen siendo los motores de la economía, pero eso plantea riesgos de sostenibilidad del crecimiento por la magnitud que alcance el déficit fiscal y las probabilidades de aparición de presiones inflacionarias.

La reactivación de la Unión Europea (UE) se frenó por la pérdida de confianza en los bonos soberanos, lo que desestabilizó los mercados financieros de todo el mundo desde comienzos del año. En algunos países (Irlanda y España) el problema se originó en las políticas fiscales expansionistas que se adoptaron para salir de la crisis mundial; en otros (Grecia, Portugal e Italia) la crisis agravó las dificultades que tenían de tiempo atrás para cumplir con los parámetros de convergencia: déficit fiscal menor al 3% del PIB y deuda externa inferior al 60% del PIB.

La UE ha tenido que tomarse remedios, hasta hace poco impensables, como la aceptación de financiación del FMI, la compra de bonos de los países de mayor riesgo por parte del Banco Central Europeo y el anuncio de drásticos ajustes fiscales que ya han generado manifestaciones de rechazo en varios países. Actualmente se debate la conveniencia de establecer una especie de “unión fiscal”, al estilo de la unión monetaria, para dar una solución integral a la crisis de la deuda; el tema es de gran sensibilidad y fuente de profundas diferencias, pero, en opinión del director del FMI, sería la vía para evitar una crisis de mayor envergadura y contener el contagio a otras regiones del mundo.

Aun cuando las economías emergentes están creciendo vigorosamente, lideradas por China e India, es evidente que la debilidad de la demanda de las economías desarrolladas puede tener un impacto negativo, dado que son uno de los principales destinos de las exportaciones de bienes y servicios de esos dos países. Además, el reciente anuncio de Estados Unidos de crecer su emisión monetaria en un monto de US$600 mil millones, fortalece las expectativas de apreciación de las monedas del resto del mundo.

El panorama cambiario se complica aún más con el aumento de los precios internacionales de los productos básicos y con la salida de capitales desde las economías desarrolladas hacia las emergentes, atraídos por mejores rentabilidades.

Se da por descontado que la economía mundial no caerá en otra crisis, pero la dinámica de crecimiento será relativamente baja y los ajustes fiscales pueden prolongar ese escenario. Aun cuando en las economías emergentes hay expectativas de mejor crecimiento, para realizarlas tendrán que sortear los efectos de la mayor apreciación de las monedas, conjurar los problemas de enfermedad holandesa y contener la aparición de presiones inflacionarias.

Aranceles y proteccionismo

Publicado en el diario La República el 9 de diciembre de 2010.


A raíz de la reciente reforma arancelaria, se han generado algunas opiniones que cuestionan los fundamentos del gobierno para adoptarla. Se pone en duda el esperado efecto sobre la competitividad y sobre la tasa de cambio; se sugiere que el objetivo es acabar con el empleo productivo y con algunos sectores estratégicos de la economía. Además, se afirma que sectores como el agropecuario tienen menor protección que la que hay en otros países, especialmente desarrollados, dejando implícito que ese es un argumento suficiente para mantener o incluso fortalecer las barreras comerciales.

La crítica se fundamenta en la forma en que se mide el grado de protección. Se argumenta que al tomar sólo los aranceles se menosprecia el impacto de las ayudas internas que utilizan muchas economías, especialmente las desarrolladas.

En relación con esas ideas, es necesario recordar que la teoría económica tiene sólidos argumentos sobre los efectos negativos del proteccionismo: distorsión en la asignación de recursos, sesgo antiexportador, ineficiencias productivas, baja innovación, rezago en la competitividad y pérdida de bienestar, al forzar a los consumidores a adquirir productos más onerosos y de menor calidad.

Además de los fundamentos teóricos, para la reforma reciente el gobierno realizó ejercicios estadísticos que demuestran su impacto positivo en el crecimiento económico y en la generación de empleos. También comprobó la eliminación de un buen número de casos de protecciones efectivas negativas y adoptó un tratamiento especial con los productos que se definieron como sensibles.

La discusión sobre la medición de la protección puede ser más compleja. La decisión del gobierno tomó como referencia el arancel nominal promedio, considerando que esa medida aproxima bien la posición relativa del país, como se muestra a continuación.

Si la protección sólo se fundamentara en el uso de medidas arancelarias, habría una base homogénea de comparación internacional, pues, a pesar de su variedad, se pueden expresar en términos equivalentes. El problema surge con la proliferación de medidas no arancelarias. ¿Cómo medir las barreras que impone un país al comercio cuando aplica aranceles ad valorem y específicos, cuotas, subsidios, ayudas internas y licencias previas de importación?

Con el fin de solucionar este problema, en las décadas recientes diferentes autores y organismos han trabajado en el desarrollo de índices de restricción al comercio. Recientemente fueron publicados los resultados de una investigación del Banco Mundial liderada por los economistas Hiau Looi Kee, Alessandro Nicita y Marcelo Olarreaga (“Estimating Trade Restrictiveness Indices”, The Economic Journal, January 2009). En ella calcularon el equivalente ad valorem de las diversas formas de protección, incluyendo las ayudas internas.

Los resultados indican que entre los 78 países para los que calcularon el índice, Colombia tiene el séptimo arancel total más alto (21%) y en el arancel para el sector agrícola, 41.7%, es el país 17.

Aun cuando hay algunas economías desarrolladas con arancel agrícola superior al de Colombia (Noruega, Suiza y Japón), el de la Unión Europea y el de Estados Unidos son menores. Este sorprendente resultado, según los autores, se debe a que las medidas no arancelarias imponen una mayor restricción a las importaciones que la que ocasionan las ayudas internas.

Según la Unctad, hasta este trabajo “nunca antes se habían calculado equivalentes ad valorem de forma tan sistemática y extensa”. Se trata, por lo tanto, de una propuesta técnica que está sujeta a debates y a mejoras. Pero en sus primeros resultados ratifica las percepciones y las razones del gobierno colombiano para adoptar la reciente reforma arancelaria.

Los TLC y los campesinos

Publicado en el diario La República el jueves 25 de noviembre de 2010


Esta semana se presentó un libro sobre el impacto del tratado de libre comercio de Colombia con Estados Unidos en la economía campesina, escrito por tres destacados investigadores nacionales.

El punto de partida es la visión negativa y pesimista que ellos tienen de los acuerdos comerciales. Después de anotar las limitaciones estadísticas de la investigación (no se sabe cuántos campesinos hay ni cuánto producen), señalan que el TLC afecta cultivos que cubren el 29% del área cosechada por la economía campesina y generan el 16% de sus ingresos brutos. En la ganadería el riesgo pesa sobre el 6% de los ingresos de los campesinos; y hay otro 22% en doble propósito, que así como puede enfrentar amenazas tiene oportunidades de exportación.

Por lo tanto, aun cuando los autores no lo hacen explícito, es claro que el 71% del área en agricultura y el 56% de los ingresos totales no se ven afectados, a lo cual habría que sumar el efecto neto de la ganadería de doble propósito.

Los ejercicios realizados por estos investigadores señalan que el ingreso de los campesinos se reduciría en 10% con el TLC y que los productos más afectados serían fríjol, carnes de cerdo y pollo, trigo, sorgo y maíz.

Es muy respetable el punto de partida de los autores, pues no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con los TLC. Pero hay aspectos del mundo real que, al ser menospreciados, impiden ver los efectos positivos que espera el gobierno.

Por ejemplo, ver el ATPDEA como sustituto del TLC, no tiene sentido. Esa preferencia unilateral ha sido positiva para Colombia, pero tiene limitaciones. El caso de Bolivia muestra que es temporal; en cambio el tratado asegura un acceso preferencial permanente. Además, no incluye los servicios, que son el sector más dinámico del comercio mundial, ni las medidas no arancelarias, que son el principal obstáculo para los productos del agro; ambos son parte del TLC.

No es razonable seguir incluyendo el trigo como una gran pérdida en los TLC. Desde hace muchas décadas se comprobó que no somos competitivos en ese producto, como no lo es ninguna economía del trópico. Actualmente se importa alrededor del 98% de lo que se consume y aún así ese producto tiene un arancel que paga el consumidor final. Con la entrada en vigencia del acuerdo CAN-Mercosur el cereal se está importando sin gravamen y desde el año entrante también podría ingresar desde Canadá con arancel cero.

Un aspecto que se debe tener en cuenta es la experiencia de otros países que ya tienen vigente su TLC con Estados Unidos o con otras economías desarrolladas. En México, Chile y el Triángulo Norte de Centroamérica no hay evidencias sólidas de la presunta destrucción de la economía campesina. En el primer país, hay debates sobre los efectos; pero en el caso emblemático del maíz, el volumen y los rendimientos han crecido tanto en la producción tradicional como en la de riego; y en la producción de maíz blanco, que es para el consumo humano, prácticamente se autoabastecen.

Otro elemento que no incorpora el estudio es el cambio que se empezó a dar en Colombia como consecuencia de las negociaciones del TLC: la sustitución de protecciones en frontera por ayudas internas, mediante el programa Agro Ingreso Seguro (actualmente en reestructuración). La protección no desaparece y, mientras el Congreso de ese país aprueba el TLC, el sector agropecuario tiene el doble beneficio de aranceles y ayudas internas.

Loable el propósito de los autores desde el punto de vista académico, pero dejan sus pesimistas escenarios sin las recomendaciones de rigor. Sería importante conocer sus opiniones sobre los cambios institucionales que se están generando con los TLC y sobre la situación del consumidor en un escenario hipotético sin tratados.