Publicado en Portafolio el viernes 21 de diciembre de 2018
La población mundial está envejeciendo y Colombia no es la excepción. Esta situación es el resultado combinado de dos hechos: la caída de las tasas de mortalidad, especialmente de la infantil, y el aumento de la esperanza de vida.
La esperanza de vida empezó a aumentar de forma continua desde mediados del siglo XIX y se calcula que los niños que hoy están naciendo en las economías desarrolladas tienen alta probabilidad de sobrepasar los 100 años de vida.
El envejecimiento tiene profundas repercusiones en la sociedad: Induce cambios en los mercados laborales, pues los trabajadores pueden mantenerse activos por más tiempo. Los economistas debaten si una población más vieja afecta negativamente la productividad y el crecimiento de la economía. Desde luego, se plantean grandes retos para los sistemas pensionales, pues es necesario contar con los recursos para sostener los pensionados por un periodo más largo. Los sistemas de salud también deben ajustarse porque las demandas de servicios especializados para los adultos mayores serán más. Las finanzas públicas tendrán que disponer de cuantiosos recursos para la financiación de pensiones y las transferencias a ancianos desvalidos.
En ese contexto, un aspecto crucial es la redefinición del concepto de viejo. Normalmente se asume que la edad de jubilación establece cuándo se considera que una persona es vieja. En la mayor parte de los estudios demográficos se da por hecho que esa edad es 65 años, porque en los países desarrollados están tendiendo a adoptarla para el acceso a la pensión.
Pero es claro que en un mundo en el que la esperanza de vida sigue aumentando esa definición puede no ser la más acertada. Recientemente Warren Sanderson y Sergei Scherbov propusieron el concepto de edad prospectiva para definir el concepto de viejo, incorporando en ella la esperanza de vida. En su opinión la vejez es aquella edad en la que la expectativa de vida remanente es de 15 años o menos.
En el libro “Trabajo formal en Colombia: Realidad y retos” (disponible en www.fasecolda.com) se explica cómo al aplicar ese concepto, la definición de viejo es diferente para cada país. Así, mientras que viejos en Japón serían las personas de 73.7 años o más, en Sierra Leona lo serían las de 53.1 años o más. Esto muestra que las diferencias en el nivel de bienestar de cada economía dan lugar a esperanzas de vida disímiles. Para el caso de Colombia se considerarían viejos los habitantes de 68.4 años o más.
Saltan a la vista las enormes implicaciones de adoptar un concepto como este. Como lo destaca Andrew Scott, hay que diferenciar entre un efecto de envejecimiento y un efecto de longevidad, pues mientras el primero alude al proceso de deterioro del organismo, el segundo resalta la mayor vitalidad con la que las personas hoy alcanzan edades mayores.
Eso significa que las edades de jubilación se podrían establecer de forma flexible a partir de la edad prospectiva y que, por lo tanto, los mercados laborales tendrían que adecuarse a la permanencia de la población hasta edades más avanzadas. En el libro mencionado están las bases para comenzar una exploración de las múltiples implicaciones en esta línea; en ella deben tomar parte el gobierno, la academia, los empresarios y los trabajadores.
¿Cuántos empleados públicos?
viernes, 23 de noviembre de 2018
Publicado en Portafolio el 23 de noviembre de 2018
El presidente Duque anunció su propósito de “empezar por ponerles fin a las nóminas paralelas”. La propuesta encuentra respaldo porque se interpreta como un freno al crecimiento desbordado de una burocracia ineficiente.
Opinaba el físico y matemático inglés William Kelvin (1824-1907), que “lo que no se mide, no se puede mejorar”. Ese es un principio deseable en la gestión pública, que consiste en cuantificar el problema para diseñar una solución adecuada y evaluar el impacto de las políticas.
En ese contexto, para poner fin a las nóminas paralelas se debería partir de su tamaño y de la divulgación de una estadística periódica que informe cómo se va cumpliendo el objetivo de eliminación gradual que ordenó Duque en la Directiva Presidencial 09, del 9 de noviembre de 2018.
Pero hay un problema. Según la Comisión del Gasto, “en Colombia no es tarea fácil identificar el gasto que se destina al pago de la nómina (empleados y contratistas), así como el número de servidores públicos. Determinar el verdadero tamaño de ese gasto, en consecuencia, no es posible”.
Un intento de medición está contenido en el libro recientemente publicado por Fasecolda, “El empleo formal en Colombia. Realidad y retos” (disponible en www.fasecolda.com). A partir de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, se calculó que el total de empleados públicos a nivel nacional fue de 1,86 millones en 2017; esa cifra es superior en 29% a la que estimó la Comisión del Gasto. La estimación muestra la siguiente composición: 463 mil son de planta, 412 mil de la fuerza pública, 322 mil maestros y 663 independientes.
En el estudio de Fasecolda no fue posible la discriminación del total de empleos entre el orden nacional y el territorial, por carecer de la identificación de algunas entidades; pero con el 73% de los trabajadores se calculó que el 61% del empleo público es del orden territorial y el restante 39% del nacional (de ese cálculo se excluyen la fuerza pública y los maestros).
De los identificados del orden nacional, el 55% es de planta y el restante 45% son independientes. Como la Directiva Presidencial se refiere a las “las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”, se colige que la población objetivo es una fracción del último dato.
Un elemento complementario para la eliminación de las nóminas paralelas es tener en cuenta por qué surgieron. Cómo lo sugiere la Comisión del Gasto, uno de los determinantes fue la decisión de congelar el crecimiento real del gasto de personal (Ley 617 de 2000); esto llevó al surgimiento de modalidades de contratación clasificadas en rubros de inversión. Otras fuentes del problema fueron la congelación de la planta, el problema que generó la provisionalidad de numerosos cargos, la pérdida de incentivos en la carrera administrativa y la creación de nuevas funciones del gobierno. Estos aspectos no se pueden perder de vista, pues no se trata solo de suprimir cargos, sino de mantener y mejorar la calidad de la gestión pública.
En síntesis, por deseable que sea la eliminación de las nóminas paralelas y la recuperación de esquemas transparentes de vinculación laboral en el sector público, hay que partir de una medición adecuada; la base que tiene Fasecolda puede ser un buen punto de partida.
El presidente Duque anunció su propósito de “empezar por ponerles fin a las nóminas paralelas”. La propuesta encuentra respaldo porque se interpreta como un freno al crecimiento desbordado de una burocracia ineficiente.
Opinaba el físico y matemático inglés William Kelvin (1824-1907), que “lo que no se mide, no se puede mejorar”. Ese es un principio deseable en la gestión pública, que consiste en cuantificar el problema para diseñar una solución adecuada y evaluar el impacto de las políticas.
En ese contexto, para poner fin a las nóminas paralelas se debería partir de su tamaño y de la divulgación de una estadística periódica que informe cómo se va cumpliendo el objetivo de eliminación gradual que ordenó Duque en la Directiva Presidencial 09, del 9 de noviembre de 2018.
Pero hay un problema. Según la Comisión del Gasto, “en Colombia no es tarea fácil identificar el gasto que se destina al pago de la nómina (empleados y contratistas), así como el número de servidores públicos. Determinar el verdadero tamaño de ese gasto, en consecuencia, no es posible”.
Un intento de medición está contenido en el libro recientemente publicado por Fasecolda, “El empleo formal en Colombia. Realidad y retos” (disponible en www.fasecolda.com). A partir de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, se calculó que el total de empleados públicos a nivel nacional fue de 1,86 millones en 2017; esa cifra es superior en 29% a la que estimó la Comisión del Gasto. La estimación muestra la siguiente composición: 463 mil son de planta, 412 mil de la fuerza pública, 322 mil maestros y 663 independientes.
En el estudio de Fasecolda no fue posible la discriminación del total de empleos entre el orden nacional y el territorial, por carecer de la identificación de algunas entidades; pero con el 73% de los trabajadores se calculó que el 61% del empleo público es del orden territorial y el restante 39% del nacional (de ese cálculo se excluyen la fuerza pública y los maestros).
De los identificados del orden nacional, el 55% es de planta y el restante 45% son independientes. Como la Directiva Presidencial se refiere a las “las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”, se colige que la población objetivo es una fracción del último dato.
Un elemento complementario para la eliminación de las nóminas paralelas es tener en cuenta por qué surgieron. Cómo lo sugiere la Comisión del Gasto, uno de los determinantes fue la decisión de congelar el crecimiento real del gasto de personal (Ley 617 de 2000); esto llevó al surgimiento de modalidades de contratación clasificadas en rubros de inversión. Otras fuentes del problema fueron la congelación de la planta, el problema que generó la provisionalidad de numerosos cargos, la pérdida de incentivos en la carrera administrativa y la creación de nuevas funciones del gobierno. Estos aspectos no se pueden perder de vista, pues no se trata solo de suprimir cargos, sino de mantener y mejorar la calidad de la gestión pública.
En síntesis, por deseable que sea la eliminación de las nóminas paralelas y la recuperación de esquemas transparentes de vinculación laboral en el sector público, hay que partir de una medición adecuada; la base que tiene Fasecolda puede ser un buen punto de partida.
Riesgo mundial
viernes, 19 de octubre de 2018
Publicado en Portafolio el 19 de octubre de 2018
La situación económica global tiende a complicarse, como se puede colegir del “Panorama económico mundial” publicado recientemente por el Fondo Monetario Internacional.
Entre los múltiples factores de creciente incertidumbre, cabe destacar la normalización de la política monetaria en las economías desarrolladas, la vulnerabilidad de las economías emergentes y la guerra comercial.
La economía de los EE.UU. está en pleno empleo lo que, sumado al estímulo fiscal, aumenta las presiones inflacionarias; en ese escenario, la FED viene aumentando su tasa de intervención, que ya alcanzó el rango entre 2% y 2,25%. De otra parte, el Banco Central Europeo comenzará a incrementar la tasa de interés en 2019 y suspenderá la compra de títulos a finales de 2018 (para lo que resta del año, la recortó de €30.000 a €15.000 millones mensuales).
La repercusión de esas decisiones se empieza a observar en el fortalecimiento del dólar, la salida de capitales de las economías en desarrollo y la presión a la depreciación de sus monedas.
El problema es que numerosos gobiernos y empresas de economías emergentes se endeudaron en moneda extranjera aprovechando la abundante liquidez y las bajas tasas de interés de la última década. Según la Unctad, estas economías aumentaron su participación en la deuda mundial del 7% al 26% entre 2007 y 2017. Por eso, las fuertes depreciaciones dispararon las alarmas al aumentar el riesgo de incumplimiento de esas deudas. Carmen Reinhart, afirmó en una entrevista en Bloomberg: “Las economías emergentes tienen muchas más grietas ahora que hace cinco años y ciertamente que durante la crisis financiera mundial, debido tanto a condiciones externas como internas”.
Los países más afectados hasta el momento son Turquía y Argentina que se vieron al borde de una crisis cambiaria; los elevados déficits fiscales y de cuenta corriente, producto de malas políticas, aumentan su vulnerabilidad. También se perciben riesgos en Brasil, Suráfrica, Rusia y Pakistán. En el caso de China la incertidumbre aumenta por ser el blanco principal de la guerra comercial de Trump.
Según el FMI, “existe la posibilidad clara de que se intensifiquen las tensiones comerciales hasta el punto en que representen un riesgo sistémico”. Este organismo realizó un ejercicio sobre los potenciales impactos de la guerra comercial. Los resultados indican, como era de esperarse, que los mayores damnificados serán los EE.UU. y China; el impacto acumulado de largo plazo será una reducción del 0,9% del PIB para el primer país y 0.6% para el segundo. Para la economía mundial el impacto se estima en una contracción del 0.38%.
El FMI deja entrever que los resultados reales podrían ser mayores, por las limitaciones para modelar todas las características de la guerra comercial, como, por ejemplo, el aumento del arancel de un sector específico. De otra parte, no se tuvo en cuenta que las cadenas globales de valor pueden originar retaliaciones que involucren a un creciente número de países.
Hasta el momento Colombia ha salido bien librada; sin embargo, no se puede aislar eternamente de los riesgos mencionados ni “cambiar de barrio”. En ese complejo contexto, luce correcta la decisión de la autoridad monetaria de fortalecer las reservas internacionales; pero no se puede perder de vista que la política fiscal tiene restricciones, por todos los problemas que viene resaltando el Ministro de Hacienda.
La situación económica global tiende a complicarse, como se puede colegir del “Panorama económico mundial” publicado recientemente por el Fondo Monetario Internacional.
Entre los múltiples factores de creciente incertidumbre, cabe destacar la normalización de la política monetaria en las economías desarrolladas, la vulnerabilidad de las economías emergentes y la guerra comercial.
La economía de los EE.UU. está en pleno empleo lo que, sumado al estímulo fiscal, aumenta las presiones inflacionarias; en ese escenario, la FED viene aumentando su tasa de intervención, que ya alcanzó el rango entre 2% y 2,25%. De otra parte, el Banco Central Europeo comenzará a incrementar la tasa de interés en 2019 y suspenderá la compra de títulos a finales de 2018 (para lo que resta del año, la recortó de €30.000 a €15.000 millones mensuales).
La repercusión de esas decisiones se empieza a observar en el fortalecimiento del dólar, la salida de capitales de las economías en desarrollo y la presión a la depreciación de sus monedas.
El problema es que numerosos gobiernos y empresas de economías emergentes se endeudaron en moneda extranjera aprovechando la abundante liquidez y las bajas tasas de interés de la última década. Según la Unctad, estas economías aumentaron su participación en la deuda mundial del 7% al 26% entre 2007 y 2017. Por eso, las fuertes depreciaciones dispararon las alarmas al aumentar el riesgo de incumplimiento de esas deudas. Carmen Reinhart, afirmó en una entrevista en Bloomberg: “Las economías emergentes tienen muchas más grietas ahora que hace cinco años y ciertamente que durante la crisis financiera mundial, debido tanto a condiciones externas como internas”.
Los países más afectados hasta el momento son Turquía y Argentina que se vieron al borde de una crisis cambiaria; los elevados déficits fiscales y de cuenta corriente, producto de malas políticas, aumentan su vulnerabilidad. También se perciben riesgos en Brasil, Suráfrica, Rusia y Pakistán. En el caso de China la incertidumbre aumenta por ser el blanco principal de la guerra comercial de Trump.
Según el FMI, “existe la posibilidad clara de que se intensifiquen las tensiones comerciales hasta el punto en que representen un riesgo sistémico”. Este organismo realizó un ejercicio sobre los potenciales impactos de la guerra comercial. Los resultados indican, como era de esperarse, que los mayores damnificados serán los EE.UU. y China; el impacto acumulado de largo plazo será una reducción del 0,9% del PIB para el primer país y 0.6% para el segundo. Para la economía mundial el impacto se estima en una contracción del 0.38%.
El FMI deja entrever que los resultados reales podrían ser mayores, por las limitaciones para modelar todas las características de la guerra comercial, como, por ejemplo, el aumento del arancel de un sector específico. De otra parte, no se tuvo en cuenta que las cadenas globales de valor pueden originar retaliaciones que involucren a un creciente número de países.
Hasta el momento Colombia ha salido bien librada; sin embargo, no se puede aislar eternamente de los riesgos mencionados ni “cambiar de barrio”. En ese complejo contexto, luce correcta la decisión de la autoridad monetaria de fortalecer las reservas internacionales; pero no se puede perder de vista que la política fiscal tiene restricciones, por todos los problemas que viene resaltando el Ministro de Hacienda.
¿Recesión a la vista?
viernes, 21 de septiembre de 2018
Publicado en Portafolio el 21 de septiembre de 2018
En junio pasado, el presidente Trump afirmó en Twitter que la economía de los Estados Unidos está en el momento más grande de su historia. Con ello reclama para su política económica el éxito del buen crecimiento del PIB y el pleno empleo alcanzado en el mercado laboral.
También podría cobrar la mayor inflación, por el impulso de demanda ocasionado por su reforma tributaria. Lo cierto es que el crecimiento de los precios permite a la FED continuar su proceso de normalización monetaria, a pesar del disgusto de Trump por el aumento de las tasas de interés.
En cambio, no comenta que la inversión extranjera neta viene disminuyendo y que el déficit de la balanza comercial a julio de 2018 es el mayor de los últimos años. El primer indicador reflejaría que la confianza de los inversionistas en EE.UU. no es tan grande como se esperaría. El segundo, que, en consonancia con la teoría económica, las políticas proteccionistas no reducen el saldo negativo del comercio exterior.
La euforia del mandatario contrasta con un análisis reciente de Born y otros investigadores del CEPR (“Stable genius: Estimating the 'Trump effect' on the US economy”). Mediante la comparación con una economía sintética, concluyeron que el desempeño económico de EE.UU. sería el mismo con o sin Trump.
Numerosos analistas reconocen que la dinámica de la economía de EE.UU. fue impulsada por la reducción de impuestos. Pero el crecimiento viene de años anteriores, como lo evidencia el hecho de que el actual periodo de expansión es el segundo más largo en la historia de ese país y está próximo a alcanzar un récord.
Precisamente por esa razón un número creciente de analistas prevé que el ciclo de expansión está próximo a terminar y que las políticas de Trump contribuirán a que la recesión sea más profunda.
Varios indicadores sustentan la probable recesión. Las tasas de interés reales negativas incentivaron las burbujas anteriores en la economía y en el periodo reciente llevan ocho años por debajo de cero. Hay una “burbuja de riqueza” de los hogares que alcanza el 500% del PIB; los picos de esta variable se observaron previamente a las burbujas de las puntocom e hipotecaria. La curva de rendimientos se está aplanando, como lo muestra la diferencia entre las tasas de los bonos del Tesoro a diez y dos años; en las recesiones más recientes esa diferencia fue negativa y actualmente se acerca a cero. Según Shiller, el mercado bursátil actualmente es similar a “los picos previos a la mayoría de los 13 mercados bajistas” pasados.
Economistas como Robert Shiller y Nouriel Roubini sugieren que la recesión podría iniciarse hacia el 2020. El problema es que la reforma tributaria de Trump aumentó el déficit fiscal y redujo el margen de maniobra de la política fiscal. Lo propio ocurre con la política monetaria, cuya tasa real de intervención todavía es negativa, lo que limita su capacidad para inducir aumentos en la demanda agregada.
Por fortuna la crisis mundial de 2008-2009 mostró que era infundada la prepotencia de los economistas que creían tener dominados los ciclos económicos. Ahora el riesgo nace de las restricciones de la política económica, que pueden exponer al mundo a una recesión prolongada. Solución: ¿Nueva heterodoxia?
En junio pasado, el presidente Trump afirmó en Twitter que la economía de los Estados Unidos está en el momento más grande de su historia. Con ello reclama para su política económica el éxito del buen crecimiento del PIB y el pleno empleo alcanzado en el mercado laboral.
También podría cobrar la mayor inflación, por el impulso de demanda ocasionado por su reforma tributaria. Lo cierto es que el crecimiento de los precios permite a la FED continuar su proceso de normalización monetaria, a pesar del disgusto de Trump por el aumento de las tasas de interés.
En cambio, no comenta que la inversión extranjera neta viene disminuyendo y que el déficit de la balanza comercial a julio de 2018 es el mayor de los últimos años. El primer indicador reflejaría que la confianza de los inversionistas en EE.UU. no es tan grande como se esperaría. El segundo, que, en consonancia con la teoría económica, las políticas proteccionistas no reducen el saldo negativo del comercio exterior.
La euforia del mandatario contrasta con un análisis reciente de Born y otros investigadores del CEPR (“Stable genius: Estimating the 'Trump effect' on the US economy”). Mediante la comparación con una economía sintética, concluyeron que el desempeño económico de EE.UU. sería el mismo con o sin Trump.
Numerosos analistas reconocen que la dinámica de la economía de EE.UU. fue impulsada por la reducción de impuestos. Pero el crecimiento viene de años anteriores, como lo evidencia el hecho de que el actual periodo de expansión es el segundo más largo en la historia de ese país y está próximo a alcanzar un récord.
Precisamente por esa razón un número creciente de analistas prevé que el ciclo de expansión está próximo a terminar y que las políticas de Trump contribuirán a que la recesión sea más profunda.
Varios indicadores sustentan la probable recesión. Las tasas de interés reales negativas incentivaron las burbujas anteriores en la economía y en el periodo reciente llevan ocho años por debajo de cero. Hay una “burbuja de riqueza” de los hogares que alcanza el 500% del PIB; los picos de esta variable se observaron previamente a las burbujas de las puntocom e hipotecaria. La curva de rendimientos se está aplanando, como lo muestra la diferencia entre las tasas de los bonos del Tesoro a diez y dos años; en las recesiones más recientes esa diferencia fue negativa y actualmente se acerca a cero. Según Shiller, el mercado bursátil actualmente es similar a “los picos previos a la mayoría de los 13 mercados bajistas” pasados.
Economistas como Robert Shiller y Nouriel Roubini sugieren que la recesión podría iniciarse hacia el 2020. El problema es que la reforma tributaria de Trump aumentó el déficit fiscal y redujo el margen de maniobra de la política fiscal. Lo propio ocurre con la política monetaria, cuya tasa real de intervención todavía es negativa, lo que limita su capacidad para inducir aumentos en la demanda agregada.
Por fortuna la crisis mundial de 2008-2009 mostró que era infundada la prepotencia de los economistas que creían tener dominados los ciclos económicos. Ahora el riesgo nace de las restricciones de la política económica, que pueden exponer al mundo a una recesión prolongada. Solución: ¿Nueva heterodoxia?
Comercio exterior en deuda
viernes, 24 de agosto de 2018
Publicado en Portafolio el viernes 24 de agosto de 2018
Es pertinente evaluar en términos agregados el comercio exterior durante los dos últimos gobiernos, con el fin de precisar los retos que enfrenta la actual administración en esta materia.
El éxito o el fracaso de la política comercial no se puede medir por el superávit o déficit en la balanza comercial, como lo pretenden muchos de los supuestos peritos en TLCs.
En una economía globalizada, la evaluación más agregada es la participación de las exportaciones en el PIB. La de bienes y servicios era el 14.8% del PIB en 2002 y fue igual en 2017; en el mismo periodo, la media mundial pasó del 25.4% al 28.5%. Además, por el coeficiente de apertura (exportaciones sobre PIB), Colombia clasificó en el puesto 124 entre 137 países en el World Competitiveness Report 2017-2018.
Otro indicador es la participación de las exportaciones en el total mundial. En valores, en 2002 Colombia participaba con el 0.18% y aumentó hasta 0.32% en 2013, para finalmente caer al 0.21% en 2017; es decir, “ganamos” tres décimas. Pero el problema es que hubo una bonanza de precios de productos básicos, que distorsiona los comportamientos reales; por eso, después de la participación alcanzada en 2013 se perdió gran parte del supuesto avance.
La apreciación de la tasa de cambio, producto de la bonanza, originó un problema de enfermedad holandesa que redujo la competitividad de las exportaciones industriales y repercutió en la pérdida de participación global. En 2002 eran el 0.22% de las exportaciones manufactureras mundiales y en 2017 fueron el 0.14%.
Debido a la alta dependencia de los minero-energéticos (72% del total en 2013), el efecto precios de la bonanza incrementó la concentración de la canasta exportadora. El índice de Herfindahl-Hirschman, IHH (en escala de cero a 10.000), estuvo en niveles por debajo de 700 hasta 2007 y subió a 2.400 en 2013 (por encima de 1.800 se considera alta concentración); solo con el derrumbe de los precios del petróleo en 2014 empezó a disminuir el IHH.
Por la distorsión que ocasionan los precios, el análisis en términos de volumen refleja mejor la evolución de las exportaciones. El total se multiplicó por 2.5 entre 2002 y 2017, mientras que las no minero-energéticas apenas lo hicieron por 1.2; estas últimas crecieron hasta 2007 y luego se estancaron; igual comportamiento se observa en las industriales.
Como decía un Ministro de Comercio, para exportar petróleo no se necesitan TLCs; esos acuerdos son para diversificar las exportaciones. Comparando el año de vigencia de cada acuerdo con 2017, el IHH revela una mayor concentración con Canadá, Chile, México y Mercosur. Disminuye con Estados Unidos, Unión Europea, EFTA, la CAN, el Triángulo Norte Centroamericano; pero en todas las economías desarrolladas la reducción del IHH refleja la caída en las exportaciones de minero-energéticos, más que el aumento de las no minero-energéticas.
Conclusión, seguimos siendo una economía cerrada, el volumen muestra bajo crecimiento y la concentración en minero-energéticos sigue siendo muy alta, especialmente con las economías desarrolladas.
Con ese punto de partida, el gobierno Duque enfrenta enormes retos de competitividad y diversificación, en un mercado internacional cada vez más complejo por la inminencia de una guerra comercial y por los impactos negativos de la tecnología en las cadenas globales de valor.
Es pertinente evaluar en términos agregados el comercio exterior durante los dos últimos gobiernos, con el fin de precisar los retos que enfrenta la actual administración en esta materia.
El éxito o el fracaso de la política comercial no se puede medir por el superávit o déficit en la balanza comercial, como lo pretenden muchos de los supuestos peritos en TLCs.
En una economía globalizada, la evaluación más agregada es la participación de las exportaciones en el PIB. La de bienes y servicios era el 14.8% del PIB en 2002 y fue igual en 2017; en el mismo periodo, la media mundial pasó del 25.4% al 28.5%. Además, por el coeficiente de apertura (exportaciones sobre PIB), Colombia clasificó en el puesto 124 entre 137 países en el World Competitiveness Report 2017-2018.
Otro indicador es la participación de las exportaciones en el total mundial. En valores, en 2002 Colombia participaba con el 0.18% y aumentó hasta 0.32% en 2013, para finalmente caer al 0.21% en 2017; es decir, “ganamos” tres décimas. Pero el problema es que hubo una bonanza de precios de productos básicos, que distorsiona los comportamientos reales; por eso, después de la participación alcanzada en 2013 se perdió gran parte del supuesto avance.
La apreciación de la tasa de cambio, producto de la bonanza, originó un problema de enfermedad holandesa que redujo la competitividad de las exportaciones industriales y repercutió en la pérdida de participación global. En 2002 eran el 0.22% de las exportaciones manufactureras mundiales y en 2017 fueron el 0.14%.
Debido a la alta dependencia de los minero-energéticos (72% del total en 2013), el efecto precios de la bonanza incrementó la concentración de la canasta exportadora. El índice de Herfindahl-Hirschman, IHH (en escala de cero a 10.000), estuvo en niveles por debajo de 700 hasta 2007 y subió a 2.400 en 2013 (por encima de 1.800 se considera alta concentración); solo con el derrumbe de los precios del petróleo en 2014 empezó a disminuir el IHH.
Por la distorsión que ocasionan los precios, el análisis en términos de volumen refleja mejor la evolución de las exportaciones. El total se multiplicó por 2.5 entre 2002 y 2017, mientras que las no minero-energéticas apenas lo hicieron por 1.2; estas últimas crecieron hasta 2007 y luego se estancaron; igual comportamiento se observa en las industriales.
Como decía un Ministro de Comercio, para exportar petróleo no se necesitan TLCs; esos acuerdos son para diversificar las exportaciones. Comparando el año de vigencia de cada acuerdo con 2017, el IHH revela una mayor concentración con Canadá, Chile, México y Mercosur. Disminuye con Estados Unidos, Unión Europea, EFTA, la CAN, el Triángulo Norte Centroamericano; pero en todas las economías desarrolladas la reducción del IHH refleja la caída en las exportaciones de minero-energéticos, más que el aumento de las no minero-energéticas.
Conclusión, seguimos siendo una economía cerrada, el volumen muestra bajo crecimiento y la concentración en minero-energéticos sigue siendo muy alta, especialmente con las economías desarrolladas.
Con ese punto de partida, el gobierno Duque enfrenta enormes retos de competitividad y diversificación, en un mercado internacional cada vez más complejo por la inminencia de una guerra comercial y por los impactos negativos de la tecnología en las cadenas globales de valor.
Las reformas económicas estructurales que necesita Colombia
viernes, 27 de julio de 2018
Publicado en la Revista Fasecolda No. 170, 2018
El inicio de un nuevo periodo presidencial es adecuado para impulsar las reformas estructurales que necesita un país, a pesar de que sean impopulares. No tramitarlas implica aplazar indefinidamente la solución de problemas trascendentales para la economía, que pueden terminar afectando al propio gobierno que no lo hace.
Los gobiernos anteriores no avanzaron, o lo hicieron a medias, en las diversas reformas estructurales que necesita Colombia. El objetivo propuesto en este documento es describir aquellas más importantes en materia económica, resaltando la problemática que las caracteriza.
Reforma tributaria
Desde la reforma constitucional de 1991 el gasto público comenzó a crecer más que los ingresos. Para financiarlo, Colombia cayó en un círculo vicioso de tramitar reformas tributarias cada 18 meses, pero no ha logrado eliminar la diferencia.
El resultado es un estatuto tributario complejo, inestabilidad en las reglas de juego para los contribuyentes y altísimas tasas efectivas de tributación, que incentivan la evasión, la elusión y el cabildeo para obtener privilegios.
Paradójicamente, la carga tributaria es baja (los ingresos fiscales como porcentaje del PIB bordean el 20%), pero la tasa efectiva de tributación, calculada por el Banco Mundial, está entre las 10 más altas del mundo: equivale al 69% de las utilidades.
Esto se explica porque la mayor parte de la tributación recae sobre pocos contribuyentes: 3.441 empresas formales aportan el 67% del recaudo del impuesto de renta; de igual forma, la base de personas naturales es estrecha por los altos umbrales a partir de los cuales se aplica la retención en la fuente. Alrededor del 82.6% de la tributación directa la hacen las empresas mientras que las personas naturales solo aportan el 17.4% (en la OCDE, las primeras aportan el 28.2% y las segundas el 71.8%).
Como producto del cabildeo mencionado, las exenciones y los tratamientos preferenciales son numerosos; el Banco Mundial calcula que el costo fiscal de estos gastos tributarios está entre el 3.0% y 4.5% del PIB.
Reforma pensional
En Colombia solo el 23% de la población en edad de jubilación recibe una pensión.
Hay problemas de sostenibilidad por el envejecimiento de la población, producto de la caída de las tasas de natalidad y mortalidad y el aumento de la esperanza de vida. Esto afecta directamente al Régimen de Prima Media (RPM) porque se reduce el número de aportantes con relación al número de pensionados. Como las reservas de este sistema se agotaron, el pago de las pensiones lo asume el Gobierno, que destina $41 billones del presupuesto anual a este rubro; este gasto es superior al monto de la inversión pública de 2018 ($34.3 billones).
En el Régimen de Ahorro Individual (RAIS), los problemas de sostenibilidad financiera se asocian con la tendencia descendente de las tasas de interés en el largo plazo, pues se encarece el financiamiento del pasivo pensional. En la medida en que las tasas de interés son más bajas, es necesario un monto mayor de ahorro de los trabajadores para obtener una pensión; y cuando la obtienen, las rentas vitalicias pueden ser impactadas negativamente, lo que sumado al riesgo de extra-longevidad, afecta a la baja los montos de las mesadas pensionales.
También hay problemas de equidad horizontal por la existencia de un subsidio en el RPM, que no lo hay en el RAIS. Al comparar dos trabajadores con historias laborales idénticas y con aportes pensionales iguales, el afiliado al RPM, en general, recibe una pensión superior a la del afiliado al RAIS.
Los problemas de equidad vertical surgen del carácter regresivo del subsidio en el RPM, pues los beneficios aumentan a medida que la pensión es más alta. Los cálculos del Departamento Nacional de Planeación indican que los pensionados del quintil más bajo reciben el 4.3% del subsidio, mientras que los de los dos quintiles de mayores ingresos reciben el 74.2%.
Adicionalmente, hay problemas de cobertura. El número de personas ocupadas en Colombia es del orden de 22 millones, y de ellos solo 7.2 millones, el 33%, cotizan o ahorran activamente en el sistema general de pensiones.
El problema de cobertura se explica por dos factores: la informalidad y la evasión. La informalidad incide en la baja densidad de las cotizaciones, de forma que muchos trabajadores no logran completar las semanas necesarias para acceder a una pensión. En el caso de la evasión, un estudio del Ministerio de Hacienda contrastó las declaraciones de renta de los trabajadores independientes con sus aportes en la Pila (Planilla única de liquidación de aportes) y encontró que el 94% de ellos son evasores; calculó en $3 billones anuales el costo relacionado.
Por último, hay problemas de riesgo jurídico que nacen del activismo judicial de cortes y jueces que mediante sus decisiones generan grandes impactos negativos y cambian las reglas de juego del sistema pensional.
Reformas al gasto público
Los gastos de funcionamiento del Gobierno son altamente inflexibles porque en su mayoría están asignados por normas. Por eso, los recortes se aplican generalmente al rubro de inversión, ocasionando mayores pérdidas de dinamismo de la economía.
La política de subsidios es regresiva porque beneficia a las personas de ingresos altos, en lugar de beneficiar a los más desvalidos. Hay problemas de focalización, irregularidades en los procesos de inscripción para obtener los subsidios y carencia de auditorías adecuadas que permitan verificar que realmente se asignan a los más necesitados.
Este es uno de los factores que explica la pérdida de capacidad de la política fiscal para afectar la redistribución del ingreso. El coeficiente de Gini de Colombia, que es uno de los más altos del mundo, prácticamente se mantiene sin cambios antes y después de la política fiscal (0.574 y 0.567, respectivamente).
La Comisión del Gasto y la Inversión Pública resalta que el proceso presupuestario es fragmentado, pues el presupuesto de la Nación, el de las entidades territoriales y el de regalías se manejan de forma independiente. Adicionalmente, en el Gobierno Central una entidad está a cargo del presupuesto de gastos, y otra del de inversión.
En general se carece de criterios técnicos para la asignación de los gastos por prioridades y por impacto esperado, además de adolecer de sistemas de evaluación de los efectos de las políticas públicas.
Con relación a la administración pública, no hay certeza sobre el tamaño del empleo público, por la coexistencia de diferentes modalidades de contratación que en algunos casos son usadas para evadir las restricciones impuestas por programas de austeridad.
El sistema de carrera administrativa tiene numerosos problemas que van desde procesos de selección poco transparentes y costosos, hasta la ausencia de incentivos y de promoción efectiva, lo que desmotiva a los funcionarios. Además, las escalas salariales son complejas y son inexistentes los mecanismos de salida. El resultado es una burocracia con baja eficiencia y poco productiva.
La contratación pública es una fuente de corrupción y de captura de rentas y de entidades públicas; hay problemas de complejidad y de transparencia de la regulación, que no permiten el flujo y el acceso a la información a los oferentes.
Otras reformas
Flexibilización laboral
El mercado laboral colombiano se caracteriza por rigideces que repercuten en alto desempleo y elevada informalidad. En las últimas décadas se adoptaron algunas reformas, pero aún subsisten factores que limitan el margen de las empresas para ajustarse a los cambios de ciclo de la economía.
Con la reforma tributaria de 2012 se eliminaron los parafiscales del Sena y el ICBF, pero todavía las cargas equivalen al 49% del valor de la nómina, según Anif.
La Ocde encuentra atípico que en Colombia el salario mínimo no tenga una diferenciación marcada con la remuneración promedio, como ocurre en la mayoría de las economías. De igual forma, un salario mínimo nacional impide la generación de empleos de calidad en las regiones en las que el costo de vida es inferior al de las grandes ciudades.
Formalización laboral
La tasa de informalidad laboral es alta; en enero-marzo de 2018, su nivel fue de 62.9% para el total del país.
La firma McKinsey calcula que en Colombia la productividad laboral relativa de los trabajadores informales es apenas el 6% de la de un trabajador de Estados Unidos; esto significa que se necesitan 17 trabajadores informales para producir lo que produce un trabajador de ese país.
La informalidad es uno de los factores que impide el crecimiento de la productividad, explica la baja cobertura del sistema pensional, incide en el exiguo recaudo tributario y hace más onerosa la operación del sistema de salud, porque se benefician del régimen subsidiado. Por esto es prioritario reducirla de forma más acelerada que la observada hasta ahora.
Conclusión
Es evidente que los temas mencionados tienen impactos negativos y que solucionarlos es vital para el futuro de la economía, en un mundo crecientemente globalizado. No darles la solución estructural que requieren es condenar al país a quedarse del tren del desarrollo. La globalización demanda empresas más competitivas y más innovadoras; pero los problemas mencionados son un lastre que impide a las firmas colombianas cumplir con esos requisitos.
El inicio de un nuevo periodo presidencial es adecuado para impulsar las reformas estructurales que necesita un país, a pesar de que sean impopulares. No tramitarlas implica aplazar indefinidamente la solución de problemas trascendentales para la economía, que pueden terminar afectando al propio gobierno que no lo hace.
Los gobiernos anteriores no avanzaron, o lo hicieron a medias, en las diversas reformas estructurales que necesita Colombia. El objetivo propuesto en este documento es describir aquellas más importantes en materia económica, resaltando la problemática que las caracteriza.
Reforma tributaria
Desde la reforma constitucional de 1991 el gasto público comenzó a crecer más que los ingresos. Para financiarlo, Colombia cayó en un círculo vicioso de tramitar reformas tributarias cada 18 meses, pero no ha logrado eliminar la diferencia.
El resultado es un estatuto tributario complejo, inestabilidad en las reglas de juego para los contribuyentes y altísimas tasas efectivas de tributación, que incentivan la evasión, la elusión y el cabildeo para obtener privilegios.
Paradójicamente, la carga tributaria es baja (los ingresos fiscales como porcentaje del PIB bordean el 20%), pero la tasa efectiva de tributación, calculada por el Banco Mundial, está entre las 10 más altas del mundo: equivale al 69% de las utilidades.
Esto se explica porque la mayor parte de la tributación recae sobre pocos contribuyentes: 3.441 empresas formales aportan el 67% del recaudo del impuesto de renta; de igual forma, la base de personas naturales es estrecha por los altos umbrales a partir de los cuales se aplica la retención en la fuente. Alrededor del 82.6% de la tributación directa la hacen las empresas mientras que las personas naturales solo aportan el 17.4% (en la OCDE, las primeras aportan el 28.2% y las segundas el 71.8%).
Como producto del cabildeo mencionado, las exenciones y los tratamientos preferenciales son numerosos; el Banco Mundial calcula que el costo fiscal de estos gastos tributarios está entre el 3.0% y 4.5% del PIB.
Reforma pensional
En Colombia solo el 23% de la población en edad de jubilación recibe una pensión.
Hay problemas de sostenibilidad por el envejecimiento de la población, producto de la caída de las tasas de natalidad y mortalidad y el aumento de la esperanza de vida. Esto afecta directamente al Régimen de Prima Media (RPM) porque se reduce el número de aportantes con relación al número de pensionados. Como las reservas de este sistema se agotaron, el pago de las pensiones lo asume el Gobierno, que destina $41 billones del presupuesto anual a este rubro; este gasto es superior al monto de la inversión pública de 2018 ($34.3 billones).
En el Régimen de Ahorro Individual (RAIS), los problemas de sostenibilidad financiera se asocian con la tendencia descendente de las tasas de interés en el largo plazo, pues se encarece el financiamiento del pasivo pensional. En la medida en que las tasas de interés son más bajas, es necesario un monto mayor de ahorro de los trabajadores para obtener una pensión; y cuando la obtienen, las rentas vitalicias pueden ser impactadas negativamente, lo que sumado al riesgo de extra-longevidad, afecta a la baja los montos de las mesadas pensionales.
También hay problemas de equidad horizontal por la existencia de un subsidio en el RPM, que no lo hay en el RAIS. Al comparar dos trabajadores con historias laborales idénticas y con aportes pensionales iguales, el afiliado al RPM, en general, recibe una pensión superior a la del afiliado al RAIS.
Los problemas de equidad vertical surgen del carácter regresivo del subsidio en el RPM, pues los beneficios aumentan a medida que la pensión es más alta. Los cálculos del Departamento Nacional de Planeación indican que los pensionados del quintil más bajo reciben el 4.3% del subsidio, mientras que los de los dos quintiles de mayores ingresos reciben el 74.2%.
Adicionalmente, hay problemas de cobertura. El número de personas ocupadas en Colombia es del orden de 22 millones, y de ellos solo 7.2 millones, el 33%, cotizan o ahorran activamente en el sistema general de pensiones.
El problema de cobertura se explica por dos factores: la informalidad y la evasión. La informalidad incide en la baja densidad de las cotizaciones, de forma que muchos trabajadores no logran completar las semanas necesarias para acceder a una pensión. En el caso de la evasión, un estudio del Ministerio de Hacienda contrastó las declaraciones de renta de los trabajadores independientes con sus aportes en la Pila (Planilla única de liquidación de aportes) y encontró que el 94% de ellos son evasores; calculó en $3 billones anuales el costo relacionado.
Por último, hay problemas de riesgo jurídico que nacen del activismo judicial de cortes y jueces que mediante sus decisiones generan grandes impactos negativos y cambian las reglas de juego del sistema pensional.
Reformas al gasto público
Los gastos de funcionamiento del Gobierno son altamente inflexibles porque en su mayoría están asignados por normas. Por eso, los recortes se aplican generalmente al rubro de inversión, ocasionando mayores pérdidas de dinamismo de la economía.
La política de subsidios es regresiva porque beneficia a las personas de ingresos altos, en lugar de beneficiar a los más desvalidos. Hay problemas de focalización, irregularidades en los procesos de inscripción para obtener los subsidios y carencia de auditorías adecuadas que permitan verificar que realmente se asignan a los más necesitados.
Este es uno de los factores que explica la pérdida de capacidad de la política fiscal para afectar la redistribución del ingreso. El coeficiente de Gini de Colombia, que es uno de los más altos del mundo, prácticamente se mantiene sin cambios antes y después de la política fiscal (0.574 y 0.567, respectivamente).
La Comisión del Gasto y la Inversión Pública resalta que el proceso presupuestario es fragmentado, pues el presupuesto de la Nación, el de las entidades territoriales y el de regalías se manejan de forma independiente. Adicionalmente, en el Gobierno Central una entidad está a cargo del presupuesto de gastos, y otra del de inversión.
En general se carece de criterios técnicos para la asignación de los gastos por prioridades y por impacto esperado, además de adolecer de sistemas de evaluación de los efectos de las políticas públicas.
Con relación a la administración pública, no hay certeza sobre el tamaño del empleo público, por la coexistencia de diferentes modalidades de contratación que en algunos casos son usadas para evadir las restricciones impuestas por programas de austeridad.
El sistema de carrera administrativa tiene numerosos problemas que van desde procesos de selección poco transparentes y costosos, hasta la ausencia de incentivos y de promoción efectiva, lo que desmotiva a los funcionarios. Además, las escalas salariales son complejas y son inexistentes los mecanismos de salida. El resultado es una burocracia con baja eficiencia y poco productiva.
La contratación pública es una fuente de corrupción y de captura de rentas y de entidades públicas; hay problemas de complejidad y de transparencia de la regulación, que no permiten el flujo y el acceso a la información a los oferentes.
Otras reformas
Flexibilización laboral
El mercado laboral colombiano se caracteriza por rigideces que repercuten en alto desempleo y elevada informalidad. En las últimas décadas se adoptaron algunas reformas, pero aún subsisten factores que limitan el margen de las empresas para ajustarse a los cambios de ciclo de la economía.
Con la reforma tributaria de 2012 se eliminaron los parafiscales del Sena y el ICBF, pero todavía las cargas equivalen al 49% del valor de la nómina, según Anif.
La Ocde encuentra atípico que en Colombia el salario mínimo no tenga una diferenciación marcada con la remuneración promedio, como ocurre en la mayoría de las economías. De igual forma, un salario mínimo nacional impide la generación de empleos de calidad en las regiones en las que el costo de vida es inferior al de las grandes ciudades.
Formalización laboral
La tasa de informalidad laboral es alta; en enero-marzo de 2018, su nivel fue de 62.9% para el total del país.
La firma McKinsey calcula que en Colombia la productividad laboral relativa de los trabajadores informales es apenas el 6% de la de un trabajador de Estados Unidos; esto significa que se necesitan 17 trabajadores informales para producir lo que produce un trabajador de ese país.
La informalidad es uno de los factores que impide el crecimiento de la productividad, explica la baja cobertura del sistema pensional, incide en el exiguo recaudo tributario y hace más onerosa la operación del sistema de salud, porque se benefician del régimen subsidiado. Por esto es prioritario reducirla de forma más acelerada que la observada hasta ahora.
Conclusión
Es evidente que los temas mencionados tienen impactos negativos y que solucionarlos es vital para el futuro de la economía, en un mundo crecientemente globalizado. No darles la solución estructural que requieren es condenar al país a quedarse del tren del desarrollo. La globalización demanda empresas más competitivas y más innovadoras; pero los problemas mencionados son un lastre que impide a las firmas colombianas cumplir con esos requisitos.
Profesionales comprometidos
jueves, 19 de julio de 2018
Publicado en Portafolio el 19 de julio de 2018
¿Se imaginan ustedes a un pionero de la robótica, un doctor en economía, un sicólogo, y otros destacados profesores de la Universidad de Stanford diciéndole a un grupo de estudiantes de doctorado que respiren profundo mientras se concentran en cada parte de su cuerpo? ¿o que sustituyan en su cotidianidad la palabra “tener que” por “querer”? ¿o que pasen del pensar al hacer?
Pues eso ocurre en el Institutode Diseño Hasso Plattner de la Universidad de Stanford de la Universidad de Stanford, más conocido como d.school. Se trata de cursos interdisciplinarios libres para los estudiantes que están terminando sus doctorados o maestrías. En ellos persiguen diferentes objetivos, como entender que el conocimiento debe servir para solucionar los problemas de las personas; desarrollar formas creativas de pensamiento para hacerle frente a las dificultades que aquejan a una comunidad; y aprender las ventajas del trabajo en grupos que se enriquecen con puntos de vista de diferentes áreas del conocimiento.
Para poner en práctica esas metodologías, a los estudiantes los retan con frecuencia a solucionar problemas concretos de economías pobres. Uno de los ejemplos, ocurrió en Nepal, país que tenía una alta mortalidad de bebés prematuros.
La información inicial que tuvieron los estudiantes era la limitación en el número de incubadoras disponibles en el país, la escasez de recursos para adquirir más por su elevado costo (USD20.000) y los problemas de mantenimiento por la carencia de mano de obra calificada; además, el irregular servicio de energía eléctrica interrumpía el funcionamiento y dañaba los equipos. En consonancia con ese diagnóstico, propusieron inicialmente diseñar incubadoras más baratas y fabricar baterías de apoyo.
Los estudiantes hablaron con personas de los grupos afectados y terminaron reformulando el problema: las mujeres con bebés prematuros vivían generalmente lejos de las ciudades donde estaban las incubadoras y tenían problemas de transporte y costos de desplazamiento. La solución fue el diseño de un saco de dormir (sleeping) en miniatura, en un material que se calienta en agua y permite mantener la temperatura del bebé en condiciones adecuadas; además su costo era menos del 1% del de una incubadora.
Los resultados fueron notables: reducción de la tasa de mortalidad de los bebés prematuros y la creación de una empresa del grupo de estudiantes, que ayuda con su invento a miles de bebés de economías en desarrollo.
Las metodologías y experiencias que han desarrollado en d.school las presenta uno de los fundadores y pionero de la robótica, el profesor Bernard Roth, en su libro “El hábito del logro” (ver más detalles en mi canal de YouTube “La biblioteca de Hernán”).
Con una alta probabilidad, guiados por el título, muchos académicos del país no lo leerían. Pero debería ser un libro de cabecera de rectores, decanos y directores de centros de investigación universitarios, así como de estudiantes y empresarios.
Desconozco si alguna universidad de Colombia está tratando de emular d.school, pero en EE.UU. las universidades de élite sí lo hacen. En el país, suelen ofrecer un semestre terminal en países desarrollados; podrían, como complemento imprescindible, fomentar la creatividad y el trabajo interdisciplinario entre los estudiantes más calificados, orientándolos a solucionar algunos de los miles de problemas que afectan a las comunidades pobres. Así, además de apoyar a mucha gente, tendríamos profesionales más creativos, comprometidos y emprendedores.
¿Se imaginan ustedes a un pionero de la robótica, un doctor en economía, un sicólogo, y otros destacados profesores de la Universidad de Stanford diciéndole a un grupo de estudiantes de doctorado que respiren profundo mientras se concentran en cada parte de su cuerpo? ¿o que sustituyan en su cotidianidad la palabra “tener que” por “querer”? ¿o que pasen del pensar al hacer?
Pues eso ocurre en el Institutode Diseño Hasso Plattner de la Universidad de Stanford de la Universidad de Stanford, más conocido como d.school. Se trata de cursos interdisciplinarios libres para los estudiantes que están terminando sus doctorados o maestrías. En ellos persiguen diferentes objetivos, como entender que el conocimiento debe servir para solucionar los problemas de las personas; desarrollar formas creativas de pensamiento para hacerle frente a las dificultades que aquejan a una comunidad; y aprender las ventajas del trabajo en grupos que se enriquecen con puntos de vista de diferentes áreas del conocimiento.
Para poner en práctica esas metodologías, a los estudiantes los retan con frecuencia a solucionar problemas concretos de economías pobres. Uno de los ejemplos, ocurrió en Nepal, país que tenía una alta mortalidad de bebés prematuros.
La información inicial que tuvieron los estudiantes era la limitación en el número de incubadoras disponibles en el país, la escasez de recursos para adquirir más por su elevado costo (USD20.000) y los problemas de mantenimiento por la carencia de mano de obra calificada; además, el irregular servicio de energía eléctrica interrumpía el funcionamiento y dañaba los equipos. En consonancia con ese diagnóstico, propusieron inicialmente diseñar incubadoras más baratas y fabricar baterías de apoyo.
Los estudiantes hablaron con personas de los grupos afectados y terminaron reformulando el problema: las mujeres con bebés prematuros vivían generalmente lejos de las ciudades donde estaban las incubadoras y tenían problemas de transporte y costos de desplazamiento. La solución fue el diseño de un saco de dormir (sleeping) en miniatura, en un material que se calienta en agua y permite mantener la temperatura del bebé en condiciones adecuadas; además su costo era menos del 1% del de una incubadora.
Los resultados fueron notables: reducción de la tasa de mortalidad de los bebés prematuros y la creación de una empresa del grupo de estudiantes, que ayuda con su invento a miles de bebés de economías en desarrollo.
Las metodologías y experiencias que han desarrollado en d.school las presenta uno de los fundadores y pionero de la robótica, el profesor Bernard Roth, en su libro “El hábito del logro” (ver más detalles en mi canal de YouTube “La biblioteca de Hernán”).
Con una alta probabilidad, guiados por el título, muchos académicos del país no lo leerían. Pero debería ser un libro de cabecera de rectores, decanos y directores de centros de investigación universitarios, así como de estudiantes y empresarios.
Desconozco si alguna universidad de Colombia está tratando de emular d.school, pero en EE.UU. las universidades de élite sí lo hacen. En el país, suelen ofrecer un semestre terminal en países desarrollados; podrían, como complemento imprescindible, fomentar la creatividad y el trabajo interdisciplinario entre los estudiantes más calificados, orientándolos a solucionar algunos de los miles de problemas que afectan a las comunidades pobres. Así, además de apoyar a mucha gente, tendríamos profesionales más creativos, comprometidos y emprendedores.
Problema fiscal a la vista
viernes, 22 de junio de 2018
Publicado en Portafolio el viernes 22 de junio de 2018
El principal problema económico que recibe el nuevo gobierno es la situación fiscal. El panorama es cada vez más lóbrego, tanto en los ingresos como en los gastos.
La complejidad del problema se refleja en los cambios que introdujo recientemente la Comisión Consultiva de la Regla Fiscal (CCRF), al permitir un mayor déficit fiscal como meta para los próximos años y aplazar su convergencia al déficit estructural de -1.0% del PIB desde 2020 hasta 2027.
En el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018, el Gobierno reconoce que a pesar de la caída del PIB potencial, como consecuencia de la contracción de la inversión, la recuperación de la economía ha sido más lenta de la esperada y, como consecuencia, se amplió la brecha negativa del producto.
Lógicamente, el menor crecimiento del PIB repercute en ingresos tributarios más bajos que los proyectados y generan dificultades para financiar el presupuesto. Pero la presión era mayor a la estimada, porque se suponía una elasticidad unitaria de los ingresos tributarios no petroleros, cuando en realidad es mayor, como lo reconoció la CCRF al adoptar ahora una elasticidad de 1.15. Esto explicaría parte de las afugias del Gobierno para alcanzar las metas de 2017 y 2018.
A pesar de estos ajustes al déficit fiscal, Fedesarrollo sostiene que los menores ingresos esperados harán muy difícil el logro de las metas revisadas, y, si no se adoptan los correctivos necesarios, el déficit será muy superior.
Es este el panorama que las calificadoras de riesgo están siguiendo con mucha atención. Según Mauro Leos, de Moody’s, el “espacio fiscal” de Colombia ha tendido a agotarse en los años recientes; esto, porque la deuda gubernamental como porcentaje del PIB aumentó en más de 10 puntos y, además, el pago de intereses como porcentaje de los ingresos también está creciendo.
El nivel del “espacio fiscal” de Colombia no corresponde al de las otras economías de la región que tienen grado de inversión, sino a las que tienen grado especulativo. En semejante escenario, el nuevo Gobierno tiene muy poco margen de maniobra para permitirse la ampliación del déficit y su financiación con deuda.
La opción sería una fuerte reducción de gastos, aún más drástica que la implementada desde el choque petrolero, pero su rigidez le pone límites. Leos señala que el 85% del presupuesto de Colombia está amarrado a gastos “obligatorios” y que en el Índice de Flexibilidad del Gasto sólo superamos a Costa Rica y Brasil, países que tienen grado especulativo. Además, a la inversión pública, que ha sido el comodín del ajuste en los programas de austeridad, ya no le queda mucho margen para mayores recortes, a lo cual habría que sumar su efecto negativo en el PIB potencial.
En síntesis, la única opción viable es tramitar una reforma estructural, para cambiar el balance de la carga tributaria entre empresas y personas naturales, y las reformas al gasto, que aumenten su flexibilidad y mejoren su eficiencia. Los pasos a seguir están planteados en los informes de las Comisiones de Expertos y del Gasto y en numerosos documentos técnicos de expertos nacionales y extranjeros.
No aprovechar el capital político al comienzo del Gobierno para hacer las reformas, puede tener funestas consecuencias para Colombia en el mediano plazo.
El principal problema económico que recibe el nuevo gobierno es la situación fiscal. El panorama es cada vez más lóbrego, tanto en los ingresos como en los gastos.
La complejidad del problema se refleja en los cambios que introdujo recientemente la Comisión Consultiva de la Regla Fiscal (CCRF), al permitir un mayor déficit fiscal como meta para los próximos años y aplazar su convergencia al déficit estructural de -1.0% del PIB desde 2020 hasta 2027.
En el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018, el Gobierno reconoce que a pesar de la caída del PIB potencial, como consecuencia de la contracción de la inversión, la recuperación de la economía ha sido más lenta de la esperada y, como consecuencia, se amplió la brecha negativa del producto.
Lógicamente, el menor crecimiento del PIB repercute en ingresos tributarios más bajos que los proyectados y generan dificultades para financiar el presupuesto. Pero la presión era mayor a la estimada, porque se suponía una elasticidad unitaria de los ingresos tributarios no petroleros, cuando en realidad es mayor, como lo reconoció la CCRF al adoptar ahora una elasticidad de 1.15. Esto explicaría parte de las afugias del Gobierno para alcanzar las metas de 2017 y 2018.
A pesar de estos ajustes al déficit fiscal, Fedesarrollo sostiene que los menores ingresos esperados harán muy difícil el logro de las metas revisadas, y, si no se adoptan los correctivos necesarios, el déficit será muy superior.
Es este el panorama que las calificadoras de riesgo están siguiendo con mucha atención. Según Mauro Leos, de Moody’s, el “espacio fiscal” de Colombia ha tendido a agotarse en los años recientes; esto, porque la deuda gubernamental como porcentaje del PIB aumentó en más de 10 puntos y, además, el pago de intereses como porcentaje de los ingresos también está creciendo.
El nivel del “espacio fiscal” de Colombia no corresponde al de las otras economías de la región que tienen grado de inversión, sino a las que tienen grado especulativo. En semejante escenario, el nuevo Gobierno tiene muy poco margen de maniobra para permitirse la ampliación del déficit y su financiación con deuda.
La opción sería una fuerte reducción de gastos, aún más drástica que la implementada desde el choque petrolero, pero su rigidez le pone límites. Leos señala que el 85% del presupuesto de Colombia está amarrado a gastos “obligatorios” y que en el Índice de Flexibilidad del Gasto sólo superamos a Costa Rica y Brasil, países que tienen grado especulativo. Además, a la inversión pública, que ha sido el comodín del ajuste en los programas de austeridad, ya no le queda mucho margen para mayores recortes, a lo cual habría que sumar su efecto negativo en el PIB potencial.
En síntesis, la única opción viable es tramitar una reforma estructural, para cambiar el balance de la carga tributaria entre empresas y personas naturales, y las reformas al gasto, que aumenten su flexibilidad y mejoren su eficiencia. Los pasos a seguir están planteados en los informes de las Comisiones de Expertos y del Gasto y en numerosos documentos técnicos de expertos nacionales y extranjeros.
No aprovechar el capital político al comienzo del Gobierno para hacer las reformas, puede tener funestas consecuencias para Colombia en el mediano plazo.
Candidatos: ¡A formalizar!
viernes, 25 de mayo de 2018
Artículo publicado en Portafolio, el viernes 25 de mayo de 2018
Por múltiples razones el país debe emprender una lucha a muerte contra la informalidad. De ellas, considero tres prioritarias: el acceso a las pensiones, la productividad de la economía y la necesidad de enseñar a pescar.
Con relación a las pensiones, la sociedad como un todo debería vivir en permanente alarma, porque el 80% de las personas en edad de jubilación no puede acceder a ellas. Aun cuando Colombia registra notables avances en algunos indicadores sociales y persiste la cultura de solidaridad familiar, este hecho es un lunar enorme.
Paradójicamente, esos avances agravarán la situación. Menores tasas de natalidad, caída de las tasas de mortalidad y aumento de la esperanza de vida, nos pusieron en la senda del envejecimiento poblacional, hacen más compleja la sostenibilidad del sistema pensional de reparto y más oneroso el costo fiscal que toda la sociedad debe asumir, si la alta informalidad perpetúa los actuales niveles de cobertura.
Con relación a la productividad, Mckinsey calculó hace algún tiempo la productividad laboral relativa de la mano de obra informal del país y encontró que en promedio se necesitan 17 trabajadores informales de Colombia para producir lo de un trabajador de Estados Unidos.
La productividad de un trabajador del sector formal de Colombia es siete veces superior a la del informal. Esto evidencia la magnitud del impacto negativo que sufre la economía como consecuencia de las elevadas tasas de informalidad. Pese a que este índice ha descendido desde la reforma tributaria de 2012, que eliminó los parafiscales del Sena y del ICBF, su nivel se encuentra en el 62.9% para el total nacional en el primer trimestre de 2018.
Esta relación entre informalidad y productividad es fundamental para entender, entre otras cosas, por qué el país no logra diversificar las exportaciones, a pesar de los numerosos programas implementados en los últimos 50 años.
Por último, para combatir la informalidad es necesario aplicar el adagio de enseñar a pescar en lugar de regalar el pescado. Está muy bien que una economía en desarrollo tenga acceso universal a la salud, subsidiando el acceso del 50% de la población, brinde educación gratuita, regale viviendas o las subsidie, cuente con subsidios al consumo de servicios públicos, y tenga programas de alimentación para las personas menos favorecidas; pero esas acciones caritativas tienen un impacto negativo en la formalización.
Son conocidas las marrullas usadas para inscribirse en el Sisben y hacerse acreedores a diversos subsidios; de igual forma, muchos afiliados se niegan a contratarse en empleos formales por temor a perder esas dádivas.
Es lícito evaluar la política de subsidios como un éxito de la política social, porque ha contribuido a reducir la pobreza, pero también son evidentes los efectos no deseados que alimentan la informalidad y la pésima distribución del ingreso. Los indicadores de concentración del ingreso (Gini) de Colombia no solo están entre los peores del mundo, sino que se mantienen prácticamente iguales antes y después de la política de subsidios. La causa es conocida: problemas de focalización, subsidios regresivos en pensiones y educación y fuerte relación de dependencia porque la política carece de mecanismos de graduación para los beneficiarios de la generosidad del Estado.
Este es un gran reto para el nuevo presidente. Los candidatos tienen la palabra.
Por múltiples razones el país debe emprender una lucha a muerte contra la informalidad. De ellas, considero tres prioritarias: el acceso a las pensiones, la productividad de la economía y la necesidad de enseñar a pescar.
Con relación a las pensiones, la sociedad como un todo debería vivir en permanente alarma, porque el 80% de las personas en edad de jubilación no puede acceder a ellas. Aun cuando Colombia registra notables avances en algunos indicadores sociales y persiste la cultura de solidaridad familiar, este hecho es un lunar enorme.
Paradójicamente, esos avances agravarán la situación. Menores tasas de natalidad, caída de las tasas de mortalidad y aumento de la esperanza de vida, nos pusieron en la senda del envejecimiento poblacional, hacen más compleja la sostenibilidad del sistema pensional de reparto y más oneroso el costo fiscal que toda la sociedad debe asumir, si la alta informalidad perpetúa los actuales niveles de cobertura.
Con relación a la productividad, Mckinsey calculó hace algún tiempo la productividad laboral relativa de la mano de obra informal del país y encontró que en promedio se necesitan 17 trabajadores informales de Colombia para producir lo de un trabajador de Estados Unidos.
La productividad de un trabajador del sector formal de Colombia es siete veces superior a la del informal. Esto evidencia la magnitud del impacto negativo que sufre la economía como consecuencia de las elevadas tasas de informalidad. Pese a que este índice ha descendido desde la reforma tributaria de 2012, que eliminó los parafiscales del Sena y del ICBF, su nivel se encuentra en el 62.9% para el total nacional en el primer trimestre de 2018.
Esta relación entre informalidad y productividad es fundamental para entender, entre otras cosas, por qué el país no logra diversificar las exportaciones, a pesar de los numerosos programas implementados en los últimos 50 años.
Por último, para combatir la informalidad es necesario aplicar el adagio de enseñar a pescar en lugar de regalar el pescado. Está muy bien que una economía en desarrollo tenga acceso universal a la salud, subsidiando el acceso del 50% de la población, brinde educación gratuita, regale viviendas o las subsidie, cuente con subsidios al consumo de servicios públicos, y tenga programas de alimentación para las personas menos favorecidas; pero esas acciones caritativas tienen un impacto negativo en la formalización.
Son conocidas las marrullas usadas para inscribirse en el Sisben y hacerse acreedores a diversos subsidios; de igual forma, muchos afiliados se niegan a contratarse en empleos formales por temor a perder esas dádivas.
Es lícito evaluar la política de subsidios como un éxito de la política social, porque ha contribuido a reducir la pobreza, pero también son evidentes los efectos no deseados que alimentan la informalidad y la pésima distribución del ingreso. Los indicadores de concentración del ingreso (Gini) de Colombia no solo están entre los peores del mundo, sino que se mantienen prácticamente iguales antes y después de la política de subsidios. La causa es conocida: problemas de focalización, subsidios regresivos en pensiones y educación y fuerte relación de dependencia porque la política carece de mecanismos de graduación para los beneficiarios de la generosidad del Estado.
Este es un gran reto para el nuevo presidente. Los candidatos tienen la palabra.
América Latina y la incertidumbre global
viernes, 4 de mayo de 2018
Publicado en la Revista Fasecolda No. 169
En el periodo reciente aparecieron diversos factores exógenos que pueden afectar la dinámica de crecimiento de las economías de América Latina. Ante ellos, los gobiernos solo pueden adoptar medidas para mitigar sus impactos, pero no es una tarea fácil.
Migración venezolana
El desastre económico ocasionado por la dictadura de Venezuela originó la migración masiva de residentes que buscan escapar de la penuria que los agobia. Según la firma Consultores 21, la diáspora, que en los últimos años supera los cuatro millones de personas, se orienta especialmente hacia países de América y Europa; Colombia y Chile aparecen como los principales destinos, con el 17% cada uno, seguidos de EE.UU. (10%), Perú (10%), Ecuador (8%), Panamá (7%) y Argentina (4%).
Al principio, migraron los empresarios afectados por la pérdida de estabilidad jurídica en el país; luego salieron muchos trabajadores calificados, bien sea por el cierre de empresas o porque los áulicos de la revolución bolivariana se apoderaron de los cargos gerenciales (como en el caso de PDVSA). Ahora están migrando familias de clase media y baja, castigadas por la escasez de alimentos y medicinas, la erosión de los ingresos que ocasiona la hiperinflación y la represión de la dictadura a cualquier forma de protesta contra el régimen.
Para los países receptores de la región, esa masiva llegada de migrantes en pésimas condiciones económicas y sanitarias tiene serias repercusiones: crecimiento de la informalidad; presión sobre los sistemas de salud para la atención gratuita; entrada de enfermedades como la difteria y el sarampión, que estaban erradicadas de América Latina; atención en el sistema educativo a niños sin recursos; incremento de la delincuencia y prostitución; y riesgo de aparición de problemas de xenofobia, debido a que los residentes se sienten desplazados de sus empleos y del acceso a servicios esenciales, por los migrantes.
Además del malestar social, es evidente que los costos económicos son elevados y afectan las ya debilitadas finanzas nacionales y municipales de los países receptores.
Comercio internacional
Aun cuando el comercio internacional está en proceso de recuperación, hay serias amenazas a la institucionalidad que ha regido durante décadas.
En la última Conferencia Ministerial de la OMC, el presidente del Consejo General afirmó que «los ciudadanos de todo el mundo… cuestionan cada vez más los beneficios del comercio internacional y los acuerdos comerciales, y ponen a prueba el multilateralismo».
Esos sentimientos han sido alimentados por los pobres resultados del largo periodo de la Ronda de Doha y por el aumento del proteccionismo en numerosas economías durante la Gran Recesión.
A esto se suman las posiciones del presidente Trump contra los acuerdos comerciales, incluyendo la OMC; según el mandatario, este organismo no beneficia a los EE.UU. y los jueces están en su contra, lo que explica el predominio de fallos adversos.
En consecuencia, EE.UU. optó por bloquear el órgano de apelaciones de la OMC; actualmente tres de los siete cargos están vacantes porque ese país no ha dado su voto para suplirlos. Como cada apelación debe ser atendida por tres jueces, en poco tiempo se puede paralizar este órgano, que es parte esencial del mecanismo de solución de diferencias.
«Trumponomics»
La presidencia de Trump plantea riesgos para la economía mundial por sus erráticas decisiones. Dos de ellas merecen especial atención, por los efectos sobre el comercio y la economía.
Sobre comercio, desde que asumió el cargo, retiró a EE.UU. del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, congeló la negociación de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, forzó la renegociación del Nafta, mantiene amenazas continuas contra las importaciones de China y México, e impuso mayores gravámenes a las lavadoras y los paneles solares. Más grave, sin embargo, es la decisión de imponer aranceles del 25% y del 10% a las importaciones de acero y aluminio, respectivamente.
Con esto, puso al mundo al borde de una guerra comercial. Trump y sus asesores olvidaron o desconocen la experiencia de 2002, que mostró cómo ese tipo de barreras comerciales castigan a los consumidores, vía mayores precios, y a los fabricantes de EE.UU. que utilizan esos productos como insumos, vía pérdida de competitividad. Además, el efecto sobre las cadenas globales de valor puede ser desastroso y, paradójicamente, el mayor impacto lo sufrirían las empresas y la población estadounidenses.
Sobre la economía, resulta difícil entender que, en un entorno de posible recalentamiento de la economía, se impulse una reforma tributaria que generará incrementos adicionales de la demanda y aumento del déficit fiscal. Algunos analistas cuestionan si realmente era necesaria. Brookings Institution señala que, si bien la tarifa corporativa de impuestos estaba en el 35%, la mayor parte de las empresas pagaban una mucho menor por exenciones y tratamientos especiales; además, en las últimas décadas, las empresas perdieron participación en el recaudo impositivo. El interrogante es qué harán las empresas con los recursos adicionales que les genera el menor pago de impuestos y cómo financiará el Gobierno el aumento del déficit fiscal.
Con el escenario hipotético de mayor gasto, aumento de la inflación y creciente endeudamiento del Gobierno, crece la probabilidad de incremento de las tasas de interés por parte de la FED, con más celeridad y en mayor magnitud a las previstas inicialmente, fortalecimiento del dólar y un déficit comercial de mayor cuantía. Esto pone en riesgo la reciente recuperación de la economía mundial y puede repercutir en dificultades de acceso de las economías emergentes a los mercados financieros.
Petróleo
El repunte de los precios del petróleo desde finales de 2017 es un alivio para las economías productoras y exportadoras. Pero no se debe perder de vista la alta volatilidad del mercado del hidrocarburo y los grandes márgenes de error de las proyecciones de sus precios a mediano plazo.
En ese contexto, es relevante la pregunta sobre la sostenibilidad de los precios alrededor de los USD 70 por barril. El reciente aumento se explica por el crudo invierno en el hemisferio norte, la reactivación de las economías desarrolladas y emergentes, y el acuerdo flexible entre la OPEP y Rusia. Es claro que el primer factor se agota en poco tiempo, pero el segundo se puede sostener por el resto del año; en el caso del tercero, es más compleja cualquier predicción.
Los precios más altos están incentivando la entrada en producción de pozos de hidrocarburos no convencionales, que fueron sellados por la caída de los precios. Es evidente que la unidad de la OPEP se ha resquebrajado en los últimos años y que su acuerdo de reducción de la producción se puede romper en cualquier momento. Aun cuando Arabia Saudita y Rusia están diseñando estrategias para fortalecer el acuerdo y vincular a más países no-OPEP, la debilidad mencionada aumentará en un escenario de mayor oferta de EE.UU.
China y la geopolítica
En enero de 2017, mientras Trump tomaba posesión de su cargo como presidente de EE.UU. con un discurso que glorifica el proteccionismo, Xi Jimping intervenía en Davos postulando a China como el líder mundial de la globalización.
China está desarrollando una estrategia diplomática global que Trump no percibe; solo eso explica que haya retirado a EE.UU. del TPP, sin valorar que el objetivo de Obama era hacer contrapeso al creciente poderío de esa nación en el Pacífico.
Los últimos gobiernos de EE.UU. no han manifestado gran interés por América Latina. Entre tanto, los chinos iniciaron una paciente labor de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas, y lograron una notable presencia en la región: son el segundo socio comercial de América Latina y el primero de Brasil, Chile y Perú; han adquirido más de un millón de hectáreas de tierras, con la visión de producir productos básicos para exportar a China; la inversión extranjera directa se calcula en USD 90.000 millones entre 2005 y 2017 (5% del total); y, los préstamos a los gobiernos de la región, en el mismo periodo, superan los USD 140.000 millones. Además, han manifestado su intención de apoyar la construcción de obras estratégicas de infraestructura para varios países, como el corredor del Trópico de Capricornio (Chile, Brasil y Argentina) y el tren bioceánico (Uruguay, Bolivia y Perú o Chile).
En este escenario, América Latina puede ser víctima de una nueva colonización que perpetuará la función de proveedores de bienes de bajo valor agregado y sin opciones claras de desarrollo.
Síntesis
En el mundo siempre habrá amenazas y oportunidades para cada país. Pero en la situación reciente están confluyendo diversas fuerzas exógenas de gran magnitud que pueden limitar la recuperación económica de América Latina y ante las cuales es muy escaso el margen de maniobra.
No obstante, es importante que los gobiernos y los empresarios tengan plena conciencia de ellos y adopten oportunamente medidas que puedan mitigar los impactos. Por ejemplo, evitar una nueva enfermedad holandesa; diseñar estrategias de aprovechamiento del capital humano migrante y allegar recursos de organismos internacionales para afrontar la crisis humanitaria; fortalecer los acuerdos comerciales en un escenario de guerra comercial; y adoptar estrategias activas frente a China, para vincular empresas a las cadenas globales de valor y desarrollar programas de cooperación para diversificar las exportaciones hacia bienes y servicios de mayor sofisticación.
Opciones existen, pero hay que anticiparlas y fortalecer la construcción de puentes, en lugar de muros.
En el periodo reciente aparecieron diversos factores exógenos que pueden afectar la dinámica de crecimiento de las economías de América Latina. Ante ellos, los gobiernos solo pueden adoptar medidas para mitigar sus impactos, pero no es una tarea fácil.
Migración venezolana
El desastre económico ocasionado por la dictadura de Venezuela originó la migración masiva de residentes que buscan escapar de la penuria que los agobia. Según la firma Consultores 21, la diáspora, que en los últimos años supera los cuatro millones de personas, se orienta especialmente hacia países de América y Europa; Colombia y Chile aparecen como los principales destinos, con el 17% cada uno, seguidos de EE.UU. (10%), Perú (10%), Ecuador (8%), Panamá (7%) y Argentina (4%).
Al principio, migraron los empresarios afectados por la pérdida de estabilidad jurídica en el país; luego salieron muchos trabajadores calificados, bien sea por el cierre de empresas o porque los áulicos de la revolución bolivariana se apoderaron de los cargos gerenciales (como en el caso de PDVSA). Ahora están migrando familias de clase media y baja, castigadas por la escasez de alimentos y medicinas, la erosión de los ingresos que ocasiona la hiperinflación y la represión de la dictadura a cualquier forma de protesta contra el régimen.
Para los países receptores de la región, esa masiva llegada de migrantes en pésimas condiciones económicas y sanitarias tiene serias repercusiones: crecimiento de la informalidad; presión sobre los sistemas de salud para la atención gratuita; entrada de enfermedades como la difteria y el sarampión, que estaban erradicadas de América Latina; atención en el sistema educativo a niños sin recursos; incremento de la delincuencia y prostitución; y riesgo de aparición de problemas de xenofobia, debido a que los residentes se sienten desplazados de sus empleos y del acceso a servicios esenciales, por los migrantes.
Además del malestar social, es evidente que los costos económicos son elevados y afectan las ya debilitadas finanzas nacionales y municipales de los países receptores.
Comercio internacional
Aun cuando el comercio internacional está en proceso de recuperación, hay serias amenazas a la institucionalidad que ha regido durante décadas.
En la última Conferencia Ministerial de la OMC, el presidente del Consejo General afirmó que «los ciudadanos de todo el mundo… cuestionan cada vez más los beneficios del comercio internacional y los acuerdos comerciales, y ponen a prueba el multilateralismo».
Esos sentimientos han sido alimentados por los pobres resultados del largo periodo de la Ronda de Doha y por el aumento del proteccionismo en numerosas economías durante la Gran Recesión.
A esto se suman las posiciones del presidente Trump contra los acuerdos comerciales, incluyendo la OMC; según el mandatario, este organismo no beneficia a los EE.UU. y los jueces están en su contra, lo que explica el predominio de fallos adversos.
En consecuencia, EE.UU. optó por bloquear el órgano de apelaciones de la OMC; actualmente tres de los siete cargos están vacantes porque ese país no ha dado su voto para suplirlos. Como cada apelación debe ser atendida por tres jueces, en poco tiempo se puede paralizar este órgano, que es parte esencial del mecanismo de solución de diferencias.
«Trumponomics»
La presidencia de Trump plantea riesgos para la economía mundial por sus erráticas decisiones. Dos de ellas merecen especial atención, por los efectos sobre el comercio y la economía.
Sobre comercio, desde que asumió el cargo, retiró a EE.UU. del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, congeló la negociación de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, forzó la renegociación del Nafta, mantiene amenazas continuas contra las importaciones de China y México, e impuso mayores gravámenes a las lavadoras y los paneles solares. Más grave, sin embargo, es la decisión de imponer aranceles del 25% y del 10% a las importaciones de acero y aluminio, respectivamente.
Con esto, puso al mundo al borde de una guerra comercial. Trump y sus asesores olvidaron o desconocen la experiencia de 2002, que mostró cómo ese tipo de barreras comerciales castigan a los consumidores, vía mayores precios, y a los fabricantes de EE.UU. que utilizan esos productos como insumos, vía pérdida de competitividad. Además, el efecto sobre las cadenas globales de valor puede ser desastroso y, paradójicamente, el mayor impacto lo sufrirían las empresas y la población estadounidenses.
Sobre la economía, resulta difícil entender que, en un entorno de posible recalentamiento de la economía, se impulse una reforma tributaria que generará incrementos adicionales de la demanda y aumento del déficit fiscal. Algunos analistas cuestionan si realmente era necesaria. Brookings Institution señala que, si bien la tarifa corporativa de impuestos estaba en el 35%, la mayor parte de las empresas pagaban una mucho menor por exenciones y tratamientos especiales; además, en las últimas décadas, las empresas perdieron participación en el recaudo impositivo. El interrogante es qué harán las empresas con los recursos adicionales que les genera el menor pago de impuestos y cómo financiará el Gobierno el aumento del déficit fiscal.
Con el escenario hipotético de mayor gasto, aumento de la inflación y creciente endeudamiento del Gobierno, crece la probabilidad de incremento de las tasas de interés por parte de la FED, con más celeridad y en mayor magnitud a las previstas inicialmente, fortalecimiento del dólar y un déficit comercial de mayor cuantía. Esto pone en riesgo la reciente recuperación de la economía mundial y puede repercutir en dificultades de acceso de las economías emergentes a los mercados financieros.
Petróleo
El repunte de los precios del petróleo desde finales de 2017 es un alivio para las economías productoras y exportadoras. Pero no se debe perder de vista la alta volatilidad del mercado del hidrocarburo y los grandes márgenes de error de las proyecciones de sus precios a mediano plazo.
En ese contexto, es relevante la pregunta sobre la sostenibilidad de los precios alrededor de los USD 70 por barril. El reciente aumento se explica por el crudo invierno en el hemisferio norte, la reactivación de las economías desarrolladas y emergentes, y el acuerdo flexible entre la OPEP y Rusia. Es claro que el primer factor se agota en poco tiempo, pero el segundo se puede sostener por el resto del año; en el caso del tercero, es más compleja cualquier predicción.
Los precios más altos están incentivando la entrada en producción de pozos de hidrocarburos no convencionales, que fueron sellados por la caída de los precios. Es evidente que la unidad de la OPEP se ha resquebrajado en los últimos años y que su acuerdo de reducción de la producción se puede romper en cualquier momento. Aun cuando Arabia Saudita y Rusia están diseñando estrategias para fortalecer el acuerdo y vincular a más países no-OPEP, la debilidad mencionada aumentará en un escenario de mayor oferta de EE.UU.
China y la geopolítica
En enero de 2017, mientras Trump tomaba posesión de su cargo como presidente de EE.UU. con un discurso que glorifica el proteccionismo, Xi Jimping intervenía en Davos postulando a China como el líder mundial de la globalización.
China está desarrollando una estrategia diplomática global que Trump no percibe; solo eso explica que haya retirado a EE.UU. del TPP, sin valorar que el objetivo de Obama era hacer contrapeso al creciente poderío de esa nación en el Pacífico.
Los últimos gobiernos de EE.UU. no han manifestado gran interés por América Latina. Entre tanto, los chinos iniciaron una paciente labor de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas, y lograron una notable presencia en la región: son el segundo socio comercial de América Latina y el primero de Brasil, Chile y Perú; han adquirido más de un millón de hectáreas de tierras, con la visión de producir productos básicos para exportar a China; la inversión extranjera directa se calcula en USD 90.000 millones entre 2005 y 2017 (5% del total); y, los préstamos a los gobiernos de la región, en el mismo periodo, superan los USD 140.000 millones. Además, han manifestado su intención de apoyar la construcción de obras estratégicas de infraestructura para varios países, como el corredor del Trópico de Capricornio (Chile, Brasil y Argentina) y el tren bioceánico (Uruguay, Bolivia y Perú o Chile).
En este escenario, América Latina puede ser víctima de una nueva colonización que perpetuará la función de proveedores de bienes de bajo valor agregado y sin opciones claras de desarrollo.
Síntesis
En el mundo siempre habrá amenazas y oportunidades para cada país. Pero en la situación reciente están confluyendo diversas fuerzas exógenas de gran magnitud que pueden limitar la recuperación económica de América Latina y ante las cuales es muy escaso el margen de maniobra.
No obstante, es importante que los gobiernos y los empresarios tengan plena conciencia de ellos y adopten oportunamente medidas que puedan mitigar los impactos. Por ejemplo, evitar una nueva enfermedad holandesa; diseñar estrategias de aprovechamiento del capital humano migrante y allegar recursos de organismos internacionales para afrontar la crisis humanitaria; fortalecer los acuerdos comerciales en un escenario de guerra comercial; y adoptar estrategias activas frente a China, para vincular empresas a las cadenas globales de valor y desarrollar programas de cooperación para diversificar las exportaciones hacia bienes y servicios de mayor sofisticación.
Opciones existen, pero hay que anticiparlas y fortalecer la construcción de puentes, en lugar de muros.
Aranceles y seguridad nacional
viernes, 20 de abril de 2018
Publicado en Portafolio el 20 de abril de 2018
La seguridad nacional es uno de los muchos argumentos que se esgrimen para justificar las políticas proteccionistas. Precisamente a él acudió Trump para imponer aranceles adicionales a las importaciones de acero y aluminio.
Es un argumento controvertido porque no es claro su significado ni la forma en que la política comercial subsana los presuntos problemas de seguridad nacional.
El artículo XXI del GATT considera la seguridad nacional como una excepción al principio de nación más favorecida, según el cual un país no puede dar a otro miembro de la OMC un trato diferente al que da a los demás.
Diversas lecturas de ese artículo del GATT de 1947 se enfocan en la relación entre seguridad nacional y conflictos armados, porque se incluyó recién terminada la Segunda Guerra Mundial; por eso se interpreta que en caso de guerra es permitido adoptar medidas discriminatorias contra el comercio del contendor.
Pero en la práctica se puede exagerar su aplicación; por ejemplo, durante la guerra de las Malvinas, además del Reino Unido, varias economías desarrolladas no vinculadas al conflicto invocaron el artículo XXI para imponer restricciones al comercio de Argentina.
En Estados Unidos la visión sobre el tema va más allá del GATT, pues la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial se refiere a la amenaza que puedan ocasionar las importaciones sobre la seguridad nacional, haya o no un potencial conflicto armado.
Antes de 2018 se realizaron 26 investigaciones (la última fue en 2001); en la mayoría no se identificaron riesgos para la seguridad nacional y solo dos se concretaron en medidas específicas. La primera sobre petróleo con Libia, prohibió su importación desde ese país en 1982. La segunda, en 1983, fue sobre maquinas herramientas para trabajar metales, pero se acordó con Japón una restricción voluntaria de exportaciones.
En las Proclamaciones Presidenciales 9704 y 9705, mediante las cuales Trump impuso los aranceles adicionales al acero y el aluminio, exceptuaron a Canadá y México, dado el mutuo apoyo “para abordar las preocupaciones de seguridad nacional”. Posteriormente fueron excluidos Australia, Argentina, Corea del Sur, Brasil y la Unión Europea, porque “cada uno de estos países tiene una relación de seguridad importante con los Estados Unidos”.
Con esas exclusiones resulta muy débil el argumento de seguridad nacional. En el caso del acero los países mencionados representaron el 58.2% del volumen importado por Estados Unidos en 2017, mientras que las de China fueron el 2.2%; además, el 94% de las provenientes de este último país ya tenían gravámenes adicionales. En las importaciones de aluminio, cinco de los excluidos aportan el 48.6% del total y China el 8.9%; pero, el 95.6% de las chinas están sujetas a aranceles especiales.
Las cifras ponen en evidencia dos aspectos de la política de Trump: primero, el objetivo político de su guerra comercial es China, pero la norma carece de sentido por la baja participación en las importaciones y porque ya tienen gravámenes adicionales; y segundo, las economías pequeñas son las grandes damnificadas de una confrontación en la que no tienen nada que ver.
Lo cierto es que con los primeros disparos de la inminente guerra comercial se puede aplicar el dicho popular: “Cuando los elefantes pelean, quien sufre es la hierba”; y Colombia está ahí.
La seguridad nacional es uno de los muchos argumentos que se esgrimen para justificar las políticas proteccionistas. Precisamente a él acudió Trump para imponer aranceles adicionales a las importaciones de acero y aluminio.
Es un argumento controvertido porque no es claro su significado ni la forma en que la política comercial subsana los presuntos problemas de seguridad nacional.
El artículo XXI del GATT considera la seguridad nacional como una excepción al principio de nación más favorecida, según el cual un país no puede dar a otro miembro de la OMC un trato diferente al que da a los demás.
Diversas lecturas de ese artículo del GATT de 1947 se enfocan en la relación entre seguridad nacional y conflictos armados, porque se incluyó recién terminada la Segunda Guerra Mundial; por eso se interpreta que en caso de guerra es permitido adoptar medidas discriminatorias contra el comercio del contendor.
Pero en la práctica se puede exagerar su aplicación; por ejemplo, durante la guerra de las Malvinas, además del Reino Unido, varias economías desarrolladas no vinculadas al conflicto invocaron el artículo XXI para imponer restricciones al comercio de Argentina.
En Estados Unidos la visión sobre el tema va más allá del GATT, pues la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial se refiere a la amenaza que puedan ocasionar las importaciones sobre la seguridad nacional, haya o no un potencial conflicto armado.
Antes de 2018 se realizaron 26 investigaciones (la última fue en 2001); en la mayoría no se identificaron riesgos para la seguridad nacional y solo dos se concretaron en medidas específicas. La primera sobre petróleo con Libia, prohibió su importación desde ese país en 1982. La segunda, en 1983, fue sobre maquinas herramientas para trabajar metales, pero se acordó con Japón una restricción voluntaria de exportaciones.
En las Proclamaciones Presidenciales 9704 y 9705, mediante las cuales Trump impuso los aranceles adicionales al acero y el aluminio, exceptuaron a Canadá y México, dado el mutuo apoyo “para abordar las preocupaciones de seguridad nacional”. Posteriormente fueron excluidos Australia, Argentina, Corea del Sur, Brasil y la Unión Europea, porque “cada uno de estos países tiene una relación de seguridad importante con los Estados Unidos”.
Con esas exclusiones resulta muy débil el argumento de seguridad nacional. En el caso del acero los países mencionados representaron el 58.2% del volumen importado por Estados Unidos en 2017, mientras que las de China fueron el 2.2%; además, el 94% de las provenientes de este último país ya tenían gravámenes adicionales. En las importaciones de aluminio, cinco de los excluidos aportan el 48.6% del total y China el 8.9%; pero, el 95.6% de las chinas están sujetas a aranceles especiales.
Las cifras ponen en evidencia dos aspectos de la política de Trump: primero, el objetivo político de su guerra comercial es China, pero la norma carece de sentido por la baja participación en las importaciones y porque ya tienen gravámenes adicionales; y segundo, las economías pequeñas son las grandes damnificadas de una confrontación en la que no tienen nada que ver.
Lo cierto es que con los primeros disparos de la inminente guerra comercial se puede aplicar el dicho popular: “Cuando los elefantes pelean, quien sufre es la hierba”; y Colombia está ahí.
Proteccionismo improvisado
viernes, 23 de marzo de 2018
Publicado en Portafolio el viernes 23 de marzo de 2018
El proteccionismo de Trump carece de argumentos técnicos. Aun cuando él enfatiza en el déficit de la balanza comercial, la variable relevante en economía es el saldo de la cuenta corriente, que además del comercio de bienes, incluye el de servicios y la renta de los factores.
Si esa balanza es deficitaria (importaciones mayores que las exportaciones de bienes), puede tratarse de un problema de competitividad, pero también puede obedecer a un exceso de gasto que es financiado con ahorro externo. Ninguna de estas dos causas se soluciona con medidas proteccionistas ni con guerras comerciales; la primera, demanda mejorar la competitividad y, la segunda, aumentar el ahorro doméstico.
Además, el déficit comercial y el de cuenta corriente se deben analizar en términos relativos y no solo absolutos. El primero aumentó hasta un máximo del 6.0% del PIB en 2006; desde ahí se redujo a 4.0% en 2016. El segundo llegó a 5.8% del PIB y luego disminuyó a 2.4% en los mismos años. Los niveles y las tendencias de ambos son considerados de bajo riesgo en el contexto internacional.
Paradójicamente, la reforma tributaria de 2017 aumentará el déficit comercial que Trump pretende reducir. Se calcula que en los próximos años el déficit fiscal crecerá más de 1.7 billones de dólares; como el ahorro nacional es bajo, el gobierno dependerá de los capitales del exterior para financiarlo. Esos flujos apreciarán más el dólar, debilitarán las exportaciones, fortalecerán las importaciones y ampliarán el déficit de la cuenta corriente.
Los efectos negativos del proteccionismo se acentúan cuando las medidas adoptadas carecen de precisión en sus objetivos, como ocurre con los aranceles a los paneles solares y a las lavadoras y sus componentes. Funcionarios gubernamentales afirmaron que “las tarifas están dirigidas principalmente a… fabricantes chinos de paneles solares y productores surcoreanos de lavadoras” (Wall Street Journal).
En el caso de los paneles solares, Stephen Roach señala que su producción se desplazó de China a Malasia, Corea del Sur y Vietnam, países desde los cuales Estados Unidos importa dos tercios del total de estos productos. Respecto a las lavadoras, Samsung abrió en enero una fábrica de electrodomésticos en Carolina del Sur, con una inversión de US$380 millones; con el arancel, las autoridades del Estado temen que se frenen la producción y los empleos proyectados.
Otra medida reciente de Trump fue la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio. Pero China ya paga unos sobre-aranceles por el 94% de sus exportaciones de acero a Estados Unidos; por esto, según Chad Bown, del Peterson Institute, el impacto esperado para los demás proveedores será mayor que para los chinos. De hecho, aun cuando China es el principal productor mundial, la mayoría de las importaciones estadounidenses provienen de la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur, México y Brasil.
En aluminio ocurre algo parecido, pues China solo provee el 10% de las importaciones de Estados Unidos y el 96% de ellas tiene gravámenes adicionales.
Visto así, es más que justificado el severo juicio del nobel de economía Paul Krugman sobre el presidente de EEUU: “Siempre hemos sabido que Donald Trump es beligerantemente ignorante sobre economía (y muchas otras cosas)”.
Por esto, sigue creciendo el riesgo de una guerra comercial; otro efecto del proteccionismo improvisado.
El proteccionismo de Trump carece de argumentos técnicos. Aun cuando él enfatiza en el déficit de la balanza comercial, la variable relevante en economía es el saldo de la cuenta corriente, que además del comercio de bienes, incluye el de servicios y la renta de los factores.
Si esa balanza es deficitaria (importaciones mayores que las exportaciones de bienes), puede tratarse de un problema de competitividad, pero también puede obedecer a un exceso de gasto que es financiado con ahorro externo. Ninguna de estas dos causas se soluciona con medidas proteccionistas ni con guerras comerciales; la primera, demanda mejorar la competitividad y, la segunda, aumentar el ahorro doméstico.
Además, el déficit comercial y el de cuenta corriente se deben analizar en términos relativos y no solo absolutos. El primero aumentó hasta un máximo del 6.0% del PIB en 2006; desde ahí se redujo a 4.0% en 2016. El segundo llegó a 5.8% del PIB y luego disminuyó a 2.4% en los mismos años. Los niveles y las tendencias de ambos son considerados de bajo riesgo en el contexto internacional.
Paradójicamente, la reforma tributaria de 2017 aumentará el déficit comercial que Trump pretende reducir. Se calcula que en los próximos años el déficit fiscal crecerá más de 1.7 billones de dólares; como el ahorro nacional es bajo, el gobierno dependerá de los capitales del exterior para financiarlo. Esos flujos apreciarán más el dólar, debilitarán las exportaciones, fortalecerán las importaciones y ampliarán el déficit de la cuenta corriente.
Los efectos negativos del proteccionismo se acentúan cuando las medidas adoptadas carecen de precisión en sus objetivos, como ocurre con los aranceles a los paneles solares y a las lavadoras y sus componentes. Funcionarios gubernamentales afirmaron que “las tarifas están dirigidas principalmente a… fabricantes chinos de paneles solares y productores surcoreanos de lavadoras” (Wall Street Journal).
En el caso de los paneles solares, Stephen Roach señala que su producción se desplazó de China a Malasia, Corea del Sur y Vietnam, países desde los cuales Estados Unidos importa dos tercios del total de estos productos. Respecto a las lavadoras, Samsung abrió en enero una fábrica de electrodomésticos en Carolina del Sur, con una inversión de US$380 millones; con el arancel, las autoridades del Estado temen que se frenen la producción y los empleos proyectados.
Otra medida reciente de Trump fue la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio. Pero China ya paga unos sobre-aranceles por el 94% de sus exportaciones de acero a Estados Unidos; por esto, según Chad Bown, del Peterson Institute, el impacto esperado para los demás proveedores será mayor que para los chinos. De hecho, aun cuando China es el principal productor mundial, la mayoría de las importaciones estadounidenses provienen de la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur, México y Brasil.
En aluminio ocurre algo parecido, pues China solo provee el 10% de las importaciones de Estados Unidos y el 96% de ellas tiene gravámenes adicionales.
Visto así, es más que justificado el severo juicio del nobel de economía Paul Krugman sobre el presidente de EEUU: “Siempre hemos sabido que Donald Trump es beligerantemente ignorante sobre economía (y muchas otras cosas)”.
Por esto, sigue creciendo el riesgo de una guerra comercial; otro efecto del proteccionismo improvisado.
0
comentarios
Etiquetas:
Aranceles,
China,
Déficit comercial,
Guerra comercial,
Proteccionismo,
Trump
Venezuela en la olla de presión
martes, 27 de febrero de 2018
Publicado en Portafolio el martes 27 de febrero de 2018
El comandante Chávez comenzó la tarea de acabar con la economía de Venezuela; con una billetera llena de petrodólares, soñó con ser el amo de América Latina y castigar a los que no se alinearan con su “revolución bolivariana”. Por eso arremetió contra la economía colombiana, mediante una absurda decisión que liquidó el comercio entre las dos naciones; en 2017 Colombia apenas le exportó US$319 millones y le compró US$220 millones.
Maduro, como buen discípulo, y siguiendo las instrucciones de Chávez transfigurado en pajarito, continuó la labor destructiva. La economía está en ruinas. El PIB ha caído por cuatro años consecutivos y el FMI proyecta que la crisis seguirá en 2018 y 2019; de cumplirse esas proyecciones, el PIB de 2019 será el 48% inferior al de 2013, último año en que la economía creció; por contraste, a pesar de la desaceleración reciente, el de Colombia será el 19% más alto.
Una de las consecuencias es la masiva migración, que Consultores 21 calcula en cuatro millones de personas en los últimos años; de ellos, al menos 700 mil habrían entrado a Colombia.
Son numerosos los factores que obligan a la población a migrar: La escasez de alimentos y la consecuente desnutrición generalizada; la nula oferta de medicinas y la reaparición de enfermedades como la difteria y el sarampión –que se consideraban erradicadas en América Latina–; la hiperinflación que corroe los ingresos de los asalariados (el salario mínimo no llega a US$10 mensuales, al calcularlo con la tasa de cambio del mercado paralelo); y la violenta represión de la dictadura contra aquellos que osen protestar por la crisis humanitaria que se agudiza día a día.
Ricardo Hausmann destaca la crítica situación de desnutrición. Calcula que el consumo medio de calorías diarias ha caído a 1.400, muy por debajo del mínimo recomendado para llevar una vida sana. El “Dietary Guidelines for Americans, 2015-2020” (U.S. Department of Health and Human Services y U.S. Department of Agriculture), estima “un rango entre 1.600 y 2.400 calorías diarias para una mujer adulta y 2.000 a 3.000 calorías diarias para un hombre adulto, dependiendo de la edad y de la actividad física”; los niveles inferiores son para personas sedentarias.
La dictadura de Maduro dejó de publicar estadísticas, pretendiendo ocultar el sol con las manos. No se conocen mediciones oficiales de inflación, empleo, comercio exterior y situación fiscal. Los analistas han tenido que recurrir a creativos métodos para tratar de cuantificar los problemas.
El “Billion Prices Project”, iniciativa de Roberto Rigobón y Alberto Cavallo, profesores de MIT, empezó a recolectar información de precios en Venezuela en 2017, con la colaboración de un creciente grupo de voluntarios que todas las semanas va al comercio a capturar los datos mediante un aplicativo de sus celulares. Según esa fuente, en enero de 2018 la inflación de alimentos fue del 117.6% , que anualizado equivale a una astronómica variación del 1.130.000%. Esto significa que el aumento de salarios del 40% en ese mes, prácticamente desapareció en 10 días.
En síntesis, la nefasta revolución bolivariana tiene a la economía venezolana en una olla de presión. La pregunta es cuánto más aguantará antes de estallar y cuáles serán las consecuencias para la población no chavista y para la región.
El comandante Chávez comenzó la tarea de acabar con la economía de Venezuela; con una billetera llena de petrodólares, soñó con ser el amo de América Latina y castigar a los que no se alinearan con su “revolución bolivariana”. Por eso arremetió contra la economía colombiana, mediante una absurda decisión que liquidó el comercio entre las dos naciones; en 2017 Colombia apenas le exportó US$319 millones y le compró US$220 millones.
Maduro, como buen discípulo, y siguiendo las instrucciones de Chávez transfigurado en pajarito, continuó la labor destructiva. La economía está en ruinas. El PIB ha caído por cuatro años consecutivos y el FMI proyecta que la crisis seguirá en 2018 y 2019; de cumplirse esas proyecciones, el PIB de 2019 será el 48% inferior al de 2013, último año en que la economía creció; por contraste, a pesar de la desaceleración reciente, el de Colombia será el 19% más alto.
Una de las consecuencias es la masiva migración, que Consultores 21 calcula en cuatro millones de personas en los últimos años; de ellos, al menos 700 mil habrían entrado a Colombia.
Son numerosos los factores que obligan a la población a migrar: La escasez de alimentos y la consecuente desnutrición generalizada; la nula oferta de medicinas y la reaparición de enfermedades como la difteria y el sarampión –que se consideraban erradicadas en América Latina–; la hiperinflación que corroe los ingresos de los asalariados (el salario mínimo no llega a US$10 mensuales, al calcularlo con la tasa de cambio del mercado paralelo); y la violenta represión de la dictadura contra aquellos que osen protestar por la crisis humanitaria que se agudiza día a día.
Ricardo Hausmann destaca la crítica situación de desnutrición. Calcula que el consumo medio de calorías diarias ha caído a 1.400, muy por debajo del mínimo recomendado para llevar una vida sana. El “Dietary Guidelines for Americans, 2015-2020” (U.S. Department of Health and Human Services y U.S. Department of Agriculture), estima “un rango entre 1.600 y 2.400 calorías diarias para una mujer adulta y 2.000 a 3.000 calorías diarias para un hombre adulto, dependiendo de la edad y de la actividad física”; los niveles inferiores son para personas sedentarias.
La dictadura de Maduro dejó de publicar estadísticas, pretendiendo ocultar el sol con las manos. No se conocen mediciones oficiales de inflación, empleo, comercio exterior y situación fiscal. Los analistas han tenido que recurrir a creativos métodos para tratar de cuantificar los problemas.
El “Billion Prices Project”, iniciativa de Roberto Rigobón y Alberto Cavallo, profesores de MIT, empezó a recolectar información de precios en Venezuela en 2017, con la colaboración de un creciente grupo de voluntarios que todas las semanas va al comercio a capturar los datos mediante un aplicativo de sus celulares. Según esa fuente, en enero de 2018 la inflación de alimentos fue del 117.6% , que anualizado equivale a una astronómica variación del 1.130.000%. Esto significa que el aumento de salarios del 40% en ese mes, prácticamente desapareció en 10 días.
En síntesis, la nefasta revolución bolivariana tiene a la economía venezolana en una olla de presión. La pregunta es cuánto más aguantará antes de estallar y cuáles serán las consecuencias para la población no chavista y para la región.
Distribución del ingreso y populismo
viernes, 19 de enero de 2018
Publicado en Portafolio el 19 de enero de 2018
La creciente concentración del ingreso en las economías desarrolladas ha suscitado numerosos debates y es una de las presuntas culpables de las manifestaciones de descontento de las clases medias en Estados Unidos y en Europa.
En Colombia el interés por el tema es esporádico; pero debería ser más relevante, dado que tenemos una de las peores distribuciones del ingreso del mundo. El índice de Gini es el octavo más alto, según el PNUD, y solo nos superan Haití y algunas de las economías africanas más pobres del planeta.
El mundo se sorprendió cuando diversas investigaciones mostraron que en Estados Unidos el 1% superior de la distribución aumentó su participación en el ingreso total del 8.9% en 1973 al 20.0% en 2010 y al 22.0% en 2015. Según Facundo Alvaredo y Juliana Londoño (“Altos ingresos e impuesto de renta en Colombia, 1993-2010”), estamos en las mismas, pues ese grupo captó el 20.4% del ingreso colombiano en 2010.
De forma complementaria, con base en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el diario alemán Welt am Sonntag calculó que en 2017 la fortuna de las cinco personas más adineradas de Estados Unidos (Bezos, Gates, Buffet, Zuckerberg y Page), que están entre los 10 más ricos del mundo, equivale al 2.1% del PIB. Por contraste, los tres con mayor riqueza en Colombia (puestos 77, 107 y 450 en el índice) representan el 11.3% del PIB, es decir, 5.4 veces más que los cinco estadounidenses; esa concentración es mayor que la de nuestros principales socios latinoamericanos: Chile el 9.3%, México el 7.9% y Perú el 2.9%.
Aun cuando estos indicadores reflejan la magnitud del problema en Colombia, no parece que estemos dispuestos a solucionarlo, pues ni se aprovechan las oportunidades del crecimiento y ni se toman las decisiones de política económica para mejorar la distribución del ingreso.
El reciente auge de crecimiento sirvió a la mayoría de las economías de Latinoamérica para mejorar la distribución del ingreso, pero Colombia lo aprovechó en menor medida. Según la Cepal, el Gini de la región se redujo en 13.2% entre 2002 y 2016, mientras que el colombiano lo hizo en 8.2%. Además, según Alvaredo y Londoño la participación del 1% superior de la distribución se mantiene estable.
La reforma tributaria aprobada en 2016 fue una oportunidad desperdiciada. Muy pocas exenciones se eliminaron y el gravamen sobre los dividendos se quedó a la mitad del camino de lo propuesto por la Comisión de Expertos. Esto impidió mejorar la capacidad redistributiva de la política fiscal.
Tampoco se logró avanzar en la aprobación de una ley para racionalizar la asignación de los subsidios y el ambiente para tramitar una reforma pensional que elimine los regresivos subsidios a las pensiones altas luce poco favorable.
Ante este panorama, todos los ciudadanos, en especial los candidatos a la presidencia, deberíamos tener presente la sentencia de François Bourguignon en su libro La globalización de la desigualdad (2017): “Demasiada desigualdad puede conducir indirectamente a grandes daños económicos a través de la política. En efecto, las tensiones sociales, la inestabilidad política, los gobiernos populistas o simplemente las decisiones populistas que surgen de la percepción pública de una desigualdad excesiva son potencialmente perjudiciales para la economía”.
La creciente concentración del ingreso en las economías desarrolladas ha suscitado numerosos debates y es una de las presuntas culpables de las manifestaciones de descontento de las clases medias en Estados Unidos y en Europa.
En Colombia el interés por el tema es esporádico; pero debería ser más relevante, dado que tenemos una de las peores distribuciones del ingreso del mundo. El índice de Gini es el octavo más alto, según el PNUD, y solo nos superan Haití y algunas de las economías africanas más pobres del planeta.
El mundo se sorprendió cuando diversas investigaciones mostraron que en Estados Unidos el 1% superior de la distribución aumentó su participación en el ingreso total del 8.9% en 1973 al 20.0% en 2010 y al 22.0% en 2015. Según Facundo Alvaredo y Juliana Londoño (“Altos ingresos e impuesto de renta en Colombia, 1993-2010”), estamos en las mismas, pues ese grupo captó el 20.4% del ingreso colombiano en 2010.
De forma complementaria, con base en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el diario alemán Welt am Sonntag calculó que en 2017 la fortuna de las cinco personas más adineradas de Estados Unidos (Bezos, Gates, Buffet, Zuckerberg y Page), que están entre los 10 más ricos del mundo, equivale al 2.1% del PIB. Por contraste, los tres con mayor riqueza en Colombia (puestos 77, 107 y 450 en el índice) representan el 11.3% del PIB, es decir, 5.4 veces más que los cinco estadounidenses; esa concentración es mayor que la de nuestros principales socios latinoamericanos: Chile el 9.3%, México el 7.9% y Perú el 2.9%.
Aun cuando estos indicadores reflejan la magnitud del problema en Colombia, no parece que estemos dispuestos a solucionarlo, pues ni se aprovechan las oportunidades del crecimiento y ni se toman las decisiones de política económica para mejorar la distribución del ingreso.
El reciente auge de crecimiento sirvió a la mayoría de las economías de Latinoamérica para mejorar la distribución del ingreso, pero Colombia lo aprovechó en menor medida. Según la Cepal, el Gini de la región se redujo en 13.2% entre 2002 y 2016, mientras que el colombiano lo hizo en 8.2%. Además, según Alvaredo y Londoño la participación del 1% superior de la distribución se mantiene estable.
La reforma tributaria aprobada en 2016 fue una oportunidad desperdiciada. Muy pocas exenciones se eliminaron y el gravamen sobre los dividendos se quedó a la mitad del camino de lo propuesto por la Comisión de Expertos. Esto impidió mejorar la capacidad redistributiva de la política fiscal.
Tampoco se logró avanzar en la aprobación de una ley para racionalizar la asignación de los subsidios y el ambiente para tramitar una reforma pensional que elimine los regresivos subsidios a las pensiones altas luce poco favorable.
Ante este panorama, todos los ciudadanos, en especial los candidatos a la presidencia, deberíamos tener presente la sentencia de François Bourguignon en su libro La globalización de la desigualdad (2017): “Demasiada desigualdad puede conducir indirectamente a grandes daños económicos a través de la política. En efecto, las tensiones sociales, la inestabilidad política, los gobiernos populistas o simplemente las decisiones populistas que surgen de la percepción pública de una desigualdad excesiva son potencialmente perjudiciales para la economía”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)