Publicado en Portafolio el viernes 23 de junio de 2017
Terminó el paro de maestros, y los colombianos quedamos con una nueva factura: las bonificaciones adicionales, que aparecerán en las cuentas fiscales como un incremento del gasto en educación.
Ese mayor gasto luce razonable, por la importancia de la educación como factor de movilidad social y de reducción de la desigualdad; además, al fortalecer el capital humano, puede aumentar la productividad y el PIB potencial de la economía.
En comparación con las economías desarrolladas, aparentemente, el gasto anual por estudiante es bajo. Según la OCDE (“Education at a Glance 2016”) el gasto de Colombia es de US$3.165 anuales a precios de paridad, mientras que la media de esa organización es US$10.493 y la de Estados Unidos US$15.720.
En realidad, la brecha es relativamente pequeña; ese gasto como porcentaje del PIB per cápita es para Colombia 16% en educación primaria y 24% en secundaria; para el promedio de la OCDE, 22% y 25%, respectivamente. Aun cuando en primaria la diferencia es más amplia, el gasto relativo es similar al de Irlanda y Holanda (17%), Australia, Francia y Alemania (18%).
Lo sorprendente es que la suma del gasto público y privado de Colombia en educación es alta; según la OCDE, equivale al 6.6% del PIB. Con ese resultado estamos por encima de la media de los miembros de esa organización (5.2%) y el único país que nos supera es el Reino Unido, con el 6.7%.
La composición muestra, de una parte, que el gasto de Colombia supera el de la OCDE en educación primaria y terciaria e iguala el de secundaria; de otra, que la participación del gasto privado, que es el 23% del total, es la más alta entre los 46 países que compara la publicación mencionada.
Si el gasto relativo es mayor, surge el interrogante sobre cuál es la calidad de la educación que se le está brindando a los estudiantes del país. La evidencia muestra los graves problemas de Colombia en esa materia.
Colombia participa en las pruebas PISA desde 2006, clasificando siempre entre las economías con bajos puntajes y con avances marginales en las tres áreas evaluadas: matemáticas, lectura y ciencias. Los resultados equivalen a tres años de atraso de los estudiantes colombianos respecto al promedio de los 35 países miembros de la OCDE.
En matemáticas el 66.3% de los evaluados obtuvo en 2015 puntajes inferiores al nivel 2, que es “el nivel básico de las competencias necesarias para participar de manera productiva en la sociedad” (OCDE “La educación en Colombia”). En ciencias el 49% de los estudiantes y en lectura el 42.8% quedó en esa categoría.
Además, según la OCDE, el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, aplicado los grados 3 y 6, “muestra que los estudiantes colombianos empiezan a atrasarse con respecto a sus países vecinos como Chile, Costa Rica y México, en los primeros años de educación”.
El país debe analizar a profundidad estos contrastes: Una economía emergente que asigna en educación más de su PIB que las economías desarrolladas, pero brinda a los estudiantes una deficiente calidad; y un acuerdo que entrega bonificaciones crecientes a los maestros, mientras que la palabra calidad apenas merece una mención. ¿Problemas de eficiencia? ¿Mala asignación de los recursos? Ojalá haya luces antes del próximo paro.
El pesimismo del TLC
viernes, 19 de mayo de 2017
Publicado en Portafolio el 19 de mayo de 2017
Al cumplirse cinco años del TLC Colombia–Estados Unidos, los críticos estarán de jolgorio. Dirán que sus pronósticos fueron acertados, que el TLC es un fracaso y que habían predicho el déficit comercial. Curiosamente, algunos empresarios parecen compartir esa visión.
En una evaluación objetiva del TLC es útil revisar dos aspectos: los factores exógenos que afectaron el comercio mundial y la estructura de las exportaciones colombianas a EE.UU.
Los factores exógenos son bien conocidos. La terminación del superciclo alcista de los precios internacionales de los productos básicos impactó negativamente a las economías emergentes. Además, incidieron la Gran Recesión de las economías desarrolladas, la desaceleración de China y la recesión de Brasil y Rusia. Por último, numerosos países adoptaron medidas proteccionistas; las decisiones de Venezuela y Ecuador, en particular, golpearon a las empresas colombianas.
Todos esos factores repercutieron en la caída del valor del comercio mundial; las exportaciones globales que crecían más del 20% en 2010, registraron variaciones negativas en el periodo 2014-2016. Solo desde finales del año pasado retornaron a tasas positivas, reflejando la recuperación de la demanda agregada.
Con relación al comercio con EE.UU., la canasta exportadora es muy concentrada. El Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) de las exportaciones hacia ese país registra un valor superior a 1.800 durante la mayor parte del periodo 2000-2016, indicando una alta concentración; por contraste, el IHH del total de exportaciones de Colombia solo superó ese nivel en los años de más altos precios internacionales de los productos básicos (2011-2014).
El valor del IHH de las exportaciones hacia EE.UU. es explicado por los minero-energéticos, que en 2014 representaron el 73.2% del total; y siguen pesando, aunque la caída de sus precios redujo la participación al 61.1% en 2016.
El problema de esa concentración es el surgimiento de EE.UU. como potencia energética. Su producción de petróleo está creciendo aceleradamente, lo que le permitió sustituir parte de sus importaciones y entrar nuevamente como exportador. En gas natural se convirtió en el primer productor mundial, de forma que sus precios internos cayeron e impulsaron el creciente uso en la industria, en reemplazo del carbón.
Tener esa alta concentración se reflejó en un superávit comercial de Colombia mientras los precios de los minero-energéticos fueron altos y en un déficit desde que empezaron a caer. La dificultad estriba en que el déficit tenderá a ser estructural, pues, además de que EE.UU. está disminuyendo las compras de petróleo y carbón de numerosos proveedores, las reservas petroleras de Colombia están cayendo.
La alta concentración también oculta los avances que se registran en las demás exportaciones, que son las que realmente se benefician del TLC. La Ministra de Comercio ha señalado que entre 2012 y 2016 ellos crecieron 12.3% y el número de empresas exportadoras aumentó en 17.5%; esos resultados son destacables teniendo en cuenta los factores externos mencionados.
Los beneficios potenciales de los TLC son de largo plazo. Para obtenerlos, Colombia tiene que romper con esa alta concentración de las exportaciones, por lo que es imperativo acelerar ese proceso gradual resaltado por la ministra. También es deseable que ciertos empresarios, en lugar de plegarse a las evaluaciones pesimistas de los críticos, hagan un acto de contrición y tomen decisiones para mejorar su productividad y aprovechar los acuerdos comerciales.
Al cumplirse cinco años del TLC Colombia–Estados Unidos, los críticos estarán de jolgorio. Dirán que sus pronósticos fueron acertados, que el TLC es un fracaso y que habían predicho el déficit comercial. Curiosamente, algunos empresarios parecen compartir esa visión.
En una evaluación objetiva del TLC es útil revisar dos aspectos: los factores exógenos que afectaron el comercio mundial y la estructura de las exportaciones colombianas a EE.UU.
Los factores exógenos son bien conocidos. La terminación del superciclo alcista de los precios internacionales de los productos básicos impactó negativamente a las economías emergentes. Además, incidieron la Gran Recesión de las economías desarrolladas, la desaceleración de China y la recesión de Brasil y Rusia. Por último, numerosos países adoptaron medidas proteccionistas; las decisiones de Venezuela y Ecuador, en particular, golpearon a las empresas colombianas.
Todos esos factores repercutieron en la caída del valor del comercio mundial; las exportaciones globales que crecían más del 20% en 2010, registraron variaciones negativas en el periodo 2014-2016. Solo desde finales del año pasado retornaron a tasas positivas, reflejando la recuperación de la demanda agregada.
Con relación al comercio con EE.UU., la canasta exportadora es muy concentrada. El Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) de las exportaciones hacia ese país registra un valor superior a 1.800 durante la mayor parte del periodo 2000-2016, indicando una alta concentración; por contraste, el IHH del total de exportaciones de Colombia solo superó ese nivel en los años de más altos precios internacionales de los productos básicos (2011-2014).
El valor del IHH de las exportaciones hacia EE.UU. es explicado por los minero-energéticos, que en 2014 representaron el 73.2% del total; y siguen pesando, aunque la caída de sus precios redujo la participación al 61.1% en 2016.
El problema de esa concentración es el surgimiento de EE.UU. como potencia energética. Su producción de petróleo está creciendo aceleradamente, lo que le permitió sustituir parte de sus importaciones y entrar nuevamente como exportador. En gas natural se convirtió en el primer productor mundial, de forma que sus precios internos cayeron e impulsaron el creciente uso en la industria, en reemplazo del carbón.
Tener esa alta concentración se reflejó en un superávit comercial de Colombia mientras los precios de los minero-energéticos fueron altos y en un déficit desde que empezaron a caer. La dificultad estriba en que el déficit tenderá a ser estructural, pues, además de que EE.UU. está disminuyendo las compras de petróleo y carbón de numerosos proveedores, las reservas petroleras de Colombia están cayendo.
La alta concentración también oculta los avances que se registran en las demás exportaciones, que son las que realmente se benefician del TLC. La Ministra de Comercio ha señalado que entre 2012 y 2016 ellos crecieron 12.3% y el número de empresas exportadoras aumentó en 17.5%; esos resultados son destacables teniendo en cuenta los factores externos mencionados.
Los beneficios potenciales de los TLC son de largo plazo. Para obtenerlos, Colombia tiene que romper con esa alta concentración de las exportaciones, por lo que es imperativo acelerar ese proceso gradual resaltado por la ministra. También es deseable que ciertos empresarios, en lugar de plegarse a las evaluaciones pesimistas de los críticos, hagan un acto de contrición y tomen decisiones para mejorar su productividad y aprovechar los acuerdos comerciales.
Destrucción de empleos en EE.UU.
viernes, 21 de abril de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 21 de abril de 2017
Hace algunos años, durante la negociación de los TLC, los críticos aseveraron que generarían desempleos al tornar deficitaria la balanza comercial. Fue necesario demostrarles que tanto las exportaciones como las importaciones generan empleos y crecimiento (Hernán Avendaño “¿Por qué negociar acuerdos comerciales?”. Revista Civilizar de Empresa y Economía, 2011).
Curiosamente, los críticos criollos se deben sentir en su salsa con las posturas de Donald Trump, que satanizan las importaciones y les atribuyen la pérdida de empleos industriales. En “How Imports Boost Employment”, la conocida economista Anne Krueger demuestra la trivialidad de esas posiciones. Afirma que las importaciones generan empleos y que los intentos de reducirlas mediante la imposición de barreras repercutirán en la destrucción de puestos de trabajo en Estados Unidos.
Recuerda los diversos canales por los que las importaciones generan empleos, comenzando por los directamente vinculados a los operadores de los medios de transporte, los estibadores y los comercios que distribuyen los productos importados. Otro canal es el acceso a insumos baratos que permiten a las empresas competir tanto en el mercado local como en el extranjero; si no contaran con los insumos importados tendrían que cerrar, perdiendo empleos.
Adicionalmente, las exportaciones de Estados Unidos son pagadas con las importaciones que hace este y otros países; en términos escuetos, la importancia de exportar consiste en la adquisición del medio de pago internacional para adquirir, mediante importaciones, lo que cada país necesita y no produce en la cantidad, calidad y precio necesarios.
Krueger también destaca que las importaciones suelen generar empleos derivados. En el caso de Colombia, por ejemplo, a pesar de no producir computadores, son miles los empleos que nacen de las empresas que los utilizan y que demandan servicios complementarios.
Todos estos argumentos le permiten a Krueger concluir que “las importaciones de bajo costo, en lugar de “destruir” los empleos de los estadounidenses, realmente los sostienen”.
Aun cuando no existe una medición oficial de los empleos vinculados a las importaciones en Estados Unidos, hay varios estudios que estiman su importancia.
Cabe destacar el análisis auspiciado por U.S. Chamber of Commerce, National Retail Federation, Consumer Electronics Association y American Apparel and Footwear Association en 2013 (Laura Baughman y Joseph Francois “Imports Work for America”). Ahí se concluye que las importaciones soportan 16 millones de empleos; “un gran número de ellos son de empleados sindicalizados, ocupados por minorías y mujeres, y están ubicados en todo Estados Unidos”.
Un documento de investigadores de Heritage Foundation estima que más de medio millón de empleos tienen soporte en las importaciones de ropa y juguetes provenientes de China (D. Scissors, T. Millerand y C. Espinoza “Trade Freedom: How Imports Support U.S. Jobs”).
De igual forma, las exportaciones generan empleos. Las estadísticas oficiales de los Estados Unidos muestran que de ellas dependen más de 11.5 millones de empleos, de los cuales el 18% está asociado a las exportaciones a China y México, los dos países que Trump tiene en la mira para imponerles sanciones comerciales.
Esto demuestra que los bloqueos al comercio internacional y una posible guerra comercial tendrían un impacto muy negativo en el empleo de Estados Unidos y del resto del mundo. ¿Ese será el camino que insisten en proponer a Colombia los críticos de los TLC?
Hace algunos años, durante la negociación de los TLC, los críticos aseveraron que generarían desempleos al tornar deficitaria la balanza comercial. Fue necesario demostrarles que tanto las exportaciones como las importaciones generan empleos y crecimiento (Hernán Avendaño “¿Por qué negociar acuerdos comerciales?”. Revista Civilizar de Empresa y Economía, 2011).
Curiosamente, los críticos criollos se deben sentir en su salsa con las posturas de Donald Trump, que satanizan las importaciones y les atribuyen la pérdida de empleos industriales. En “How Imports Boost Employment”, la conocida economista Anne Krueger demuestra la trivialidad de esas posiciones. Afirma que las importaciones generan empleos y que los intentos de reducirlas mediante la imposición de barreras repercutirán en la destrucción de puestos de trabajo en Estados Unidos.
Recuerda los diversos canales por los que las importaciones generan empleos, comenzando por los directamente vinculados a los operadores de los medios de transporte, los estibadores y los comercios que distribuyen los productos importados. Otro canal es el acceso a insumos baratos que permiten a las empresas competir tanto en el mercado local como en el extranjero; si no contaran con los insumos importados tendrían que cerrar, perdiendo empleos.
Adicionalmente, las exportaciones de Estados Unidos son pagadas con las importaciones que hace este y otros países; en términos escuetos, la importancia de exportar consiste en la adquisición del medio de pago internacional para adquirir, mediante importaciones, lo que cada país necesita y no produce en la cantidad, calidad y precio necesarios.
Krueger también destaca que las importaciones suelen generar empleos derivados. En el caso de Colombia, por ejemplo, a pesar de no producir computadores, son miles los empleos que nacen de las empresas que los utilizan y que demandan servicios complementarios.
Todos estos argumentos le permiten a Krueger concluir que “las importaciones de bajo costo, en lugar de “destruir” los empleos de los estadounidenses, realmente los sostienen”.
Aun cuando no existe una medición oficial de los empleos vinculados a las importaciones en Estados Unidos, hay varios estudios que estiman su importancia.
Cabe destacar el análisis auspiciado por U.S. Chamber of Commerce, National Retail Federation, Consumer Electronics Association y American Apparel and Footwear Association en 2013 (Laura Baughman y Joseph Francois “Imports Work for America”). Ahí se concluye que las importaciones soportan 16 millones de empleos; “un gran número de ellos son de empleados sindicalizados, ocupados por minorías y mujeres, y están ubicados en todo Estados Unidos”.
Un documento de investigadores de Heritage Foundation estima que más de medio millón de empleos tienen soporte en las importaciones de ropa y juguetes provenientes de China (D. Scissors, T. Millerand y C. Espinoza “Trade Freedom: How Imports Support U.S. Jobs”).
De igual forma, las exportaciones generan empleos. Las estadísticas oficiales de los Estados Unidos muestran que de ellas dependen más de 11.5 millones de empleos, de los cuales el 18% está asociado a las exportaciones a China y México, los dos países que Trump tiene en la mira para imponerles sanciones comerciales.
Esto demuestra que los bloqueos al comercio internacional y una posible guerra comercial tendrían un impacto muy negativo en el empleo de Estados Unidos y del resto del mundo. ¿Ese será el camino que insisten en proponer a Colombia los críticos de los TLC?
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Corrupción
viernes, 17 de marzo de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 17 de marzo de 2017
En una entrevista al diario El Tiempo (1 de marzo de 2017), el congresista Rodrigo Lara declaró que no se presentará a las próximas elecciones, porque no puede financiarse; afirmó que una campaña para Senado cuesta “$1.300 millones, bajito”, pero que algunas “valen 10 o 20 veces más”.
Sorprende el exorbitante costo de las campañas electorales en el país; pero asombra más la ausencia de reacción pública ante esa declaración, justo cuando la corrupción está en el ojo del huracán. La sociedad debe reaccionar porque, si el costo mínimo de una campaña es impagable con los sueldos que recibirá un senador durante los cuatro años de su periodo ($1.340 millones), ¿qué decir de las que cuestan $13 mil o $27 mil millones?
Según Transparencia por Colombia “no es posible determinar con exactitud los costos reales de las campañas así como tampoco los recursos –legales e ilegales– que se gastaron en las elecciones de Congreso 2014 para financiarlas”.
Esta ONG indica que, en promedio, cada senador elegido declaró gastos por $450 millones. Si ese fuera el costo real, para recuperarlo, con recursos del Estado, sería necesaria la reposición sobre 95 mil votos; para compensar campañas de $1.300 y $27.000 millones, se requerirían 275 mil y seis millones de votos, respectivamente. Como referencia, en esa elección cada curul del Senado se obtuvo con un promedio de 104 mil votos.
Si no logran la reposición total, ¿por qué se matan los candidatos por llegar al Congreso? ¿Amor de patria? Aun cuando hay muchos aspirantes a congresistas y a otros cargos de elección popular que son honestos, esos costos de campaña sugieren que hay otra fuente de “compensación”: La corrupción.
Esta clase de corrupción se alimenta de los “cotos de caza” que los elegidos obtienen mediante diversas alianzas. Por eso son frecuentes expresiones del siguiente tenor: El senador X es el “dueño” de tal empresa del Estado; en el Ministerio Y manda el congresista Z; el Procurador N le dio puestos a los hijos del Magistrado M para “agradecer” su democrática elección.
También se engorda con otras fuentes. Haciendo referencia solo a los recursos “legales” y no a los “ilegales”, lo más frecuente es que el sector privado “apoye” diversos candidatos y partidos.
Pero esos apoyos no son gratuitos; están asociados a “la economía política” de las políticas públicas y suelen tener dos consecuencias. De un lado, los jugosos contratos que obtienen estos empresarios en condiciones amañadas y con sobrecostos para toda la sociedad; esto explica que numerosas obras públicas en Colombia terminen costando cuatro o cinco veces su valor original. De otro, el trámite de las leyes y otras normas que terminan hechas a la medida del financiador, para obtener privilegios y tratamientos preferenciales. Los POT, las reformas tributarias, y las licitaciones en entidades y municipios son un buen ejemplo.
Todos estos elementos muestran la urgencia de emprender una guerra frontal contra la corrupción. Una medida inicial es la financiación estatal plena de las campañas, con estrictas auditorías y exigencias de mayor transparencia. Puede no ser la mejor opción, tener defectos y ser muy costosa; pero peor es la pasividad.
Parafraseando el título de la obra de Siddhartha Mukherjee, podríamos afirmar que la corrupción es la “emperatriz de todos los males del subdesarrollo”.
En una entrevista al diario El Tiempo (1 de marzo de 2017), el congresista Rodrigo Lara declaró que no se presentará a las próximas elecciones, porque no puede financiarse; afirmó que una campaña para Senado cuesta “$1.300 millones, bajito”, pero que algunas “valen 10 o 20 veces más”.
Sorprende el exorbitante costo de las campañas electorales en el país; pero asombra más la ausencia de reacción pública ante esa declaración, justo cuando la corrupción está en el ojo del huracán. La sociedad debe reaccionar porque, si el costo mínimo de una campaña es impagable con los sueldos que recibirá un senador durante los cuatro años de su periodo ($1.340 millones), ¿qué decir de las que cuestan $13 mil o $27 mil millones?
Según Transparencia por Colombia “no es posible determinar con exactitud los costos reales de las campañas así como tampoco los recursos –legales e ilegales– que se gastaron en las elecciones de Congreso 2014 para financiarlas”.
Esta ONG indica que, en promedio, cada senador elegido declaró gastos por $450 millones. Si ese fuera el costo real, para recuperarlo, con recursos del Estado, sería necesaria la reposición sobre 95 mil votos; para compensar campañas de $1.300 y $27.000 millones, se requerirían 275 mil y seis millones de votos, respectivamente. Como referencia, en esa elección cada curul del Senado se obtuvo con un promedio de 104 mil votos.
Si no logran la reposición total, ¿por qué se matan los candidatos por llegar al Congreso? ¿Amor de patria? Aun cuando hay muchos aspirantes a congresistas y a otros cargos de elección popular que son honestos, esos costos de campaña sugieren que hay otra fuente de “compensación”: La corrupción.
Esta clase de corrupción se alimenta de los “cotos de caza” que los elegidos obtienen mediante diversas alianzas. Por eso son frecuentes expresiones del siguiente tenor: El senador X es el “dueño” de tal empresa del Estado; en el Ministerio Y manda el congresista Z; el Procurador N le dio puestos a los hijos del Magistrado M para “agradecer” su democrática elección.
También se engorda con otras fuentes. Haciendo referencia solo a los recursos “legales” y no a los “ilegales”, lo más frecuente es que el sector privado “apoye” diversos candidatos y partidos.
Pero esos apoyos no son gratuitos; están asociados a “la economía política” de las políticas públicas y suelen tener dos consecuencias. De un lado, los jugosos contratos que obtienen estos empresarios en condiciones amañadas y con sobrecostos para toda la sociedad; esto explica que numerosas obras públicas en Colombia terminen costando cuatro o cinco veces su valor original. De otro, el trámite de las leyes y otras normas que terminan hechas a la medida del financiador, para obtener privilegios y tratamientos preferenciales. Los POT, las reformas tributarias, y las licitaciones en entidades y municipios son un buen ejemplo.
Todos estos elementos muestran la urgencia de emprender una guerra frontal contra la corrupción. Una medida inicial es la financiación estatal plena de las campañas, con estrictas auditorías y exigencias de mayor transparencia. Puede no ser la mejor opción, tener defectos y ser muy costosa; pero peor es la pasividad.
Parafraseando el título de la obra de Siddhartha Mukherjee, podríamos afirmar que la corrupción es la “emperatriz de todos los males del subdesarrollo”.
Seguros y economía conductual
lunes, 27 de febrero de 2017
Publicado en la Revista Fasecolda No. 165
La economía conductual es un área del pensamiento económico que ha tenido un desarrollo notable en las últimas décadas. Su punto de partida es el cuestionamiento de uno de los supuestos básicos de la economía: la racionalidad del consumidor. Según Dan Ariely (2011; p. 6), “se trata de un campo del saber en el que no asumimos que los individuos son calculadoras perfectas. Por el contrario, observamos los comportamientos reales de las personas y tales observaciones suelen obligarnos a concluir que los seres humanos son irracionales”.
Hay varios antecedentes en la teoría económica, que algunos autores asocian a la economía conductual, aun cuando ese no fuera el propósito explícito de los teóricos.
Por ejemplo, se mencionan las referencias de Keynes a los animal spirits y la toma de decisiones de largo plazo. “Aparte de la inestabilidad debida a la especulación, existe la inestabilidad debida a las características de la naturaleza humana: gran parte de nuestras actividades positivas dependen más del optimismo espontáneo que de una expectativa matemática, sea moral, hedonista o económica. Probablemente, la mayoría de nuestras decisiones de hacer algo positivo, cuyas consecuencias se extiendan muchos días hacia el futuro, sólo pueden ser tomadas como resultado de los animal spirits –de un impulso espontáneo a la acción más que a la inacción, y no como resultado de un promedio ponderado de beneficios cuantitativos multiplicados por probabilidades cuantitativas” (Keynes, 2013; p. 161).
En la pasada Convención Internacional de Seguros, se contó con la presencia de Marina Oberholzer, integrante de Swiss Re Behavioural Research Unit, experta en economía conductual, que labora en investigaciones y aplicaciones en la industria aseguradora (ver Oberholzer 2016).
En su conferencia se refirió a algunos de los principios básicos de la economía conductual. Entre ellos destacan los dos sistemas del pensamiento humano: el sistema uno es automático e intuitivo, el que genera respuestas rápidas de los agentes económicos; el sistema dos es el reflexivo y racional (Kahneman 2014; primera parte). Como lo enfatizó Oberholzer, “el sistema uno es responsable de nuestro pensamiento en un 85% del tiempo; es como estar en piloto automático”.
Ese funcionamiento del pensamiento hace más fácil la vida cotidiana, pues las personas no tienen que detenerse a analizar con detalle cada una de sus decisiones. Según Thaler y Sunstein (2011; p. 38-39), “cuando tenemos que emitir juicios… utilizamos reglas básicas. Nos servimos de ellas porque son rápidas y útiles”; pero “también pueden conducir a sesgos sistemáticos”, que inducen a la irracionalidad. Oberholzer afirma que se han identificado más de 100 sesgos en el comportamiento de los seres humanos.
En sintonía con los más destacados autores de esta corriente de pensamiento, Oberholzer resalta la posibilidad de influir en las decisiones de los agentes económicos, con el fin de mejorarlas.
Uno de los temas estudiados por la economía conductual es el de la honestidad de las personas. Los experimentos de Dan Ariely (2008; p. 241) demuestran que en general “cuando se le da la oportunidad, la gente hace trampas… Cuando los consumidores dan parte de siniestros relacionados con sus viviendas o automóviles, inflan sus pérdidas alrededor de un 10%. Esas mismas personas serían incapaces de robar dinero directamente a las compañías de seguros… pero declarar cosas que ya no tienen aumentando un poquito su tamaño y su valor hace que la carga moral resulte más fácil de sobrellevar”.
Estos comportamientos también han sido probados por Oberholzer en la suscripción de seguros. Con el fin de inducir a las personas a dar sus datos con mayor honestidad, ella y su grupo diseñan las preguntas de los formularios, de forma que den unos datos más cercanos a la realidad.
Así lo hicieron con los hábitos de los fumadores. “Hemos estudiado maneras en las que podamos recordarle a la gente que deben ser más honestos; por ejemplo, si le preguntamos a alguien cuántos cigarrillos se fuma al día y le damos tres casillas de cero a cinco, de cinco a diez, de diez a veinte, a cualquier humano normal no le gustaría estar en la última casilla. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos y ponemos un rango de 0 a 60 distribuido en cinco casillas?; si fumamos 35 cigarrillos al día, pero ese número está en la tercera o cuarta casilla, no se ve tan mal porque estamos como en el medio y hay otros que están fumando más todavía”.
Hay cambios sencillos que pueden mejorar el nivel de honestidad en las respuestas de las personas. En un experimento, los investigadores de Swiss Re recordaron que al comienzo de un interrogatorio en los tribunales de justicia las personas juran decir la verdad, con una mano sobre la biblia; quisieron ver qué ocurriría si en los formularios de suscripción se cambiaba del final al principio la casilla en la que se firma indicando que todos los datos suministrados son ciertos.
En el experimento en Australia enviaron 2.000 formularios con la casilla para firmar al comienzo y 2.000 con la casilla al final. En el primer caso, observaron “tres puntos porcentuales de aumento en el número de personas que decía si han estado utilizando drogas no prescritas o si han estado tomando alcohol por encima de cierto umbral”.
Los economistas conductuales han realizado múltiples experimentos en los que demuestran que los contratos en el sector financiero son complejos y dificultan las decisiones de los agentes económicos. Oberholzer mencionó el caso de una compañía de seguros del Reino Unido que ofrecía protección gratis a los ingresos de los estudiantes de medicina por un año; su objetivo era que una vez graduados y vinculados a un trabajo, compraran una póliza con esta compañía. Se observaba un comportamiento irracional en cerca del 5% de los estudiantes que se inscribían, pero cancelaban la póliza poco después de recibir el paquete de información del seguro. Los economistas conductuales, analizaron el caso y sugirieron reducir el tamaño de la documentación entregada de cuatro a dos páginas, y mejorar la redacción con un lenguaje más sencillo y en el que se suprimieran secciones superfluas del original. El resultado fue una caída del 61% en las cancelaciones.
La conferencia de Marina Oberholzer logró su objetivo de mostrar una amplia variedad de campos de la economía conductual de los que la industria aseguradora puede beneficiarse y beneficiar a sus clientes. Su contenido amerita una amplia difusión en el sector, para lograr una mayor sensibilización sobre su importancia y sobre el papel que puede jugar en el desarrollo de los seguros en el futuro cercano.
Al respecto, cabe recordar la afirmación de PWC (2016) en una publicación reciente sobre la industria de los seguros: “El modelo empresarial ganador del mañana parece depender en gran medida del análisis inteligente (Smart analytics) y del análisis del comportamiento del cliente. La economía conductual combina los dos temas en una poderosa herramienta”.
Bibliografía
Ariely, D. (2008). Las trampas del deseo. Cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error. Editorial Ariel, Barcelona.
Ariely, D. (2011). Las ventajas del deseo. Cómo sacar partido de la irracionalidad en nuestras relaciones personales y laborales. Editorial Ariel, Barcelona.
Ariely, D. (2012). Por qué mentimos… en especial a nosotros mismos. La ciencia del engaño puesta al descubierto. Editorial Ariel, Barcelona.
Kahneman, D. (2014). Pensar rápido, pensar despacio. Random House Mondadori, Bogotá.
Keynes, J. M. (2013). The General Theory of Employment, Interest and Money. Cambridge University Press. Cambridge.
Oberholzer, M. (2016). “Behavioural Economics. How small changes to context can lead to large changes in customer behavior”. Presentación en la Convención Internacional de Seguros. Cartagena, 29 de septiembre. Video disponible en: http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/memorias/2016/convencion-internacional-de-seguros-2016/memorias/
PWC (2016). “Behavioral Economics. An Enhanced Business Model for the Insurance Industry”. Insurance EyeOpener. Ontario, April. Disponible en: http://www.pwc.com/ca/en/industries/insurance/eyeopener/enhanced-behavioral-economics.html
Thaler, R. y Sunstein, C. (2011). Un pequeño empujón (Nudge). El impulso que necesitas para tomar las mejores decisiones en salud, dinero y felicidad. Editorial Taurus, México.
La economía conductual es un área del pensamiento económico que ha tenido un desarrollo notable en las últimas décadas. Su punto de partida es el cuestionamiento de uno de los supuestos básicos de la economía: la racionalidad del consumidor. Según Dan Ariely (2011; p. 6), “se trata de un campo del saber en el que no asumimos que los individuos son calculadoras perfectas. Por el contrario, observamos los comportamientos reales de las personas y tales observaciones suelen obligarnos a concluir que los seres humanos son irracionales”.
Hay varios antecedentes en la teoría económica, que algunos autores asocian a la economía conductual, aun cuando ese no fuera el propósito explícito de los teóricos.
Por ejemplo, se mencionan las referencias de Keynes a los animal spirits y la toma de decisiones de largo plazo. “Aparte de la inestabilidad debida a la especulación, existe la inestabilidad debida a las características de la naturaleza humana: gran parte de nuestras actividades positivas dependen más del optimismo espontáneo que de una expectativa matemática, sea moral, hedonista o económica. Probablemente, la mayoría de nuestras decisiones de hacer algo positivo, cuyas consecuencias se extiendan muchos días hacia el futuro, sólo pueden ser tomadas como resultado de los animal spirits –de un impulso espontáneo a la acción más que a la inacción, y no como resultado de un promedio ponderado de beneficios cuantitativos multiplicados por probabilidades cuantitativas” (Keynes, 2013; p. 161).
En la pasada Convención Internacional de Seguros, se contó con la presencia de Marina Oberholzer, integrante de Swiss Re Behavioural Research Unit, experta en economía conductual, que labora en investigaciones y aplicaciones en la industria aseguradora (ver Oberholzer 2016).
En su conferencia se refirió a algunos de los principios básicos de la economía conductual. Entre ellos destacan los dos sistemas del pensamiento humano: el sistema uno es automático e intuitivo, el que genera respuestas rápidas de los agentes económicos; el sistema dos es el reflexivo y racional (Kahneman 2014; primera parte). Como lo enfatizó Oberholzer, “el sistema uno es responsable de nuestro pensamiento en un 85% del tiempo; es como estar en piloto automático”.
Ese funcionamiento del pensamiento hace más fácil la vida cotidiana, pues las personas no tienen que detenerse a analizar con detalle cada una de sus decisiones. Según Thaler y Sunstein (2011; p. 38-39), “cuando tenemos que emitir juicios… utilizamos reglas básicas. Nos servimos de ellas porque son rápidas y útiles”; pero “también pueden conducir a sesgos sistemáticos”, que inducen a la irracionalidad. Oberholzer afirma que se han identificado más de 100 sesgos en el comportamiento de los seres humanos.
En sintonía con los más destacados autores de esta corriente de pensamiento, Oberholzer resalta la posibilidad de influir en las decisiones de los agentes económicos, con el fin de mejorarlas.
Uno de los temas estudiados por la economía conductual es el de la honestidad de las personas. Los experimentos de Dan Ariely (2008; p. 241) demuestran que en general “cuando se le da la oportunidad, la gente hace trampas… Cuando los consumidores dan parte de siniestros relacionados con sus viviendas o automóviles, inflan sus pérdidas alrededor de un 10%. Esas mismas personas serían incapaces de robar dinero directamente a las compañías de seguros… pero declarar cosas que ya no tienen aumentando un poquito su tamaño y su valor hace que la carga moral resulte más fácil de sobrellevar”.
Estos comportamientos también han sido probados por Oberholzer en la suscripción de seguros. Con el fin de inducir a las personas a dar sus datos con mayor honestidad, ella y su grupo diseñan las preguntas de los formularios, de forma que den unos datos más cercanos a la realidad.
Así lo hicieron con los hábitos de los fumadores. “Hemos estudiado maneras en las que podamos recordarle a la gente que deben ser más honestos; por ejemplo, si le preguntamos a alguien cuántos cigarrillos se fuma al día y le damos tres casillas de cero a cinco, de cinco a diez, de diez a veinte, a cualquier humano normal no le gustaría estar en la última casilla. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos y ponemos un rango de 0 a 60 distribuido en cinco casillas?; si fumamos 35 cigarrillos al día, pero ese número está en la tercera o cuarta casilla, no se ve tan mal porque estamos como en el medio y hay otros que están fumando más todavía”.
Hay cambios sencillos que pueden mejorar el nivel de honestidad en las respuestas de las personas. En un experimento, los investigadores de Swiss Re recordaron que al comienzo de un interrogatorio en los tribunales de justicia las personas juran decir la verdad, con una mano sobre la biblia; quisieron ver qué ocurriría si en los formularios de suscripción se cambiaba del final al principio la casilla en la que se firma indicando que todos los datos suministrados son ciertos.
En el experimento en Australia enviaron 2.000 formularios con la casilla para firmar al comienzo y 2.000 con la casilla al final. En el primer caso, observaron “tres puntos porcentuales de aumento en el número de personas que decía si han estado utilizando drogas no prescritas o si han estado tomando alcohol por encima de cierto umbral”.
Los economistas conductuales han realizado múltiples experimentos en los que demuestran que los contratos en el sector financiero son complejos y dificultan las decisiones de los agentes económicos. Oberholzer mencionó el caso de una compañía de seguros del Reino Unido que ofrecía protección gratis a los ingresos de los estudiantes de medicina por un año; su objetivo era que una vez graduados y vinculados a un trabajo, compraran una póliza con esta compañía. Se observaba un comportamiento irracional en cerca del 5% de los estudiantes que se inscribían, pero cancelaban la póliza poco después de recibir el paquete de información del seguro. Los economistas conductuales, analizaron el caso y sugirieron reducir el tamaño de la documentación entregada de cuatro a dos páginas, y mejorar la redacción con un lenguaje más sencillo y en el que se suprimieran secciones superfluas del original. El resultado fue una caída del 61% en las cancelaciones.
La conferencia de Marina Oberholzer logró su objetivo de mostrar una amplia variedad de campos de la economía conductual de los que la industria aseguradora puede beneficiarse y beneficiar a sus clientes. Su contenido amerita una amplia difusión en el sector, para lograr una mayor sensibilización sobre su importancia y sobre el papel que puede jugar en el desarrollo de los seguros en el futuro cercano.
Al respecto, cabe recordar la afirmación de PWC (2016) en una publicación reciente sobre la industria de los seguros: “El modelo empresarial ganador del mañana parece depender en gran medida del análisis inteligente (Smart analytics) y del análisis del comportamiento del cliente. La economía conductual combina los dos temas en una poderosa herramienta”.
Bibliografía
Ariely, D. (2008). Las trampas del deseo. Cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error. Editorial Ariel, Barcelona.
Ariely, D. (2011). Las ventajas del deseo. Cómo sacar partido de la irracionalidad en nuestras relaciones personales y laborales. Editorial Ariel, Barcelona.
Ariely, D. (2012). Por qué mentimos… en especial a nosotros mismos. La ciencia del engaño puesta al descubierto. Editorial Ariel, Barcelona.
Kahneman, D. (2014). Pensar rápido, pensar despacio. Random House Mondadori, Bogotá.
Keynes, J. M. (2013). The General Theory of Employment, Interest and Money. Cambridge University Press. Cambridge.
Oberholzer, M. (2016). “Behavioural Economics. How small changes to context can lead to large changes in customer behavior”. Presentación en la Convención Internacional de Seguros. Cartagena, 29 de septiembre. Video disponible en: http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/memorias/2016/convencion-internacional-de-seguros-2016/memorias/
PWC (2016). “Behavioral Economics. An Enhanced Business Model for the Insurance Industry”. Insurance EyeOpener. Ontario, April. Disponible en: http://www.pwc.com/ca/en/industries/insurance/eyeopener/enhanced-behavioral-economics.html
Thaler, R. y Sunstein, C. (2011). Un pequeño empujón (Nudge). El impulso que necesitas para tomar las mejores decisiones en salud, dinero y felicidad. Editorial Taurus, México.
Contra la tributación
viernes, 17 de febrero de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 17 de febrero de 2017
En las primeras semanas del año se registró un alud de críticas a la reforma tributaria. La sensación transmitida la resumió una conocida publicación: “nadie quedó contento con la reforma”.
Todos deseamos una cobertura universal de salud de alta calidad; educación gratuita y buena; viviendas regaladas o con subsidios elevados; infraestructura óptima; modernos sistemas de transporte masivo; más subsidios para los agricultores; atención estatal para los adultos mayores; “incentivos” tributarios; etcétera. Pero no nos gustan los impuestos; olvidamos que “no hay almuerzo gratis” y que los gobiernos necesitan los tributos para pagar esas cosas tan buenas.
Extrañan las críticas, pues es de conocimiento público que uno de los objetivos de la reforma era aumentar los recaudos para reducir el déficit fiscal. También se anunció como segundo objetivo la modernización estructural del estatuto tributario; los diagnósticos identifican los problemas de equidad horizontal y vertical, la complejidad de la tributación, y los impactos negativos en la competitividad empresarial, entre otros.
La reforma logró mayores recaudos, pero no se puede desconocer que también avanzó gradualmente en los temas estructurales; en estos últimos la gradualidad tiene dos explicaciones: Primera, la imposibilidad de hacer una revolución tributaria; de ahí coligen los críticos que no fue “estructural”. Segunda, los problemas de economía política típicos de la tributación; la versión presentada por el Gobierno fue “peluqueada” en su tránsito por el Congreso y limitó muchos de sus alcances.
Por ejemplo, la tarifa propuesta del nuevo impuesto a los dividendos de sociedades y personas no residentes fue bajada del 10% al 5%. Para compensar ese tipo de modificaciones, el impuesto de renta bajó menos de lo previsto (a 33% en lugar de 32%).
Hay quienes creen que el Gobierno le metió gato por liebre a los empresarios, pues bajó la tarifa del impuesto de renta, pero creó el impuesto a los dividendos; suponen que ahora los empresarios tributarán más y seguirán perdiendo competitividad. Al respecto, caben dos precisiones.
Primera, Colombia tiene una de las tasas efectivas de tributación más altas del mundo, por lo que la disminución de la tarifa de renta mejora la capacidad de las empresas para afrontar la competencia internacional. Por su parte, el impuesto a los dividendos reduce el ingreso disponible de las personas más adineradas, sin afectar la capacidad de crecimiento o la competitividad de las empresas; este es solo una parte de los cambios estructurales necesarios para redistribuir la carga tributaria desde las personas jurídicas hacia las naturales.
Segunda, la tasa combinada de renta y dividendos tampoco reduce la competitividad. Para 2017 la tarifa de renta es del 40% (34% más una sobretasa del 6%); con un impuesto a los dividendos de 10%, la combinada sería del 46% (suponiendo distribución total de las utilidades). En 2018 la combinada baja a 43.3% y en 2019 a 39.7%. Actualmente en Estados Unidos la tasa de renta es 38.9% y la combinada 56.3%; en general, 13 países de la OCDE están por encima del nivel de Colombia y en 2019 estarán 23.
En síntesis, el Gobierno aumentó sus ingresos y comenzaron los ajustes estructurales. Se necesitarán nuevas leyes para avanzar más en estos últimos y, según algunas proyecciones, también para incrementar los recaudos. Lo importante es que hay un norte definido y hay que mantenerlo.
En las primeras semanas del año se registró un alud de críticas a la reforma tributaria. La sensación transmitida la resumió una conocida publicación: “nadie quedó contento con la reforma”.
Todos deseamos una cobertura universal de salud de alta calidad; educación gratuita y buena; viviendas regaladas o con subsidios elevados; infraestructura óptima; modernos sistemas de transporte masivo; más subsidios para los agricultores; atención estatal para los adultos mayores; “incentivos” tributarios; etcétera. Pero no nos gustan los impuestos; olvidamos que “no hay almuerzo gratis” y que los gobiernos necesitan los tributos para pagar esas cosas tan buenas.
Extrañan las críticas, pues es de conocimiento público que uno de los objetivos de la reforma era aumentar los recaudos para reducir el déficit fiscal. También se anunció como segundo objetivo la modernización estructural del estatuto tributario; los diagnósticos identifican los problemas de equidad horizontal y vertical, la complejidad de la tributación, y los impactos negativos en la competitividad empresarial, entre otros.
La reforma logró mayores recaudos, pero no se puede desconocer que también avanzó gradualmente en los temas estructurales; en estos últimos la gradualidad tiene dos explicaciones: Primera, la imposibilidad de hacer una revolución tributaria; de ahí coligen los críticos que no fue “estructural”. Segunda, los problemas de economía política típicos de la tributación; la versión presentada por el Gobierno fue “peluqueada” en su tránsito por el Congreso y limitó muchos de sus alcances.
Por ejemplo, la tarifa propuesta del nuevo impuesto a los dividendos de sociedades y personas no residentes fue bajada del 10% al 5%. Para compensar ese tipo de modificaciones, el impuesto de renta bajó menos de lo previsto (a 33% en lugar de 32%).
Hay quienes creen que el Gobierno le metió gato por liebre a los empresarios, pues bajó la tarifa del impuesto de renta, pero creó el impuesto a los dividendos; suponen que ahora los empresarios tributarán más y seguirán perdiendo competitividad. Al respecto, caben dos precisiones.
Primera, Colombia tiene una de las tasas efectivas de tributación más altas del mundo, por lo que la disminución de la tarifa de renta mejora la capacidad de las empresas para afrontar la competencia internacional. Por su parte, el impuesto a los dividendos reduce el ingreso disponible de las personas más adineradas, sin afectar la capacidad de crecimiento o la competitividad de las empresas; este es solo una parte de los cambios estructurales necesarios para redistribuir la carga tributaria desde las personas jurídicas hacia las naturales.
Segunda, la tasa combinada de renta y dividendos tampoco reduce la competitividad. Para 2017 la tarifa de renta es del 40% (34% más una sobretasa del 6%); con un impuesto a los dividendos de 10%, la combinada sería del 46% (suponiendo distribución total de las utilidades). En 2018 la combinada baja a 43.3% y en 2019 a 39.7%. Actualmente en Estados Unidos la tasa de renta es 38.9% y la combinada 56.3%; en general, 13 países de la OCDE están por encima del nivel de Colombia y en 2019 estarán 23.
En síntesis, el Gobierno aumentó sus ingresos y comenzaron los ajustes estructurales. Se necesitarán nuevas leyes para avanzar más en estos últimos y, según algunas proyecciones, también para incrementar los recaudos. Lo importante es que hay un norte definido y hay que mantenerlo.
La era Trump
viernes, 20 de enero de 2017
Publicado en Portafolio el viernes 20 de enero de 2017
Donald Trump asume hoy la presidencia de los Estados Unidos y el mundo está expectante por sus decisiones de política económica.
En líneas generales, Trump prometió bajar los impuestos de las empresas desde más del 30% al 15% y aumentar la inversión en infraestructura en US$500.000 millones. Adicionalmente, “reindustrializar” el país forzando el retorno de las empresas que se marcharon a otros países; para lograrlo, impondrá un arancel del 45% a los productos chinos y uno del 35% a los mexicanos.
Algunos analistas aseveran que la política fiscal expansiva impulsará el crecimiento y el empleo, a costa de aumentar el déficit fiscal y la deuda pública; este impulso de la demanda agregada estadounidense también dinamizará el comercio internacional y la economía mundial. Esperan que esos resultados moderen la amenaza contra China y México, pero desestiman que el mayor fortalecimiento de la tasa de cambio puede aumentar el déficit comercial.
Hay dos estudios que estiman los impactos esperados de esa combinación de políticas. Uno de Moody’s (“The Macroeconomic Consequences of Mr. Trump’s Economic Policies”) y otro del Peterson Institute for International Economics (PIIE) (“Assessing Trade Agendas in the US Presidential Campaign”).
Los resultados muestran que, en efecto, puede ocurrir inicialmente una aceleración del crecimiento económico, pero en 2019 la economía entraría en recesión: -1.5% y -0.1%, para Moody’s y PIIE, respectivamente. Para el periodo 2016-2026 el primer estudio estima un crecimiento promedio del 1.4% y el segundo del 2.0%, con lo que se prolongaría el bajo dinamismo registrado desde la crisis mundial.
Según Moody’s, después de alcanzar el pleno empleo, que en buena parte se explicaría por la deportación de 11.3 millones de migrantes ilegales, el desempleo aumenta. El choque de oferta en el mercado laboral induce un incremento de la inflación, a la cual se suma el alza de los precios de los productos importados como consecuencia de los altos aranceles; la FED responderá aumentando la tasa de interés, con el consecuente freno de la demanda agregada. Finalmente, el estudio del PIIE estima que habrá una pérdida de 4.8 millones de empleos.
Si bien se espera una reducción tanto de las exportaciones como de las importaciones, no son claros los impactos por países ni las magnitudes (Moody’s señala que en el punto pico las exportaciones de Estados Unidos caerán en US$85 mil millones, alrededor del 6%).
Aun cuando el PIIE incluye un escenario de “guerra comercial plena”, en el que China y México responden a la política de Trump imponiendo aranceles de igual magnitud a los productos de Estados Unidos, destaca la dificultad de modelar los efectos por países dada la existencia de cadenas globales de valor. Cada empresa conoce el detalle de su cadena, la forma en que los mayores aranceles le impactarán y la probabilidad de relocalizarse en otro país o retornar a Estados Unidos, como lo anhela Trump. Pero esa no es información disponible para los analistas.
El balance esperado no luce muy positivo. Se pueden perder más empleos que los atribuidos a la globalización, es factible una guerra comercial de grandes proporciones –cuya magnitud aún no ha sido medida por las dificultades para modelar las cadenas globales de valor–, y el alto crecimiento será flor de un día. Comenzó la era Trump.
Donald Trump asume hoy la presidencia de los Estados Unidos y el mundo está expectante por sus decisiones de política económica.
En líneas generales, Trump prometió bajar los impuestos de las empresas desde más del 30% al 15% y aumentar la inversión en infraestructura en US$500.000 millones. Adicionalmente, “reindustrializar” el país forzando el retorno de las empresas que se marcharon a otros países; para lograrlo, impondrá un arancel del 45% a los productos chinos y uno del 35% a los mexicanos.
Algunos analistas aseveran que la política fiscal expansiva impulsará el crecimiento y el empleo, a costa de aumentar el déficit fiscal y la deuda pública; este impulso de la demanda agregada estadounidense también dinamizará el comercio internacional y la economía mundial. Esperan que esos resultados moderen la amenaza contra China y México, pero desestiman que el mayor fortalecimiento de la tasa de cambio puede aumentar el déficit comercial.
Hay dos estudios que estiman los impactos esperados de esa combinación de políticas. Uno de Moody’s (“The Macroeconomic Consequences of Mr. Trump’s Economic Policies”) y otro del Peterson Institute for International Economics (PIIE) (“Assessing Trade Agendas in the US Presidential Campaign”).
Los resultados muestran que, en efecto, puede ocurrir inicialmente una aceleración del crecimiento económico, pero en 2019 la economía entraría en recesión: -1.5% y -0.1%, para Moody’s y PIIE, respectivamente. Para el periodo 2016-2026 el primer estudio estima un crecimiento promedio del 1.4% y el segundo del 2.0%, con lo que se prolongaría el bajo dinamismo registrado desde la crisis mundial.
Según Moody’s, después de alcanzar el pleno empleo, que en buena parte se explicaría por la deportación de 11.3 millones de migrantes ilegales, el desempleo aumenta. El choque de oferta en el mercado laboral induce un incremento de la inflación, a la cual se suma el alza de los precios de los productos importados como consecuencia de los altos aranceles; la FED responderá aumentando la tasa de interés, con el consecuente freno de la demanda agregada. Finalmente, el estudio del PIIE estima que habrá una pérdida de 4.8 millones de empleos.
Si bien se espera una reducción tanto de las exportaciones como de las importaciones, no son claros los impactos por países ni las magnitudes (Moody’s señala que en el punto pico las exportaciones de Estados Unidos caerán en US$85 mil millones, alrededor del 6%).
Aun cuando el PIIE incluye un escenario de “guerra comercial plena”, en el que China y México responden a la política de Trump imponiendo aranceles de igual magnitud a los productos de Estados Unidos, destaca la dificultad de modelar los efectos por países dada la existencia de cadenas globales de valor. Cada empresa conoce el detalle de su cadena, la forma en que los mayores aranceles le impactarán y la probabilidad de relocalizarse en otro país o retornar a Estados Unidos, como lo anhela Trump. Pero esa no es información disponible para los analistas.
El balance esperado no luce muy positivo. Se pueden perder más empleos que los atribuidos a la globalización, es factible una guerra comercial de grandes proporciones –cuya magnitud aún no ha sido medida por las dificultades para modelar las cadenas globales de valor–, y el alto crecimiento será flor de un día. Comenzó la era Trump.
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Economía a la Trump
martes, 10 de enero de 2017
Publicado en la Revista Misión Pyme No. 94, diciembre 2016 - enero 2017
Los analistas señalan que el malestar de la clase media en Estados Unidos (EEUU) explica los sorprendentes resultados de la votación en la que fue elegido Donald Trump como presidente.
Arianna Huffington, desde 2010 llamó la atención sobre el notorio descontento de ese grupo en su libro Traición al sueño americano. Cómo los políticos han abandonado a la clase media. En él demuestra la pérdida de bienestar por recortes del gasto social en muchos estados, especialmente desde la crisis de 2008-2009.
Además, varios economistas, como Joseph Stiglitz, habían revelado la creciente concentración del ingreso. Señaló Stiglitz, en el libro El precio de la desigualdad (2012), que el uno por ciento de los más ricos es dueño de un tercio de la riqueza total de la economía de EEUU. “Mientras que al 1 por ciento más alto las cosas le iban fabulosamente, la mayoría de los estadounidenses en realidad estaba empobreciéndose”.
Ese empobrecimiento aumentó con la crisis; millones de familias perdieron sus viviendas y sus empleos y muchas se vieron precisadas a consumir su ahorro pensional.
En el mercado laboral se perdió la estabilidad del empleo y aumentó la población con desempleo de largo plazo, lo que, sugiere Huffington, repercutió en cambios en la percepción sobre la democracia en los grupos sociales afectados.
Para completar, la globalización indujo la relocalización o la quiebra de muchas industrias. Según Huffington, “en algunos casos, poblaciones enteras caen en una depresión permanente cuando desaparecen sus industrias principales”. Para ilustrarlo relata el caso de Mount Airy (Carolina del Norte), un pueblito de 9.500 habitantes en el que la industria textil y de confecciones generaba más de 3.000 empleos. Entre 1999 y 2010 las empresas quebraron y se perdieron esos trabajos; eran personas que no estaban preparadas para otro tipo de labores o, por la edad, era difícil su contratación o su capacitación para otras actividades.
El creciente descontento en el país se canalizó contra los migrantes, las élites que gobiernan el país y la globalización. Esta última se identifica claramente con la relocalización de empresas en países con mano de obra más barata, y con el aumento de productos importados que compiten o sustituyen la producción nacional.
Este fue el público al que Trump cautivó. De ahí que parte de sus promesas van contra la globalización: volver a traer las empresas que se fueron a otros países; renegociar el NAFTA o salirse de él; salirse del Acuerdo Transpacífico (TPP), que aún no ha sido ratificado; y reducir el enorme déficit comercial, que casi en un 50% es explicado por el comercio con China. En este último caso, Trump dijo expresamente: “Yo pondría impuestos a los productos que vienen de China... Y el impuesto debe ser del 45%” (New York Times, 7 de enero de 2016).
En el mundo hay temor por las consecuencias de implementar esas promesas contra la globalización. No obstante, la lógica da pocas posibilidades de aplicación, como lo muestra el caso con China.
En primer lugar, en el marco de la OMC imponer aranceles a solo un país miembro va contra el principio de Nación más Favorecida (NMF); no se puede discriminar a un país, pues este principio obliga a extender a todos los miembros de la OMC el mejor trato que ofrezca a uno de ellos.
En segundo lugar, es erróneo sancionar a China porque genera la mayor parte del déficit comercial de EEUU. La organización de la producción mundial en cadenas globales de valor volvió irrelevantes las mediciones tradicionales de comercio internacional, como la balanza comercial.
A manera de ejemplo, un estudio de la OMC calculó que la balanza comercial de EEUU en iPhones en 2007 fue deficitaria con el mundo en US$1.900 millones, resultado que fue totalmente explicado por China. Pero el comercio medido con la nueva metodología de la OMC y la OCDE basada en el valor agregado, encuentra que el déficit con China apenas llegó a US$73 millones, esto es, el 3.8% del total. En cambio, Japón explica el 36%, Alemania el 18%, Corea el 14% y el resto del mundo el 29%.
Esto evidencia que el uso de aranceles es obsoleto en la economía globalizada. En el mejor de los casos la consecuencia de un arancel del 45% solo a China, sería el aumento del precio de los iPhones a los consumidores de EEUU; en el peor, Apple quebraría, por la pérdida de competitividad frente a los fabricantes de otros países; otra opción sería el traslado del ensamble a terceros países, mejorando la balanza comercial con China, pero no la global.
En tercer lugar, la experiencia de la Gran Depresión demuestra que los obstáculos al comercio internacional generan reacciones en cadena. Con la Ley Smoot-Hawley, que aumentó los aranceles de EEUU, otros países del mundo incrementaron las barreras a las importaciones. El balance fue el deterioro del comercio mundial, con impactos negativos para todas las economías; ese mismo episodio se podría repetir en este hipotético caso.
Es claro que en la actual situación el primer país en reaccionar sería China, que podría imponer barreras a productos sensibles de las exportaciones de EEUU, como las agropecuarias y las de la industria automovilística.
En cuarto lugar, parte de las elevadas reservas internacionales de China están invertidas en bonos del tesoro de los EEUU. En agosto de 2016 su inversión ascendió a US$1.2 billones, que representan el 30% de las tenencias en manos de extranjeros. En un escenario hipotético en el que China resolviera salir rápidamente de sus bonos, propiciaría el desplome del dólar y nefastos efectos en los mercados financieros mundiales.
En síntesis, si el presidente Trump no quiere profundizar el estancamiento de las economías desarrolladas, ni ocasionar una guerra comercial en la que solo habría perdedores, tendrá que revisar sus planes de gobierno y aterrizarlos para reducir o eliminar los temores que hay en el mundo… Si no va contra
Los analistas señalan que el malestar de la clase media en Estados Unidos (EEUU) explica los sorprendentes resultados de la votación en la que fue elegido Donald Trump como presidente.
Arianna Huffington, desde 2010 llamó la atención sobre el notorio descontento de ese grupo en su libro Traición al sueño americano. Cómo los políticos han abandonado a la clase media. En él demuestra la pérdida de bienestar por recortes del gasto social en muchos estados, especialmente desde la crisis de 2008-2009.
Además, varios economistas, como Joseph Stiglitz, habían revelado la creciente concentración del ingreso. Señaló Stiglitz, en el libro El precio de la desigualdad (2012), que el uno por ciento de los más ricos es dueño de un tercio de la riqueza total de la economía de EEUU. “Mientras que al 1 por ciento más alto las cosas le iban fabulosamente, la mayoría de los estadounidenses en realidad estaba empobreciéndose”.
Ese empobrecimiento aumentó con la crisis; millones de familias perdieron sus viviendas y sus empleos y muchas se vieron precisadas a consumir su ahorro pensional.
En el mercado laboral se perdió la estabilidad del empleo y aumentó la población con desempleo de largo plazo, lo que, sugiere Huffington, repercutió en cambios en la percepción sobre la democracia en los grupos sociales afectados.
Para completar, la globalización indujo la relocalización o la quiebra de muchas industrias. Según Huffington, “en algunos casos, poblaciones enteras caen en una depresión permanente cuando desaparecen sus industrias principales”. Para ilustrarlo relata el caso de Mount Airy (Carolina del Norte), un pueblito de 9.500 habitantes en el que la industria textil y de confecciones generaba más de 3.000 empleos. Entre 1999 y 2010 las empresas quebraron y se perdieron esos trabajos; eran personas que no estaban preparadas para otro tipo de labores o, por la edad, era difícil su contratación o su capacitación para otras actividades.
El creciente descontento en el país se canalizó contra los migrantes, las élites que gobiernan el país y la globalización. Esta última se identifica claramente con la relocalización de empresas en países con mano de obra más barata, y con el aumento de productos importados que compiten o sustituyen la producción nacional.
Este fue el público al que Trump cautivó. De ahí que parte de sus promesas van contra la globalización: volver a traer las empresas que se fueron a otros países; renegociar el NAFTA o salirse de él; salirse del Acuerdo Transpacífico (TPP), que aún no ha sido ratificado; y reducir el enorme déficit comercial, que casi en un 50% es explicado por el comercio con China. En este último caso, Trump dijo expresamente: “Yo pondría impuestos a los productos que vienen de China... Y el impuesto debe ser del 45%” (New York Times, 7 de enero de 2016).
En el mundo hay temor por las consecuencias de implementar esas promesas contra la globalización. No obstante, la lógica da pocas posibilidades de aplicación, como lo muestra el caso con China.
En primer lugar, en el marco de la OMC imponer aranceles a solo un país miembro va contra el principio de Nación más Favorecida (NMF); no se puede discriminar a un país, pues este principio obliga a extender a todos los miembros de la OMC el mejor trato que ofrezca a uno de ellos.
En segundo lugar, es erróneo sancionar a China porque genera la mayor parte del déficit comercial de EEUU. La organización de la producción mundial en cadenas globales de valor volvió irrelevantes las mediciones tradicionales de comercio internacional, como la balanza comercial.
A manera de ejemplo, un estudio de la OMC calculó que la balanza comercial de EEUU en iPhones en 2007 fue deficitaria con el mundo en US$1.900 millones, resultado que fue totalmente explicado por China. Pero el comercio medido con la nueva metodología de la OMC y la OCDE basada en el valor agregado, encuentra que el déficit con China apenas llegó a US$73 millones, esto es, el 3.8% del total. En cambio, Japón explica el 36%, Alemania el 18%, Corea el 14% y el resto del mundo el 29%.
Esto evidencia que el uso de aranceles es obsoleto en la economía globalizada. En el mejor de los casos la consecuencia de un arancel del 45% solo a China, sería el aumento del precio de los iPhones a los consumidores de EEUU; en el peor, Apple quebraría, por la pérdida de competitividad frente a los fabricantes de otros países; otra opción sería el traslado del ensamble a terceros países, mejorando la balanza comercial con China, pero no la global.
En tercer lugar, la experiencia de la Gran Depresión demuestra que los obstáculos al comercio internacional generan reacciones en cadena. Con la Ley Smoot-Hawley, que aumentó los aranceles de EEUU, otros países del mundo incrementaron las barreras a las importaciones. El balance fue el deterioro del comercio mundial, con impactos negativos para todas las economías; ese mismo episodio se podría repetir en este hipotético caso.
Es claro que en la actual situación el primer país en reaccionar sería China, que podría imponer barreras a productos sensibles de las exportaciones de EEUU, como las agropecuarias y las de la industria automovilística.
En cuarto lugar, parte de las elevadas reservas internacionales de China están invertidas en bonos del tesoro de los EEUU. En agosto de 2016 su inversión ascendió a US$1.2 billones, que representan el 30% de las tenencias en manos de extranjeros. En un escenario hipotético en el que China resolviera salir rápidamente de sus bonos, propiciaría el desplome del dólar y nefastos efectos en los mercados financieros mundiales.
En síntesis, si el presidente Trump no quiere profundizar el estancamiento de las economías desarrolladas, ni ocasionar una guerra comercial en la que solo habría perdedores, tendrá que revisar sus planes de gobierno y aterrizarlos para reducir o eliminar los temores que hay en el mundo… Si no va contra
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Trump versus globalización
viernes, 23 de diciembre de 2016
Publicado en Portafolio el viernes 23 de diciembre de 2016
Diversas propuestas del nuevo presidente de los Estados Unidos generan temores por sus impactos en la economía mundial. En general se cree que la globalización no tiene reversa, lo que llevaría a concluir que Donald Trump tiene la batalla perdida.
Pero la historia muestra que la globalización sí tiene reversa; de igual forma evidencia los altos costos que acarrea. El Banco Mundial (Globalization, Growth, and Poverty) muestra que hubo un prolongado periodo de retroceso entre el comienzo de la primera guerra mundial y la terminación de la segunda.
Este episodio permite intuir lo que vendría para el mundo desde enero de 2017. Ante la fuerte contracción de la actividad económica por la Gran Depresión, el proteccionismo floreció; los gobernantes pensaron que, al imponer barreras a las importaciones, podían aumentar las exportaciones para crecer el PIB y el empleo. La ley Smoot-Hawley aumentó los aranceles de Estados Unidos, pero generó una cadena de retaliaciones a nivel global. Como consecuencia, las exportaciones mundiales cayeron del 8% del PIB en 1910, a 5% en 1950; este nivel era similar al registrado en 1870, año en el que comenzó la primera ola de globalización, según el Banco Mundial.
El freno a la globalización tuvo nefastas consecuencias. Según Angus Maddison “Entre 1913 y 1950 la economía mundial creció mucho más lentamente que entre 1870 y 1913, el comercio mundial creció mucho menos que el ingreso mundial, y el grado de desigualdad entre las regiones se incrementó sustancialmente”. Además, la pobreza, que había caído entre 1870 y 1914, volvió a crecer en el periodo de reversión “aproximadamente hasta donde había estado en el período entre 1820 y 1870” (Banco Mundial).
Trump propuso la imposición de un arancel del 45% a las importaciones desde China, otro del 35% a las importaciones de productos fabricados por las compañías estadounidenses que se sigan marchando, y la atracción hacia Estados Unidos de empresas que se fueron a otros países.
Todas esas propuestas chocan con la evolución que ha tenido el mundo desde la segunda posguerra: la fragmentación geográfica de los procesos de producción, el surgimiento de las cadenas globales de valor, la relocalización de empresas y la sustitución de los productos nacionales por los productos globales (“made in X país” por “made in the world”).
En ese contexto, obligar a empresas como Apple para que retornen a Estados Unidos, implicaría desarticular procesos productivos que están dispersos en siete países. Algunos casos de retorno voluntario (“reshoring”) han evidenciado las enormes dificultades que implica tal decisión; no encuentran mano de obra para labores en las que los estadounidenses ya no tienen habilidades o no están dispuestos a hacerlas; no hay fabricación local de las materias primas o de los bienes intermedios requeridos, lo que obliga a importarlos; los costos de la mano de obra son muy elevados con relación a los países a los que habían migrado. Por estas razones, no pueden ser competitivos.
Experiencias como la de Venezuela con Chávez, evidencian que la intransigencia de un mandatario puede forzar decisiones radicales, por irracionales que sean, y sin importar las graves consecuencias para su economía y su población. En el caso de Estados Unidos el desastre sería mayor y de alcance global. Trump ganaría la batalla, pero la perdería el mundo.
Diversas propuestas del nuevo presidente de los Estados Unidos generan temores por sus impactos en la economía mundial. En general se cree que la globalización no tiene reversa, lo que llevaría a concluir que Donald Trump tiene la batalla perdida.
Pero la historia muestra que la globalización sí tiene reversa; de igual forma evidencia los altos costos que acarrea. El Banco Mundial (Globalization, Growth, and Poverty) muestra que hubo un prolongado periodo de retroceso entre el comienzo de la primera guerra mundial y la terminación de la segunda.
Este episodio permite intuir lo que vendría para el mundo desde enero de 2017. Ante la fuerte contracción de la actividad económica por la Gran Depresión, el proteccionismo floreció; los gobernantes pensaron que, al imponer barreras a las importaciones, podían aumentar las exportaciones para crecer el PIB y el empleo. La ley Smoot-Hawley aumentó los aranceles de Estados Unidos, pero generó una cadena de retaliaciones a nivel global. Como consecuencia, las exportaciones mundiales cayeron del 8% del PIB en 1910, a 5% en 1950; este nivel era similar al registrado en 1870, año en el que comenzó la primera ola de globalización, según el Banco Mundial.
El freno a la globalización tuvo nefastas consecuencias. Según Angus Maddison “Entre 1913 y 1950 la economía mundial creció mucho más lentamente que entre 1870 y 1913, el comercio mundial creció mucho menos que el ingreso mundial, y el grado de desigualdad entre las regiones se incrementó sustancialmente”. Además, la pobreza, que había caído entre 1870 y 1914, volvió a crecer en el periodo de reversión “aproximadamente hasta donde había estado en el período entre 1820 y 1870” (Banco Mundial).
Trump propuso la imposición de un arancel del 45% a las importaciones desde China, otro del 35% a las importaciones de productos fabricados por las compañías estadounidenses que se sigan marchando, y la atracción hacia Estados Unidos de empresas que se fueron a otros países.
Todas esas propuestas chocan con la evolución que ha tenido el mundo desde la segunda posguerra: la fragmentación geográfica de los procesos de producción, el surgimiento de las cadenas globales de valor, la relocalización de empresas y la sustitución de los productos nacionales por los productos globales (“made in X país” por “made in the world”).
En ese contexto, obligar a empresas como Apple para que retornen a Estados Unidos, implicaría desarticular procesos productivos que están dispersos en siete países. Algunos casos de retorno voluntario (“reshoring”) han evidenciado las enormes dificultades que implica tal decisión; no encuentran mano de obra para labores en las que los estadounidenses ya no tienen habilidades o no están dispuestos a hacerlas; no hay fabricación local de las materias primas o de los bienes intermedios requeridos, lo que obliga a importarlos; los costos de la mano de obra son muy elevados con relación a los países a los que habían migrado. Por estas razones, no pueden ser competitivos.
Experiencias como la de Venezuela con Chávez, evidencian que la intransigencia de un mandatario puede forzar decisiones radicales, por irracionales que sean, y sin importar las graves consecuencias para su economía y su población. En el caso de Estados Unidos el desastre sería mayor y de alcance global. Trump ganaría la batalla, pero la perdería el mundo.
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¿Reforma tributaria estructural?
viernes, 18 de noviembre de 2016
Publicado en Portafolio el viernes 18 de noviembre de 2016
La polarización se extendió a la reforma tributaria. Las valoraciones de algunos analistas lo ilustran: “está al nivel de los países con los más altos estándares”; “no va a cambiar nada de fondo porque no es estructural”; es “un conjunto de medidas desarticuladas”; “tributaria 2016 es la más técnica en 30 años”; “el Congreso debería rechazar esta propuesta”.
El uso del adjetivo “estructural”, que ahora es parte del debate, plantea un problema semántico complejo, porque no hay una definición académica ni de “reforma estructural” ni de “reforma tributaria estructural”.
Algunos comentaristas parecieran entender que “estructural” es sinónimo de revolución o de panacea. De ahí coligen que el proyecto no lo es, porque ni soluciona todos los problemas redistributivos, ni es totalmente progresivo y lo ven solo como una excusa para tapar el hueco fiscal.
Hecho curioso, por demás, es que entre los críticos del adjetivo “estructural” estén segmentos del empresariado. Lo es porque ese calificativo surgió del clamor gremial, que dio origen a la Comisión de Expertos.
Pero ni la Comisión ni el Gobierno denominaron “estructural” a la propuesta en elaboración. Prefirieron llamarla “integral”. Pero, tal vez, ante la insistencia de los gremios de la producción por una reforma tributaria “estructural”, el Ministerio de Hacienda y la Dian terminaron bautizándola con ese adjetivo.
Puesto que no hay una definición académica de “reforma tributaria estructural”, es conveniente analizar las aproximaciones al tema. Fritz Machlup, en su Semántica Económica, identificó, hace casi sesenta años, veinticinco significados distintos del concepto “estructura” en economía. De ellos, hay dos que pueden dar luces en la discusión actual: “La estructura de un agregado: su composición determinada y constante, es decir, que no puede cambiar fácilmente”. “Cambios estructurales: alteraciones permanentes, distintas de los cambios puramente temporarios y de las fluctuaciones cíclicas”.
En concordancia con esos significados, en algún momento, el Consejo Gremial Nacional planteó que la reforma tributaria debería ser estructural, en el sentido de que representara un cambio profundo en el estatuto tributario, que fuera estable en el tiempo y que lo hiciera menos complejo.
Ser estructural no significa cambiar todo de una vez, pero sí tener un norte definido; sin duda, la reforma avanza en la línea esperada. Entre las propuestas que se pueden considerar estructurales, se destacan: reducir la complejidad del impuesto de renta, eliminar impuestos anti-técnicos como el de riqueza (aunque vuelve permanente el gravamen a los movimientos financieros), reducir la tasa efectiva de tributación de las empresas para eliminar los sesgos anticompetitivos, aumentar la tributación de las personas al crear el gravamen a los dividendos, ampliar la base tributaria en un país en el que solo tributa una fracción muy pequeña de las empresas y las personas, y unificar y aumentar las tasas de impuesto de renta de las zonas francas, entre otras.
Por esto es vital un acuerdo para no modificar el componente estructural de la reforma tributaria, como lo planteó el empresario Antonio Celia. Pueden ser necesarios algunos ajustes, pero quienes los promueven deben considerar el balance general frente a los efectos de inequidad horizontal que perpetuarían con sus acciones; podrían ser el preámbulo a las reacciones de otros agentes, que bloquearían el objetivo de un estatuto tributario menos farragoso y menos oneroso para las propias empresas.
La polarización se extendió a la reforma tributaria. Las valoraciones de algunos analistas lo ilustran: “está al nivel de los países con los más altos estándares”; “no va a cambiar nada de fondo porque no es estructural”; es “un conjunto de medidas desarticuladas”; “tributaria 2016 es la más técnica en 30 años”; “el Congreso debería rechazar esta propuesta”.
El uso del adjetivo “estructural”, que ahora es parte del debate, plantea un problema semántico complejo, porque no hay una definición académica ni de “reforma estructural” ni de “reforma tributaria estructural”.
Algunos comentaristas parecieran entender que “estructural” es sinónimo de revolución o de panacea. De ahí coligen que el proyecto no lo es, porque ni soluciona todos los problemas redistributivos, ni es totalmente progresivo y lo ven solo como una excusa para tapar el hueco fiscal.
Hecho curioso, por demás, es que entre los críticos del adjetivo “estructural” estén segmentos del empresariado. Lo es porque ese calificativo surgió del clamor gremial, que dio origen a la Comisión de Expertos.
Pero ni la Comisión ni el Gobierno denominaron “estructural” a la propuesta en elaboración. Prefirieron llamarla “integral”. Pero, tal vez, ante la insistencia de los gremios de la producción por una reforma tributaria “estructural”, el Ministerio de Hacienda y la Dian terminaron bautizándola con ese adjetivo.
Puesto que no hay una definición académica de “reforma tributaria estructural”, es conveniente analizar las aproximaciones al tema. Fritz Machlup, en su Semántica Económica, identificó, hace casi sesenta años, veinticinco significados distintos del concepto “estructura” en economía. De ellos, hay dos que pueden dar luces en la discusión actual: “La estructura de un agregado: su composición determinada y constante, es decir, que no puede cambiar fácilmente”. “Cambios estructurales: alteraciones permanentes, distintas de los cambios puramente temporarios y de las fluctuaciones cíclicas”.
En concordancia con esos significados, en algún momento, el Consejo Gremial Nacional planteó que la reforma tributaria debería ser estructural, en el sentido de que representara un cambio profundo en el estatuto tributario, que fuera estable en el tiempo y que lo hiciera menos complejo.
Ser estructural no significa cambiar todo de una vez, pero sí tener un norte definido; sin duda, la reforma avanza en la línea esperada. Entre las propuestas que se pueden considerar estructurales, se destacan: reducir la complejidad del impuesto de renta, eliminar impuestos anti-técnicos como el de riqueza (aunque vuelve permanente el gravamen a los movimientos financieros), reducir la tasa efectiva de tributación de las empresas para eliminar los sesgos anticompetitivos, aumentar la tributación de las personas al crear el gravamen a los dividendos, ampliar la base tributaria en un país en el que solo tributa una fracción muy pequeña de las empresas y las personas, y unificar y aumentar las tasas de impuesto de renta de las zonas francas, entre otras.
Por esto es vital un acuerdo para no modificar el componente estructural de la reforma tributaria, como lo planteó el empresario Antonio Celia. Pueden ser necesarios algunos ajustes, pero quienes los promueven deben considerar el balance general frente a los efectos de inequidad horizontal que perpetuarían con sus acciones; podrían ser el preámbulo a las reacciones de otros agentes, que bloquearían el objetivo de un estatuto tributario menos farragoso y menos oneroso para las propias empresas.
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