¡A cambiar de país!

Publicado en Portafolio el viernes 12 de octubre de 2012

Debo aclarar que no hablo de Colombia… ¡Me refiero a Brasil!

Diversos analistas vienen insistiendo en que hay que mirar a Brasil no solo por su vistoso fútbol; que la política industrial de Brasil debe ser el modelo para Colombia; que Brasil no se ha desindustrializado mientras que Colombia lo está haciendo aceleradamente; que Brasil rompió su dependencia de exportaciones de productos primarios y, en cambio, nosotros dependemos cada vez más de ellos; que Brasil es una economía más desarrollada que Colombia porque su política macroeconómica es mejor; etcétera.

No hay duda; es un país con muchos atributos: es el más extenso de América Latina; la economía de mayor tamaño en la región, al menos mientras no se cumplan las proyecciones del Nomura Equity Research en las que México la desplaza; y fabrica aviones, y nosotros no; y es el líder mundial en la producción de biocombustibles, y nosotros no; y es un gran exportador de pollo, y nosotros no; además, es un país BRIC, aun cuando ya algunos analistas, incluido el propio Jim O’Neill autor del famoso acrónimo, ven su posible exclusión por el pobre desempeño económico de los años recientes (Wall Street Journal “La desaceleración pone en duda el modelo de crecimiento brasileño”).

Con todo esto, no hay más opción; hay que mirar y analizar a Brasil con más detalle… ¡Y qué sorpresas las que se encuentran!

¡Que Brasil tiene riesgos de enfermedad holandesa! ¿Y por qué? ¿No dizque era un país que había diversificado sus exportaciones? Bueno, pues eso lo afirma nada más y nada menos que el renombrado Jim O’niell: "Brasil enfrenta dos desafíos. Uno es reducir su vulnerabilidad a la “enfermedad holandesa”, esto es, ser menos dependiente de la persistente mejora en sus términos de intercambio ocasionada por el aumento de los precios de los commodities… Segundo, necesita deshacerse de la apreciación de su moneda o se volverá más y más dependiente de los commodities”.

Ese diagnóstico, lejos de resultar concordante con las apreciaciones sobre la gran diversificación, es consistente con la percepción del Wall Street Journal: “En los últimos años, Brasil diseñó un salto a la prosperidad basado en un crecimiento acelerado alimentado por sus inmensos recursos naturales”.

Quizás pudieran ser cosas del azar, pues, según el World Economic Forum, Brasil es una economía más competitiva que Colombia. De todos modos es bueno explorar más.

En el libro del BID “La era de la productividad” se incluye un cálculo de la productividad total de los factores con relación a la de Estados Unidos. Pues la de Brasil y la de Colombia son similares (gráfico 2.7). Y en el cálculo de la productividad laboral relativa por sectores, Brasil nos supera en la del sector agropecuario, pero Colombia registra un nivel mayor en industria y en servicios, tanto en 1973 como en 2004 (gráfico 3.5); no obstante, el crecimiento de la productividad total de los factores en el sector de agricultura en 1961-2007 es superior en Colombia que en Brasil (gráfico C recuadro 3.2).

Ya entrados en gastos, por qué no explorar otros indicadores macroeconómicos y sectoriales.

Por ejemplo, el análisis del PIB en dólares constantes de 2000 durante los últimos 50 años muestra que la tasa media de crecimiento anual de Brasil fue superior a la de Colombia en las dos primeras décadas, pero inferior en las tres siguientes. Es más, también la dinámica del PIB colombiano a precios de paridad en dólares internacionales constantes en las últimas tres décadas (que es el periodo disponible en las series del Banco Mundial), es superior al brasileño.

A nivel sectorial, en el valor agregado industrial (que incluye minas, manufacturas, construcción, electricidad, gas y agua) hay información de las últimas cuatro décadas y aquí ha sido intercalado el resultado. Brasil creció más en las décadas de los años setenta y noventa, pero Colombia fue mejor en las de los ochenta y la primera de este siglo. Igual comportamiento se registra en el sector manufacturero, del cual solo hay datos del Banco Mundial para las dos últimas décadas.

¿Qué podemos concluir? Pues básicamente que en las décadas recientes ha sido mejor el desempeño de Colombia que el de Brasil. Las diferencias en el nivel de desarrollo parecen haberse gestado en las décadas de los sesenta y setenta (quizás antes), cuando algunos sectores lograron su desarrollo (aeronáutica y avicultura, por ejemplo). Pero en las siguientes décadas la brecha se ha reducido.

Por lo tanto, lo que nos están vendiendo es un Brasil modelo 60 o 70 del siglo pasado y no uno del siglo XXI. Sin embargo, ese fue el que aplicó Colombia por décadas; lo que deberían preguntarse los vendedores es por qué allá funcionó y aquí no… y buscarse otro país como ejemplo de éxito reciente.

¿Demasiados TLC?

Publicado en Portafolio el jueves 27 de septiembre de 2012

En los últimos meses el país ha tenido abundantes noticias relacionadas con los tratados de libre comercio: entró en vigencia el de Estados Unidos; fue firmado el de la UE; cerraron las negociaciones con Corea del Sur y con Venezuela; comenzaron las de Israel y Costa Rica; se ratificó la Alianza del Pacífico; fueron presentadas las conclusiones del grupo de estudio para un acuerdo con Japón; y el presidente Santos en su visita al Asia mencionó un probable acuerdo con China.

Es lógico que la opinión pública empiece a preguntarse por qué tantas negociaciones y si son realmente necesarias. Por ello es importante recordar algunas de las razones que han llevado al gobierno a trabajar en esa dirección.

En primer lugar, la creciente globalización originó un cambio estructural en la organización de la producción en el mundo: la fragmentación geográfica de los procesos productivos y la tendencia a la desaparición de los productos nacionales y su sustitución por productos globales: del “made in Colombia”, al “made in the world”.

Como consecuencia de ese fenómeno, en promedio el 56 por ciento del comercio mundial de manufacturas es de bienes intermedios. Son productos que se mueven por el mundo en diferentes etapas de agregación de valor, hasta que llegan a un destino en el que se ensamblan los bienes finales; luego entran en las cadenas de distribución para los consumidores.

En ese contexto, los empresarios modernos se insertan en las cadenas globales de valor, y es mayor la ventaja de los que están ubicados en países que tienen tratados comerciales con los proveedores de materias primas y con los que hacen el ensamble de los bienes finales.

En segundo lugar, los productos que exporta Colombia enfrentan la competencia de otros países que también los producen y los envían a los mismos destinos. Si los competidores tienen TLC con los países importadores, pueden quitar mercado a los productos colombianos y contar con mejores herramientas para mantener su participación.

El caso de las confecciones es ilustrativo. Son numerosos los países de América Latina que compiten con las confecciones colombianas en el mercado de Estados Unidos y varios de ellos tienen TLC con ese país.

El Salvador es un país con un área equivalente a la de Arauca. Pero el año pasado le exportó US$1.738 millones en confecciones a EEUU, mientras que las de Colombia sumaron US$223 millones. Los salvadoreños han logrado mantener el valor de sus exportaciones, a pesar de la mayor competencia de los asiáticos por la terminación del Acuerdo Multifibras (enero 2005); en cambio, los colombianos lo redujeron desde US$589 millones. La vigencia del CAFTA desde 2006 fue clave para ese resultado, al brindar reglas de juego claras y permanentes a los empresarios centroamericanos.

En tercer lugar, hay empresarios colombianos que están sintiendo mayor competencia de otros países de la CAN que tienen acceso a materias primas sin arancel por tener TLC con los países fabricantes. Cumpliendo con las normas de origen, entran a Colombia bienes finales con arancel cero y con menores costos.

En cuarto lugar, el “acercamiento” global, propiciado por los menores costos de transporte y la revolución en las comunicaciones y en internet, ha revelado los enormes potenciales económicos de Asia y África. De ahí que muchas economías estén fortaleciendo las relaciones comerciales con esos bloques, mediante foros como APEC; acuerdos comerciales, como los de Perú y Chile con China, Malasia, Corea e India; y flujos de inversión extranjera directa como la de China en África.

En quinto lugar, el mundo tiende a una mayor integración, como consecuencia de los factores mencionados. En 1990 había alrededor de 60 acuerdos regionales vigentes notificados a la OMC; en 2010 había cerca de 300. Según la Cepal, en 2004 Colombia tenía acceso preferencial para el 23% de sus exportaciones, mientras que el promedio de América Latina estaba en 62%.

Bien podría Colombia optar por no negociar más acuerdos comerciales. Pero, sin duda, los primeros perjudicados serían los empresarios pues no solo tendrían una mayor competencia en el mercado interno, sino también en sus mercados de destino y les sería muy difícil integrarse en las cadenas globales de valor; la permanencia de las barreras arancelarias y no arancelarias les haría muy complejo el enfrentamiento con productos de menores precios.

De esta forma, los TLC son un medio necesario que impulsa a las empresas a ser más competitivas e innovadoras y a aprovechar las ventajas del acceso preferencial permanente. También se convierten en el acicate que induce la realización de obras aplazadas por décadas, el desarme de medidas no arancelarias que se impusieron como reacción a la apertura (y que en la práctica la bloquearon) y el desmonte de los sobrecostos generados por la regulación pública, que pesan en la competitividad de las empresas.

Nueva política industrial

Publicado en la Revista Misión Pyme No. 56, septiembre de 2012

La Cepal, propone una nueva política industrial para América Latina en el documento “Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo”.

Este es un tema que podríamos denominar pendular o cíclico. Durante algunas décadas la política industrial se entendió como la protección estatal para el desarrollo de grandes empresas (“campeones nacionales”); se suponía que ellas, eran las únicas que podían generar economías de escala e impulsar el crecimiento económico. Con diversos matices, esta política se implementó en economías desarrolladas, en desarrollo y en las comunistas.

Con el auge de las políticas de libre mercado, el concepto de política industrial prácticamente desapareció de los debates sobre desarrollo económico, y prosperó la idea de que “la mejor política industrial es no tener política industrial”. Se postuló que los mercados aseguraban la más eficiente asignación de los recursos, mientras que la intervención estatal causaba distorsiones.

A comienzos de los noventa, volvió a aparecer con nuevo ropaje en algunas regiones del mundo. Los grandes avances en comunicaciones, computación e internet, mostraron la importancia de las industrias intensivas en conocimientos. Su desarrollo se fundamentó en empresas innovadoras de tamaño pequeño y mediano, más flexibles que los “campeones nacionales” y generadoras de empleos.

Como consecuencia, las economías desarrolladas, al menos las de Europa, comenzaron a aplicar políticas que llamaron de desarrollo empresarial y, posteriormente políticas de competitividad. A partir de entonces, las políticas se enfocaron en los apoyos a las pyme, con el fin de ayudarlas a superar las fallas de mercado que limitaban su desarrollo. Este es un enfoque diferente al de la política de “campeones”, pues, con el retorno de las políticas de mercado libre, perdieron relevancia los subsidios y muchas de las herramientas típicas del proteccionismo.

En apariencia, no todas las economías desarrolladas hacían abiertamente este tipo de políticas, pues en público las seguían considerando distorsionantes. Pero con la reciente crisis mundial, volvió a salir a la superficie el concepto de política industrial. Justin Lin, ex-economista jefe del Banco Mundial, afirmó: “Uno de los secretos económicos mejor guardados se reconfirmó en 2010: la mayoría de los países, intencionalmente o no, implementa alguna forma de política industrial”.

Hoy en día, tanto los académicos como los hacedores de la política industrial coinciden en que ella tiene dos grandes componentes: uno transversal y uno vertical. El primero abarca todas las herramientas de carácter general que aplican a todos los sectores (capital humano, infraestructura, tarifas de servicios públicos). El segundo las herramientas sectoriales (como los incentivos al desarrollo de los biocombustibles).

La novedad que introduce la CEPAL consiste en que denomina política industrial exclusivamente a la que se enfoca en el desarrollo de sectores nuevos intensivos en conocimientos y ellos son un fundamento del cambio estructural. Todo lo demás, incluidas las políticas para sectores ya existentes, es englobado bajo el concepto de políticas de competitividad.

Es una propuesta interesante, que pone la política industrial en la primera fila de las políticas económicas y debe ir integrada con la política macroeconómica y la política social. Sin duda, será un tema de amplia discusión en Colombia.

TLC y salud pública

Publicado en Ámbito Jurídico, Año XV – No. 354; 17 al 30 de septiembre de 2012

En los debates a los tratados de libre comercio hay poca claridad sobre sus vínculos con la salud pública, en las áreas profesionales y académicas relacionadas con ella. Así lo he podido constatar en un foro reciente y en algunas publicaciones y programas radiales de centros académicos, en los que incluso destacados líderes de organizaciones que propenden por la mejora en las políticas gubernamentales de salud, incurren en notables imprecisiones.

En los debates se mezclan los problemas de acceso a medicamentos en el POS, los recobros, los abusos en los precios de algunos medicamentos, los altos precios de los medicamentos con patente, los monopolios en productos innovadores, las tutelas para acceder a tratamientos costosos y el presunto alargamiento del periodo de protección con patentes. Es natural que semejante mescolanza de salud pública con TLC, genere malestar en los auditorios y posiciones en contra de los tratados comerciales.

Es necesario establecer los linderos entre la política de salud pública y los tratados y establecer cuáles son los vínculos entre los dos y cuáles los potenciales efectos de los TLC.

Según el Ministerio de Salud, “Salud Pública, es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida”.

Los tratados de libre comercio son un componente de la política comercial, que definen las reglas de juego estables para el intercambio de bienes y servicios entre los países que negocian. Dos de esas reglas establecen el vínculo entre los dos temas: el acceso a mercados y la propiedad intelectual, especialmente en lo que se refiere a las patentes.

En acceso se eliminan los aranceles y las barreras no arancelarias a la importación de medicamentos y otros bienes relacionados. De igual forma, los medicamentos genéricos y otros productos que exporta Colombia, logran acceso sin obstáculos en los mercados de destino, lo que permite aumentar la producción y generar economías de escala. En ambos casos se espera una reducción de precios al consumidor.

La discusión sobre patentes debería comenzar con la “Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública”. En el artículo 16.13 del TLC con Estados Unidos se enuncia: “al tiempo que las Partes reiteran su compromiso con el presente Capítulo, afirman que éste puede y debe ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de cada una de las Partes de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos”.

Esto significa que ante situaciones excepcionales de salud pública prima ésta sobre los derechos de propiedad intelectual y en ningún momento se vulnera la soberanía del país con relación a las políticas de salud, como aseveran algunos críticos.

Con relación a las patentes, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) las define como “un derecho exclusivo concedido a una invención… La protección de una patente significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente”.

La principal consecuencia del “derecho exclusivo”, cuando el innovador comercializa su invención, es el establecimiento de condiciones similares a las del monopolio, pues la regla impide la existencia de competidores durante el tiempo de vigencia de la patente.

Es obvio que los monopolios generen rechazo, en particular cuando se trata de productos relacionados con la vida de las personas. Sin embargo, el impacto de las patentes no se debe medir exclusivamente con el costo económico, que es una consecuencia “normal” del “derecho exclusivo”.

Lo correcto son los análisis de costo-beneficio. En términos escuetos se trata de escoger entre dos alternativas: una, tener altos precios durante la vida útil de la patente, que en el caso de medicamentos es en promedio de diez años, y de ahí en adelante contar con más competidores, precios más bajos y menores tasas de morbilidad y mortalidad; dos, no asumir ese costo, pero en cambio mantener altos los niveles de morbilidad y mortalidad de la población, con los costos sociales y económicos que ello implica (recursos de salud pública asignados para tratamientos y caída de la productividad del país).

En ese análisis habría que incorporar los efectos positivos de las patentes sobre la investigación y la innovación. Un artículo reciente de The Economist menciona un estudio que “encontró que los beneficios públicos de la investigación y desarrollo duplican los beneficios privados”. En síntesis se requieren mayores esfuerzos en la comprensión de la relación entre los tratados y la salud pública y quitarle ropajes ideológicos que no conducen a nada positivo. No quiere esto decir que el tema esté exento de debates; sólo que hay que darlos en los términos que realmente corresponden.

Sobre la desindustrialización

Pubicado en Portafolio el jueves 20 de septiembre de 2012

El Informe Semanal de Anif indica que Colombia se sigue desindustrializando. Afirma que la “relación Valor Agregado Industrial/PIB ha venido descendiendo de niveles del 24% hace tres décadas a uno del 15% hace una década y actualmente se perfila hacia tan sólo un 9%-12% en dicha relación en el período 2012-2020”. Además, señala que la participación de la industria en el empleo también ha caído desde 25% al 13%.

En parte la desindustrialización es atribuida a la bonanza minero-energética que Colombia ha vivido “durante el periodo 2003-2012”, lo que “explica que la participación del sector minero-energético dentro del PIB se haya incrementado del 3% a cerca del 8% durante la última década, teniendo como contrapartida el descenso en la participación agroindustrial antes señalada”.

Al respecto, cabe hacer varios comentarios. El primero se relaciona con la medición del PIB. Tal como Anif presenta la información, se colige que la industria ha perdido entre 12 y 15 puntos porcentuales de participación. Pero es ampliamente conocido que los cambios de base en la contabilidad nacional y las mejoras en las fuentes de información ocasionan variaciones en las participaciones de los sectores.

Este es un debate que ya se ha dado en el país con la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana. Astrid Martínez y José Antonio Ocampo en el libro “Hacia una política industrial de nueva generación en Colombia”, elaborado para la Coalición, realizaron un ejercicio de unificación de las series. Sus resultados indican que la participación máxima de la industria fue de 18.54% en 1974 y la menor de 12.52% en 1999; de esta forma, la pérdida de participación sería de seis puntos porcentuales, es decir, la mitad o menos de lo que sugiere Anif.

Este es un aporte importante para los debates sobre desindustrialización en Colombia, pues por primera vez se trata de descontar el efecto de los cambios metodológicos. Lo que queda pendiente es saber, de esos seis puntos, cuánto corresponde a las tendencias normales del desarrollo y cuánto es atribuible a fenómenos como los sugeridos por Anif.

El segundo comentario se relaciona con la minería. La serie desestacionalizada del PIB a precios constantes de 2005, muestra que este sector aportó el 7.9% del PIB en el año 2000; 6.7% en 2003 y 7.7% en 2011. Por lo tanto, no es cierta la afirmación de Anif sobre un incremento de cinco puntos.

El tercer comentario es sobre la diferencia en la evolución de la minería y de la industria. Anif sugiere que al tiempo que la minería incrementó su participación en el PIB –cosa que no es tan clara, como acabamos de mencionar–, la industria la perdió. Es un hecho indiscutible que hasta finales de los noventa este último sector disminuyó su peso relativo en el PIB; pero es discutible lo que ha ocurrido en el presente siglo.

De acuerdo con las series del Dane, la industria aportó 13.6% del PIB en el 2000 y 12.6% en 2011. Por lo tanto perdió un punto. Pero los extremos no muestran la historia completa de lo ocurrido entre los dos años. La realidad es que su participación creció hasta 14.2% en 2007 (¿reindustrialización?); y a partir de ese año disminuyó hasta la cifra citada.

¿Por qué disminuyó? Pueden surgir múltiples hipótesis, pero la más plausible es la de la crisis del sector como consecuencia de la crisis mundial y del cierre del mercado de Venezuela; cabe recordar que en 2007 el 38% de las exportaciones industriales iba a ese destino. Este doble impacto ocasionó una caída del valor agregado industrial en cinco trimestres consecutivos, mientras que la minería y el PIB total siguieron registrando tasas positivas.

El examen de las dinámicas de la industria y de la minería durante el presente siglo, muestra que el primer sector tuvo un mejor desempeño que el segundo justamente hasta 2007. De ahí en adelante registra mejor dinámica el segundo. Por lo tanto, no es muy clara la relación de causalidad entre auge minero-energético y “desindustrialización”.

El último comentario es sobre el empleo. De nuevo, es factible que la industria haya perdido participación en la generación de puestos de trabajo hasta finales del siglo pasado. Pero en el presente no es tan claro. La Gran Encuesta Integrada de Hogares muestra que en julio-septiembre de 2001 aportó el 13.0% del total de ocupados y en mayo-julio de 2012 el 12.5% (pero en los otros trimestres móviles del presente año participa con el 13.2% en promedio).

Se concluye que en el presente siglo la industria colombiana ha tenido un comportamiento diferente al de las décadas anteriores y no es evidente que esté sufriendo un proceso de desindustrialización acelerada, ni que esté perdiendo participación en el empleo. Eso lo muestran claramente las cifras oficiales.

Patentes: ¡Vuelve y juega!

Publicado en Portafolio el martes 28 de agosto de 2012

El pasado 23 de agosto el programa “La botica”, de la emisora de la Universidad Nacional, fue dedicado a responder a las críticas que hice en Portafolio (“Propiedad intelectual y medicamentos”; 18 de julio) a los resultados de una investigación de los químicos farmacéuticos Julián López y Edna Sánchez; también participó el químico farmacéutico Miguel Cortés.

En esencia, afirmaron que la propiedad intelectual afecta los precios de los medicamentos mediante las patentes y la protección de datos de prueba, porque generan monopolios; insistieron en que el TLC con Estados Unidos aceptó las patentes de segundos usos; y Cortés se “sorprendió negativamente” porque en mi artículo de Portafolio califico de amañada su lectura del tratado.

Es conveniente recordar que las patentes nacieron para incentivar la innovación otorgando al innovador un “derecho de exclusividad” temporal; este le permite disponer de su invento como lo considere y la racionalidad económica indica que si lo comercializa tratará de maximizar sus ganancias aprovechando que no tiene competencia.

Por lo tanto, a nadie debería escandalizar que un innovador se lucre de su invención y no se le pueden limitar los ingresos a la recuperación de sus costos de investigación (no obstante, tampoco puede abusar de la exclusividad). Ese es un costo social implícito en el mecanismo de las patentes. El dilema es si se asume ese costo o el de no contar con la innovación.

Según el nobel de economía Douglass North, mientras el mundo no contó con derechos de propiedad, la innovación (y la humanidad) avanzó muy lentamente, por la facilidad que tenían de copiar los inventos quienes no asumían los riesgos y costos de la investigación: “Si la índole de la industria impide que el innovador privado obtenga una parte más grande de la tasa social de retorno, por medio del secreto, el monopolio o las patentes, el aumento de productividad de esa industria se va a producir a un ritmo mucho más lento que en las demás industrias donde las ganancias se pueden absorber”.

Además, las patentes acarrean otros efectos. El primero es la obligación del innovador de hacer públicos los conocimientos que fundamentan su invento; el impacto inmediato es, por lo tanto, el enriquecimiento científico de la sociedad y la posibilidad de nuevos desarrollos de la ciencia.

El segundo es el aumento del bienestar de la sociedad, lo que es evidente en el caso de los medicamentos. Si una economía tiene que pagar el alto precio de un producto innovador que cura una enfermedad causante de altas tasas de mortalidad, durante 10 o 12 años (que es la vida útil promedio de una patente de productos farmacéuticos) ¿estará dispuesta a asumirlos, sabiendo que terminada la vigencia de la patente ese costo bajará por el aumento de la competencia? ¿O preferirá no otorgar el derecho de exclusividad y seguir asumiendo los costos sociales de la alta mortalidad (medicamentos ineficaces, médicos, hospitales, ausencias laborales y pérdidas de capital humano)?

Con relación a la protección de datos de prueba, ella está contemplada en el artículo 39.3 de los ADPIC. Como señala Carlos Correa: “De acuerdo con lo estipulado por el Artículo 1.2 del Acuerdo ADPIC, la protección de los datos de prueba es una categoría de “propiedad intelectual” igual que las patentes, derecho de autor y las marcas”. En tal sentido, tiene efectos similares a los de las patentes en precios y en bienestar.

Ahora, ¿es irrespetuoso decir que hay una amañada lectura del TLC? En su documento para Ifarma el señor Cortés, haciendo referencia a los criterios de patentabilidad, afirma sobre el nivel inventivo:

“El artículo 16.9.1 ratifica lo contenido en ADPIC al expresar que cada parte “podrá” considerar esta expresión como sinónimo de “no evidente”. Por tanto, en principio no implica ningún cambio a los estándares actuales. Sin embargo, la homologación de los términos hacia el estándar norteamericano hace prever la adopción del término “no evidente” en la legislación colombiana y con ella la adopción de una interpretación similar a la contenida en la legislación de los Estados Unidos, con niveles de exigencia más relajados”.

Es decir, admite que el TLC no cambió nada en esta materia, pero luego hace su particular interpretación y “estima” que eso le costará a Colombia US$241 millones en 2020. En el programa radial repitió el mismo argumento, pero sin reconocer que el TLC mantiene los estándares, y de ahí saltó a afirmar que este “relajamiento” permite patentes de segundos usos. Digan los lectores y radioyentes si esta es una lectura “cuidadosa” del tratado como la que él recomendó en La botica.

Por último, esta es una crítica respetuosa para algunos investigadores, no para la Universidad Nacional, mi alma mater, a la que tengo mucho que agradecer y por la que profeso gran respeto.