Publicado en Ámbito Jurídico No. 326 el 25 de julio de 2011
El reciente estudio “Zonas francas: beneficios tributarios en el impuesto de renta”, realizado por Jorge Ramos y Karen Rodríguez, investigadores del Banco de la República, aborda temas importantes para un debate serio sobre las zonas francas (ZF).
No obstante, los medios se centraron en algunas frases aisladas de la publicación sin tener en cuenta sus posibles limitaciones y, en cambio, dejaron de lado la sustancia de la investigación. Es necesario resaltar los aportes y señalar ciertas restricciones y posibles omisiones que, de ser corregidas, contribuirán en mayor medida a la compresión del impacto de las ZF.
El objetivo del trabajo es interesante, pues se propone medir el impacto de las ZF en el recaudo de impuestos y la magnitud de los beneficios otorgados; para el análisis del primer aspecto limitan la investigación al impuesto de renta y para el segundo a la tarifa de renta y la deducción por inversión en activos fijos.
En el régimen de ZF vigente hasta 2006 las utilidades derivadas de las exportaciones tenían un impuesto del 0%, mientras que las obtenidas por bienes enviados al territorio aduanero nacional eran gravadas con la tarifa ordinaria; si fuera la actual, sería del 33%.
En el nuevo régimen, la tarifa es del 15% independientemente de si las utilidades son generadas por exportaciones o por nacionalizaciones. Valga decir, que a las utilidades que tenían impuesto del cero por ciento, les fue aumentada la tarifa al 15%; y las que tenían impuesto del 33%, les fue reducido al 15%.
De esta forma, el efecto neto depende de cuál sea la composición de las ventas de las empresas localizadas en las ZF. Si la mayor parte es para el mercado nacional, se les redujo el impuesto; pero si es para el mercado internacional, se les aumentó.
El estudio muestra que el impacto tributario de las ZF es inferior al que plantean los críticos. Pero los autores incurren en una imprecisión al incluir los recaudos y beneficios de las actividades comerciales; ellas no deberían contabilizarse, puesto que no son beneficiarias del régimen franco y por lo tanto les aplican las tarifas ordinarias del impuesto de renta. Para el caso de la deducción por inversiones en activos estas empresas podían hacer uso de ella igual que cualquier empresa del país; por lo tanto, tampoco debería incluirse en los cálculos.
De esta forma, el recaudo por impuesto de renta, descontando la actividad comercial, representó en 2008 el 0.26% del total y es 3.3 veces superior al de 2000. Y los beneficios obtenidos equivalen en 2008 al 0.54% del recaudo total de renta y es seis veces superior al de 2004.
En el número de veces que crece el recaudo de impuesto de renta influyen dos aspectos: a) El crecimiento del número de empresas beneficiarias del régimen franco; mientras que en 2000 había 96, en 2008 sumaban 325. b) La tasa ordinaria antes de 2007 sólo aplicaba a las utilidades generadas en la nacionalización de mercancías, mientras que a partir de ese año la tarifa del 15% aplica a todos los destinos.
Restando el recaudo y los beneficios se obtiene que el costo neto de las ZF en 2008 (que no calculan los autores) representó apenas el 0.28% del recaudo total del impuesto de renta. Puesto que la deducción por inversiones fue eliminada a partir del año gravable 2011, probablemente los estudios futuros encontrarán que el resultado neto puede mantenerse bajo o incluso ser positivo para la sociedad.
Para los estudios futuros, es importante tener en cuenta que antes de 2007 había dos tarifas de renta en las ZF y desde entonces sólo aplica una. Esto permitirá corregir un error en el que incurren al señalar que la tarifa efectiva de renta era del 35% y cayó a cerca del 15%.
Por último, aun cuando el objetivo del estudio no es una evaluación general de las zonas francas, y así lo señalan expresamente los autores, hacen comentarios sobre el cumplimiento de los compromisos de inversión y empleo, que no son precisos y, además de desviarlos del propósito inicial, son los que los medios convierten en “noticias”.
Afirman que “al final del año 2010 solo se había logrado la ejecución del 18,5% de los compromisos de empleos directos y el 31,2% de los empleos indirectos”. “De la meta de inversión establecida, solo se ha ejecutado el 46,3% que corresponde a $5,6 billones”.
En el régimen actual las ZF especiales cuentan con un plazo de tres años para realizar los compromisos de inversión y las permanentes con cinco años; si no cumplen, pierden los beneficios del régimen franco. Siendo así, sólo las cinco ZF especiales aprobadas en 2007 tendrían que haber cumplido ya sus compromisos; cuatro ya lo hicieron y una pidió una prórroga de un año. Y las cinco permanentes del 2007 y todas las aprobadas de 2008 en adelante todavía tienen tiempo para cumplir.
En síntesis, el trabajo contribuye a la mejor comprensión de las ventajas y desventajas de un instrumento que, pese a las polémicas que genera, contribuye al crecimiento económico, la generación de empleo y la competitividad del país. Y es muy bueno que las evaluaciones se empiecen a hacer desde un momento tan temprano en la ejecución, pese a que ello impone restricciones al análisis y a los resultados.
Salud industrial
Publicado en el diario La República el 22 de julio de 2011
El mes anterior “descubrieron” nubes negras que presagiaban el deterioro de la salud del sector industrial. Se enunció que el inusitado crecimiento del comercio minorista entre abril de 2011 y abril de 2010 (23.2%) comparado con la débil variación de la producción industrial (2.0% en el mismo periodo), evidenciaba una situación poco deseable de creciente abastecimiento con importaciones y podría ser un síntoma más de desindustrialización.
En el análisis económico no es aconsejable sacar conclusiones con un solo punto de referencia. Lo deseable hubiera sido preguntarse por qué el cambio, si en marzo los crecimientos de comercio e industria fueron 14.6% y 5.4% anual; usar toda la información de las investigaciones del Dane sobre manufacturas y comercio; y contrastar con las encuestas de opinión de Fedesarrollo y de la Andi.
Así, por ejemplo, la encuesta de la Andi mostró en abril una ligera desaceleración industrial, pero un repunte en mayo, de forma que el crecimiento acumulado en el periodo enero-mayo es del 6.3% anual (hasta abril era del 5.4%). En opinión del gremio “se presentan mayores niveles de producción y ventas, mayor utilización de la capacidad instalada, bajos inventarios, pedidos en aumento y un clima favorable para los negocios”.
Según la encuesta de Fedesarrollo de mayo, los empresarios perciben que la situación económica sigue mejorando, las expectativas de producción para los próximos tres meses mantienen una tendencia al alza y, a pesar de la revaluación, los empresarios exportadores también tienen perspectivas positivas.
Las propias encuestas del Dane para mayo corroboran esas percepciones de los empresarios. La industria creció 4.3% anual (más del doble de la del mes anterior) mientras que el comercio creció 11.5% (la mitad de la del mes de abril).
Pero quienes vieron las nubes negras difícilmente van a aceptar su imprecisión y se “mantendrán en sus trece”, afirmando que el problema persiste porque el comercio crece al doble de la industria.
A los pocos días de publicadas esas opiniones, se divulgaron los resultados del PIB del primer trimestre de 2011. El valor agregado industrial creció el 5.1% con relación al primer trimestre de 2010, mientras que el comercio lo hizo en 8.5%. Pero ocurre que la dinámica de éste último ha sido mayor que la industrial en 24 de los últimos 25 trimestres: ¿síntoma de un desastre industrial?
No es tan claro. El crecimiento de la industria respecto al trimestre anterior (3.5%) superó el del comercio (1.5%), hecho que no se observaba desde el primer trimestre de 2010. Por lo tanto, los nubarrones fueron “descubiertos” justamente cuando el valor agregado industrial registra un mejor dinamismo que el del comercio.
¿Entonces las mayores importaciones explican las diferencias? Difícilmente. Las importaciones de bienes de consumo están creciendo al 34% anual en el promedio enero–mayo, pero las de insumos y bienes de capital crecen más; por eso, mientras los primeros están perdiendo participación en el total (3 puntos porcentuales en lo corrido del año con relación a 2010), los otros la ganan.
Los datos de industria y comercio de mayo corroboran que gran parte de la diferencia entre las dos series se explica por el notable crecimiento de las ventas de autos: 11.5% anual al incluirlos y 4.6% al excluirlos.
Entonces lo que hay que explorar es qué ocurrió en abril con las ventas minoristas de productos diferentes a los automóviles. Las series de producción industrial y ventas minoristas sin automóviles, en general, se comportan de forma muy similar (4.3% versus 4.6% en mayo); pero en abril hay un salto difícil de explicar.
Mientras aparece un culpable, lo mejor es no seguir fabricando hipótesis con un solo árbol; también hay que mirar el bosque.
El mes anterior “descubrieron” nubes negras que presagiaban el deterioro de la salud del sector industrial. Se enunció que el inusitado crecimiento del comercio minorista entre abril de 2011 y abril de 2010 (23.2%) comparado con la débil variación de la producción industrial (2.0% en el mismo periodo), evidenciaba una situación poco deseable de creciente abastecimiento con importaciones y podría ser un síntoma más de desindustrialización.
En el análisis económico no es aconsejable sacar conclusiones con un solo punto de referencia. Lo deseable hubiera sido preguntarse por qué el cambio, si en marzo los crecimientos de comercio e industria fueron 14.6% y 5.4% anual; usar toda la información de las investigaciones del Dane sobre manufacturas y comercio; y contrastar con las encuestas de opinión de Fedesarrollo y de la Andi.
Así, por ejemplo, la encuesta de la Andi mostró en abril una ligera desaceleración industrial, pero un repunte en mayo, de forma que el crecimiento acumulado en el periodo enero-mayo es del 6.3% anual (hasta abril era del 5.4%). En opinión del gremio “se presentan mayores niveles de producción y ventas, mayor utilización de la capacidad instalada, bajos inventarios, pedidos en aumento y un clima favorable para los negocios”.
Según la encuesta de Fedesarrollo de mayo, los empresarios perciben que la situación económica sigue mejorando, las expectativas de producción para los próximos tres meses mantienen una tendencia al alza y, a pesar de la revaluación, los empresarios exportadores también tienen perspectivas positivas.
Las propias encuestas del Dane para mayo corroboran esas percepciones de los empresarios. La industria creció 4.3% anual (más del doble de la del mes anterior) mientras que el comercio creció 11.5% (la mitad de la del mes de abril).
Pero quienes vieron las nubes negras difícilmente van a aceptar su imprecisión y se “mantendrán en sus trece”, afirmando que el problema persiste porque el comercio crece al doble de la industria.
A los pocos días de publicadas esas opiniones, se divulgaron los resultados del PIB del primer trimestre de 2011. El valor agregado industrial creció el 5.1% con relación al primer trimestre de 2010, mientras que el comercio lo hizo en 8.5%. Pero ocurre que la dinámica de éste último ha sido mayor que la industrial en 24 de los últimos 25 trimestres: ¿síntoma de un desastre industrial?
No es tan claro. El crecimiento de la industria respecto al trimestre anterior (3.5%) superó el del comercio (1.5%), hecho que no se observaba desde el primer trimestre de 2010. Por lo tanto, los nubarrones fueron “descubiertos” justamente cuando el valor agregado industrial registra un mejor dinamismo que el del comercio.
¿Entonces las mayores importaciones explican las diferencias? Difícilmente. Las importaciones de bienes de consumo están creciendo al 34% anual en el promedio enero–mayo, pero las de insumos y bienes de capital crecen más; por eso, mientras los primeros están perdiendo participación en el total (3 puntos porcentuales en lo corrido del año con relación a 2010), los otros la ganan.
Los datos de industria y comercio de mayo corroboran que gran parte de la diferencia entre las dos series se explica por el notable crecimiento de las ventas de autos: 11.5% anual al incluirlos y 4.6% al excluirlos.
Entonces lo que hay que explorar es qué ocurrió en abril con las ventas minoristas de productos diferentes a los automóviles. Las series de producción industrial y ventas minoristas sin automóviles, en general, se comportan de forma muy similar (4.3% versus 4.6% en mayo); pero en abril hay un salto difícil de explicar.
Mientras aparece un culpable, lo mejor es no seguir fabricando hipótesis con un solo árbol; también hay que mirar el bosque.
Industria y PIB
Publicado en el diario La República el 7 de julio de 2011
El debate sobre la desindustrialización colombiana aparece y desaparece con alguna frecuencia; y de forma persistente se señala la pérdida de 10 puntos porcentuales en la participación de la industria en el PIB como demostración de la existencia de ese fenómeno.
El debate también está presente en las economías desarrolladas; pero le dan más importancia a la menor participación de la industria en el empleo que en el valor agregado en el PIB.
Por lo tanto, la desindustrialización es un hecho que se registra en cualquier economía y puede ser ocasionado por efectos de la política económica, o por la tendencia natural del desarrollo económico, postulada por economistas como Simon Kuznets, W.W. Rostow y Hollis Chenery. Según Kusnetz “desde hace tiempo se sabe que el crecimiento económico moderno implica cambios en la composición sectorial de la economía”.
De los 9.6 puntos porcentuales que perdió la industria en su participación en el PIB entre 1974 y 2010, el 55% obedece a cambios en la metodología o el periodo base de las cuentas nacionales. Así lo señala el Dane en un documento sobre el cambio de base del 2000 al 2005: “Comparando los resultados arrojados por las dos bases, se observan algunas modificaciones de la estructura productiva sectorial del año 2005, explicadas por los cambios en la importancia relativa en el valor de la producción (determinada por los volúmenes producidos y los correspondientes precios al productor) y por el comportamiento de las relaciones técnicas de producción de las actividades económicas, en particular del coeficiente técnico del consumo intermedio (C.I./Producción)”.
Esto indica dos fuentes de modificación. Cambios en la tecnología de producción, que se reflejan en mayor productividad. Y cambios en los precios relativos, por mejoras en eficiencia y productividad; si el precio de un bien es menor en términos de otros bienes, el mismo volumen de producción “valdrá” menos al expresarse en el nuevo precio.
De igual forma, los elevados precios de la industria durante la implementación del modelo proteccionista, muy superiores a los que se registran en una economía abierta, sobrestiman el valor agregado de este sector.
Por último, la calidad y la disponibilidad de la información afectan la composición sectorial del PIB. Hoy existe mayor oferta de estadísticas y con mejores metodologías que unas décadas atrás; como consecuencia, las mediciones recientes pueden indicar que el valor agregado de un sector es inferior o superior al estimado antes.
Con relación a la política económica, hay estudios que muestran cómo el modelo de sustitución de importaciones, que propendía por la industrialización, paradójicamente la truncó y evitó que siguiera una senda “normal”. Little, Scitovsky y Scott (“Industria y Comercio en algunos países en desarrollo”) señalan varios factores que frenaron el desarrollo industrial: subutilización de la capacidad instalada, por el uso de equipos sobredimensionados al tamaño del mercado; problemas de oferta de insumos importados, por las demoras en los trámites de licencias; escasa dinámica de la demanda por los altos precios resultantes de los elevados aranceles; y falta de financiación a las empresas por la atrofia del sector financiero (efecto “represión financiera”).
En consecuencia, el sector industrial de Colombia no alcanzó la participación esperada en el PIB (como en otras economías de la región), la estrechez del mercado forzó a su prematura declinación y, probablemente, su peso real se sobreestimó por los altos precios.
Esos son interesantes temas de investigación que pueden contribuir a explicar el 45% de la pérdida de participación de la industria en Colombia. Queda el balón en el campo de la academia y de los críticos de la política industrial.
El debate sobre la desindustrialización colombiana aparece y desaparece con alguna frecuencia; y de forma persistente se señala la pérdida de 10 puntos porcentuales en la participación de la industria en el PIB como demostración de la existencia de ese fenómeno.
El debate también está presente en las economías desarrolladas; pero le dan más importancia a la menor participación de la industria en el empleo que en el valor agregado en el PIB.
Por lo tanto, la desindustrialización es un hecho que se registra en cualquier economía y puede ser ocasionado por efectos de la política económica, o por la tendencia natural del desarrollo económico, postulada por economistas como Simon Kuznets, W.W. Rostow y Hollis Chenery. Según Kusnetz “desde hace tiempo se sabe que el crecimiento económico moderno implica cambios en la composición sectorial de la economía”.
De los 9.6 puntos porcentuales que perdió la industria en su participación en el PIB entre 1974 y 2010, el 55% obedece a cambios en la metodología o el periodo base de las cuentas nacionales. Así lo señala el Dane en un documento sobre el cambio de base del 2000 al 2005: “Comparando los resultados arrojados por las dos bases, se observan algunas modificaciones de la estructura productiva sectorial del año 2005, explicadas por los cambios en la importancia relativa en el valor de la producción (determinada por los volúmenes producidos y los correspondientes precios al productor) y por el comportamiento de las relaciones técnicas de producción de las actividades económicas, en particular del coeficiente técnico del consumo intermedio (C.I./Producción)”.
Esto indica dos fuentes de modificación. Cambios en la tecnología de producción, que se reflejan en mayor productividad. Y cambios en los precios relativos, por mejoras en eficiencia y productividad; si el precio de un bien es menor en términos de otros bienes, el mismo volumen de producción “valdrá” menos al expresarse en el nuevo precio.
De igual forma, los elevados precios de la industria durante la implementación del modelo proteccionista, muy superiores a los que se registran en una economía abierta, sobrestiman el valor agregado de este sector.
Por último, la calidad y la disponibilidad de la información afectan la composición sectorial del PIB. Hoy existe mayor oferta de estadísticas y con mejores metodologías que unas décadas atrás; como consecuencia, las mediciones recientes pueden indicar que el valor agregado de un sector es inferior o superior al estimado antes.
Con relación a la política económica, hay estudios que muestran cómo el modelo de sustitución de importaciones, que propendía por la industrialización, paradójicamente la truncó y evitó que siguiera una senda “normal”. Little, Scitovsky y Scott (“Industria y Comercio en algunos países en desarrollo”) señalan varios factores que frenaron el desarrollo industrial: subutilización de la capacidad instalada, por el uso de equipos sobredimensionados al tamaño del mercado; problemas de oferta de insumos importados, por las demoras en los trámites de licencias; escasa dinámica de la demanda por los altos precios resultantes de los elevados aranceles; y falta de financiación a las empresas por la atrofia del sector financiero (efecto “represión financiera”).
En consecuencia, el sector industrial de Colombia no alcanzó la participación esperada en el PIB (como en otras economías de la región), la estrechez del mercado forzó a su prematura declinación y, probablemente, su peso real se sobreestimó por los altos precios.
Esos son interesantes temas de investigación que pueden contribuir a explicar el 45% de la pérdida de participación de la industria en Colombia. Queda el balón en el campo de la academia y de los críticos de la política industrial.
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