La carta a los candidatos

 

Publicado el 17 de diciembre de 2021 en Portafolio

Pese al crecimiento esperado del PIB del 10% en 2021, la situación económica que enfrenta el país es muy compleja y va a requerir un paquete de reformas sólidamente estructuradas por el equipo técnico del nuevo presidente. Hay problemas de fondo que se vienen aplazando, pero el margen de maniobra se está cerrando; entre más se demoren las medidas para superarlos, menos factible será alcanzar una senda de mayor crecimiento, descenso de la pobreza, distribución más equitativa del ingreso y mejora del bienestar.

Ante ese panorama, un amplio grupo de profesionales envió una carta abierta a los candidatos y precandidatos a la Presidencia de la República, que contiene un diagnóstico de la situación y propuestas para una agenda realista de las reformas urgentes que necesita Colombia. El texto completo puede ser consultado en https://www.eltiempo.com/economia/sectores/expertos-presenta-propuestas-a-precandidatos-a-la-presidencia-638811.

La economía colombiana registra una situación fiscal difícil: hay que reducir el alto endeudamiento público, bajar el gasto y enfrentar las presiones sociales, derivadas en parte de la pandemia. El desempleo aumentó notablemente y la recuperación que se viene observando en el mercado laboral, además de ser lenta, se fundamenta en el crecimiento de la informalidad que nuevamente ronda el 63%. La pobreza y la pobreza extrema están en los niveles más altos de los últimos nueve años. La pandemia ha puesto en evidencia los problemas de baja productividad y lento crecimiento del PIB y las vulnerabilidades implícitas en una canasta exportadora altamente concentrada.

La carta propone acciones en materia de seguridad social, con el objetivo de superar las limitaciones del sistema pensional y de salud, reducir las cargas de la nómina y proteger a la población mayor de 70 años que carece de pensión. En el tema tributario se resaltan las propuestas de centros de investigación como Fedesarrollo y el Cede, a los que habría que sumar los excelentes informes técnicos de diversas misiones relacionadas con los temas de la hacienda pública.

El crecimiento económico debería superar el 5% anual, lo que demanda evolucionar hacia una estructura productiva más sofisticada, lograr exportaciones de mayor contenido tecnológico y diseñar la transición energética del país. También se requieren reformas institucionales para combatir la corrupción y superar la inoperancia estatal. En el primer asunto no solo hay que cambiar las percepciones de las personas sino acometer reformas en los entes de control. Sobre el segundo, es muy grave la presencia de agentes ilegales que suplantan al Estado en diversas zonas.

En síntesis, la carta es una invitación al debate de los candidatos con la sociedad sobre unos temas que no son los únicos, pero sí los más apremiantes de cara al futuro de Colombia.

Crecimiento versus bienestar

 

Publicado en Portafolio el viernes 19 de noviembre de 2021

Sin duda, el crecimiento económico es muy importante. Pero más relevante es cómo se distribuyen sus beneficios entre las personas de un país y contribuyen a mejorar el bienestar.

Esa es una preocupación de la economía y por décadas ha generado amplios debates sobre cómo medir las ganancias en el bienestar de la población. En 2008 el presidente francés Nicolás Sarkozy convocó una comisión de alto nivel para “la medición del desarrollo económico y del progreso social”, liderada por Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi.

A partir de la literatura que surgió del informe de esa comisión, la OCDE diseñó e implementó lo que denomina el “Marco de bienestar de la OCDE”, que tiene cuatro características relevantes: 1. Se concentra en las personas y no en el sistema económico. 2. Se enfoca en dos dimensiones denominadas el bienestar actual y recursos para el bienestar futuro. 3. El análisis de la distribución del bienestar en la población. 4. La incorporación de aspectos objetivos y subjetivos.

Un ejemplo de aplicación de la segunda es la educación. Se suele dar importancia al gasto en educación o al número de estudiantes que se gradúan; en la dimensión actual se considera más relevante el desempeño de los estudiantes. Esto no significa desechar las primeras variables, sino complementarlas con el enfoque en las personas.

Esa metodología es aplicada por la OCDE a sus países miembro y los resultados son publicados (How’s Life?) para orientar decisiones de política. Ahora propone a los países latinoamericanos desarrollar indicadores para que puedan aplicar un “enfoque de bienestar en la política”. En octubre del 2021 la OCDE publicó un interesante libro titulado “How’s Life in Latin America?: Measuring Well-being for Policy Making”. Ahí se plantean enfoques participativos y multidimensionales que “pueden contribuir a reforzar el contrato social entre gobierno y ciudadanos”.

Los recursos para el bienestar futuro abarcan el capital económico, el capital humano, el capital social y el capital natural. El análisis de los planes de desarrollo de 15 países de la región evidencia que los dos últimos prácticamente no se toman en cuenta. Pero, como destaca la OCDE, “las recientes revueltas son un indicio de la fragilidad del contrato social en la región, que presenta un apoyo cada vez menor a la democracia electoral, escasa confianza en el gobierno, y altos niveles de percepción de la corrupción, discriminación y sensación de que la distribución de los ingresos es injusta”.

El enfoque de bienestar para las políticas públicas es una excelente propuesta de la OCDE que deberían incorporar los candidatos a la presidencia de Colombia en sus discursos, en especial cuando la inconformidad está asociada a problemas del contrato social.

¿Más escolaridad, menos ingresos?

 

Publicado en Portafolio el jueves 21 de octubre de 2021

Si el país se sorprendió con la noticia de que el 51,1% de los ocupados obtiene ingresos de un salario mínimo (SM) o menos, debería aterrorizarse al enterarse que los niveles de escolaridad de los trabajadores mejoraron notablemente en la última década, pero que el porcentaje de población que devenga salarios bajos está aumentando de forma acelerada.

El análisis de la información del Dane revela que entre 2010 y 2020 la población ocupada con educación básica secundaria, primaria o ningún nivel educativo pasó del 54,7% del total al 39,8%, con una pérdida de 14,9 puntos porcentuales (pps). Simultáneamente los trabajadores con educación media o niveles superiores aumentaron su participación hasta el 60.2% en 2020; el segmento con mayor ganancia fue el de educación media, con un incremento de 7,2 pps, seguido de los técnicos y tecnólogos, que ganaron 4,1 pps.

Esos cambios en solo 11 años son impresionantes y deberían tener repercusiones positivas en el bienestar. La economía postula que la educación es un medio eficaz para la movilidad social ascendente, porque se asume que los trabajadores más educados obtienen mayores ingresos. Por lo tanto, cabría esperar que ese notable salto en la escolaridad de los trabajadores tuviera un impacto en mejores remuneraciones.

Sin embargo, las tendencias de los ingresos revelan otra cosa. El problema no es solo que el 51,1% de los ocupados gane igual o menos que un SM. Lo que está ocurriendo, por un lado, es que ese porcentaje viene creciendo desde 2016. Pero, por otro lado, lo más grave es que son los trabajadores que ganan medio SM o menos los que explican ese incremento (pasan del 21,0% en 2018 a 30.6% en 2020).

Contrario a lo que se espera, esa anomalía no se concentra en la población menos educada, sino que se registra en todos los niveles de educación. Cuando se examina la participación de los ocupados con ingresos de 1,5 SM o más dentro de cada nivel educativo, se observa que pierden 20,7 pps entre los del nivel de tecnología o tecnológico en el periodo 2010-2020, seguidos de los de educación media (-14,3 pps) y los de educación universitaria o posgrados (-13,9 pps). Simultáneamente, los que obtienen medio SM o menos aumentan en todos los niveles educativos.

Surgen muchos interrogantes: ¿Qué explica ese deterioro de los ingresos salariales? ¿Cómo se relacionan estas anomalías con la deficiente calidad de la educación y la inadecuada pertinencia de la formación para el trabajo? ¿Esta situación alimenta el malestar social? ¿Cuánto explica la pandemia y cuánto la baja capacidad de creación de empleo formal? Gobierno, empleadores, analistas y candidatos tienen la palabra.

Mal en comercio exterior

 

Publicado en Portafolio el24 de septiembre de 2021

Algo muy malo ocurre con el comercio exterior colombiano. No se entiende cómo en medio de un auge de precios internacionales de los productos básicos el país registró el peor déficit comercial para un primer semestre en los últimos 31 años (quizás sean más, pero no hay información mensual anterior a 1991 para verificarlo).

Desde luego, es positivo que las importaciones estén creciendo, especialmente cuando los más dinámicos son los bienes intermedios (36,7% anual) y los bienes de capital (27,8%). Este es un síntoma de la sólida reactivación que está registrando la economía y refuerza la expectativa de un crecimiento del PIB de alrededor del 8,0% en 2021.

Pero las exportaciones no están reaccionando adecuadamente frente a la recuperación de la economía mundial y exhiben un rebote modesto después de la fuerte caída de 2020. Así lo evidencian las estadísticas de la OMC, que hace seguimiento mensual del comercio internacional de 74 economías entre las cuales se incluyen 13 de América Latina.

En el primer semestre de 2020, las exportaciones de ese conjunto cayeron -12,8% respecto a igual periodo de 2019 y Colombia tuvo el tercer peor desempeño, con una reducción de -25,3%; las de los países de la región disminuyeron -13,1% (promedio simple) y de ellos solo El Salvador mostró un resultado más malo que el colombiano (-27,0%). Pero en el primer semestre de 2021 las exportaciones volvieron a crecer: 30,1% las del conjunto, 18,9% las de Colombia y 34,4% las de la región; ahora las colombianas son las de menor crecimiento entre los latinoamericanos, mientras que Perú (62,3%), Bolivia (54,3%) y El Salvador (48,0%) están entre los que más crecen entre los 74 países.

La realidad es que si no fuera por los excelentes precios que hay en el mercado internacional Colombia tendría una situación aún más lamentable. Al calcular cantidades y precios implícitos se encuentra que en el primer semestre de 2021 el volumen exportado cayó -29,5% anual y que el mencionado crecimiento en valor se explica porque los precios unitarios se incrementaron en 68,8%. La separación entre minero-energéticos y no minero-energéticos revela una reducción de -31,5% anual en el volumen de los primeros y un modesto crecimiento del 2,0% en el de los segundos.

Un superávit comercial no debe ser la prioridad del país, pero no se pueden desconocer los riesgos de un déficit tan grande y una dependencia tan alta de productos básicos; según el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, entre 2004 y 2019 solo ingresaron seis nuevos productos de exportación a la canasta colombiana y su impacto ha sido marginal. Es más que evidente la urgencia de diversificar las exportaciones de una vez por todas y poner en práctica los muchos consejos de la Misión de Internacionalización.

Tasas de cambio e incertidumbre

 

Publicado en Portafolio el martes 24 de agosto de 2021.

Recientemente se incrementó la volatilidad de las tasas de cambio. Esta es una variable muy compleja y difícil de proyectar. Prueba de ello es que el Banco de la República no se compromete con proyecciones de la TRM entre las principales variables de pronóstico macroeconómico que publica periódicamente.

También lo prueban los expertos que negocian divisas y cuentan con sofisticadas herramientas de proyección. El Banco de la República les pregunta mensualmente cuáles son sus expectativas sobre la tasa de cambio; en agosto de 2020 proyectaron para agosto de 2021 una TRM de $3.669, pero el promedio observado en los primeros quince días fue de $3.900.

El futuro se caracteriza por la incertidumbre, pero ella puede ser de mayor o menor grado por choques difíciles de anticipar; en el caso de Colombia, en agosto de 2020 las expectativas no incorporaban la pérdida del grado de inversión. Por eso, entidades como el Banco Mundial, el FMI y el Banco de la República piden cautela en la lectura de sus proyecciones de 2021; incluso el FMI afirma que el mundo está viviendo un proceso de “recuperación inexplorada de una recesión sin precedentes”.

Son múltiples las variables que están alimentando la incertidumbre en 2021 y, como consecuencia, la volatilidad de las tasas de cambio. Una importante es el covid-19 en dos dimensiones. La primera, la enorme diferencia que hay en las campañas de vacunación entre las economías desarrolladas y el resto del mundo, que está incidiendo en dispares velocidades de reactivación. La segunda, la variante delta del coronavirus con una elevada tasa de contagio que está induciendo nuevas medidas de restricción.

Otra variable es el creciente temor a cambios en la política monetaria por la mayor inflación global, pese a que muchos banqueros centrales la ven como un fenómeno transitorio; ellos la explican por un efecto base, el desmonte de algunas políticas de apoyo para mitigar los impactos económicos y sociales, las interrupciones de algunas cadenas de valor y el fuerte incremento de los fletes por congestiones de varios puertos.

Pero en casos como Hungría, Rusia, Brasil, México y Chile los bancos centrales empezaron a aumentar sus tasas de política monetaria y los de Canadá e Inglaterra, anunciaron la reducción del ritmo de compras de títulos en los mercados; además hay analistas que esperan que la FED también anuncie la adopción de una medida similar desde comienzos de 2022.

También inciden las rebajas en la calificación de los bonos soberanos de numerosos países, junto con los problemas que enfrentan las economías para extender la política social y, simultáneamente, implementar programas de consolidación fiscal.

En síntesis, el mundo vive una época de incertidumbre originada en situaciones sin precedentes que están induciendo comportamientos que pueden seguir alimentando la volatilidad de los mercados.

Perdieron los pobres

 

Publicado en Portafolio el jueves 29 de junio de 2021

Los organizadores de las protestas se ufanan de sus victorias pese a que, paradójicamente, su gran logro es causarle perjuicios a la población más vulnerable, cuyos intereses supuestamente representan.

Los perjudican al destruir estaciones y buses del transporte masivo, pues reducen la oferta de este servicio esencial y los obligan a desplazarse en vehículos más congestionados; además, los recursos que se gastan en reposiciones y reparaciones deberían haberse destinado a otros bienes públicos. Los perjudican con los bloqueos que encarecen los productos de primera necesidad. Los perjudican con las aglomeraciones de las marchas que en parte explican la prolongación del pico de la pandemia, el alto riesgo de colapso del sistema de salud y la muerte de muchas personas por la covid-19.

De igual forma, la derrota de la reforma tributaria de Carrasquilla (RTC), que los voceros del paro proclamaron como una gran victoria, ni siquiera califica como pírrica, cuando se compara con lo que pierden los pobres frente al proyecto que el gobierno (PG) acaba de presentar al Congreso.

Para empezar, la RTC volvía permanente el programa de ingreso solidario, mientras que el PG solo lo mantiene hasta 2022. El primero tenía una cobertura para 18,8 millones de personas y el segundo para 9,8 millones.

Mientras la fracasada RTC buscaba incentivar el empleo de jóvenes mediante la exoneración de parafiscales y un subsidio a las contribuciones de pensiones y salud, el PG solo ofrece un subsidio parcial al pago de parafiscales. En la RTC ese mismo esquema se extendía a otros empleos, incluyendo el de mujeres mayores de 40 años; en cambio en el PG solo se subsidia para este grupo cerca del 40% de las contribuciones a la seguridad social.

Adicionalmente, con el programa de devoluciones de IVA y los programas de transferencias monetarias mejoraría el poder adquisitivo de los hogares de los deciles 1 y 2 en 68% y 25%; con el PG, según Benítez y Lora esas ganancias se reducen a 27% y 10%, respectivamente. Pero en el otro extremo, en la RTC se reduciría el poder adquisitivo de los deciles 9 y 10, en 2% y 4%, mientras que en el PG no cambia, es decir, saldrán beneficiados.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el de la pérdida del grado de inversión como consecuencia de la lectura que hacen las calificadoras sobre las debilidades fiscales del país. Esa pérdida incrementará el costo del endeudamiento en un monto cercano a los $4,0 billones por año, lo que implica la desviación de recursos que podrían atender necesidades básicas de la población.

Flaco favor el que le hacen los autoproclamados líderes del paro a las clases menos favorecidas del país: Lejos de solucionar los problemas que justifican el malestar social, lo que hacen es volverlos más complejos.

La ola Covid-Paro nacional

 

Publicado en Portafolio el viernes 18 de junio de 2021 

A la actual ola del coronavirus la deberíamos llamar “Covid-Paro nacional” en honor a la irresponsabilidad de los que han propiciado las aglomeraciones, el vandalismo y el saqueo, que, además de los graves daños a la economía y a la población más vulnerable, están dejando una peligrosa secuela en materia de salud pública.

Las cifras son contundentes. Entre el 28 de abril y el 10 de junio el número de casos nuevos diarios pasó de 388 a 622 por millón de habitantes. Entre las mismas fechas, el número de muertes diarias aumentó de 9,6 a 12,8 por millón de habitantes. Esos datos nos ubican entre los países con los peores indicadores de la pandemia el 10 de junio, solo superados por Uruguay en el caso de contagios, y por Perú, Uruguay, Argentina y Paraguay en el de muertes.

La protesta es un derecho y, sin duda, hay razones para hacerla. Pero ese derecho exige responsabilidades, que adquieren un carácter ético cuando el país se encuentra en el pico de una pandemia.

Los que fungen como líderes del paro deberían responder a la sociedad las preguntas básicas. ¿Dónde están en las marchas personas encargadas de velar por el uso de tapabocas y de mantener la distancia recomendada por los protocolos? ¿Han pensado en el impacto sanitario del contagio entre quienes marchan y la contaminación exponencial de sus familias y amistades? ¿Han reflexionado sobre los costos emocionales, económicos y sociales del aumento en el número de muertes por los casos de covid-19 que están generando? ¿Han considerado que sus acciones tienen al borde del colapso la infraestructura de salud y que ello puede acarrear muchas muertes que se hubieran podido evitar? ¿Los docentes que están involucrados en el paro sí habrán cavilado sobre la inconsecuencia de sus actos al negarse a volver a las clases presenciales, usando como pretexto el riesgo de contagios, al tiempo que contribuyen al agravamiento de la pandemia, especialmente entre los jóvenes, con las aglomeraciones en que participan y fomentan?

Así como no asumen responsabilidad por los enormes daños que están ocasionando en la producción, la infraestructura, la movilidad, la inflación y el empleo, menos estarán dispuestos a aceptar las funestas consecuencias del incremento en contagios y mortalidad. Deberían recordar cada día lo que el filósofo chileno Daniel Loewe afirma en su libro “Ética y coronavirus”: “lo problemático de que usted se contagie no es que se enferme, sino que al contagiarse se transforma en una amenaza para los otros: los puede contagiar y así dañarlos… Usted está incrementando directa (mediante el contagio) e indirectamente (mediante su aporte al colapso del sistema de atención de salud) la probabilidad estadística de morir de cada uno de los miembros de la sociedad y de los habitantes del mundo”.

Brutalidad policial

 

Publicado el Portafolio el viernes 21 de mayo de 2021 

En Colombia existe el derecho a la protesta y no hay una política de Estado que tenga por objetivo acallarla. Aun así, medios extranjeros, congresistas norteamericanos, burócratas de multilaterales y de otros gobiernos censuran al país por violación de esos derechos y por la brutalidad policial.

La mayoría de los manifestantes son pacíficos, pero esos censuradores desconocen que también se infiltran peligrosos vándalos que no son controlados por los organizadores del paro. No son pacíficos aquellos que llevaban 12.614 armas cortopunzantes, 431 armas de fuego, 242 armas traumáticas y 77 explosivos decomisados hasta el 13 de mayo; tampoco los que lanzaron bombas incendiarias contra los CAI, las estaciones de transporte masivo y un hotel.

Es inadmisible que algunos policías se excedan, como ocurrió con el asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá y ha ocurrido en el paro reciente; por el primero ya hay condenas y por lo segundo hay 65 investigaciones disciplinarias en proceso. Lamentablemente esto se ve en muchos países, como lo ilustran la asfixia de George Floyd en Estados Unidos y las 20 personas que murieron en las protestas por su asesinato.

Un informe del Council on Foreign Relations resalta este como un problema global: “La brutalidad policial sigue siendo un problema en muchas democracias avanzadas. Los agentes de todo el mundo han utilizado medios agresivos, como balas de goma y gases lacrimógenos, para reprimir a los manifestantes, incluida la policía francesa, durante las protestas de los chalecos amarillos que comenzaron a fines de 2018... Estados Unidos supera con creces a la mayoría de las democracias ricas en muertes a manos de la policía. La policía estadounidense mató a unas 7.638 personas entre 2013 y 2019 (según la misma base de datos, mataron a otras 1.125 personas en 2020)”.

Pero es importante diferenciar entre excesos y cumplimiento del deber. Cabe recordar los cinco muertos en la toma del capitolio en Washington el pasado 6 de enero, varios de ellos por las balas de la policía ¿Eso fue brutalidad policial? En este caso, como en el de Colombia, debemos preguntarnos qué debería haber hecho la policía frente a los desmanes ¿Quizás dejarlos destruir el capitolio y “juzgar” a los congresistas que reconocieron a Biden como el nuevo presidente?

La mayoría de los policías no está usando sus armas de forma indiscriminada, ni disparando desde helicópteros y menos aun buscando dañarle los ojos a los protestantes, como dijeron algunos irresponsables a la prensa extranjera, que, como idiota útil, difundió esa “noticia”. Si los organizadores de las marchas no se sienten responsables de los destrozos ocasionados y no tienen formas de controlar a los vándalos que se infiltran en la protesta, las autoridades deben cumplir con su mandato constitucional de velar por el bien ciudadano y proteger el interés de las mayorías.

Los pobres y la reforma

 Publicado en Portafolio el viernes 23 de abril de 2021

En medio de la avalancha de críticas generada por el proyecto de ley de reforma tributaria que hace trámite en el Congreso, no se puede perder de vista el componente de política social.

Tal vez a fuerza de ver todos los días y por todas partes vendedores ambulantes y migrantes en actividades de rebusque y pidiendo ayuda, termina pareciendo normal que estén ahí. Pero se nos olvida que su situación es dramática y que antes de la pandemia se venían cocinando múltiples manifestaciones de inconformidad que siguen latentes, con el riesgo de explotar en cualquier momento. La pandemia ha tenido dos efectos sobre ellas; por un lado, las relegó a un segundo plano porque los debates están más en las olas de covid-19, en la ocupación de las UCI y en las vacunas; pero, por otro, hizo crecer la población vulnerable con los que perdieron sus empleos o vieron reducidos sus ingresos y cayeron en la pobreza.

La exposición de motivos del proyecto de ley contiene cifras que evidencian la magnitud del problema. Si bien los ingresos se redujeron en todos los deciles como consecuencia de la pandemia, los más afectados fueron los de la población pobre; en los deciles 1, 2 y 3 cayeron en -56,8%, -32,3% y -20,1%, respectivamente, en septiembre-diciembre de 2020 respecto a 2019.

Los datos muestran que el aumento del desempleo repercutió en el incremento de la informalidad, especialmente en los deciles 3 a 7; es decir, en los segmentos de la clase media que perdieron sus empleos formales y están ahora en el rebusque. La respuesta del gobierno fue el aumento de los giros de transferencias monetarias (Familias en acción, Jóvenes en acción y Colombia Mayor), la puesta en marcha de forma anticipada de las devoluciones del IVA y la creación del Programa de Ingreso Solidario (PIS). Un análisis del investigador Jairo Nuñez comprobó que esta decisión contuvo parcialmente el aumento de la pobreza.

En ese contexto es relevante la propuesta del proyecto de reforma tributaria de fortalecer el mecanismo de transferencias monetarias con el PIS. Se busca no solo incluir alrededor de 2,4 millones de hogares pobres que no recibían transferencias en 2019, sino también a los que cayeron en pobreza por la pandemia.

Es una excelente respuesta a la emergencia por la pandemia. Pero volver permanente el PIS demanda no solo estrictos mecanismos de graduación y la corrección de los problemas de focalización, sino otras reformas que rompan los incentivos a la informalidad que hoy bordea el 65% de la población ocupada. Se trata de reformas a la financiación del sistema de salud, una nueva arquitectura al sistema pensional y cambios en los parafiscales, como lo propone el equipo de Fedesarrollo liderado por Eduardo Lora y Luis Fernando Mejía.

¿Renovar el contrato social?

 

Publicado en Portafolio el viernes 26 de marzo de 2021

Renovar el contrato social es un tema de discusión mundial. Obviamente, su mención genera posiciones antagónicas; hay quienes lo encuentran indispensable; algunos ven peligros porque creen que implica abolir la Constitución; y otros lo consideran irrelevante.

La discusión se nutre de diferentes vertientes del conocimiento que tratan de explicar la inconformidad y el malestar social que hay en el mundo, y que recrudeció con los impactos de la pandemia sobre la desigualdad. En ese contexto, cabe tener como referencia la apreciación de los economistas Rafael Doménech y Vicente Montes: “El contrato social ha aportado estabilidad a las sociedades modernas y ha permitido a las mismas avanzar como nunca antes en la historia”.

En general, el contrato social se concibe como el acuerdo implícito sobre derechos y obligaciones en la relación entre los ciudadanos y el Estado; entre otras, el Estado tiene la obligación de asegurar a los ciudadanos frente a diversos riesgos, como los de pobreza, enfermedad, desempleo y desprotección en la vejez.

En el enfoque de Nicholas Barr sobre el estado de bienestar, este podría entenderse como el contrato social vigente desde de la Segunda Guerra Mundial, con las adaptaciones pertinentes a los cambios económicos, demográficos y sociales. The Economist (6 de marzo) plantea que “la pandemia ha obligado a una reevaluación del contrato social; en particular, cómo se deben dividir los riesgos entre las personas, los empleadores y el Estado… El covid-19 mostró que el estado del bienestar necesita una modernización. Nació en un orden social distinto y para protegerse de diferentes riesgos”.

En el caso de Colombia no se pueden desconocer los notables avances en materia social. Pero también es evidente que subsisten problemas que tienden a agravarse con el paso del tiempo y la postergación perpetua de las reformas, mientras el malestar social sigue creciendo.

La evaluación de los cuatro riesgos mencionados muestra la urgencia de las reformas. Según Fedesarrollo, la pobreza llegó a 42% en 2020, con un aumento de seis puntos porcentuales; el régimen subsidiado de salud incentiva la informalidad laboral, que supera el 60% de los ocupados; solo el 25% de las personas en edad de jubilación tiene una pensión; y no hay un seguro de desempleo que mitigue la interrupción de los ingresos al perderse el empleo.

Un estudio reciente de Fedesarrollo, liderado por Eduardo Lora y Luis Fernando Mejía, propone integrar en una sola reforma todos estos aspectos, sumando el fiscal, que es necesario para seguir haciendo frente a la pandemia, financiar los costos de los cambios y recuperar la capacidad redistributiva de la política fiscal. Winston Churchill decía: “¡Nunca desperdicies una buena crisis!”. Ahora, con la inconformidad creciendo, mal haríamos en perder la oportunidad de tramitar estas vitales reformas, basados en diagnósticos precisos y excelentes estudios técnicos.

Colombia: Mal en comercio

 

Publicado en Portafolio, el viernes 26 de febrero de 2021 

El Dane publicó recientemente los datos de exportaciones e importaciones de bienes en 2020. Las primeras cerraron con una variación anual de -21,4% y su valor (US$31.057 millones FOB) es el más bajo en 12 años; las segundas cayeron -17,5% y en valor (US$43.489 millones CIF) son las menores desde 2010. Desde luego, estos resultados son atribuibles al responsable de todo lo negativo que está ocurriendo en la economía desde comienzos de 2020: el covid-19.

La pandemia frenó el comercio mundial; el cierre de fronteras, las restricciones a la movilidad, las políticas proteccionistas sobre los bienes médicos esenciales y la confrontación entre Rusia y Arabia Saudita por el recorte de cuotas de producción de petróleo explican la caída del volumen y del valor transado.

Según la Unctad (“Global Trade Update”, February 2021), el comercio de bienes se contrajo en 2020 en -6,0%. De acuerdo con el CPB World Trade Monitor hasta noviembre el volumen de transacciones internacionales registraba una variación de -5,4% y los precios unitarios de -2,5%, calculadas sobre los promedios móviles de orden 12 de los respectivos índices. Por último, los datos acumulados hasta noviembre para las 74 economías a las que la OMC hace seguimiento mensual arrojaban una variación de -7,2% en el valor de las exportaciones y -8,6% en las importaciones.

Pero los resultados de Colombia son más malos. Los cálculos con los datos de la OMC indican que fue el noveno país con peor desempeño en valor de las importaciones (-19,1%) y el segundo peor en exportaciones (-22,6%).

Eso amerita explicaciones adicionales a la pandemia. La Unctad calcula un “índice general de desempeño de las exportaciones”, que tiene en cuenta el crecimiento de las exportaciones, la participación de mercado, la composición de la canasta exportadora y el desempeño de las exportaciones de los competidores directos. La conclusión que saca es contundente: “Venezuela, Arabia Saudita, Colombia y Nigeria obtuvieron los peores resultados”.

Esa percepción de la Unctad de baja competitividad se corrobora al calcular la participación de Colombia en las exportaciones del agregado de 74 economías de la serie de la OMC. En 2014 Colombia participaba con el 0,33% del total y bajó en los años siguientes hasta 0,19% en 2020; por contraste, los tres socios de la Alianza del Pacífico han mantenido su participación en el periodo (Chile) o la incrementaron (Perú y México).

Esto no es más que nueva evidencia de los graves problemas que enfrenta el comercio exterior de Colombia y que demandan una solución urgente. No tiene sentido soñar con cadenas globales de valor, “nearshoring”, o aprovechamiento de los TLC mientras persistan el sesgo antiexportador y las rígidas barreras de siempre. Difícil la tiene la Misión de Internacionalización para proponerle al país un paquete de soluciones efectivas y aplicables.

Nuevas olas de covid-19

 

Publicado en Portafolio el 22 de enero de 2021

En una entrevista en mayo de 2020 el historiador Nial Ferguson afirmó: “las pandemias toman un tiempo, por lo general de dos años. Suele haber más de una ola. A veces hasta tres, como en 1918-19, y mucho depende de si hay una vacuna en ese período”.

Esta observación pasó desapercibida porque Europa había superado la primera ola de covid-19, se creyó tener el control de la pandemia y creció la percepción de que “esta vez es diferente”. Se consideró improbable la repetición de la historia de las pandemias anteriores, especialmente por los grandes avances de la ciencia y la tecnología. Predominó la arrogancia del ser humano.

Faltó humildad para reconocer que muchos aspectos del virus siguen siendo un enigma para la ciencia, a pesar de las sofisticadas herramientas que no estaban disponibles en las grandes pandemias previas. La amplia gama de secuelas del covid-19 en muchos sobrevivientes, por ejemplo, sorprenden a los médicos, pero no son temas debatidos en los medios o en los informes técnicos; seguramente hay científicos tratando de entender este problema, pero sus voces no tienen mucho eco.

Entre tanto, los “expertos” recomiendan prácticas contradictorias que alimentan la confusión, restan credibilidad a las políticas sanitarias e incentivan la indisciplina social; lo ilustran el uso de tapabocas, el transporte masivo como fuente de contagio, el plazo en el que estarían disponibles las vacunas, y el uso de guantes y de tapetes con desinfectantes.

Comenzando el 2021 las palabras de Ferguson cobran vigencia en un mundo que ve crecer como la espuma los contagios y las muertes por el covid-19 y aumenta la incertidumbre en el año en que anhelábamos ver la reactivación de las economías junto con la vacunación masiva.

Ante la demanda de explicaciones por las nuevas olas de contagios abundan las respuestas: el verano en las economías desarrolladas con fuertes flujos de turistas entre países, la reapertura de las instituciones educativas, la mutación del virus, el cansancio de la población ante las medidas de restricción, la falsa percepción de los jóvenes sobre su inmunidad frente al virus, la conducta humana, etcétera.

Lo que no se menciona es que las autoridades de muchos países se volvieron complacientes como consecuencia de los erráticos mensajes provenientes de las autoridades multilaterales de salud, de los intereses políticos para no perder votos en las campañas electorales, del relajamiento en la implementación de las políticas de rastreo y de señales poco claras sobre la aplicación de otros controles, como lo ilustra el debate sobre la exigencia de pruebas PCR a los viajeros que llegan de otros países.

La complacencia se refleja en permisividad con la informalidad, los domiciliarios, las celebraciones futbolísticas, las festividades navideñas y la indisciplina social, en parte auspiciada por la falta de controles. Para la plaza pública los alcaldes anuncian programas de rigurosa aplicación de los protocolos de bioseguridad en las actividades informales; pero la realidad son aglomeraciones sin distanciamiento social y sin las medidas mínimas de protección.

Hay que pensar como Ferguson, que la pandemia durará como mínimo dos años, que la sociedad tendrá que adaptarse a nuevas formas de organización y que los gobiernos enfrentan un problema económico y social de grandes proporciones, más agudo entre más restricciones se tengan que imponer.