Publicado en Ámbito Jurídico Año XV – No. 358; 12 al 25 de noviembre de 2012
La política industrial y la presunta desindustrialización siguen en el centro del debate. Las opiniones, propuestas y deseos abarcan un amplio espectro de posibilidades; en parte esto es “normal” en el campo de la economía, dado que no hay verdades reveladas ni concepciones únicas sobre muchos de los temas de estudio.
El problema tiene como punto de partida la definición misma de la política industrial. Para algunos autores, es cualquier intervención del gobierno que genera condiciones diferentes a las del mercado a un sector productivo. Otros elaboran más los argumentos y consideran que ella debe contar con elementos transversales –que impactan todas las actividades productivas (infraestructura, capital humano, etc.)– y elementos verticales ¬–que afectan sectores específicos–. Algunos proponen una “nueva” política industrial basada en acciones de tipo vertical. Incluso, en visiones como la recientemente planteada por Cepal, solo se considera política industrial la orientada al desarrollo de sectores intensivos en conocimientos.
Adicionalmente, la competitividad se puede entender como una forma específica de la política industrial. Es el caso de la UE, que en múltiples publicaciones la resalta como eje de su política industrial; por ejemplo, en 1994 expidieron el documento “An Industrial Competitiveness Policy for the European Union”.
Para complicar más el tema, la política se nombra de diversas formas. Además del escueto nombre de política industrial, se usan los de política de competitividad, desarrollo empresarial, desarrollo productivo, transformación productiva, innovación, etcétera.
Por último, las opiniones divergen con relación a si la política industrial se diseña solo para las empresas del sector industrial, o si se incluyen los servicios o en general todas las empresas, independientemente de su sector productivo.
Con todos estos elementos, es claro que el debate sobre la política industrial en gran medida radica en la diversidad de criterios, conceptos y formas de aproximación al tema. A algunos les convence lo que se está haciendo y a otros no les gusta nada; o consideran que habría que “modernizar” ciertos componentes; o elevar la jerarquía de esta política.
Lo que no es razonable es sostener a rajatabla que en Colombia no hay política industrial. Incluso la Coalición para la Industria Colombiana, que tuvo como punto de partida esa posición, ha reconocido públicamente que no es así.
Astrid Martínez y José Antonio Ocampo, en el libro “Hacia una nueva política industrial de nueva generación para Colombia”, basado en una investigación realizada para la Coalición, afirman: “En todo caso, en los últimos veinte años se han adoptado políticas de desarrollo productivo que combinan instrumentos verticales y horizontales y que acogen las iniciativas público-privadas para identificar actividades con potencial exportador. El andamiaje institucional se ha perfeccionado y se han superado parcialmente algunas dificultades como la carencia de indicadores y seguimiento. De hecho, en el contexto latinoamericano, Colombia es uno de los países que ha avanzado más en construir dicho andamiaje”.
Tampoco es razonable armar debates sobre una presunta “acelerada” desindustrialización de Colombia. Y no lo es, porque en el presente siglo no ha ocurrido ese fenómeno, a no ser que se califique como tal la pérdida de un punto de participación en el PIB entre 2000 y 2011, en una economía que sufrió los impactos de la recesión de Estados Unidos de 2001, la crisis mundial de 2008-2009 y el cierre del mercado venezolano para los productos colombianos. Además, el comportamiento de las exportaciones industriales y la participación de la industria en el empleo tampoco avalan esta presunción.
En el mejor de los casos el debate sería una reacción demasiado tardía a lo que ocurrió en las tres últimas décadas del siglo pasado. O tendría sentido si la discusión se plantea sobre el riesgo de reprimarización de Colombia, y en general de las economías en desarrollo, debido a las presiones de demanda de alimentos, energía y agua en las próximas décadas.
Lo peor de las discusiones sobre desindustrialización es que varios analistas replican los argumentos de otros sin la más mínima crítica de la información. Es injustificable, por ejemplo, leer críticos repitiendo que la pérdida de participación de la industria en el PIB se debe a que la minería aumentó su participación del 3% al 8% en la última década, cuando en realidad pasó del 7.9% en 2000 a 7.7% en 2011.
Es necesario un llamado para que todos los interesados en el debate tomen como referencia la sentencia de Dani Rodrik: “la forma correcta de pensar la política industrial es verla como un proceso de descubrimiento –un proceso en el que las empresas y el gobierno aprenden sobre los costos y oportunidades subyacentes, en un marco de coordinación estratégica”. Como complemento hay que dejar de lado el fatalismo, ser propositivos y usar cifras ciertas.
A la topa tolondra
Publicado en Portafolio el miércoles 7 de noviembre de 2012
Aun cuando el país lleva más de ocho años en los que las negociaciones comerciales son tema de debates, noticias, publicaciones periodísticas y académicas, foros y cursos de diverso nivel, hay quienes aún no comprenden las razones de implementación de la política de internacionalización.
Algunos consideran que no hay razones claras para negociar acuerdos con tantos países y que el gobierno está negociando a la topa tolondra. Otros aseveran que los TLC no son necesarios, pues Colombia es una economía abierta desde la implementación de la apertura económica y los sistemas generalizados de preferencias brindan el acceso preferencial.
Una rápida mirada a algunos indicadores permite comprobar que Colombia no es una economía tan abierta como muchos creen. Y un repaso de las tendencias globales mostrará que el país no puede seguir rezagado, so pena de quedarse más y más del tren del desarrollo.
El Global Competitiveness Report 2012-2013, del World Economic Forum, clasifica a Colombia en el puesto 123 entre 144 países en el indicador de prevalencia de barreras al comercio, que tiene en cuenta tanto los aranceles como las medidas no arancelarias.
En la clasificación por nivel de la tarifa arancelaria ponderada por el comercio, Colombia ocupa el puesto 95, aún después de la reforma estructural arancelaria de noviembre de 2010.
Y en los indicadores tradicionales de apertura económica, como los coeficientes de importaciones a PIB y de exportaciones a PIB, nos va todavía más mal. En el primero, el país ocupa el lugar 140 y en el segundo el 132.
Se colige que en el panorama mundial Colombia luce como una economía relativamente cerrada. En un contexto de globalización esto tiene profundas consecuencias, como se deduce del solo hecho de que las materias primas importadas tengan un sobrecosto mayor para los empresarios del país que para los de otros países que compiten a nuestra producción tanto en el mercado local como en el internacional.
Adicionalmente, hay que pensar en las repercusiones de no negociar acuerdos comerciales, mientras que los competidores sí los hacen. Esto impacta de dos formas; una, el desplazamiento de la producción colombiana de los mercados de destino; otra, la baja probabilidad de aprovechar las tendencias globales de la demanda bienes y servicios en los que el país tiene potencial.
Con relación a la primera, consideremos un ejemplo real. El Salvador, que es un país de tamaño similar al departamento de Arauca, exportó confecciones a EEUU por US1.738 millones en 2011; Colombia exportó US$223 millones. Desde la terminación del Acuerdo Multifibras las confecciones colombianas vienen reduciendo el valor exportado, mientras que las salvadoreñas han logrado mantenerlo.
La explicación básica de esa diferencia es que El Salvador cuenta con reglas de juego claras y permanentes desde 2006, con la vigencia del CAFTA; aun cuando Colombia cuenta con las preferencias ATPDEA, sus características de estabilidad inhiben las inversiones necesarias para un aprovechamiento pleno. La vigencia del TLC con Estados Unidos desde mayo pasado, nos nivela en este mercado, pero hay otros donde el riesgo se mantiene.
Con relación a la segunda, hay un elevado número de países que puede enfrentar problemas de desabastecimiento relativo de alimentos, agua y energía en las próximas décadas. Por eso, varios competidores de Colombia en esos bienes y servicios han avanzado en negociaciones comerciales que faciliten su posicionamiento en esos mercados.
Estos aspectos son importantes a la hora de definir con qué países negociar acuerdos comerciales. Pero no son los únicos. Desde 2004, el gobierno definió una metodología para establecer un ranking de las 20 naciones de mayor interés para Colombia. Ella incluye 25 variables agrupadas en cinco criterios generales: Consolidar y proteger mercados; mercados con mayor potencial para las exportaciones colombianas; atraer inversión a Colombia; factibilidad política; y disposición al libre comercio.
Hacen parte de este ejercicio el uso de indicadores como el índice de Herfindahl-Hirschman, para los análisis de concentración de productos y mercados, y los modelos de equilibrio general y el modelo gravitacional para evaluar los impactos de las negociaciones sobre el comercio y las variables de crecimiento y empleo.
Los resultados se consignan en la “Agenda de negociaciones comerciales de Colombia”, aprobada por el Consejo Superior de Comercio Exterior, que es presidido por el Presidente de la República y cuenta con la participación siete ministros, el director del DNP y el gerente del Banco de la República. La agenda está a disposición de toda la sociedad, en la página de internet del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Lo anterior muestra el gobierno toma las decisiones de las negociaciones comerciales con criterios técnicos y con el objetivo de lograr la mejor inserción posible de Colombia en la economía globalizada… Aun así, habrá a quienes la Agenda les parezca exótica o injustificada.
Aun cuando el país lleva más de ocho años en los que las negociaciones comerciales son tema de debates, noticias, publicaciones periodísticas y académicas, foros y cursos de diverso nivel, hay quienes aún no comprenden las razones de implementación de la política de internacionalización.
Algunos consideran que no hay razones claras para negociar acuerdos con tantos países y que el gobierno está negociando a la topa tolondra. Otros aseveran que los TLC no son necesarios, pues Colombia es una economía abierta desde la implementación de la apertura económica y los sistemas generalizados de preferencias brindan el acceso preferencial.
Una rápida mirada a algunos indicadores permite comprobar que Colombia no es una economía tan abierta como muchos creen. Y un repaso de las tendencias globales mostrará que el país no puede seguir rezagado, so pena de quedarse más y más del tren del desarrollo.
El Global Competitiveness Report 2012-2013, del World Economic Forum, clasifica a Colombia en el puesto 123 entre 144 países en el indicador de prevalencia de barreras al comercio, que tiene en cuenta tanto los aranceles como las medidas no arancelarias.
En la clasificación por nivel de la tarifa arancelaria ponderada por el comercio, Colombia ocupa el puesto 95, aún después de la reforma estructural arancelaria de noviembre de 2010.
Y en los indicadores tradicionales de apertura económica, como los coeficientes de importaciones a PIB y de exportaciones a PIB, nos va todavía más mal. En el primero, el país ocupa el lugar 140 y en el segundo el 132.
Se colige que en el panorama mundial Colombia luce como una economía relativamente cerrada. En un contexto de globalización esto tiene profundas consecuencias, como se deduce del solo hecho de que las materias primas importadas tengan un sobrecosto mayor para los empresarios del país que para los de otros países que compiten a nuestra producción tanto en el mercado local como en el internacional.
Adicionalmente, hay que pensar en las repercusiones de no negociar acuerdos comerciales, mientras que los competidores sí los hacen. Esto impacta de dos formas; una, el desplazamiento de la producción colombiana de los mercados de destino; otra, la baja probabilidad de aprovechar las tendencias globales de la demanda bienes y servicios en los que el país tiene potencial.
Con relación a la primera, consideremos un ejemplo real. El Salvador, que es un país de tamaño similar al departamento de Arauca, exportó confecciones a EEUU por US1.738 millones en 2011; Colombia exportó US$223 millones. Desde la terminación del Acuerdo Multifibras las confecciones colombianas vienen reduciendo el valor exportado, mientras que las salvadoreñas han logrado mantenerlo.
La explicación básica de esa diferencia es que El Salvador cuenta con reglas de juego claras y permanentes desde 2006, con la vigencia del CAFTA; aun cuando Colombia cuenta con las preferencias ATPDEA, sus características de estabilidad inhiben las inversiones necesarias para un aprovechamiento pleno. La vigencia del TLC con Estados Unidos desde mayo pasado, nos nivela en este mercado, pero hay otros donde el riesgo se mantiene.
Con relación a la segunda, hay un elevado número de países que puede enfrentar problemas de desabastecimiento relativo de alimentos, agua y energía en las próximas décadas. Por eso, varios competidores de Colombia en esos bienes y servicios han avanzado en negociaciones comerciales que faciliten su posicionamiento en esos mercados.
Estos aspectos son importantes a la hora de definir con qué países negociar acuerdos comerciales. Pero no son los únicos. Desde 2004, el gobierno definió una metodología para establecer un ranking de las 20 naciones de mayor interés para Colombia. Ella incluye 25 variables agrupadas en cinco criterios generales: Consolidar y proteger mercados; mercados con mayor potencial para las exportaciones colombianas; atraer inversión a Colombia; factibilidad política; y disposición al libre comercio.
Hacen parte de este ejercicio el uso de indicadores como el índice de Herfindahl-Hirschman, para los análisis de concentración de productos y mercados, y los modelos de equilibrio general y el modelo gravitacional para evaluar los impactos de las negociaciones sobre el comercio y las variables de crecimiento y empleo.
Los resultados se consignan en la “Agenda de negociaciones comerciales de Colombia”, aprobada por el Consejo Superior de Comercio Exterior, que es presidido por el Presidente de la República y cuenta con la participación siete ministros, el director del DNP y el gerente del Banco de la República. La agenda está a disposición de toda la sociedad, en la página de internet del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Lo anterior muestra el gobierno toma las decisiones de las negociaciones comerciales con criterios técnicos y con el objetivo de lograr la mejor inserción posible de Colombia en la economía globalizada… Aun así, habrá a quienes la Agenda les parezca exótica o injustificada.
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