Publicado en Ámbito Jurídico el 19 de septiembre de 2011
Hay inquietudes sobre el creciente déficit comercial del sector industrial. El tema requiere una cuidadosa evaluación para no incurrir en apreciaciones erradas y en la demanda de “paliativos” que pueden resultar inadecuados.
En apariencia las cifras conceden la razón a quienes dan las señales de alarma. Tradicionalmente el sector industrial colombiano ha sido deficitario en materia de comercio internacional, pero el déficit que en 2005 ascendió a US$5.900 millones, en 2010 llegó a US$18.100 millones y en el primer semestre del presente año ya suma US$12.300 millones.
El tema no se registra solo en Colombia. En países como Brasil la situación parece más compleja, pues de un superávit industrial de US$5.400 millones en 2006, se pasó a un déficit de US$71.200 millones en 2010 y a uno proyectado de US$102 mil millones en 2011.
Es evidente, por lo tanto, que hay un crecimiento considerable del déficit comercial del sector industrial, y que no es un fenómeno que afecte de manera exclusiva a Colombia. La explicación no radica en una contracción de las exportaciones industriales, pues las estadísticas muestran ellas crecieron en los últimos años y sólo se redujeron en 2009, como consecuencia de la crisis mundial. Sin embargo, cabe anotar que la recuperación de las importaciones fue más rápida que la de las exportaciones industriales.
Cabe ahora preguntarse si es necesario que cada sector o subsector de la actividad económica de un país sea superavitario en sus relaciones con el resto del mundo. No hay razones para pensar que ello deba ser así. Pero un creciente saldo negativo puede ser un indicio de problemas de competitividad o de desindustrialización, o de rezago en el desarrollo de nuevos sectores.
Surge entonces la necesidad de explicar por qué están creciendo las importaciones industriales. En lo que sigue, se proponen, a manera de hipótesis, algunas líneas de análisis para abordar el tema.
Una explicación posible es que el incremento en la inversión conlleve un mayor componente importado. Así, por ejemplo, en los años recientes la mayor parte de los flujos de inversión extranjera directa se ha orientado a los sectores de hidrocarburos y minería, que demandan bienes de capital e insumos que no se producen en el país; también se debe tener en cuenta que el crecimiento de las obras públicas demanda bienes importados, y ellas fueron un instrumento de la política contracíclica para amortiguar los impactos de la crisis mundial de 2008-2009.
Esta hipótesis parece corroborarse al observar que la importación de bienes de capital aumentó de US$7.300 a US$14.000 millones entre 2005 y 2010, en tanto que sus exportaciones apenas pasaron de US$1.300 a US$1.600 millones. De esta forma se explicaría cerca del 50% del incremento en el déficit comercial industrial en ese periodo.
Otra explicación posible es el aumento en la importación de bienes que no se producen en el país. Para tener una aproximación, se tomaron los registros de producción nacional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se calcularon las importaciones de este tipo de productos, presumiendo que la diferencia con el total corresponde a no producidos.
Si a partir de los datos anteriores se calcula una balanza comercial industrial hipotética en la que a las exportaciones solo se le restan las importaciones que compiten con la producción nacional, el resultado es superavitario en el periodo analizado (2005-2010). Se observa que el superávit hipotético fue creciente hasta 2008, cuando llegó a US$9.500 millones y descendió en los dos años siguientes, lo que se explica porque las importaciones recuperaron el nivel pre-crisis en 2010, mientras que las exportaciones no lo han logrado.
La síntesis de este ejercicio hipotético es que alrededor del 67% de las importaciones totales corresponde a bienes no producidos (en el sentido de que no tienen registro de producción nacional).
En este tipo de importaciones quedan comprendidos los bienes de alta tecnología que no tienen producción en el país o que son complementarios con la oferta nacional y que están creciendo su consumo por diferentes razones. Es el caso de las aeronaves, los automotores, los celulares, los televisores, los computadores y los productos farmacéuticos. Ellos representan alrededor del 30% de las importaciones totales de 2010.
Una última forma de analizar el comportamiento de las importaciones industriales es su participación en el consumo del país (medido en la contabilidad nacional). Los cálculos indican que en 2005 representaban el 15,6% del consumo total y su peso relativo creció hasta el 18% en 2008, para luego descender al 16% en 2010.
En este contexto es evidente que el crecimiento de las importaciones puede relacionarse con la inversión en sectores intensivos en capital y con el mayor consumo de bienes de alta tecnología; en muchos de ellos no hay producción nacional o es complementada por las compras al resto del mundo, como ocurre con los automotores y los productos farmacéuticos.
No obstante, no hay un cambio significativo en la participación de las importaciones en el consumo total, lo que da indicios de que ellas no están repercutiendo en un desplazamiento de la industria nacional en la atención del consumo de los hogares y del gobierno.
No se puede descartar que haya un crecimiento de bienes que compiten con la producción nacional, lo cual debe entenderse como normal en una economía crecientemente globalizada. Tal situación plantea un reto de competitividad a los empresarios nacionales, pues es la condición básica para poderse integrar en las cadenas globales de valor, hacia las cuales se está moviendo el mundo.
Triplicar las exportaciones
Publicado en el diario La República el 16 de septiembre de 2011
El gobierno le “cogió la caña” a la propuesta realizada por Analdex en el marco del XXIII Congreso Nacional de Exportadores; como ella se basa en una alianza público-privada, el país quedó embarcado en la meta de triplicar en 10 años las exportaciones no minero-energéticas (para abreviar, en adelante se nombran como no mineras). Esto significa llevarlas desde cerca de US$17 mil millones que se estiman para este año, a una cifra del orden de los US$51 mil millones.
Algunos se preguntaron enseguida por qué excluir las exportaciones mineras, cuando en la producción moderna ya no operan como enclaves y hay actividades industriales que se pueden desarrollar alrededor de ellas.
En apariencia, hay razón en el comentario, pues, a manera de ejemplo, es conocido el desarrollo de la metalmecánica en Barrancabermeja, especialmente por pymes, como consecuencia de la explotación de petróleo y de la actividad de refinación.
Como lo señaló el Ministro Díaz-Granados, no se trata de menospreciar las exportaciones minero-energéticas, cuando son ellas las que están aportando más del 50% de las exportaciones del país. Lo que ocurre es que en un mundo que camina hacia la escasez de este tipo de productos, no son necesarios grandes esfuerzos de comercialización para encontrarle compradores, ni hay que buscar la remoción de barreras de entrada.
No sólo no tienen problemas para crecer el volumen exportado, como lo vienen haciendo, sino que los altos precios internacionales de los minero-energéticos los convierten en la mayor fuente de riesgo de generación de la enfermedad holandesa. Además de los crecientes ingresos por exportaciones, la inversión extranjera orientada a la exploración y explotación, genera presiones adicionales sobre la tasa de cambio.
De esta forma, la combinación de mayor volumen exportado y altos precios permite a las empresas exportadoras compensar la apreciación cambiaria y mantener su estabilidad financiera.
Pero en el caso de los no mineros, el tema es diferente. Son productos que no se “venden solos” y, por el contrario, hay que desplegar importantes esfuerzos comerciales y acciones del gobierno.
Aun cuando en el grupo se incluyen algunos bienes primarios que también pueden obtener compensación parcial por la revaluación vía precios, requieren de bienes públicos para su acceso a otros mercados; tal es el caso de los acuerdos comerciales y de la admisibilidad sanitaria en los productos agropecuarios. De igual forma, estos productos pueden crecer su valor agregado mediante diversos grados de transformación industrial.
Los no mineros también incluyen los productos industriales con diversos grados de complejidad tecnológica; ellos enfrentan una mayor competencia global y están más expuestos a sentir los impactos de la enfermedad holandesa, al perder competitividad por excesivos niveles de apreciación de la moneda.
Es evidente por lo tanto, que, reconociendo la importancia de los productos minero-energéticos por su aporte a las metas de exportación y a la oferta de divisas que el país necesita para importar los bienes, servicios, tecnología y conocimientos que no produce, hay que establecer la diferencia con los no mineros. Ella ayudará al seguimiento estrecho de la forma en que una potencial enfermedad holandesa las empiece a afectar y permitirá preservar los avances que el país ha realizado en los últimos años en materia de diversificación.
En síntesis se trata de una buena propuesta de los exportadores, que además tiene dos virtudes. Por un lado, implica un alto compromiso del sector privado para avanzar en el objetivo. Por otro, fortalece la idea de contar con metas de largo plazo, que superen los periodos presidenciales y tiendan a convertirse en políticas de Estado.
El gobierno le “cogió la caña” a la propuesta realizada por Analdex en el marco del XXIII Congreso Nacional de Exportadores; como ella se basa en una alianza público-privada, el país quedó embarcado en la meta de triplicar en 10 años las exportaciones no minero-energéticas (para abreviar, en adelante se nombran como no mineras). Esto significa llevarlas desde cerca de US$17 mil millones que se estiman para este año, a una cifra del orden de los US$51 mil millones.
Algunos se preguntaron enseguida por qué excluir las exportaciones mineras, cuando en la producción moderna ya no operan como enclaves y hay actividades industriales que se pueden desarrollar alrededor de ellas.
En apariencia, hay razón en el comentario, pues, a manera de ejemplo, es conocido el desarrollo de la metalmecánica en Barrancabermeja, especialmente por pymes, como consecuencia de la explotación de petróleo y de la actividad de refinación.
Como lo señaló el Ministro Díaz-Granados, no se trata de menospreciar las exportaciones minero-energéticas, cuando son ellas las que están aportando más del 50% de las exportaciones del país. Lo que ocurre es que en un mundo que camina hacia la escasez de este tipo de productos, no son necesarios grandes esfuerzos de comercialización para encontrarle compradores, ni hay que buscar la remoción de barreras de entrada.
No sólo no tienen problemas para crecer el volumen exportado, como lo vienen haciendo, sino que los altos precios internacionales de los minero-energéticos los convierten en la mayor fuente de riesgo de generación de la enfermedad holandesa. Además de los crecientes ingresos por exportaciones, la inversión extranjera orientada a la exploración y explotación, genera presiones adicionales sobre la tasa de cambio.
De esta forma, la combinación de mayor volumen exportado y altos precios permite a las empresas exportadoras compensar la apreciación cambiaria y mantener su estabilidad financiera.
Pero en el caso de los no mineros, el tema es diferente. Son productos que no se “venden solos” y, por el contrario, hay que desplegar importantes esfuerzos comerciales y acciones del gobierno.
Aun cuando en el grupo se incluyen algunos bienes primarios que también pueden obtener compensación parcial por la revaluación vía precios, requieren de bienes públicos para su acceso a otros mercados; tal es el caso de los acuerdos comerciales y de la admisibilidad sanitaria en los productos agropecuarios. De igual forma, estos productos pueden crecer su valor agregado mediante diversos grados de transformación industrial.
Los no mineros también incluyen los productos industriales con diversos grados de complejidad tecnológica; ellos enfrentan una mayor competencia global y están más expuestos a sentir los impactos de la enfermedad holandesa, al perder competitividad por excesivos niveles de apreciación de la moneda.
Es evidente por lo tanto, que, reconociendo la importancia de los productos minero-energéticos por su aporte a las metas de exportación y a la oferta de divisas que el país necesita para importar los bienes, servicios, tecnología y conocimientos que no produce, hay que establecer la diferencia con los no mineros. Ella ayudará al seguimiento estrecho de la forma en que una potencial enfermedad holandesa las empiece a afectar y permitirá preservar los avances que el país ha realizado en los últimos años en materia de diversificación.
En síntesis se trata de una buena propuesta de los exportadores, que además tiene dos virtudes. Por un lado, implica un alto compromiso del sector privado para avanzar en el objetivo. Por otro, fortalece la idea de contar con metas de largo plazo, que superen los periodos presidenciales y tiendan a convertirse en políticas de Estado.
Más allá de los TLCs
Publicado en el diario La República el 1 de septiembre de 2011
Recientemente un destacado analista hizo su particular evaluación de la agenda comercial de Colombia. Da a entender que las negociaciones han sido una reacción a la demora en la aprobación del TLC con Estados Unidos y al colapso del comercio con Venezuela. Asegura que los mercados con los que se han firmado acuerdos son pequeños y de bajo potencial y sostiene que el país está rezagado en el logro de acceso preferencial a otros mercados.
No es cierto que la agenda comercial haya sido una respuesta a las dos situaciones mencionadas. Ese argumento se desmorona con un repaso cronológico.
El Consejo Superior de Comercio Exterior aprobó en noviembre de 2004 la “Agenda para la integración dinámica de Colombia en el mundo”; ella estableció una priorización de las economías con las cuales el país podría buscar acuerdos comerciales. El escalafón surgió de una metodología basada en criterios técnicos y no del afán de buscar alternativas por presuntas dificultades en la aprobación del TLC con Estados Unidos, pues la negociación apenas había comenzado seis meses antes.
Como los ejercicios técnicos tomaron varios meses, podemos presumir que la idea de elaborar la “Agenda” fue, por lo menos, contemporánea con el arranque de la negociación con Estados Unidos.
La negociación con ese país terminó en febrero de 2006 y el tratado se firmó en noviembre del mismo año; hizo su trámite en el Congreso colombiano en 2007 y fue declarado exequible por la Corte Constitucional en 2008. Lo que está pendiente para su vigencia es la aprobación en el Congreso estadounidense.
Pero antes de la firma, ya se había negociado el acuerdo con Chile y había comenzado la del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) – conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador–. Y las dificultades comerciales en Venezuela iniciaron en 2009; para esa fecha ya habían terminado las negociaciones de Chile, Canadá, EFTA y Triángulo Norte y había comenzado la de la Unión Europea. Por lo tanto, es evidente que en 2006 no había los problemas que se mencionan.
Salvo que sea un error, no se entiende cómo se pueden considerar pequeños los mercados de países como Canadá, la Unión Europea y EFTA, que son grandes importadores no sólo de bienes no tradicionales intensivos en mano de obra sino también de productos primarios en los que el país tiene que evolucionar en la agregación de valor. Pero incluso en mercados como el del TNC, con importaciones de US$31 mil millones en 2010, de las cuales Colombia apenas participa con cerca del 2%, su importancia radica no sólo en la posibilidad de crecer el peso relativo en comercio, sino en fortalecer los flujos de inversión colombiana bajo reglas de juego claras.
En ese contexto, no es claro cómo se critica al gobierno colombiano por negociar con estos países, pero se alaba a los de Chile y México porque cuentan con 16 y 14 tratados comerciales, respectivamente. Tal vez el analista no revisó que entre los acuerdos de México y Chile están Nicaragua, Costa Rica, TNC, Panamá, y Uruguay, entre otros.
Por último, está la crítica al rezago del país en materia de tratados negociados. En este aspecto tiene razón el analista, pues a pesar del mandato de la reforma constitucional de 1991 pocos avances hubo en la década siguiente. Esa fue una de las justificaciones para diseñar e implementar la agenda de negociaciones.
Según la Cepal, en 2004 Colombia apenas tenía acceso preferencial permanente para el 24% de las exportaciones, mientras que el promedio de América Latina superaba el 60%.
Si se cumple la meta del gobierno de tener 13 TLCs vigentes para 2014, el país exportará alrededor del 85% con acceso preferencial permanente. Entonces se habrá alcanzado lo que un buen número de países de la región logró 10 años antes.
Recientemente un destacado analista hizo su particular evaluación de la agenda comercial de Colombia. Da a entender que las negociaciones han sido una reacción a la demora en la aprobación del TLC con Estados Unidos y al colapso del comercio con Venezuela. Asegura que los mercados con los que se han firmado acuerdos son pequeños y de bajo potencial y sostiene que el país está rezagado en el logro de acceso preferencial a otros mercados.
No es cierto que la agenda comercial haya sido una respuesta a las dos situaciones mencionadas. Ese argumento se desmorona con un repaso cronológico.
El Consejo Superior de Comercio Exterior aprobó en noviembre de 2004 la “Agenda para la integración dinámica de Colombia en el mundo”; ella estableció una priorización de las economías con las cuales el país podría buscar acuerdos comerciales. El escalafón surgió de una metodología basada en criterios técnicos y no del afán de buscar alternativas por presuntas dificultades en la aprobación del TLC con Estados Unidos, pues la negociación apenas había comenzado seis meses antes.
Como los ejercicios técnicos tomaron varios meses, podemos presumir que la idea de elaborar la “Agenda” fue, por lo menos, contemporánea con el arranque de la negociación con Estados Unidos.
La negociación con ese país terminó en febrero de 2006 y el tratado se firmó en noviembre del mismo año; hizo su trámite en el Congreso colombiano en 2007 y fue declarado exequible por la Corte Constitucional en 2008. Lo que está pendiente para su vigencia es la aprobación en el Congreso estadounidense.
Pero antes de la firma, ya se había negociado el acuerdo con Chile y había comenzado la del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) – conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador–. Y las dificultades comerciales en Venezuela iniciaron en 2009; para esa fecha ya habían terminado las negociaciones de Chile, Canadá, EFTA y Triángulo Norte y había comenzado la de la Unión Europea. Por lo tanto, es evidente que en 2006 no había los problemas que se mencionan.
Salvo que sea un error, no se entiende cómo se pueden considerar pequeños los mercados de países como Canadá, la Unión Europea y EFTA, que son grandes importadores no sólo de bienes no tradicionales intensivos en mano de obra sino también de productos primarios en los que el país tiene que evolucionar en la agregación de valor. Pero incluso en mercados como el del TNC, con importaciones de US$31 mil millones en 2010, de las cuales Colombia apenas participa con cerca del 2%, su importancia radica no sólo en la posibilidad de crecer el peso relativo en comercio, sino en fortalecer los flujos de inversión colombiana bajo reglas de juego claras.
En ese contexto, no es claro cómo se critica al gobierno colombiano por negociar con estos países, pero se alaba a los de Chile y México porque cuentan con 16 y 14 tratados comerciales, respectivamente. Tal vez el analista no revisó que entre los acuerdos de México y Chile están Nicaragua, Costa Rica, TNC, Panamá, y Uruguay, entre otros.
Por último, está la crítica al rezago del país en materia de tratados negociados. En este aspecto tiene razón el analista, pues a pesar del mandato de la reforma constitucional de 1991 pocos avances hubo en la década siguiente. Esa fue una de las justificaciones para diseñar e implementar la agenda de negociaciones.
Según la Cepal, en 2004 Colombia apenas tenía acceso preferencial permanente para el 24% de las exportaciones, mientras que el promedio de América Latina superaba el 60%.
Si se cumple la meta del gobierno de tener 13 TLCs vigentes para 2014, el país exportará alrededor del 85% con acceso preferencial permanente. Entonces se habrá alcanzado lo que un buen número de países de la región logró 10 años antes.
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