La nueva globalización

 

Publicado en Portafolio el 18 de octubre de 2024

Hay cambios graduales del mundo que no percibimos oportunamente. Lo evidencia el crecimiento de la inconformidad imperante en muchos países, que llevó al resurgimiento del populismo.

Algo similar está ocurriendo con la globalización. Para los expertos, con la crisis financiera mundial de 2008-2009 comenzaron los cambios que están llevando a una nueva globalización caracterizada por su fragmentación. Pero dada la gradualidad del proceso, muchos políticos y analistas se niegan a aceptar esa realidad que tendrá profundas repercusiones económicas, sociales y políticas. De acuerdo con Global Trade Alert, desde noviembre de 2008 se han realizado 57.870 intervenciones que restringen el comercio internacional. Según el FMI en 2023 se impusieron más de 3.000 medidas, triplicando las registradas en 2019. En ese escenario es como si la OMC no existiera, mostrando el desdibujamiento de los organismos multilaterales, que es la otra característica de la nueva globalización.

La pandemia, la guerra Rusia-Ucrania y las tensiones China-EEUU aceleraron la fragmentación de la globalización y la tendencia al “friend-shoring” o “nearshoring” como nueva organización del comercio.

Los gobiernos que han captado esas tendencias se están moviendo para no quedarse atrás. Es el caso de China que decidió poner fábricas por todo el mundo para burlar las barreras discriminatorias de EEUU y la Unión Europea. Muestra de ello es su estrategia con los autos eléctricos; las fábricas chinas se están localizando en países como México, para entrar a EEUU sin aranceles por el TLC, y como Hungría, para anticipar las barreras de la UE. Esto es como un “offshoring” al revés del visto entre 1980 y 2008.

Por contraste, Colombia fue incapaz de aprovechar la globalización que está feneciendo; ni siquiera con la firma de los TLC logró una mayor penetración en los mercados internacionales, no se integró a las cadenas globales de valor, no diversificó su canasta exportadora, ni se registraron procesos de relocalización en la magnitud necesaria para recomponer la geografía económica del país. Ahora, en su proverbial ceguera, sigue sin reaccionar al nuevo entorno.

La senda del actual gobierno diversificará la oferta exportadora en el sentido menos esperado. Dejaremos de exportar hidrocarburos y en cambio seremos importadores netos de petróleo y gas. Se reducirán las exportaciones sin que sean compensadas por otros productos o servicios. La promesa del aguacate se quedó en el partidor pues en 2023 apenas se exportaron USD200 millones y la ilusión del turismo está muy lejos de sustituir al petróleo; además, el creciente dominio territorial de los grupos armados desviará los turistas a destinos más seguros.

Síntesis, mientras la globalización cambia, analistas y políticos en Colombia no se percatan, seremos exportadores más chiquitos y poco integrados y seguiremos alejándonos del tren del desarrollo.

Ecos del paro de transporte

 

Publicado en Portafolio el 10 de septiembre de 2024

Según Miguel Gómez, los graves errores de los gobiernos anteriores son los principales responsables de los problemas de hoy (“2026: ¿Regreso al pasado?”. Portafolio, 27 de agosto de 2024). Nada lo ilustra mejor que el transporte de carga. Décadas atrás, los gobiernos colombianos resolvieron tirar por la borda el desarrollo ferroviario que se había registrado en la primera parte del siglo XX y darle la espalda al transporte fluvial, que tuvo gran importancia hasta entonces. Las políticas mal diseñadas y la preponderancia de los intereses de políticos y empresarios del transporte terrestre eliminaron la posibilidad de implementar sistemas multimodales de transporte, que es lo más conveniente para la topografía del país.

El deporte nacional de los gobiernos tiene dos ingredientes: abandonar los programas de las administraciones anteriores, sin importar su enorme costo económico y social, y patear la pelota hacia adelante para dejar al siguiente gobierno los “chicharrones” de alta sensibilidad política. Sobre el primero, María Teresa Ramírez (“Efectos del eslabonamiento de la infraestructura de transporte sobre la economía colombiana: 1900-1950”; 2007), resalta que el cambio de hegemonía en 1930 frenó las inversiones en ferrocarriles y las aumentó en carreteras porque “el nuevo gobierno liberal buscaba diferenciarse totalmente de los gobiernos conservadores precedentes, que fomentaron la construcción de ferrocarriles”. El segundo, lo vivimos con la política de precios de los combustibles; un gobierno prefirió “heredar” el ajuste de los precios de los combustibles en lugar de dejar operando una política gradual de mediano plazo; pero el nuevo dejó pasar dos años sin solucionar el caso del ACPM.

Resulta curioso recordar que a comienzos de los cincuenta "las tarifas del transporte por carretera se establecían en el mercado, mientras que las de los ferrocarriles se fijaban mediante una negociación que daba más peso a los criterios políticos que a los económicos” (M.T. Ramírez, 2007).

El algún momento se perdió la importancia del mercado y caímos en el peor de los mundos, pues los fletes, que ahora son regulados, se volvieron parte de los problemas estructurales; los transportadores se quejan porque no pueden transferir las variaciones de costos a sus precios. Esos problemas estructurales, que no han sido debidamente afrontados por los gobiernos, sirvieron a los transportadores para hacer recular al actual gobierno en la decisión de incrementar el precio del ACPM en $1904; de paso lograron congelar los aumentos anunciados para 2025.

Además, hay otros elementos “estructurales” como la obsolescencia del parque automotor, la informalidad laboral y empresarial y las asimetrías de información que repercuten en ineficiencias para toda la economía. Todos ellos son problemas que se debieron solucionar hace tiempo, pero el deporte gubernamental hizo que esos problemas, que nacieron pequeños, se volvieran inmanejables.

¿Cayó la población?

 

Publicado en Portafolio el 23 de agosto de 2024

Dos profesores de la Universidad de Pensilvania llamaron la atención recientemente sobre la posible caída anticipada de la población en Colombia, lo que estaría indicando que la transición demográfica es más acelerada de lo esperado (Jesús Fernández e Iván Luzardo, “¿Comenzó el declive demográfico en Colombia?”. Portafolio, 19 de junio de 2024). Argumentan estos autores que la natalidad observada en 2022 y 2023 cayó de forma acelerada (-7,0% y -11,0%, respectivamente) y la migración neta es negativa (más salidas del país que entradas de migrantes).

El Dane publicó en “Población e indicadores a nivel nacional (periodo: 2020-2070)” una estimación de la caída de los nacimientos en 4.853 en 2022 y 6.744 en 2023, y las observadas, según los boletines técnicos de estadísticas vitales, fueron 43.289 y 63.268, respectivamente. Esto implica una reducción más rápida de la tasa de fecundidad; en la mencionada publicación de proyecciones era 1,7 niños por mujer y la observada fue 1,2 en 2023.

Con relación a la migración neta, Fernández y Luzardo (2024) afirman que “el año pasado se registraron 5.175.412 salidas de nacionales hacia el exterior, mientras que se contabilizaron 4.729.814 ingresos, por lo que la migración neta de colombianos habría sido de -445.598”. De las estadísticas de nacimientos y defunciones del Dane se colige que esa variable todavía fue positiva en 2023.

Llaman la atención las diferencias entre los datos de población que estima el Dane en “Proyecciones de población a nivel nacional. periodo 2020 – 2070” y los de la ONU, actualizados en la reciente publicación “World Population Prospects 2024”. Para 2023, por ejemplo, la población en edad de trabajar en Colombia (entre 18 y 62 años) es superior en 1,2 millones en las cifras de la ONU, mientras que la población de más de 62 años en la publicación del Dane supera en 5,1% a la de la ONU.

Son múltiples las implicaciones de estas diferencias, por lo que es importante establecer las fuentes y solucionarlas. Así se podrá definir mejor la senda probable de la transición demográfica, pues, según cuál sea, serán distintas las decisiones de las políticas públicas.

Son grandes las implicaciones que de ahí se derivan: estimar cuántos son los adultos mayores adicionales que el sistema pensional y el pilar solidario deben financiar cada año; cuál será el gasto esperado en salud; calcular los efectos en las finanzas públicas; mejorar las estimaciones sobre evolución del mercado laboral; evaluar los incrementos en la demanda potencial de los diversos sectores a los que impacta la “economía senior”; por último, valorar los cambios que se requieren en las políticas de migración, de cara a la caída de la población. En fin, es un tema de crucial interés nacional.

Seguros para un nuevo mundo

 

Artícuo publicado en Portafolio el jueves 18 de julio de 2024.

Los cambios demográficos tendrán profundas repercusiones. La disminución de la población y su envejecimiento crean un nuevo mundo para diversas actividades económicas, incluyendo la aseguradora.

Los cambios registrados en Colombia son notables, como se colige de las variables más relevantes en la publicación de Naciones Unidas World Population Prospects: The 2024 Revision. La tasa de fertilidad que alcanzó un máximo de 6,74 hijos por mujer en 1960, en 2023 se ubicó en 1,65. La tasa bruta de mortalidad fue de 17,6 muertes por cada 1.000 personas en 1950 y bajó a 5,4 en 2023 y desde finales de los sesenta se ubicó por debajo de la registrada en las economías desarrolladas. La tasa de dependencia de la vejez (la población mayor de 65 como porcentaje de la población entre 15 y 64 años), que era del 6,5% en 1990 se proyecta al 28,0% para 2024.

La mencionada tasa de fertilidad está por debajo de la tasa de reemplazo, que se calcula en 2,1 hijos por mujer; es decir, inferior a la necesaria para mantener constante la población. Pero, según Jesús Fernández-Villaverde e Iván Luzardo, de la Universidad de Pensilvania, la situación es más dramática, pues afirman que la tasa de fecundidad fue 1,2 en 2023 (“¿Comenzó el declive demográfico en Colombia?”. Portafolio, 19 de junio de 2024). Como consecuencia, la transición demográfica estaría tomando un ritmo más acelerado que el previsto por Naciones Unidas, según la cual la población colombiana empezaría a disminuir en 2050; con los cálculos de estos profesores, la población ya empezó a descender y, por lo tanto, el envejecimiento poblacional también va más rápido.

Urge vislumbrar ese nuevo mundo y entender la “economía senior” como un emergente motor de crecimiento. Hay que superar la limitada visión del envejecimiento enfocada en pensiones y salud y reconocer su amplio impacto económico en transporte, turismo, cosmética, seguridad, banca, seguros, y cultura, entre otros. En 2019 el 26% del PIB de España se atribuyó a ese grupo y la Comisión Europea estima para la “economía senior” un crecimiento del 5% anual en la década 2015-2025.

Parte de esa dinámica económica apunta a las empresas aseguradoras. Por eso resulta muy oportuna la publicación de Mapfre Demografía: un análisis de su impacto en la actividad aseguradora, en la que analizan el envejecimiento a nivel global, señalan varios campos en los que cabe esperar un crecimiento de la demanda de seguros y crean el Indicador del Potencial Asegurador por Impulso Demográfico para un grupo de 179 países. Colombia figura en el puesto 32 del indicador, lo que revela su gran atractivo como un mercado en el nuevo mundo asegurador.

Lo que faltó en la reforma

 

Publicado en Portafolio el 24 de junio de 2024

De las reformas propuestas por el gobierno, la pensional era la que tenía más probabilidades de ser aprobada por el Congreso, porque es una realidad que se necesitan cambios en el sistema pensional.

Independientemente de los debates que surgieron en torno a varios puntos del contenido y a la mecánica de aprobación del proyecto de ley, es importante tener en cuenta que sus logros son parciales y que se dejaron de lado temas de fondo, como los ajustes paramétricos y la cobertura poblacional.

Uno de los graves problemas que hay en Colombia es que en 2021 solo alrededor del 25% de los mayores de 65 años contaba con una pensión, mientras que la media de América Latina era de 46,8%, según la OIT. Como consecuencia, muchos de ellos dependen de sus familias y cuando estas no pueden o no quieren mantenerlos terminan en el abandono y en la miseria. La OIT calcula que el 53,8% de los adultos mayores no tenía ni ingreso laboral ni pensión, superando casi en 20 puntos la media de la región (34,5%).

En este aspecto hay un avance en la ley aprobada la semana pasada. El pilar solidario establece una renta básica equivalente a la línea de pobreza extrema para las mujeres mayores de 60 años y los hombres de 65 en situación de pobreza.

El otro problema es el de la baja cobertura del sistema pensional, pues en esencia hacen parte de él los trabajadores formales. Con niveles de informalidad laboral estancados por encima del 55% y con políticas poco efectivas para reducirla, la mayor parte de esa población seguirá excluida. Algunos analistas esperan que la reforma laboral contribuya a reducirla, mientras que otros piensan que su efecto será negativo.

Un tema adicional es el de las edades de jubilación. En Colombia, según el Dane, la esperanza de vida de los hombres pasó de 48 a 75 años en las últimas siete décadas y la de las mujeres de 52 a 80 años. A medida que sigue aumentando, si no se modifican las edades de jubilación, se necesitan recursos adicionales para financiar pensiones por más tiempo; las opciones son incrementar los aportes de trabajadores y empresarios o los recursos fiscales transferidos, lo que demandaría más impuestos a la sociedad. La solución debería ser una combinación de ese tipo de medidas, incluyendo una norma que ajuste de forma periódica y automática la edad de jubilación, como lo propuse en “El envejecimiento de la población: ¿un problema?” (en “Trabajo formal en Colombia: Realidad y retos”).

Colofón: como en el caso de las reformas tributarias, vamos a tener que acostumbrarnos a continuas reformas pensionales.

El modelo económico fracasó

 

Publicado en Portafolio Portafolio el 16 de mayo de 2024

Eso concluyen el exprimer ministro inglés Gordon Brown, el economista financiero Mohamed El-Erian y el premio nobel de economía Michael Spence, en el libro Permacrisis: Soluciones para un mundo convulso. Además, plantean que la cascada de crisis globales (permacrisis) se explica también por problemas en la gestión económica y la crisis de gobernabilidad de la institucionalidad internacional. 

Después de un largo periodo de crecimiento fundamentado, por un lado, en las políticas neoliberales de privatización y desregulación y, por otro, de exportación de manufacturas basado en una mano de obra barata, el modelo se agotó a partir de la crisis mundial de 2008; desde entonces, el crecimiento prácticamente se estancó. Ese modelo vivió la “tragedia de los comunes”, con la pérdida de biodiversidad y la destrucción de recursos naturales. Además, se agudizaron los problemas de equidad.

Pasamos de un periodo en el que la economía lideraba las decisiones sobre el acontecer mundial a uno en el que las determina la política; es un mundo en el que priman el nacionalismo populista, el proteccionismo y la seguridad nacional. En ese entorno, la cooperación global se debilitó.

El mundo actual enfrenta problemas de oferta por la limitación de los recursos naturales y los impactos en el cambio climático, y por los cambios en el mercado laboral. Los baby boomers se están jubilando y la población de los países desarrollados y China está envejeciendo; además, muchos trabajadores no aceptan trabajos estresantes, inflexibles y mal remunerados.

Brown, El-Erian y Spence proponen nuevos modelos económico y de gestión económica y un nuevo marco para gestionar la globalización y el orden mundial. El modelo económico se basa en el crecimiento económico, pero con mediciones de los impactos en equidad y en sostenibilidad ambiental. En la gestión económica es necesario replantear las relaciones entre la banca central independiente y la política fiscal, y estrechar los lazos de coordinación con otros países; además, el diseño de las políticas debe partir de las restricciones de oferta. En la globalización es crucial reestructurar los organismos multilaterales para cumplir funciones acordes con el nuevo escenario; por ejemplo, el FMI debe ser un mecanismo para vigilar la economía mundial y prevenir las crisis y el Banco Mundial debe ser un banco de bienes públicos y ocuparse de la transición energética y del capital humano.

Si no se actúa, el escenario probable para la economía mundial será de bajo crecimiento, baja productividad, aumento de la desigualdad, agudización de los problemas del cambio climático, más pobreza, creciente malestar social y más desconfianza en las instituciones económicas. Es un debate provocador el que proponen estos autores y no debería ser indiferente para los colombianos.

Mal en productividad

 

Publicado en Portafolio el 18 de abril de 2024

Según el FMI, “la productividad total de los factores (PTF) de Colombia cayó y luego se estancó durante las últimas tres décadas” (“Colombia Selected Issues”; March 2024). La PTF disminuyó más del 10% desde 1990 hasta 2019 y sus estimaciones indican que en los años siguientes no ha crecido.

El FMI muestra que la PTF sectorial registra grandes diferencias. Solo el sector de construcción y el de comercio y transporte tienen una evolución positiva, aun cuando su tendencia es descendente en los años más recientes; en los demás casos, es notable el estancamiento y la caída con relación al año base. En el caso de la minería, se registró una reducción del 30% en su productividad hasta 2014 y en el sector manufacturero su caída fue del 7% entre 2005 y 2019.

Las mediciones del FMI preocupan por dos razones. Primera, porque uno de los principales determinantes del crecimiento sostenido de una economía es el incremento de la productividad. Segunda, porque es un problema conocido en Colombia desde hace varias décadas y no se ha solucionado. Es evidente que hay graves fallas de implementación de políticas y que algo se está haciendo mal.

Según el FMI un factor determinante de la baja productividad en Colombia es la mala asignación de recursos. Aun cuando no ahonda en la explicación de las razones de la mala asignación, sugiere que “podrían ser obstáculos específicos de la industria y de las empresas, como impuestos, incentivos adversos, acceso al financiamiento, rigideces del mercado laboral, burocracia o incertidumbre política”. 

Eduardo Lora (“Economía esencial de Colombia”) resalta varias formas de mala utilización de los recursos: 1. Recursos no utilizados, como lo refleja el alto nivel de desempleo. 2. Empleos inadecuados; por ejemplo, ingenieros que se ganan la vida en Uber. 3. Recursos utilizados en actividades socialmente improductivas (corrupción, narcotráfico). 4. Falta de inversión en bienes públicos; lo ilustran los altos costos de transporte. 5. Mala administración de las empresas: se tolera “el mal desempeño de sus trabajadores y no incentivan la productividad laboral”. 6. La producción no está orientada a las actividades con ventajas comparativas. 7. Mala asignación intertemporal de los recursos; es el caso de la preferencia por la producción para el consumo actual, sacrificando la inversión.

Colombia debería tener un gran debate sobre este tema, teniendo como norte la sentencia de Paul Krugman que destaca su crucial importancia: “La productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo. La capacidad de un país de mejorar su nivel de vida a lo largo del tiempo depende casi que por entero de su capacidad de aumentar su producción por trabajador”.

Difícil reforma tributaria

 

Publicado en Portafolio el jueves 21 de marzo de 2024

El 29 de diciembre el presidente Petro ofreció tramitar una reforma para “bajar de 35% a 20% el impuesto de renta corporativa”. Lo que pocos se han preguntado es cuánto valdría esa reducción y cómo se compensaría para no afectar negativamente las finanzas del gobierno central.

En una entrevista con Yamid Amat, el ministro de Hacienda afirmó que “cualquier punto que se baje en el impuesto de renta corporativo significa 2 billones de pesos”. Esto significa que los 15 puntos que el presidente ofreció rebajar equivalen a $30 billones de pesos, es decir, 1,5 veces el recaudo esperado de la reforma tributaria de 2022.

Pero en la mencionada entrevista, sin ninguna explicación, el ministro Bonilla bajó el ofrecimiento a cinco puntos (de 35% a 30%), afirmando que así se rescata el artículo contenido en el proyecto de ley de la reforma tributaria de 2022, que no fue aprobado por el Congreso. Esto reduce de $30 a $10 billones la pérdida de recaudo por el impuesto a las empresas y es el monto en el que debe incrementarse la tributación de las personas naturales, para que el efecto neto en el recaudo sea nulo.

Aun así, no luce fácil crecer la tributación de las personas naturales cuando el propio gobierno se impuso unas líneas rojas que dejan poco margen de maniobra. Ya se incrementaron notablemente las cargas de las personas con ingresos superiores a $10 millones mensuales y según el ministro no se tocarán más; además, es difícil que aumenten los gravámenes de los ingresos menores a ese monto o que amplíen la base del impuesto de renta bajando el actual umbral de la retención en la fuente.

El IVA es una fuente potencial; según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023, explica el 71,5% del costo fiscal de los gastos tributarios del 2022, que equivale a $82 billones. Sin embargo, el gobierno difícilmente tocará este impuesto, pues considera que hacerlo, por ejemplo eliminando exenciones, sería en beneficio de los más ricos.

Los impuestos al patrimonio y a los dividendos y los beneficios sectoriales son de alta sensibilidad para los empresarios, por lo que cualquier modificación plantearía un arduo debate. Otro tema es el que plantea Bonilla sobre los gastos que hacen las empresas y que constituyen parte de la compensación a los dueños o a los ejecutivos; pero ellos son un tema de fiscalización más que de reforma tributaria.

Por último, hay grandes riesgos en el trámite de una reforma tributaria. En el actual escenario de crecientes preocupaciones por el potencial incumplimiento de la regla fiscal, surgirán muchas tentaciones para incrementar las cargas de los mismos contribuyentes de siempre.

PIB en graves problemas

 

Publicado en Portafolio el jueves 22 de febrero de 2024 

El mundo está en un proceso de reingeniería de la globalización, cuya principal manifestación es el nearshoring, que consiste en la reubicación de empresas cerca de sus consumidores; para el caso de América, las empresas retornan a Estados Unidos o se establecen en países cercanos. 

En ese contexto, las economías latinoamericanas luchan por atraer la inversión de empresas que produzcan en ellas para exportar a Estados Unidos. Atraerlas implica brindar estabilidad en las reglas de juego, disponibilidad de capital humano de alto nivel, infraestructura adecuada, ventajas competitivas y creciente productividad.

Pareciera que Colombia no quiere subirse a ese tren. Las reglas de juego cambian frecuentemente y la creciente incertidumbre afecta negativamente la inversión; en 2023 la formación bruta de capital cayó en 24,8% anual y el rubro más afectado fue el de maquinaria y equipo (-16,2%), que se considera como un indicador de la inversión privada.

Igual de grave o más es la caída de la inversión en infraestructura, que es básica para la productividad y la competitividad y es un indicador de la inversión pública. El rubro “Otros edificios y estructuras”, que incluye la construcción de carreteras y proyectos de servicio público, no ha recuperado el nivel anterior a la pandemia; su valor total en 2023 fue menor en 36,4% al de 2019.

Por sectores, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) revela que el crecimiento prácticamente quedó estancado desde finales de 2021, como consecuencia de la pérdida de dinamismo de minería, construcción, comercio e industria. El valor agregado (PIB) en los dos primeros se mantiene por debajo de los niveles prepandemia, el del comercio se estancó desde el cuarto trimestre de 2021 y el de la industria viene en caída desde el tercer trimestre de 2022.

Colombia no aprovechó el ciclo de precios alcistas del mercado internacional después de la pandemia, lo que se puede explicar por la situación descrita. En esta materia, hay un grave problema estructural de las exportaciones que debería ser tema de gran debate, pero pasa desapercibido: desde 2018 el volumen exportado cayó continuamente tanto en las exportaciones minero-energéticas como en las demás; en los años en que creció el valor de las exportaciones fue por un efecto precio; la canasta exportadora sigue altamente concentrada en minero-energéticos; y el TLC con Estados Unidos no se ha aprovechado.

En síntesis, la economía colombiana parece estar en otra galaxia que no tiene nada que ver con el nearshoring; la productividad no crece y sectores productivos de alto impacto en el PIB y en el empleo lucen estancados o en franco retroceso. ¿Cuándo habrá un programa de reactivación y de solución de los problemas estructurales?

Turbulencia global 2024

 Publicado en Portafolio el 17 de enero de 2024

Un factor común en 2023 y 2024 es la persistencia de crisis simultáneas que se retroalimentan. Algunas de ellas se superaron (logística de puertos y contenedores, freno a la inflación) en tanto que otras se extenderán al presente año. Aquí resalto las de mayor impacto.

Hay una tendencia ascendente en la ocurrencia de siniestros naturales. Comenzando por los temas del clima, el 2023 fue el año más caluroso de la historia desde que existen registros de esa variable y, según el Proyecto Copernicus de la Unión Europea, el 2024 puede serlo aún más. En 2023 la temperatura fue 1,48°C superior al periodo preindustrial 1850-1900 y se proyecta que en febrero será 1,6°C mayor. Una consecuencia fueron los voraces incendios forestales ocasionados en Canadá, Chile, Grecia y Hawái, entre otros.

Respecto a los desastres naturales, en 2023 se registraron pérdidas superiores a USD 250 billones, de las cuales solo estaban aseguradas el 36%, según Munich Re; además causaron la muerte de 74 mil personas –la mayoría por el terremoto de Turquía y Siria–, nivel superior a la media de los últimos cinco años, que fue de 10 mil personas. Resaltan también las devastadoras inundaciones en Brasil, República Dominicana y Estados Unidos, principalmente.

En el plano geopolítico el escenario sigue complejo. Las tensiones China–EE.UU. aumentan día a día y serán mayores con los recientes resultados electorales en Taiwán.

A la inesperada duración de la invasión rusa a Ucrania, se sumó el conflicto entre Israel y Hamás, que ya bordea los 25.000 muertos, en los que la mayoría son mujeres y niños. Existe una fuerte polarización global en torno a los contendientes y hay hechos que pueden escalar el conflicto, como la muerte del segundo de Hamás en ataque con explosivos en Líbano, el asesinato de más de 80 personas por el Estado Islámico en Irán y los ataques de milicias hutíes a embarcaciones en el Mar Rojo.

Este último hecho desencadenó acciones armadas de Estados Unidos y Gran Bretaña contra objetivos de esas milicias en Yemen. Como consecuencia, los volúmenes de comercio con contenedores a través del Canal de Suez cayeron en 90% y las grandes compañías optaron por circunnavegar África, por lo que los fletes se incrementaron más del 150%.

Los problemas marítimos no paran ahí, pues los bajos niveles del lago Gatún forzaron a las autoridades del canal de Panamá a restringir el flujo de naves, especialmente las más grandes. Esta lista corta dará mucho de qué hablar en 2024.

Dependiendo de su evolución se pueden afectar variables como la inflación, el comercio internacional y el crecimiento económico globales y generar dramas de diversa índole entre las poblaciones afectadas.