Publicado en Portafolio el 22 de agosto de 2025.
La migración enfrenta dos corrientes contrapuestas: la floreciente xenofobia del mundo desarrollado y la creciente emigración desde países en desarrollo por la violencia y la falta de oportunidades.
En ambos casos hay factores comunes: el ascenso del populismo, la pasividad de los gobiernos para apaciguar la antimigración y el menosprecio a los impactos económicos; además, algunos países aplican políticas autoritarias. El Peterson Institute estima una reducción del PIB de EE.UU. de 1,2% en 2028 si deportan 1,3 millones de personas (“Mass Deportations Would Harm the US Economy”, 2024).
La inmigración tiene efectos positivos en crecimiento económico, oferta de empleo, consumo, mayor orientación al emprendimiento respecto a la población local y amortiguamiento de las tasas negativas de natalidad y de envejecimiento poblacional. Según el McKinsey Global Institute los migrantes generaron el 9,4% del PIB mundial en 2015, aun cuando solo representaron el 3% de la población mundial (“People on the Move: Global Migration’s Impact and Opportunity”, 2016).
El Migration Policy Institute afirma que en EE.UU. “los inmigrantes participaron en el desarrollo del 30% de las patentes en industrias estratégicas en los últimos años, y más del 40% de las empresas de la lista Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes” (“Immigrants and the U.S. Economy”, 2024).
Para la Zona Euro, el FMI estima que los migrantes contribuirán con un aumento del 0,5% al PIB potencial en 2030; esto equivale a cerca del 50% del incremento total estimado (“Migration into the EU: Stocktaking of Recent Developments and Macroeconomic Implications”, 2024).
Por contraste, escasean los estudios sobre los costos de la emigración para las economías en desarrollo. Se resaltan los beneficios de las remesas, pero no se miden los efectos negativos de la pérdida de capital humano en el crecimiento económico; tampoco se tienen en cuenta las tendencias de envejecimiento ni las inminentes caídas absolutas de la población, como se anticipa que ocurrirá en Colombia en los próximos años.
El caso colombiano es dramático y demanda medidas urgentes. Según el Internal Displacement Monitoring Centre, en los años 2022 y 2023 se registraron los números más altos de personas desplazadas forzosamente por el conflicto y la violencia de los últimos 15 años (338.665 y 293.191, respectivamente). Como contraparte, no tiene el país una política migratoria y, hasta antes de la masiva migración venezolana, éramos uno de los países más cerrados del mundo a esos flujos.
Conclusión: es evidente la poca inteligencia de los países desarrollados con la inmigración y de los países como Colombia tanto en la emigración como la inmigración; la violencia expulsa miles de familias y no hay una política de atracción de personas con alta formación que permitan amortiguar los efectos del envejecimiento y la reducción de la población.
