Publicado en Portafolio el jueves 21 de marzo de 2024
El 29 de diciembre el presidente Petro ofreció tramitar una reforma para “bajar de 35% a 20% el impuesto de renta corporativa”. Lo que pocos se han preguntado es cuánto valdría esa reducción y cómo se compensaría para no afectar negativamente las finanzas del gobierno central.
En una entrevista con Yamid Amat, el ministro de Hacienda afirmó que “cualquier punto que se baje en el impuesto de renta corporativo significa 2 billones de pesos”. Esto significa que los 15 puntos que el presidente ofreció rebajar equivalen a $30 billones de pesos, es decir, 1,5 veces el recaudo esperado de la reforma tributaria de 2022.
Pero en la mencionada entrevista, sin ninguna explicación, el ministro Bonilla bajó el ofrecimiento a cinco puntos (de 35% a 30%), afirmando que así se rescata el artículo contenido en el proyecto de ley de la reforma tributaria de 2022, que no fue aprobado por el Congreso. Esto reduce de $30 a $10 billones la pérdida de recaudo por el impuesto a las empresas y es el monto en el que debe incrementarse la tributación de las personas naturales, para que el efecto neto en el recaudo sea nulo.
Aun así, no luce fácil crecer la tributación de las personas naturales cuando el propio gobierno se impuso unas líneas rojas que dejan poco margen de maniobra. Ya se incrementaron notablemente las cargas de las personas con ingresos superiores a $10 millones mensuales y según el ministro no se tocarán más; además, es difícil que aumenten los gravámenes de los ingresos menores a ese monto o que amplíen la base del impuesto de renta bajando el actual umbral de la retención en la fuente.
El IVA es una fuente potencial; según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023, explica el 71,5% del costo fiscal de los gastos tributarios del 2022, que equivale a $82 billones. Sin embargo, el gobierno difícilmente tocará este impuesto, pues considera que hacerlo, por ejemplo eliminando exenciones, sería en beneficio de los más ricos.
Los impuestos al patrimonio y a los dividendos y los beneficios sectoriales son de alta sensibilidad para los empresarios, por lo que cualquier modificación plantearía un arduo debate. Otro tema es el que plantea Bonilla sobre los gastos que hacen las empresas y que constituyen parte de la compensación a los dueños o a los ejecutivos; pero ellos son un tema de fiscalización más que de reforma tributaria.
Por último, hay grandes riesgos en el trámite de una reforma tributaria. En el actual escenario de crecientes preocupaciones por el potencial incumplimiento de la regla fiscal, surgirán muchas tentaciones para incrementar las cargas de los mismos contribuyentes de siempre.
