Publicado en Portafolio el 21 de febrero de 2020
La semana pasada fue presentado el Manifiesto por Colombia, suscrito por más de 50 académicos, columnistas y exfuncionarios públicos, de diversas corrientes políticas y de pensamiento, con el propósito de plantear alternativas a la problemática que vive el país.
El Manifiesto comienza enunciando que “en nuestros doscientos años de vida republicana hemos alcanzado notables logros”. Colombia está en el mejor momento de su historia, como lo evidencian los indicadores disponibles de numerosas variables, incluyendo la reducción de la pobreza, la mejora en la distribución del ingreso, la menor tasa de mortalidad, el acceso casi universal a la salud, la mayor cobertura en educación, el crecimiento de la esperanza de vida, etc.
Aun así, para los promotores del paro el país se encuentra en un estado de postración y crisis que deteriora el bienestar de la población. Desde luego, tenemos mucho qué mejorar y fortalecer la tendencia favorable en todos los indicadores económicos y sociales. De igual forma, hay que reconocer la existencia de malestar y descontento en la sociedad, así como el legítimo derecho a la protesta pacífica y civilizada; quizás la corrupción, la inoperancia de la justicia, la polarización que nos hastía, el negativismo que nos bombardea desde los medios y las redes, y el desempleo, entre otros factores, están alimentando esas percepciones.
Pero debemos evitar posiciones dogmáticas y generalizaciones simplistas que, lejos de brindar soluciones, bloquean el camino para continuar mejorando. Así, por ejemplo, es errada la percepción de que vamos de para atrás en temas como la concentración del ingreso y que esa es una de las principales fuentes del descontento de la sociedad. En una columna reciente el exministro Luis Guillermo Plata (“Desigualdad y paro, gran contradicción”) muestra que hay avances notables en los indicadores de bienestar de la población y en particular en los de distribución. Y Mauricio Santamaría, nuevo presidente de Anif, mostró el gran salto que dio la clase media en Colombia: el porcentaje de personas que vive con ingresos mayores al doble de la línea de pobreza en las siete principales ciudades se incrementó del 24,7% en 1985 al 54,0% en 2017.
Es claro que el Gini sigue siendo alto y para bajarlo son necesarias diversas medidas, que incluyen vigorizar la capacidad redistributiva de la política fiscal. Eso implica una reforma fiscal que profundice los cambios estructurales que se vienen dando con las reformas recientes.
De igual forma, hay que entender la importancia del tema pensional. El 75% de la población en edad de jubilación no tiene acceso a una pensión; ese problema es muy grave en un país que envejece aceleradamente, y en el que la pobreza de los mayores de 65 años es la más alta de América Latina. Por eso, las protestas, en lugar de oponerse a la reforma pensional, deberían apoyar al gobierno en su propuesta de crecer la cobertura del programa Colombia Mayor.
El descontento y el malestar deben enfocarse en presionar por medidas efectivas contra los factores generadores, y apoyar las reformas que desmontan privilegios, fortalecen la financiación de la política social y aceleran el tránsito de Colombia hacia un país con una mejor distribución del ingreso.
En estas materias, el Manifiesto a la vez que demanda cambios, propone adoptar alternativas sustentadas y realistas.
(Puede leer el Manifiesto a continuación de esta columna)
MANIFIESTO POR COLOMBIA
En nuestros doscientos años de vida republicana hemos alcanzado notorios logros, no obstante amenazas y enormes dificultades. Nos corresponde ahora incrementar ese esfuerzo.
Todos los colombianos aspiramos a una sociedad más equitativa, más justa y más moderna. Compartimos ese deseo, sabiendo que las soluciones requieren de esfuerzos colectivos, y que hay problemas estructurales que deben ser enfrentados con inteligencia y con disposición para llegar a consensos amplios en la sociedad. De continuar postergando la búsqueda de soluciones, las consecuencias se verán no solo en el aumento de las problemáticas en sí, sino también en las manifestaciones de inconformidad de la población que hoy vemos en las calles.
En el contexto de la Conversación Nacional en curso, los ciudadanos que suscribimos este documento hemos decidido exponer nuestra visión sobre algunos de los problemas que afronta Colombia. Nuestros idearios políticos son diversos. Estamos vinculados a la docencia, en unos casos; en otros, participamos regularmente en debates públicos, o hemos sido servidores del Estado. Ninguno de nosotros participa en la actualidad en la actividad proselitista. A pesar de estas diferencias, compartimos un principio rector: la responsabilidad ética y política que tenemos todos los ciudadanos de demandar cambios y proponer alternativas, basados en sustentos y soportados en la realidad y la posibilidad.
El objetivo del grupo de firmantes del presente Manifiesto es contribuir a la toma de las decisiones que el país requiere y, en el proceso, demostrarnos como sociedad que hay alternativas a la forma como estamos discutiendo hoy.
1. Creemos en un Estado que se esfuerza para reducir la desigualdad social; que utiliza la política tributaria como uno de los mecanismos esenciales para la redistribución; que cuenta con herramientas de evaluación del impacto de esta política en la reducción de la desigualdad y que se cuida de otorgar exenciones tributarias o subsidios regresivos o ineficientes.
2. Creemos en un Estado que lucha contra la corrupción y contra las estructuras criminales que ella genera y que fortalece los mecanismos de financiación de las actividades electorales para erradicar el vínculo entre política y corrupción.
3. Creemos en un Estado que desarrolla políticas eficaces para el aumento del empleo y la formalización laboral de las que depende, en buena medida, la reducción de la pobreza y la desigualdad social.
4. Creemos en un Estado que prioriza la educación como fundamento del desarrollo económico y social; que garantiza el acceso real de la población a la educación, no solo con mayor cobertura, sino con el mejoramiento continuo de la calidad; que cuenta con una rigurosa política de medición de la calidad de centros educativos y maestros; que dispone de incentivos salariales a los docentes en función de los logros en el proceso de aprendizaje; que promueve el sistema de educación pública, haciendo énfasis en la cobertura plena, al menos en la educación básica, y en la mejora significativa en calidad y que ayuda a que la población joven cuente con formación adecuada para ingresar al mercado laboral.
5. Creemos en un Estado que protege la vejez. Que cuenta con coberturas ampliadas y más robustas de programas como el de Colombia Mayor para proteger adecuadamente a las personas mayores que no cuentan con recursos para sobrevivir dignamente; que promueve mecanismos de cobertura a personas que están en la informalidad y para las que es difícil cumplir con los requisitos mínimos para lograr una pensión; que vela porque las pensiones no tengan efectos regresivos y permitan un ingreso para una vida digna en la vejez, teniendo en cuenta las posibilidades del país en su actual grado de desarrollo.
6. Creemos en un Estado que hace presencia efectiva en todo el territorio nacional, no solo para reducir a los grupos armados ilegales y proteger a las poblaciones sino también para fomentar el desarrollo económico, prestar servicios públicos y cohesionar el tejido social.
7. Creemos en un Estado responsable con el cambio climático y el ambiente; que reconoce el reto ambiental como el de mayor envergadura que enfrenta actualmente la humanidad; que adopta decisiones basadas en el conocimiento científico, para reducir las emisiones que contribuyen al calentamiento global; que promueve cambios de comportamiento en la sociedad, incluyendo hábitos de consumo, para fomentar el uso eficiente de los recursos naturales, garantizar su conservación, y reducir la contaminación. Que facilita la adopción de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente y define políticas que promueven la adaptación y mitigación del cambio climático; que avanza decisivamente hacia la transición energética para eliminar progresivamente los combustibles fósiles y garantiza que la economía funciona de manera sostenible.
8. Creemos en un Estado que implementa el Acuerdo Final con las Farc en el horizonte estipulado, incluyendo las medidas para robustecer la participación política y lograr una reforma rural integral; que mejora los instrumentos que garanticen la paz y que dispone de las herramientas para evitar el deterioro de la seguridad y el orden público en las regiones relacionadas con el Acuerdo; que articula el Acuerdo Final, el Plan Nacional de Desarrollo y los presupuestos anuales futuros; que busca mecanismos que contribuyan a la reconciliación.
9. Creemos en un Estado que protege la vida; que en el contexto actual fortalece las actividades de inteligencia con el fin de anticipar el surgimiento de situaciones de riesgo contra ciudadanos amenazados como lo son los líderes sociales y excombatientes; que reconoce la existencia de elementos comunes en estos crímenes, entre los cuales está su ocurrencia en regiones claramente determinadas y la existencia de factores de riesgo asociados al tráfico de drogas y a la erradicación de cultivos ilícitos; que fortalece y formaliza el diálogo entre el Estado y la sociedad sobre las estrategias de prevención de esos crímenes.
10. Creemos en un Estado que promueve las condiciones del crecimiento económico y la inversión; que corrige los problemas de inseguridad jurídica que afectan negativamente la inversión; que continúa avanzando en el proceso de modernización de la infraestructura vial del país; que procura mejorar el aprovechamiento de los mercados internacionales para fortalecer el crecimiento de los sectores productivos.
11. Creemos en un Estado dotado de una justicia autónoma e independiente de los intereses políticos, responsable ante la ciudadanía, accesible y eficiente; que escoge a sus jueces con base en sus méritos; que regula y hace cumplir de manea exigente reglas sobre conflicto de interés y que tecnifica la labor judicial, con una administración autónoma y gerencial.
12. Creemos en un Estado con una política exterior que sea producto del consenso nacional; que le permita afrontar los retos que tiene en el complejo escenario geopolítico mundial y, especialmente, con relación a Venezuela.
13. Creemos en la construcción de un Estado moderno, insertado en las dinámicas del mundo global, en el que el conocimiento y la ciencia constituyan pilares de su desarrollo económico y social.
ALEJANDRA CARVAJAL
Bogotá, 12 de febrero de 2020
Todos los colombianos aspiramos a una sociedad más equitativa, más justa y más moderna. Compartimos ese deseo, sabiendo que las soluciones requieren de esfuerzos colectivos, y que hay problemas estructurales que deben ser enfrentados con inteligencia y con disposición para llegar a consensos amplios en la sociedad. De continuar postergando la búsqueda de soluciones, las consecuencias se verán no solo en el aumento de las problemáticas en sí, sino también en las manifestaciones de inconformidad de la población que hoy vemos en las calles.
En el contexto de la Conversación Nacional en curso, los ciudadanos que suscribimos este documento hemos decidido exponer nuestra visión sobre algunos de los problemas que afronta Colombia. Nuestros idearios políticos son diversos. Estamos vinculados a la docencia, en unos casos; en otros, participamos regularmente en debates públicos, o hemos sido servidores del Estado. Ninguno de nosotros participa en la actualidad en la actividad proselitista. A pesar de estas diferencias, compartimos un principio rector: la responsabilidad ética y política que tenemos todos los ciudadanos de demandar cambios y proponer alternativas, basados en sustentos y soportados en la realidad y la posibilidad.
El objetivo del grupo de firmantes del presente Manifiesto es contribuir a la toma de las decisiones que el país requiere y, en el proceso, demostrarnos como sociedad que hay alternativas a la forma como estamos discutiendo hoy.
1. Creemos en un Estado que se esfuerza para reducir la desigualdad social; que utiliza la política tributaria como uno de los mecanismos esenciales para la redistribución; que cuenta con herramientas de evaluación del impacto de esta política en la reducción de la desigualdad y que se cuida de otorgar exenciones tributarias o subsidios regresivos o ineficientes.
2. Creemos en un Estado que lucha contra la corrupción y contra las estructuras criminales que ella genera y que fortalece los mecanismos de financiación de las actividades electorales para erradicar el vínculo entre política y corrupción.
3. Creemos en un Estado que desarrolla políticas eficaces para el aumento del empleo y la formalización laboral de las que depende, en buena medida, la reducción de la pobreza y la desigualdad social.
4. Creemos en un Estado que prioriza la educación como fundamento del desarrollo económico y social; que garantiza el acceso real de la población a la educación, no solo con mayor cobertura, sino con el mejoramiento continuo de la calidad; que cuenta con una rigurosa política de medición de la calidad de centros educativos y maestros; que dispone de incentivos salariales a los docentes en función de los logros en el proceso de aprendizaje; que promueve el sistema de educación pública, haciendo énfasis en la cobertura plena, al menos en la educación básica, y en la mejora significativa en calidad y que ayuda a que la población joven cuente con formación adecuada para ingresar al mercado laboral.
5. Creemos en un Estado que protege la vejez. Que cuenta con coberturas ampliadas y más robustas de programas como el de Colombia Mayor para proteger adecuadamente a las personas mayores que no cuentan con recursos para sobrevivir dignamente; que promueve mecanismos de cobertura a personas que están en la informalidad y para las que es difícil cumplir con los requisitos mínimos para lograr una pensión; que vela porque las pensiones no tengan efectos regresivos y permitan un ingreso para una vida digna en la vejez, teniendo en cuenta las posibilidades del país en su actual grado de desarrollo.
6. Creemos en un Estado que hace presencia efectiva en todo el territorio nacional, no solo para reducir a los grupos armados ilegales y proteger a las poblaciones sino también para fomentar el desarrollo económico, prestar servicios públicos y cohesionar el tejido social.
7. Creemos en un Estado responsable con el cambio climático y el ambiente; que reconoce el reto ambiental como el de mayor envergadura que enfrenta actualmente la humanidad; que adopta decisiones basadas en el conocimiento científico, para reducir las emisiones que contribuyen al calentamiento global; que promueve cambios de comportamiento en la sociedad, incluyendo hábitos de consumo, para fomentar el uso eficiente de los recursos naturales, garantizar su conservación, y reducir la contaminación. Que facilita la adopción de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente y define políticas que promueven la adaptación y mitigación del cambio climático; que avanza decisivamente hacia la transición energética para eliminar progresivamente los combustibles fósiles y garantiza que la economía funciona de manera sostenible.
8. Creemos en un Estado que implementa el Acuerdo Final con las Farc en el horizonte estipulado, incluyendo las medidas para robustecer la participación política y lograr una reforma rural integral; que mejora los instrumentos que garanticen la paz y que dispone de las herramientas para evitar el deterioro de la seguridad y el orden público en las regiones relacionadas con el Acuerdo; que articula el Acuerdo Final, el Plan Nacional de Desarrollo y los presupuestos anuales futuros; que busca mecanismos que contribuyan a la reconciliación.
9. Creemos en un Estado que protege la vida; que en el contexto actual fortalece las actividades de inteligencia con el fin de anticipar el surgimiento de situaciones de riesgo contra ciudadanos amenazados como lo son los líderes sociales y excombatientes; que reconoce la existencia de elementos comunes en estos crímenes, entre los cuales está su ocurrencia en regiones claramente determinadas y la existencia de factores de riesgo asociados al tráfico de drogas y a la erradicación de cultivos ilícitos; que fortalece y formaliza el diálogo entre el Estado y la sociedad sobre las estrategias de prevención de esos crímenes.
10. Creemos en un Estado que promueve las condiciones del crecimiento económico y la inversión; que corrige los problemas de inseguridad jurídica que afectan negativamente la inversión; que continúa avanzando en el proceso de modernización de la infraestructura vial del país; que procura mejorar el aprovechamiento de los mercados internacionales para fortalecer el crecimiento de los sectores productivos.
11. Creemos en un Estado dotado de una justicia autónoma e independiente de los intereses políticos, responsable ante la ciudadanía, accesible y eficiente; que escoge a sus jueces con base en sus méritos; que regula y hace cumplir de manea exigente reglas sobre conflicto de interés y que tecnifica la labor judicial, con una administración autónoma y gerencial.
12. Creemos en un Estado con una política exterior que sea producto del consenso nacional; que le permita afrontar los retos que tiene en el complejo escenario geopolítico mundial y, especialmente, con relación a Venezuela.
13. Creemos en la construcción de un Estado moderno, insertado en las dinámicas del mundo global, en el que el conocimiento y la ciencia constituyan pilares de su desarrollo económico y social.
ALEJANDRA CARVAJAL
ALVARO TIRADO MEJIA
ANDRÉS HOYOS
ANDRÉS MOLANO
ANDRÉS RESTREPO LONDOÑO
ARLENE B. TICKNER
ARMANDO MONTENEGRO
BETHOVEN HERRERA
CAMILO REYES
CARLOS RONDEROS
CATALINA BOTERO
CÉSAR CABALLERO
CLAUDIA PALACIOS
CONSTANZA VARGAS
DANIEL MERA VILLAMIZAR
DANIEL PACHECO
DIEGO VALLEJO
EDUARDO LORA
EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ
ENRIQUE BAYER
ERIC TREMOLADA
ERNESTO GUHL
FEDERICO RESTREPO
FERNANDO CEPEDA ULLOA
GERMÁN ARCE
GUILLERMO TRUJILLO
HERNAN AVENDAÑO
HERNANDO JOSÉ GÓMEZ
JAIME MILLÁN
JAIRO ENRIQUE MALAVER
JORGE H. BOTERO
JOSÉ FERNANDO ZARTA
JOSÉ LEIBOVICH
JOSÉ MANUEL ACEVEDO
JUAN BENAVIDES
JUAN CARLOS BOTERO
JUAN GABRIEL GÓMEZ
JUAN GUILLERMO ANGEL
JUAN MANUEL CHARRY
JUAN SEBASTIAN BETANCUR
LEOPOLDO FERGUSSON
LUIS EDUARDO CLAVIJO
LUIS IGNACIO BETANCUR
MARC HOFSTETTER
MARÍA VICTORIA LLORENTE
MARTHA HELENA BRAVO
MAURICIO GARCIA VILLEGAS
MOISÉS WASSERMAN
RAMÓN MADRIÑAN DE LA TORRE
RODRIGO RIVERA SALAZAR
SEBASTIAN GONZALEZ
STELLA VILLEGAS DE OSORIO
THIERRY WAYS
WILLIAM R. FADUL
Bogotá, 12 de febrero de 2020
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