Tecnología versus cavernícolas

Publicado en Portafolio el 24 de enero de 2020

Cuando surgió el trabajo asalariado como forma predominante de relación laboral, los marcos legales no incluían tal modalidad; imperaban las relaciones artesano–maestro y siervo–señor feudal.

Esto significa que la relación salarial fue disruptiva y que, a la luz de los debates modernos, “estaba por fuera de la ley”; era una nueva competencia para las formas tradicionales de producción. Si en esa época hubieran existido organismos como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), los artesanos y los siervos hubieran podido demandar a los empresarios capitalistas y, probablemente, habrían declarado ilegales esas prácticas y ordenado el cierre de las fábricas. En ese contexto, el capitalismo no habría existido y la humanidad seguiría sumida en la miseria.

Esta hipotética situación se está haciendo realidad en Colombia con el debate originado por la reciente decisión de la SIC sobre Uber y la competencia con los taxistas. En el debate, robustecido por el anuncio de Uber de salir del país, se hace una crítica generalizada al gobierno por no haber regulado el tema de las plataformas digitales y las nuevas relaciones laborales. Eso demuestra que muchos analistas de Colombia poco y nada conocen del tema.

La revolución tecnológica está generando negocios y formas de vinculación laboral no previstas por las normas, porque el cambio tecnológico siempre va adelante de los marcos jurídicos. Esos cambios modifican la naturaleza del trabajo y de las empresas, como lo demuestra el Banco Mundial en el libro “The Changing Nature of Work” (2019). Para esas nuevas relaciones laborales aún no hay un nombre aceptado universalmente, pero en la literatura especializada predominan las denominaciones de GIG Work y Crowdwork.

Por lo novedosa que es la vinculación GIG, en el mundo, y muy especialmente en las economías desarrolladas, hay un amplio debate entre gobiernos, centros de investigación, prestigiosos académicos y organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y la OIT. Además, prestigiosas universidades crearon áreas de investigación específicas que están aportando publicaciones técnicas para entender estos fenómenos. Los debates y los estudios están orientados a definir conceptos, medir el tamaño del mercado, comprender los cambios de naturaleza, establecer las implicaciones sobre los mercados factoriales, explorar los ajustes en los marcos normativos, y plantear alternativas para mejorar el bienestar de la población bajo esas modalidades de relación laboral.

Hasta ahora ningún país ha adoptado cambios regulatorios de fondo, aun cuando hay diversas decisiones gubernamentales puntuales y algunas sentencias judiciales sobre casos específicos. Por esto, Colombia, país en el que el conocimiento y estas discusiones son marginales, no puede apresurarse a expedir leyes; en buena medida ha predominado la sensatez, pero decisiones como la de la SIC pueden ocasionar trastornos.

Por ahora, se podrían adoptar medidas específicas para favorecer la “reinvención” de algunos sectores; por ejemplo, en el caso de los taxis, definir su vida útil, eliminar los cupos, y establecer mecanismos de tarifación por oferta y demanda.

De no hacerlo, podríamos repetir la historia de los luditas, que optaron por romper máquinas; ese es el camino que anuncian los taxistas: “llegaremos a la capital de la república los 480 mil taxis y los tiraremos en toda la capital”. Así, cerraremos las puertas a la innovación y quedaremos en riesgo de volver al mundo de las cavernas.