Corrupción

Publicado en Portafolio el viernes 17 de marzo de 2017

En una entrevista al diario El Tiempo (1 de marzo de 2017), el congresista Rodrigo Lara declaró que no se presentará a las próximas elecciones, porque no puede financiarse; afirmó que una campaña para Senado cuesta “$1.300 millones, bajito”, pero que algunas “valen 10 o 20 veces más”.

Sorprende el exorbitante costo de las campañas electorales en el país; pero asombra más la ausencia de reacción pública ante esa declaración, justo cuando la corrupción está en el ojo del huracán. La sociedad debe reaccionar porque, si el costo mínimo de una campaña es impagable con los sueldos que recibirá un senador durante los cuatro años de su periodo ($1.340 millones), ¿qué decir de las que cuestan $13 mil o $27 mil millones?

Según Transparencia por Colombia “no es posible determinar con exactitud los costos reales de las campañas así como tampoco los recursos –legales e ilegales– que se gastaron en las elecciones de Congreso 2014 para financiarlas”.

Esta ONG indica que, en promedio, cada senador elegido declaró gastos por $450 millones. Si ese fuera el costo real, para recuperarlo, con recursos del Estado, sería necesaria la reposición sobre 95 mil votos; para compensar campañas de $1.300 y $27.000 millones, se requerirían 275 mil y seis millones de votos, respectivamente. Como referencia, en esa elección cada curul del Senado se obtuvo con un promedio de 104 mil votos.

Si no logran la reposición total, ¿por qué se matan los candidatos por llegar al Congreso? ¿Amor de patria? Aun cuando hay muchos aspirantes a congresistas y a otros cargos de elección popular que son honestos, esos costos de campaña sugieren que hay otra fuente de “compensación”: La corrupción.

Esta clase de corrupción se alimenta de los “cotos de caza” que los elegidos obtienen mediante diversas alianzas. Por eso son frecuentes expresiones del siguiente tenor: El senador X es el “dueño” de tal empresa del Estado; en el Ministerio Y manda el congresista Z; el Procurador N le dio puestos a los hijos del Magistrado M para “agradecer” su democrática elección.

También se engorda con otras fuentes. Haciendo referencia solo a los recursos “legales” y no a los “ilegales”, lo más frecuente es que el sector privado “apoye” diversos candidatos y partidos.

Pero esos apoyos no son gratuitos; están asociados a “la economía política” de las políticas públicas y suelen tener dos consecuencias. De un lado, los jugosos contratos que obtienen estos empresarios en condiciones amañadas y con sobrecostos para toda la sociedad; esto explica que numerosas obras públicas en Colombia terminen costando cuatro o cinco veces su valor original. De otro, el trámite de las leyes y otras normas que terminan hechas a la medida del financiador, para obtener privilegios y tratamientos preferenciales. Los POT, las reformas tributarias, y las licitaciones en entidades y municipios son un buen ejemplo.

Todos estos elementos muestran la urgencia de emprender una guerra frontal contra la corrupción. Una medida inicial es la financiación estatal plena de las campañas, con estrictas auditorías y exigencias de mayor transparencia. Puede no ser la mejor opción, tener defectos y ser muy costosa; pero peor es la pasividad.

Parafraseando el título de la obra de Siddhartha Mukherjee, podríamos afirmar que la corrupción es la “emperatriz de todos los males del subdesarrollo”.