Publicado en Portafolio el viernes 27 de noviembre de 2015
La conferencia del malasio Idris Jala fue la más interesante en la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2015-2016. Jala es un ministro sin cartera, que depende directamente del Primer Ministro, y es el director ejecutivo de Pemandu (Performance Management and Delivery Unit), entidad que tiene a su cargo la dirección del Programa de Transformación Gubernamental (PTG) y del Programa de Transformación Económica (PTE). Justamente, su intervención en el foro organizado por el Consejo Privado de Competitividad versó sobre la experiencia de Malasia en la concepción e implementación de estos dos programas.
Al comparar el PTE de Malasia con el Programa de Transformación Productiva (PTP) de Colombia, se observan grandes similitudes pero también notables diferencias. Los dos hacen parte de la política industrial del respectivo país. Se asemejan en el propósito de incrementar la productividad de un grupo determinado de sectores, que contribuirán a un mayor crecimiento del PIB, a la generación de empleo y a la diversificación de la canasta exportadora. Además, no ofrecen subsidios ni protección arancelaria ni conceden ventajas especiales; su fundamento es el trabajo conjunto de los funcionarios públicos y privados para identificar y eliminar las barreras que impiden el desarrollo sectorial.
Las grandes diferencias que hay entre los dos programas son el grado de importancia que se les da y el tipo de liderazgo con que se ejecutan. En Malasia, el PTE junto con el PTG tienen gran relevancia en los objetivos macroeconómicos, que se orientan a alcanzar en 2020 el INB per cápita de los países de ingresos altos, generar 3.3 millones de empleos y lograr una inversión US$444 mil millones.
El PTE y el PTG dependen directamente del Primer Ministro, quien al comienzo de cada semana se reúne con el director de Pemandu para evaluar los avances y las dificultades. Además, cada ministro debe rendir cuentas directamente al Primer Ministro sobre la ejecución anual de las tareas asignadas en el marco de estos programas; después su evaluación se hace pública.
A diferencia del caso malasio, en Colombia el PTP parece cada vez más relegado. Su creación en el MinCIT ha debido evolucionar para convertirse en un instrumento manejado por la Presidencia de la República, y con la gerencia de un ministro de la competitividad o de la transformación productiva.
Al no darle la relevancia requerida y dejarlo como un apéndice de Bancoldex, perdió el protagonismo que debería tener para el crecimiento económico. Muchas de las buenas ideas y de los diagnósticos de los problemas que aquejan a los sectores del programa se frenan porque el PTP no tiene la jerarquía para imponer tareas a los ministerios o a las entidades públicas de diferente nivel que no dependen del MinCIT. En consecuencia los avances del programa y de los sectores son muy lentos; esto, a su vez, evidencia por qué carece de sentido la propuesta de un ministerio de industria.
Como afirma Jala: "…la gente realmente conoce las soluciones. Las buenas ideas ya están ahí, y la gente conoce esas ideas, pero la razón por la que no nos movemos de las ideas a los resultados es porque hay obstáculos técnicos, políticos y administrativos en el sistema”. En Malasia el Pemandu puede superar esos obstáculos; en Colombia el PTP, no.
Comercio y aranceles. Comentarios sobre la conferencia de Juan José Echavarría
Publicado en la Revista de Fasecolda No. 161, noviembre de 2015
De la conferencia de Juan José Echavarría, exdirector del Banco de la República, se destacan dos aspectos de gran importancia para el país en el nuevo entorno que vive la economía global y en el marco de las decisiones de política comercial que Colombia ha adoptado durante el presente siglo: la importancia del comercio internacional para crecer y la protección arancelaria y no arancelaria.
Importancia del comercio internacional para crecer
Echavarría afirmó que para industrializarse hay que comerciar y no al contrario, como lo ven algunos analistas que postulan la industrialización de Colombia con el cierre de la economía. La experiencia mundial muestra que las economías más activas en el comercio internacional son las que se están industrializando y las que más crecen.
La participación de las economías desarrolladas en el PIB, las exportaciones y la producción manufacturera mundiales vienen cayendo desde la década de los noventa. Esto se explica por la ganancia en participación de las economías emergentes más abiertas al comercio mundial, que registran altas tasas de crecimiento económico.
Para industrializarse hoy, las economías en desarrollo cuentan con las cadenas globales de valor (CGV) que hacen más rápido, más fácil y menos profundo ese proceso. Las CGV incorporan elementos que Corea y Taiwán tomaron décadas para su construcción; Colombia podría aprovecharlos sin tener que repetir la historia de esos países.
Casos como el de China muestran que no es necesaria una tecnología propia para aumentar el comercio internacional; sus exportaciones de teléfonos iPhone dicen más de la industria de los Estados Unidos que de la China. El contenido local agregado en sus zonas francas es menos del 20 %, pero este tipo de comercio explica más del 50 % del auge de esa economía en el comercio de manufacturas.
Echavarría cerró esta sección de su presentación afirmando que los socios de la Alianza del Pacífico tienen mucho que enseñarle a Colombia. Chile, México y Perú son economías más abiertas que la nacional, han tenido un mejor desempeño económico, cuentan con estructuras productivas más diversificadas, canasta de exportaciones menos concentrada y mejor distribución del ingreso. Esto evidencia que la apertura colombiana en realidad nunca ha existido, a pesar de todo lo que decimos.
Resulta curioso, por decir lo menos, que en una presentación académica se traiga a colación el tema de la relación entre comercio y crecimiento en un país que lleva más de diez años debatiendo alrededor de las negociaciones de los tratados de libre comercio. Pero es necesario, porque hay analistas y empresarios que siguen pensando que el comercio internacional es peligroso para la actividad productiva nacional o simplemente que el país no tiene capacidad exportadora.
Al respecto, cabe recordar lo que opina Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía en el 2001 y crítico de la globalización, muy citado en Colombia por los opositores a los tratados de libre comercio (TLC):
La caracterización que Echavarría presentó de Colombia como una economía cerrada corrobora lo que se deriva de otras fuentes. Por ejemplo, el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial muestra que Colombia es una de las economías más cerradas del mundo. En el ranking de 2015-2016, en el nivel del arancel nominal Colombia (6.4%) ocupó el puesto 83 entre 140 países, a pesar de incluir el diferimiento arancelario para bienes de capital y materias primas no producidas; en el nivel de prevalencia de barreras no arancelarias al comercio se ubicó en el puesto 109; y en los indicadores de apertura, es decir, exportaciones sobre PIB e importaciones sobre PIB, quedó en los puestos 132 y 135, respectivamente.
En los últimos años, un grupo de investigadores del Banco de la República adelantó varios estudios que documentan cómo la apertura económica generó una reacción de los grupos de interés que repercutió en un crecimiento vertiginoso de las barreras no arancelarias, con lo cual más que compensaron la supuesta desprotección por la reducción de los aranceles nominales. García y otros (2014; p. 46) afirman: «…La apertura fue de corta duración y… la contrarreforma fue rápida, eficaz y comenzó casi al tiempo que la reforma. Quienes se oponían a la apertura desplegaron imaginación y capacidad para erigir barreras a las importaciones mientras argumentaban que se estaba abriendo mucho la economía».
La referencia de Echavarría a las CGV es marginal, en parte por la restricción de tiempo en la presentación. Pero el tema reviste gran importancia y sobre él hay una creciente literatura, que demuestra que tanto Colombia como América Latina han tenido escasa vinculación a ellas (ver Blyde 2014 y Hernández y otros 2014). Adicionalmente, en el caso colombiano, pocos analistas perciben que una de las justificaciones para negociar los TLC fue precisamente su utilidad como herramienta para la integración de las empresas a esas cadenas.
La idea de Echavarría de aprender de los socios de la Alianza del Pacífico es acertada y tiene un espacio grande de acción, teniendo en cuenta que uno de los propósitos de ese proyecto de integración es complementar y fortalecer los aparatos productivos de los cuatro países y el de los futuros miembros, mediante la conformación de cadenas de valor.
Para tal fin, el BID (2013) identificó los encadenamientos productivos potenciales entre los países de la Alianza del Pacífico (el resumen ejecutivo está disponible en World Economic Forum, 2014). «El estudio identifica muchos ejemplos de encadenamientos donde cada uno de los países de la AP funge a veces como proveedor de insumos para su subsecuente utilización aguas abajo en las cadenas de valor y a veces como captador de insumos que provienen de sectores aguas arriba en la cadena» (BID 2013; p. 53).
Protección arancelaria y no arancelaria en Colombia
En la sección final de la presentación, Juan José Echavarría se refirió el tema de los obstáculos que hay en Colombia frente al comercio internacional. Recordó que el arancel nominal promedio bajó marcadamente en el gobierno del presidente Gaviria y se mantuvo estable hasta el de Juan Manuel Santos, cuando volvió a bajar con la reforma arancelaria del 2010.
A pesar de eso, el arancel máximo, que durante el gobierno de Gaviria bajó de más del 100% al 35%, comenzó a subir durante el de Uribe hasta llegar a 100% en el de Santos. De igual forma, los coeficientes de dispersión se han disparado en los años recientes.
En síntesis, según Echavarría, lo que ha pasado en Colombia es que el arancel promedio ha bajado, pero unos grupos se han beneficiado de niveles altos. Estos comportamientos son diferentes a los del resto del mundo, que registra una tendencia descendente tanto en el arancel nominal como en la dispersión.
Con relación a la protección paraarancelaria, las medidas vienen creciendo desde el gobierno de Gaviria. En bienes intermedios, más del 80% de los ítems arancelarios tienen protección paraarancelaria, en bienes de consumo, el 77% y en bienes de capital el 62%. Cuando se mide la protección paraarancelaria como el equivalente a un arancel ad valorem, se observa que Colombia es de los países con nivel más alto en el mundo.
De acuerdo con el estudio realizado por Echavarría, la explicación de los aranceles en Colombia radica en la capacidad de lobby que tienen los sectores grandes de la economía.
Cuando se compara el arancel por capítulos con países socios como Perú y Chile se evidencian notables diferencias, no solo en los niveles sino en la dispersión. Chile tiene uno del 6% homogéneo en todos los sectores; Perú, de cero en casi todos los sectores, excepto algunos de agricultura con el 6% y algunos de confecciones con el 11%. En Colombia los niveles son más altos que los de estos dos países en la mayoría de los ítems y lo mismo ocurre con la dispersión al interior de los capítulos, lo que refleja el mayor poder de lobby de unos empresarios con relación a otros.
En síntesis, para Echavarría «el arancel colombiano es una locura». Tuvo razón Chile cuando adoptó un arancel único porque disminuye la capacidad de lobby. Perú fue más allá y puso en cero la mayor parte del arancel. Y a esos países les ha ido mucho mejor que a Colombia; por contraste, a los analistas colombianos les parece que hacer algo como lo de los dos países socios acaba con la estructura productiva.
Echavarría concluye que Colombia es una economía cerrada con un arancel que hace difícil exportar, porque las altas tarifas afectan la rentabilidad relativa de las empresas.
El análisis realizado por Echavarría es correcto, pero haría falta una referencia específica a la reforma arancelaria del 2010. Durante casi 20 años, el funcionamiento del lobby ocasionó una distorsión muy grande de la estructura arancelaria y generó protecciones efectivas negativas en numerosas actividades productivas; sumados estos problemas al notable crecimiento de las barreras paraarancelarias, el resultado fue el fortalecimiento del sesgo antiexportador, que se refleja en coeficientes de apertura con poca variación antes y después de la reducción arancelaria del gobierno Gaviria.
En la reforma, además de bajar el arancel nominal promedio, del 12.2% al 8.3%, se redujo la dispersión al tratar de acomodar la mayor parte de los ítems arancelarios a tres niveles (5%, 10% y 15%), con lo cual la desviación estándar bajó del 8.7% al 7.8%. Adicionalmente, se eliminó la protección efectiva negativa para 26 de los 46 casos que se detectaron en los estudios previos.
Cabe preguntarse por las razones que hicieron aumentar los indicadores de dispersión después del 2010. Posibles respuestas son el diferimiento arancelario a los bienes de capital y las materias primas no producidas en el país, los desdoblamientos de algunas partidas que devolvieron el arancel a un nivel superior (lobby) y la permanencia de aranceles extremos como el del 164% para los cuartos traseros de pollo por las negociaciones de los TLC.
Un comentario final se relaciona con los efectos esperados y reales de la apertura. Los planteamientos de la nueva geografía económica, formulados entre otros por Paul Krugman, indican que en una economía que liberaliza su comercio se generan cambios en la localización de la producción; los sectores exportadores tenderán a localizarse cerca de las costas para reducir los costos de transporte.
Un estudio de Fernández (1998) comprobó que ese hecho no ocurrió en Colombia y que, contrario a lo esperado, Bogotá siguió ganando participación en la generación del PIB. Se corrobora así que la apertura económica en el país fue solo de nombre, porque el lobby logró neutralizar rápidamente su efecto con la mencionada proliferación de medidas no arancelarias.
Como bien lo anotó Echavarría en su conferencia, ahora será más difícil neutralizar la disminución de los aranceles, pues está acordada su reducción a cero en los próximos 10 o 12 años en los TLC con los Estados Unidos y Europa. De igual forma, hay compromisos de eliminación de las barreras paraarancelarias. Por eso los empresarios tienen que reaccionar y trabajar en alianza con el Gobierno en la transformación competitiva del país.
Conclusiones
La conferencia de Juan José Echavarría puso el dedo en la llaga al afirmar que la economía colombiana sigue siendo una de las más cerradas del mundo y sus niveles arancelarios, sumados a la protección no arancelaria, desincentivan las exportaciones.
Echavarría demuestra que el comercio internacional facilita la industrialización de las economías y que las CGV la facilitan; por eso es errada la visión que propenda al aumento de la protección para fortalecer la industria.
La reforma arancelaria que se está elaborando es conveniente para superar algunos de los problemas mencionados. De todos modos, se debe tener en cuenta que con los TLC el país tiene el compromiso de desmonte de los aranceles y medidas no arancelarias, por lo que los empresarios del país deberían tomar conciencia de ese hecho y liderar las reformas que se necesitan para tener una economía más competitiva.
Bibliografía:
Blyde, J. (2014) (Comp.). Fábricas sincronizadas: América Latina y el Caribe en la era de las cadenas globales de valor. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington.
Fernández, C. (1998). "Agglomeration and Trade: The Case of Colombia". Banco de la República. Ensayos Sobre Política Económica ESPE, No. 33, junio.
García J.; López, D.; Montes E. y Esguerra, P. (2014). "Una visión general de la política comercial de colombiana entre 1950 y 2012". Borradores de Economía No. 817. Banco de la República.
Hernández, R.; Martínez-Piva, J. M. y Mulder, N. (2014) (Ed.). Global value chains and world trade. Prospects and challenges for Latin America. Cepal y German Cooperation. Santiago de Chile.
Stiglitz, J. y Charlton, A. (2007). Comercio justo para todos. Cómo el comercio puede promover el desarrollo. Bogotá: Taurus.
World Economic Forum (2014). "Enabling Trade in the Pacific Alliance: 2. Production Integration Perspectives". Disponible en: http://reports.weforum.org/enabling-trade-from-valuation-to-action/enabling-trade-in-the-pacific-alliance/c2-production-integrationperspectives/
De la conferencia de Juan José Echavarría, exdirector del Banco de la República, se destacan dos aspectos de gran importancia para el país en el nuevo entorno que vive la economía global y en el marco de las decisiones de política comercial que Colombia ha adoptado durante el presente siglo: la importancia del comercio internacional para crecer y la protección arancelaria y no arancelaria.
Importancia del comercio internacional para crecer
Echavarría afirmó que para industrializarse hay que comerciar y no al contrario, como lo ven algunos analistas que postulan la industrialización de Colombia con el cierre de la economía. La experiencia mundial muestra que las economías más activas en el comercio internacional son las que se están industrializando y las que más crecen.
La participación de las economías desarrolladas en el PIB, las exportaciones y la producción manufacturera mundiales vienen cayendo desde la década de los noventa. Esto se explica por la ganancia en participación de las economías emergentes más abiertas al comercio mundial, que registran altas tasas de crecimiento económico.
Para industrializarse hoy, las economías en desarrollo cuentan con las cadenas globales de valor (CGV) que hacen más rápido, más fácil y menos profundo ese proceso. Las CGV incorporan elementos que Corea y Taiwán tomaron décadas para su construcción; Colombia podría aprovecharlos sin tener que repetir la historia de esos países.
Casos como el de China muestran que no es necesaria una tecnología propia para aumentar el comercio internacional; sus exportaciones de teléfonos iPhone dicen más de la industria de los Estados Unidos que de la China. El contenido local agregado en sus zonas francas es menos del 20 %, pero este tipo de comercio explica más del 50 % del auge de esa economía en el comercio de manufacturas.
Echavarría cerró esta sección de su presentación afirmando que los socios de la Alianza del Pacífico tienen mucho que enseñarle a Colombia. Chile, México y Perú son economías más abiertas que la nacional, han tenido un mejor desempeño económico, cuentan con estructuras productivas más diversificadas, canasta de exportaciones menos concentrada y mejor distribución del ingreso. Esto evidencia que la apertura colombiana en realidad nunca ha existido, a pesar de todo lo que decimos.
Resulta curioso, por decir lo menos, que en una presentación académica se traiga a colación el tema de la relación entre comercio y crecimiento en un país que lleva más de diez años debatiendo alrededor de las negociaciones de los tratados de libre comercio. Pero es necesario, porque hay analistas y empresarios que siguen pensando que el comercio internacional es peligroso para la actividad productiva nacional o simplemente que el país no tiene capacidad exportadora.
Al respecto, cabe recordar lo que opina Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía en el 2001 y crítico de la globalización, muy citado en Colombia por los opositores a los tratados de libre comercio (TLC):
Hubo muchos factores sociales, políticos y geográficos que dieron lugar a la Revolución Industrial, pero el comercio de Gran Bretaña con sus vecinos y colonias desempeñó un papel decisivo en alimentar la nueva actividad industrial y extender la prosperidad a otros países…
La rápida industrialización del Japón de la era Meiji a comienzos del siglo XX fue también el resultado de una combinación de factores internos e internacionales… Es difícil imaginar que la industrialización de la era Meiji se hubiera producido si Japón no hubiese podido importar grandes cantidades de maquinaria, equipación (sic) de transporte y otros bienes de producción provenientes de occidente a cambio de exportaciones de tejidos y juguetes baratos y otros productos que requerían uso intensivo de mano de obra”. (Stiglitz y Charlton, 2007, p. 37-38).En síntesis, sin el comercio internacional la Revolución Industrial no hubiera tenido el impacto que tuvo, ni la economía japonesa se hubiera industrializado.
La caracterización que Echavarría presentó de Colombia como una economía cerrada corrobora lo que se deriva de otras fuentes. Por ejemplo, el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial muestra que Colombia es una de las economías más cerradas del mundo. En el ranking de 2015-2016, en el nivel del arancel nominal Colombia (6.4%) ocupó el puesto 83 entre 140 países, a pesar de incluir el diferimiento arancelario para bienes de capital y materias primas no producidas; en el nivel de prevalencia de barreras no arancelarias al comercio se ubicó en el puesto 109; y en los indicadores de apertura, es decir, exportaciones sobre PIB e importaciones sobre PIB, quedó en los puestos 132 y 135, respectivamente.
En los últimos años, un grupo de investigadores del Banco de la República adelantó varios estudios que documentan cómo la apertura económica generó una reacción de los grupos de interés que repercutió en un crecimiento vertiginoso de las barreras no arancelarias, con lo cual más que compensaron la supuesta desprotección por la reducción de los aranceles nominales. García y otros (2014; p. 46) afirman: «…La apertura fue de corta duración y… la contrarreforma fue rápida, eficaz y comenzó casi al tiempo que la reforma. Quienes se oponían a la apertura desplegaron imaginación y capacidad para erigir barreras a las importaciones mientras argumentaban que se estaba abriendo mucho la economía».
La referencia de Echavarría a las CGV es marginal, en parte por la restricción de tiempo en la presentación. Pero el tema reviste gran importancia y sobre él hay una creciente literatura, que demuestra que tanto Colombia como América Latina han tenido escasa vinculación a ellas (ver Blyde 2014 y Hernández y otros 2014). Adicionalmente, en el caso colombiano, pocos analistas perciben que una de las justificaciones para negociar los TLC fue precisamente su utilidad como herramienta para la integración de las empresas a esas cadenas.
La idea de Echavarría de aprender de los socios de la Alianza del Pacífico es acertada y tiene un espacio grande de acción, teniendo en cuenta que uno de los propósitos de ese proyecto de integración es complementar y fortalecer los aparatos productivos de los cuatro países y el de los futuros miembros, mediante la conformación de cadenas de valor.
Para tal fin, el BID (2013) identificó los encadenamientos productivos potenciales entre los países de la Alianza del Pacífico (el resumen ejecutivo está disponible en World Economic Forum, 2014). «El estudio identifica muchos ejemplos de encadenamientos donde cada uno de los países de la AP funge a veces como proveedor de insumos para su subsecuente utilización aguas abajo en las cadenas de valor y a veces como captador de insumos que provienen de sectores aguas arriba en la cadena» (BID 2013; p. 53).
Protección arancelaria y no arancelaria en Colombia
En la sección final de la presentación, Juan José Echavarría se refirió el tema de los obstáculos que hay en Colombia frente al comercio internacional. Recordó que el arancel nominal promedio bajó marcadamente en el gobierno del presidente Gaviria y se mantuvo estable hasta el de Juan Manuel Santos, cuando volvió a bajar con la reforma arancelaria del 2010.
A pesar de eso, el arancel máximo, que durante el gobierno de Gaviria bajó de más del 100% al 35%, comenzó a subir durante el de Uribe hasta llegar a 100% en el de Santos. De igual forma, los coeficientes de dispersión se han disparado en los años recientes.
En síntesis, según Echavarría, lo que ha pasado en Colombia es que el arancel promedio ha bajado, pero unos grupos se han beneficiado de niveles altos. Estos comportamientos son diferentes a los del resto del mundo, que registra una tendencia descendente tanto en el arancel nominal como en la dispersión.
Con relación a la protección paraarancelaria, las medidas vienen creciendo desde el gobierno de Gaviria. En bienes intermedios, más del 80% de los ítems arancelarios tienen protección paraarancelaria, en bienes de consumo, el 77% y en bienes de capital el 62%. Cuando se mide la protección paraarancelaria como el equivalente a un arancel ad valorem, se observa que Colombia es de los países con nivel más alto en el mundo.
De acuerdo con el estudio realizado por Echavarría, la explicación de los aranceles en Colombia radica en la capacidad de lobby que tienen los sectores grandes de la economía.
Cuando se compara el arancel por capítulos con países socios como Perú y Chile se evidencian notables diferencias, no solo en los niveles sino en la dispersión. Chile tiene uno del 6% homogéneo en todos los sectores; Perú, de cero en casi todos los sectores, excepto algunos de agricultura con el 6% y algunos de confecciones con el 11%. En Colombia los niveles son más altos que los de estos dos países en la mayoría de los ítems y lo mismo ocurre con la dispersión al interior de los capítulos, lo que refleja el mayor poder de lobby de unos empresarios con relación a otros.
En síntesis, para Echavarría «el arancel colombiano es una locura». Tuvo razón Chile cuando adoptó un arancel único porque disminuye la capacidad de lobby. Perú fue más allá y puso en cero la mayor parte del arancel. Y a esos países les ha ido mucho mejor que a Colombia; por contraste, a los analistas colombianos les parece que hacer algo como lo de los dos países socios acaba con la estructura productiva.
Echavarría concluye que Colombia es una economía cerrada con un arancel que hace difícil exportar, porque las altas tarifas afectan la rentabilidad relativa de las empresas.
El análisis realizado por Echavarría es correcto, pero haría falta una referencia específica a la reforma arancelaria del 2010. Durante casi 20 años, el funcionamiento del lobby ocasionó una distorsión muy grande de la estructura arancelaria y generó protecciones efectivas negativas en numerosas actividades productivas; sumados estos problemas al notable crecimiento de las barreras paraarancelarias, el resultado fue el fortalecimiento del sesgo antiexportador, que se refleja en coeficientes de apertura con poca variación antes y después de la reducción arancelaria del gobierno Gaviria.
En la reforma, además de bajar el arancel nominal promedio, del 12.2% al 8.3%, se redujo la dispersión al tratar de acomodar la mayor parte de los ítems arancelarios a tres niveles (5%, 10% y 15%), con lo cual la desviación estándar bajó del 8.7% al 7.8%. Adicionalmente, se eliminó la protección efectiva negativa para 26 de los 46 casos que se detectaron en los estudios previos.
Cabe preguntarse por las razones que hicieron aumentar los indicadores de dispersión después del 2010. Posibles respuestas son el diferimiento arancelario a los bienes de capital y las materias primas no producidas en el país, los desdoblamientos de algunas partidas que devolvieron el arancel a un nivel superior (lobby) y la permanencia de aranceles extremos como el del 164% para los cuartos traseros de pollo por las negociaciones de los TLC.
Un comentario final se relaciona con los efectos esperados y reales de la apertura. Los planteamientos de la nueva geografía económica, formulados entre otros por Paul Krugman, indican que en una economía que liberaliza su comercio se generan cambios en la localización de la producción; los sectores exportadores tenderán a localizarse cerca de las costas para reducir los costos de transporte.
Un estudio de Fernández (1998) comprobó que ese hecho no ocurrió en Colombia y que, contrario a lo esperado, Bogotá siguió ganando participación en la generación del PIB. Se corrobora así que la apertura económica en el país fue solo de nombre, porque el lobby logró neutralizar rápidamente su efecto con la mencionada proliferación de medidas no arancelarias.
Como bien lo anotó Echavarría en su conferencia, ahora será más difícil neutralizar la disminución de los aranceles, pues está acordada su reducción a cero en los próximos 10 o 12 años en los TLC con los Estados Unidos y Europa. De igual forma, hay compromisos de eliminación de las barreras paraarancelarias. Por eso los empresarios tienen que reaccionar y trabajar en alianza con el Gobierno en la transformación competitiva del país.
Conclusiones
La conferencia de Juan José Echavarría puso el dedo en la llaga al afirmar que la economía colombiana sigue siendo una de las más cerradas del mundo y sus niveles arancelarios, sumados a la protección no arancelaria, desincentivan las exportaciones.
Echavarría demuestra que el comercio internacional facilita la industrialización de las economías y que las CGV la facilitan; por eso es errada la visión que propenda al aumento de la protección para fortalecer la industria.
La reforma arancelaria que se está elaborando es conveniente para superar algunos de los problemas mencionados. De todos modos, se debe tener en cuenta que con los TLC el país tiene el compromiso de desmonte de los aranceles y medidas no arancelarias, por lo que los empresarios del país deberían tomar conciencia de ese hecho y liderar las reformas que se necesitan para tener una economía más competitiva.
Bibliografía:
Blyde, J. (2014) (Comp.). Fábricas sincronizadas: América Latina y el Caribe en la era de las cadenas globales de valor. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington.
Fernández, C. (1998). "Agglomeration and Trade: The Case of Colombia". Banco de la República. Ensayos Sobre Política Económica ESPE, No. 33, junio.
García J.; López, D.; Montes E. y Esguerra, P. (2014). "Una visión general de la política comercial de colombiana entre 1950 y 2012". Borradores de Economía No. 817. Banco de la República.
Hernández, R.; Martínez-Piva, J. M. y Mulder, N. (2014) (Ed.). Global value chains and world trade. Prospects and challenges for Latin America. Cepal y German Cooperation. Santiago de Chile.
Stiglitz, J. y Charlton, A. (2007). Comercio justo para todos. Cómo el comercio puede promover el desarrollo. Bogotá: Taurus.
World Economic Forum (2014). "Enabling Trade in the Pacific Alliance: 2. Production Integration Perspectives". Disponible en: http://reports.weforum.org/enabling-trade-from-valuation-to-action/enabling-trade-in-the-pacific-alliance/c2-production-integrationperspectives/
Colombia en el nuevo entorno. Comentarios sobre la intervención del ministro de Hacienda
Publicado en la Revista Fasecolda No. 161, noviembre de 2015
La intervención de Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, en la XXIV Convención Internacional de Seguros abarcó tres grandes temas: aspectos macroeconómicos, financiación de los proyectos de infraestructura y temas sectoriales de interés para la industria aseguradora.
El ministro se refirió a tres aspectos macroeconómicos: el cambio de entorno en la economía, la caída de la renta petrolera y la reactivación económica. En las secciones siguientes se presenta un resumen de cada uno de ellos, seguido de algunos comentarios.
Macroeconomía: un nuevo entorno
Mauricio Cárdenas calificó la institucionalidad de la política económica, en especial la de la política fiscal, como un valioso activo del país; esta permitió a Colombia aprovechar los buenos tiempos que imperaron en la economía mundial hasta el año pasado y destacarse como una de las economías más sólidas de la región.
El entorno internacional cambió con la caída de los precios de los productos básicos, especialmente del petróleo, y este nuevo escenario puede durar un tiempo largo. Es ahí donde se pone a prueba la institucionalidad, pues en los periodos de turbulencia se deben ratificar los éxitos logrados en los tiempos de bonanza.
La visión económica del Gobierno está anclada en la sostenibilidad fiscal; esta consiste en que «los beneficios que reciben las generaciones actuales los pueden seguir recibiendo las generaciones futuras».
En opinión del ministro, la importancia de este concepto queda clara cuando se analiza el reciente ejemplo de Grecia, donde el disfrute de altas pensiones, subsidios al desempleo y elevados salarios de los empleados públicos se hizo con un creciente endeudamiento. La deuda pública se tornó insostenible, lo que hace inviable el acceso de las generaciones futuras a los mismos beneficios y se torna forzoso un duro ajuste con impactos sociales negativos.
Los beneficios de la sostenibilidad, en el caso de Colombia, se reflejan en la positiva percepción internacional, que se plasma en la calificación de la deuda soberana (BBB). El sector privado puede sacar provecho mediante el acceso a fuentes de financiación dispuestas a apoyar con bajas tasas de interés sus proyectos de inversión. También los hogares se favorecen con el acceso a créditos hipotecarios a tasas muy bajas con relación a las de hace unos pocos años.
Estos factores contribuyeron al aumento de la inversión en Colombia hasta niveles del 30% del PIB, que es el más alto de la historia del país y uno de los más altos de la región. El impacto beneficia a toda la población, pues más inversión repercute en un mayor crecimiento potencial de la economía. En términos generales, estas apreciaciones del ministro no tienen objeción. En el complejo entorno internacional actual, la economía colombiana brilla en la región y en el mundo; por eso es merecido el reconocimiento al manejo que se viene haciendo para afrontar el choque externo.
Esa percepción positiva de la economía colombiana es incluso más amplia que la expuesta por Mauricio Cárdenas, quizás por la limitación de tiempo para su exposición. La realidad es que en el presente siglo el crecimiento económico promedia, hasta 2014, el 4.4 % anual (y el 4.8 % en el periodo 2010-2014); esta es la tasa más alta registrada desde la década de los setenta.
Pero, adicionalmente, la inflación se ha mantenido en un dígito durante 16 años, la tasa de desempleo tiene una tendencia descendente, la pobreza ha disminuido continuamente y la población de clase media ha aumentado de forma notable.
Sin embargo, hay que traer a colación tres lunares que persisten en la economía de Colombia y que, de haberse tomado medidas oportunas, habrían permitido capotear el temporal en mejores condiciones.
El primero es la diversificación de la canasta exportadora. Medida por el índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), en los años recientes Colombia pasó a ser un país de alta concentración de las exportaciones por el impacto de los minero-energéticos. Si bien el IHH sin minero-energéticos mantuvo una tendencia favorable, el ritmo de diversificación de la producción de valor agregado se vio fuertemente obstaculizado por la apreciación de la tasa de cambio.
El segundo es el manejo de la bonanza minero-energética. A pesar de las lecciones internacionales, no se hizo en el país una cirugía de raíz al sistema de regalías, para aislar la mayor parte del impacto del aumento transitorio de los precios internacionales. Decisiones en la línea del modelo de Noruega, por ejemplo, hubieran permitido amortiguar la apreciación, el impacto tributario y la desaceleración económica actual.
El tercero, la construcción de la institucionalidad fiscal, que hoy tiene merecido reconocimiento internacional, no fue acompañada de una adecuación de la estructura tributaria del país. Colombia siguió la senda de reformas fiscalistas y la creación de impuestos temporales con tendencia a volverse permanentes, lo que aumentó las tasas efectivas de tributación de forma explosiva y afectó la competitividad del sector empresarial.
La caída de la renta petrolera
Según el ministro Cárdenas, la renta petrolera prácticamente desapareció. Las cifras son contundentes: en el 2013 representó el 19.7% de los ingresos totales del Gobierno Nacional Central, y el Ministerio de Hacienda proyecta que en el 2016 apenas será el 2.5 %, el nivel más bajo en lo corrido del siglo.
Señala el ministro que desde hace un año vieron venir el problema de caída de la renta petrolera y por eso propusieron la reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso a finales del año pasado.
La nueva situación plantea un reto para el Gobierno, consistente en cumplir con la regla fiscal y preservar la sostenibilidad fiscal a pesar de la práctica desaparición de la renta petrolera.
No deja de sorprender la flexibilidad de las finanzas públicas para adaptarse a un cambio tan abrupto, cuando es conocida la rigidez del gasto, al estar predeterminado en gran parte por normas legales.
En el 2015, la caída de la renta petrolera fue del 1.2% del PIB y se proyecta para el 2016 otro 0.7%; este año se compensó el 0.5% del PIB con la reforma tributaria del 2014 y buena parte del resto con mayor endeudamiento, lo que incrementó el déficit fiscal proyectado, del 2.4% al 3.0% del PIB. Para el 2016 solo quedó la opción de mayor endeudamiento y recorte del gasto de inversión, con aumento del déficit proyectado, del 3.0 al 3.6% del PIB.
El desafío hacia adelante, como lo destaca el ministro de Hacienda, es cómo reducir el déficit sin contar con la renta petrolera; pero, además, sin la posibilidad de una nueva reforma tributaria fiscalista, con un mayor gasto en amortización de la deuda, por cuenta de la depreciación y de mayores costos financieros, y con los nuevos gastos que demandará el posconflicto.
El problema de la renta petrolera para Colombia no es solo el tema de los precios, sino también el de la producción. La renta tiende a reducirse a su mínima expresión porque las reservas de petróleo del país apenas dan para seis o siete años y el drástico recorte del presupuesto de inversión de Ecopetrol no permite abrigar grandes esperanzas de descubrimientos que las eleven. Entre otras, el Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene un escenario muy optimista, en el que la producción de crudo se mantiene en alrededor de un millón de barriles diarios hasta el 2022 y a partir de ahí se reduce gradualmente hasta 940 000 en el 2026.
El otro tema preocupante es el de los ingresos del Gobierno. En el proyecto del Presupuesto General de la Nación que cursa en el Congreso se prevé que los ingresos se mantienen estables alrededor del 15.7% del PIB hasta el 2018. Pero a partir del 2019 serán necesarias nuevas fuentes para sustituir los impuestos que deben desaparecer y desde el 2020 se debe contar con ingresos adicionales para cumplir con la regla fiscal; de esta forma, para el primer año se requieren más recursos por el 1.1% del PIB y en el segundo por el 1.9%.
Ante una situación fiscal que tiende a tornarse más compleja, el Gobierno no puede perder de vista el compromiso que tiene de tramitar una reforma tributaria estructural. Esta es necesaria para recuperar la competitividad del sector empresarial, afectada por las altas tasas efectivas de tributación, y recomponer las finanzas públicas, de forma que eliminen la dependencia de rentas como la petrolera, le den mayor transparencia al estatuto tributario y sean un mecanismo efectivo de redistribución del ingreso.
Un reto adicional para el país es que la Comisión de Expertos, establecida en la Ley 1739 de 2014 y conformada mediante el decreto 327 de 2015, logre, en los pocos meses que le quedan, presentar sus recomendaciones al Gobierno. Gran parte de los diez meses del plazo asignado a la Comisión se le fueron en la elaboración de un diagnóstico y en la propuesta sobre las entidades sin ánimo de lucro. Esperemos que tengan muy avanzados los demás temas, que abren la posibilidad de tener una tributación más adecuada a las tendencias globales.
Austeridad inteligente
En la Convención, el ministro Cárdenas presentó las ideas del Gobierno sobre la forma en que se amortiguará el impacto del choque externo que actualmente afronta la economía colombiana: «Estamos hablando de “austeridad inteligente”: el Gobierno se aprieta el cinturón para que el sector privado pueda aprovechar la liquidez internacional, la buena calificación de Colombia y salir a hacer unas inversiones que van a generar crecimiento».
Es evidente que el margen de maniobra de la política fiscal es menor en la actual coyuntura, con relación a la que tuvo durante la crisis mundial entre 2008-2009. Ello en razón al fuerte impacto que la caída en la renta petrolera ocasiona en el déficit fiscal. De ahí que el Gobierno esté haciendo esta propuesta de «austeridad inteligente».
En el pasado mes de mayo, el Gobierno lanzó el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) 2.0, en el que se anunciaron recursos por $16.8 billones. La mayor parte del PIPE 2.0 consiste en la reorientación del gasto hacia actividades con mayor impacto en el crecimiento y en el empleo.
Pero las cifras vistas en las secciones anteriores muestran que es limitada la posibilidad de inyectar recursos nuevos mediante la política fiscal y que incluso el agregado de inversión pública es la principal variable de ajuste para reducir el gasto y cumplir con la regla fiscal.
En ese contexto, la austeridad inteligente es una apuesta interesante, especialmente por el papel que pueden desempeñar las obras de infraestructura de cuarta generación (4G). Resulta muy oportuno el trabajo adelantado por el Gobierno y el sector privado en los últimos años para la migración a este nuevo esquema de desarrollo de las obras de infraestructura. De particular importancia son los avances institucionales, que incluyen las leyes APP (asociaciones público-privadas) y de infraestructura, la creación de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) y la Financiera de Desarrollo Nacional, y las modificaciones regulatorias que permiten el desarrollo de nuevos instrumentos de financiación y la mayor participación de los inversionistas institucionales como las entidades aseguradoras.
El cambio de entorno se dio en el momento crucial en el que está por comenzar la ejecución de las obras de la primera ola de 4G y en el que parece que, por fin, hay vía libre para la venta de Isagén y la capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional.
No obstante, persisten algunos riesgos que se deben tener en cuenta para tratar de anticipar sus efectos y moderar su impacto tanto en el desarrollo de las 4G como en la dinámica de la economía.
Es importante tener en cuenta la percepción de mayor riesgo en las economías de la región, como consecuencia del deterioro del crecimiento de Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador. Las experiencias de otros episodios muestran que en esas circunstancias es difícil diferenciarse del barrio, lo que se puede estar reflejando en el aumento de los spreads de la deuda colombiana en el último año.
Pero el riesgo más sobresaliente es el inminente aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, que puede ocasionar mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales, acelerar la depreciación de la moneda y reducir la oferta de créditos a las economías emergentes.
Conclusiones
La intervención del ministro Cárdenas mostró que la institucionalidad de la política económica de Colombia tiene un reconocimiento internacional y ha repercutido en mayores tasas de crecimiento. El cambio de entorno indujo la desaceleración del crecimiento, pero el país sigue sobresaliendo en el contexto regional y mundial.
La institucionalidad se ha puesto a prueba con la fuerte caída de la renta petrolera y en parte la mitigación de los impactos del choque petrolero descansa en la actividad del sector privado, en especial con el desarrollo de los proyectos de 4G.
Podemos decir que, por ahora, la economía colombiana evidencia una vez más su resiliencia frente a los choques externos. Pero hay retos y riesgos, como avanzar en la modernización de la estructura tributaria y prepararse para capotear una mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales.
La intervención de Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, en la XXIV Convención Internacional de Seguros abarcó tres grandes temas: aspectos macroeconómicos, financiación de los proyectos de infraestructura y temas sectoriales de interés para la industria aseguradora.
El ministro se refirió a tres aspectos macroeconómicos: el cambio de entorno en la economía, la caída de la renta petrolera y la reactivación económica. En las secciones siguientes se presenta un resumen de cada uno de ellos, seguido de algunos comentarios.
Macroeconomía: un nuevo entorno
Mauricio Cárdenas calificó la institucionalidad de la política económica, en especial la de la política fiscal, como un valioso activo del país; esta permitió a Colombia aprovechar los buenos tiempos que imperaron en la economía mundial hasta el año pasado y destacarse como una de las economías más sólidas de la región.
El entorno internacional cambió con la caída de los precios de los productos básicos, especialmente del petróleo, y este nuevo escenario puede durar un tiempo largo. Es ahí donde se pone a prueba la institucionalidad, pues en los periodos de turbulencia se deben ratificar los éxitos logrados en los tiempos de bonanza.
La visión económica del Gobierno está anclada en la sostenibilidad fiscal; esta consiste en que «los beneficios que reciben las generaciones actuales los pueden seguir recibiendo las generaciones futuras».
En opinión del ministro, la importancia de este concepto queda clara cuando se analiza el reciente ejemplo de Grecia, donde el disfrute de altas pensiones, subsidios al desempleo y elevados salarios de los empleados públicos se hizo con un creciente endeudamiento. La deuda pública se tornó insostenible, lo que hace inviable el acceso de las generaciones futuras a los mismos beneficios y se torna forzoso un duro ajuste con impactos sociales negativos.
Los beneficios de la sostenibilidad, en el caso de Colombia, se reflejan en la positiva percepción internacional, que se plasma en la calificación de la deuda soberana (BBB). El sector privado puede sacar provecho mediante el acceso a fuentes de financiación dispuestas a apoyar con bajas tasas de interés sus proyectos de inversión. También los hogares se favorecen con el acceso a créditos hipotecarios a tasas muy bajas con relación a las de hace unos pocos años.
Estos factores contribuyeron al aumento de la inversión en Colombia hasta niveles del 30% del PIB, que es el más alto de la historia del país y uno de los más altos de la región. El impacto beneficia a toda la población, pues más inversión repercute en un mayor crecimiento potencial de la economía. En términos generales, estas apreciaciones del ministro no tienen objeción. En el complejo entorno internacional actual, la economía colombiana brilla en la región y en el mundo; por eso es merecido el reconocimiento al manejo que se viene haciendo para afrontar el choque externo.
Esa percepción positiva de la economía colombiana es incluso más amplia que la expuesta por Mauricio Cárdenas, quizás por la limitación de tiempo para su exposición. La realidad es que en el presente siglo el crecimiento económico promedia, hasta 2014, el 4.4 % anual (y el 4.8 % en el periodo 2010-2014); esta es la tasa más alta registrada desde la década de los setenta.
Pero, adicionalmente, la inflación se ha mantenido en un dígito durante 16 años, la tasa de desempleo tiene una tendencia descendente, la pobreza ha disminuido continuamente y la población de clase media ha aumentado de forma notable.
Sin embargo, hay que traer a colación tres lunares que persisten en la economía de Colombia y que, de haberse tomado medidas oportunas, habrían permitido capotear el temporal en mejores condiciones.
El primero es la diversificación de la canasta exportadora. Medida por el índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), en los años recientes Colombia pasó a ser un país de alta concentración de las exportaciones por el impacto de los minero-energéticos. Si bien el IHH sin minero-energéticos mantuvo una tendencia favorable, el ritmo de diversificación de la producción de valor agregado se vio fuertemente obstaculizado por la apreciación de la tasa de cambio.
El segundo es el manejo de la bonanza minero-energética. A pesar de las lecciones internacionales, no se hizo en el país una cirugía de raíz al sistema de regalías, para aislar la mayor parte del impacto del aumento transitorio de los precios internacionales. Decisiones en la línea del modelo de Noruega, por ejemplo, hubieran permitido amortiguar la apreciación, el impacto tributario y la desaceleración económica actual.
El tercero, la construcción de la institucionalidad fiscal, que hoy tiene merecido reconocimiento internacional, no fue acompañada de una adecuación de la estructura tributaria del país. Colombia siguió la senda de reformas fiscalistas y la creación de impuestos temporales con tendencia a volverse permanentes, lo que aumentó las tasas efectivas de tributación de forma explosiva y afectó la competitividad del sector empresarial.
La caída de la renta petrolera
Según el ministro Cárdenas, la renta petrolera prácticamente desapareció. Las cifras son contundentes: en el 2013 representó el 19.7% de los ingresos totales del Gobierno Nacional Central, y el Ministerio de Hacienda proyecta que en el 2016 apenas será el 2.5 %, el nivel más bajo en lo corrido del siglo.
Señala el ministro que desde hace un año vieron venir el problema de caída de la renta petrolera y por eso propusieron la reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso a finales del año pasado.
La nueva situación plantea un reto para el Gobierno, consistente en cumplir con la regla fiscal y preservar la sostenibilidad fiscal a pesar de la práctica desaparición de la renta petrolera.
No deja de sorprender la flexibilidad de las finanzas públicas para adaptarse a un cambio tan abrupto, cuando es conocida la rigidez del gasto, al estar predeterminado en gran parte por normas legales.
En el 2015, la caída de la renta petrolera fue del 1.2% del PIB y se proyecta para el 2016 otro 0.7%; este año se compensó el 0.5% del PIB con la reforma tributaria del 2014 y buena parte del resto con mayor endeudamiento, lo que incrementó el déficit fiscal proyectado, del 2.4% al 3.0% del PIB. Para el 2016 solo quedó la opción de mayor endeudamiento y recorte del gasto de inversión, con aumento del déficit proyectado, del 3.0 al 3.6% del PIB.
El desafío hacia adelante, como lo destaca el ministro de Hacienda, es cómo reducir el déficit sin contar con la renta petrolera; pero, además, sin la posibilidad de una nueva reforma tributaria fiscalista, con un mayor gasto en amortización de la deuda, por cuenta de la depreciación y de mayores costos financieros, y con los nuevos gastos que demandará el posconflicto.
El problema de la renta petrolera para Colombia no es solo el tema de los precios, sino también el de la producción. La renta tiende a reducirse a su mínima expresión porque las reservas de petróleo del país apenas dan para seis o siete años y el drástico recorte del presupuesto de inversión de Ecopetrol no permite abrigar grandes esperanzas de descubrimientos que las eleven. Entre otras, el Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene un escenario muy optimista, en el que la producción de crudo se mantiene en alrededor de un millón de barriles diarios hasta el 2022 y a partir de ahí se reduce gradualmente hasta 940 000 en el 2026.
El otro tema preocupante es el de los ingresos del Gobierno. En el proyecto del Presupuesto General de la Nación que cursa en el Congreso se prevé que los ingresos se mantienen estables alrededor del 15.7% del PIB hasta el 2018. Pero a partir del 2019 serán necesarias nuevas fuentes para sustituir los impuestos que deben desaparecer y desde el 2020 se debe contar con ingresos adicionales para cumplir con la regla fiscal; de esta forma, para el primer año se requieren más recursos por el 1.1% del PIB y en el segundo por el 1.9%.
Ante una situación fiscal que tiende a tornarse más compleja, el Gobierno no puede perder de vista el compromiso que tiene de tramitar una reforma tributaria estructural. Esta es necesaria para recuperar la competitividad del sector empresarial, afectada por las altas tasas efectivas de tributación, y recomponer las finanzas públicas, de forma que eliminen la dependencia de rentas como la petrolera, le den mayor transparencia al estatuto tributario y sean un mecanismo efectivo de redistribución del ingreso.
Un reto adicional para el país es que la Comisión de Expertos, establecida en la Ley 1739 de 2014 y conformada mediante el decreto 327 de 2015, logre, en los pocos meses que le quedan, presentar sus recomendaciones al Gobierno. Gran parte de los diez meses del plazo asignado a la Comisión se le fueron en la elaboración de un diagnóstico y en la propuesta sobre las entidades sin ánimo de lucro. Esperemos que tengan muy avanzados los demás temas, que abren la posibilidad de tener una tributación más adecuada a las tendencias globales.
Austeridad inteligente
En la Convención, el ministro Cárdenas presentó las ideas del Gobierno sobre la forma en que se amortiguará el impacto del choque externo que actualmente afronta la economía colombiana: «Estamos hablando de “austeridad inteligente”: el Gobierno se aprieta el cinturón para que el sector privado pueda aprovechar la liquidez internacional, la buena calificación de Colombia y salir a hacer unas inversiones que van a generar crecimiento».
Es evidente que el margen de maniobra de la política fiscal es menor en la actual coyuntura, con relación a la que tuvo durante la crisis mundial entre 2008-2009. Ello en razón al fuerte impacto que la caída en la renta petrolera ocasiona en el déficit fiscal. De ahí que el Gobierno esté haciendo esta propuesta de «austeridad inteligente».
En el pasado mes de mayo, el Gobierno lanzó el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) 2.0, en el que se anunciaron recursos por $16.8 billones. La mayor parte del PIPE 2.0 consiste en la reorientación del gasto hacia actividades con mayor impacto en el crecimiento y en el empleo.
Pero las cifras vistas en las secciones anteriores muestran que es limitada la posibilidad de inyectar recursos nuevos mediante la política fiscal y que incluso el agregado de inversión pública es la principal variable de ajuste para reducir el gasto y cumplir con la regla fiscal.
En ese contexto, la austeridad inteligente es una apuesta interesante, especialmente por el papel que pueden desempeñar las obras de infraestructura de cuarta generación (4G). Resulta muy oportuno el trabajo adelantado por el Gobierno y el sector privado en los últimos años para la migración a este nuevo esquema de desarrollo de las obras de infraestructura. De particular importancia son los avances institucionales, que incluyen las leyes APP (asociaciones público-privadas) y de infraestructura, la creación de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) y la Financiera de Desarrollo Nacional, y las modificaciones regulatorias que permiten el desarrollo de nuevos instrumentos de financiación y la mayor participación de los inversionistas institucionales como las entidades aseguradoras.
El cambio de entorno se dio en el momento crucial en el que está por comenzar la ejecución de las obras de la primera ola de 4G y en el que parece que, por fin, hay vía libre para la venta de Isagén y la capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional.
No obstante, persisten algunos riesgos que se deben tener en cuenta para tratar de anticipar sus efectos y moderar su impacto tanto en el desarrollo de las 4G como en la dinámica de la economía.
Es importante tener en cuenta la percepción de mayor riesgo en las economías de la región, como consecuencia del deterioro del crecimiento de Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador. Las experiencias de otros episodios muestran que en esas circunstancias es difícil diferenciarse del barrio, lo que se puede estar reflejando en el aumento de los spreads de la deuda colombiana en el último año.
Pero el riesgo más sobresaliente es el inminente aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, que puede ocasionar mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales, acelerar la depreciación de la moneda y reducir la oferta de créditos a las economías emergentes.
Conclusiones
La intervención del ministro Cárdenas mostró que la institucionalidad de la política económica de Colombia tiene un reconocimiento internacional y ha repercutido en mayores tasas de crecimiento. El cambio de entorno indujo la desaceleración del crecimiento, pero el país sigue sobresaliendo en el contexto regional y mundial.
La institucionalidad se ha puesto a prueba con la fuerte caída de la renta petrolera y en parte la mitigación de los impactos del choque petrolero descansa en la actividad del sector privado, en especial con el desarrollo de los proyectos de 4G.
Podemos decir que, por ahora, la economía colombiana evidencia una vez más su resiliencia frente a los choques externos. Pero hay retos y riesgos, como avanzar en la modernización de la estructura tributaria y prepararse para capotear una mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales.
Riesgos en la economía mundial. Comentarios a la presentación de Sebastian Edwards
Publicado en la revista de Fasecolda No. 161, noviembre de 2015.
El economista y consultor internacional, Sebastian Edwards presentó un panorama sobre la economía mundial, en el que desatacó algunos de los factores determinantes de su rumbo a corto y mediano plazo. Analizó los probables efectos de esos factores en América Latina y en Colombia.
En este artículo se resumen las apreciaciones de Edwards acerca de los impactos probables de la decisión que tome la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos de subir la tasa de interés, sobre las perspectivas de China y los problemas que puede enfrentar la economía colombiana en ese entorno global.
Tasas de interés en Estados Unidos
En opinión de Edwards, la inminente subida de la tasa de intervención de la FED está más que justificada por varias razones. En primer lugar, porque hay un consenso sobre el exagerado aumento de la liquidez de la economía; la base monetaria se multiplicó por cuatro y esa gran masa monetaria en cualquier momento puede desencadenar procesos inflacionarios difíciles de contener.
En segundo lugar, el nivel de desempleo ha bajado continuamente y puede estar ya en su nivel de pleno empleo; de no actuar oportunamente, pueden aparecer presiones sobre los salarios y por esa vía sobre la inflación.
En tercer lugar, se empiezan a detectar burbujas en algunos activos financieros como consecuencia de las bajas tasas de interés; aún están frescos en la memoria los problemas generados por la burbuja de las subprime, por no ser contenida a tiempo.
Edwards observó que en los últimos 20 años solo hay tres episodios de aumento de las tasas de la FED. En todos ellos, se observó que después del primer aumento vinieron otros; el incremento total más bajo fue de 185 puntos básicos y el máximo fue de 420 puntos.
En los dos primeros episodios, el impacto en América Latina fue muy grande. El aumento de 1994-95 fue uno de los detonantes de la crisis del efecto tequila en México; el de 2004-2006 precipitó la crisis de la caja de conversión en Argentina.
En consecuencia, no solo se puede esperar que la FED tome finalmente la decisión de aumentar la tasa de interés en la reunión de diciembre o en la de marzo del año entrante, sino que en las reuniones posteriores la siga subiendo. Según Edwards, cabría esperar que el aumento total sea del orden de 300 puntos básicos, lo que coincide con lo que han manifestado varios miembros de la junta de la Reserva Federal.
Para los bancos centrales de América Latina, la decisión que tome la FED plantea un dilema: seguirla o no seguirla en su incremento de tasas de interés. Es un dilema porque si aumentan sus tasas de interés, retrasan la recuperación de sus economías, que actualmente se están desacelerando; y si no las aumentan o, por el contrario, las reducen, los tipos de cambio se pueden depreciar más, porque el dólar se seguirá fortaleciendo.
La evidencia empírica muestra que en los episodios de alza las decisiones de los bancos centrales siguen en la misma dirección (coeficiente de correlación de 0.6). De hecho, en el caso de México el banco central no solo anunció su intención de aumentar sus tasas de intervención, sino que resolvió modificar el cronograma de reuniones, y las programó para el día siguiente a las de la FED, con el objetivo de tomar la decisión lo más pronto posible. Edwards llamó la atención sobre el contraste con Colombia, donde la Junta Directiva del Banco de la República se reunirá tres semanas después de una eventual medida de la Reserva Federal.
Sobre este tema caben cuatro comentarios a la exposición de Edwards. El primero se relaciona con la solidez de la reactivación de los Estados Unidos. Los indicadores no respaldan del todo la idea de una recuperación plena de la dinámica económica; cabe recordar que la proyección que hizo el FMI en enero de 2015 era del 3.5 % y, en revisiones sucesivas, la bajó al 2.5 % en julio.
Si bien es claro que la caída de los precios del petróleo ha tenido un impacto importante en la inflación, su descenso a niveles cercanos a cero plantea interrogantes sobre el comportamiento de la demanda interna; existe el riesgo de que el aumento de las tasas de interés golpee esta variable y frene el aumento del PIB.
El segundo comentario es sobre el comportamiento del mercado laboral. La tasa de desempleo se ubicó en el 5.1 %, pero hay debates acerca de si está llegando al nivel de pleno empleo o no, pues no es contundente la información sobre crecimiento de los salarios. Mientras Feldstein afirma que los salarios de profesionales están creciendo, Stiglitz indica que el desempleo de afroamericanos está en el 9 % y esto impide el aumento de los salarios.
El tercer punto se relaciona con la hipótesis de Lawrence Summers sobre el estancamiento secular, que se refleja en reducciones continuas del PIB potencial. Este es un aspecto que también mencionó indirectamente Juan José Echavarría en su presentación en la Convención, al plantear el interrogante de lo que ha ocurrido con la dinámica económica de Japón y sobre la posibilidad de que los Estados Unidos entren en un comportamiento similar. Si la hipótesis fuera cierta, el aumento de las tasas de interés por parte de la FED sería un error.
El cuarto comentario, en el caso de América Latina, es la mayor depreciación esperada, que también se relaciona con las dificultades que pueden enfrentar las economías para acceder al financiamiento, pues la percepción de riesgo en el vecindario viene creciendo, como lo refleja el aumento de los spreads en los meses recientes. Esta es otra razón para aumentar las tasas de interés y para tratar de contener la salida de capitales, especialmente los invertidos en portafolios.
En síntesis, si bien es inminente un aumento de la tasa de intervención en los Estados Unidos, con base en los claros argumentos expuestos por Edwards, hay interrogantes sobre la continuidad de la política.
La incertidumbre china
En sus presentaciones en la Convención, Juan José Echavarría y Sebastian Edwards coincidieron en su percepción sobre los interrogantes que genera China. La opinión de Edwards es que esta economía no va a colapsar, pero sí puede desacelerarse más.
La devaluación del yuan sorprendió a los mercados, cuando, según Edwards, era una situación previsible. Considera que más sorpresiva fue la práctica desaparición del superávit en cuenta corriente, que pasó del 10 % del PIB en el 2008 a menos del 2 % en 2014. Esta fue una señal que la racionalidad de los mercados no interpretó adecuadamente, pero que estaba indicando el fin de la sobrevaluación de esta moneda.
El problema para América Latina es que el menor crecimiento de China y la devaluación de su moneda permiten prever que los precios internacionales de los productos básicos se mantendrán bajos a mediano plazo y que las exportaciones de la región a ese mercado se encarecerán en términos relativos.
Como complemento a las apreciaciones del profesor Edwards, se debe comentar que a los problemas de China hay que ponerles más atención. La experiencia internacional de las últimas décadas ha demostrado que algunos problemas que son considerados marginales, de pronto adquieren dimensiones inimaginables que impactan en la economía mundial. El mejor ejemplo reciente es el de las hipotecas subprime.
A finales de julio, frente a la volatilidad de la bolsa de Shanghái, Krugman afirmó que «en sí mismo, el precio de las acciones chinas no debería importar tanto» (New York Times, 31 de julio de 2015). La percepción del nobel cambió por una manifiesta preocupación después de la devaluación del yuan: «si de verdad no lo comprenden, hay motivos para preocuparse. China es una superpotencia económica, aún no tan grande como Estados Unidos o la Unión Europea, pero lo suficiente para ser muy importante. Y enfrenta tiempos difíciles. De modo que si sus líderes están tan despistados como últimamente parece, es un mal presagio, no solo para China, sino para todo el mundo» (New York Times, 14 de agosto del 2015).
Otro aspecto a tener en cuenta es que la economía china inició una transición que busca fortalecer el mercado interno y depender menos del mercado externo. Inicialmente buscó sustituir la demanda externa aumentando la inversión, pero ese modelo ya se agotó y generó un exceso de capacidad instalada.
Para reequilibrar la economía son necesarias diversas reformas estructurales que abarcan el sistema financiero, el mercado laboral, reforma fiscal y apertura del sector de servicios, entre otros. El problema es que esas agendas se han retrasado y, por lo tanto, dificultan el retorno de China a tasas de crecimiento del 10 %.
Colombia: problemas a la vista
Sebastian Edwards opina que la visión de la política económica que presentó el ministro Cárdenas en la Convención es la correcta. Tener la sostenibilidad fiscal como el ancla de la política significa cerrar de tajo la opción a quienes plantean que un poquito de inflación no es dañina; Edwards sostiene que ella siempre es dañina y puede llevar a una «pendiente resbalosa en que un poquito de inflación lleva a otro poquito de inflación y antes de que nos demos cuenta estamos en niveles del 20 % o 25 % que matan los mercados de rentas vitalicias, el mercado de capitales y el sistema de financiamiento de las empresas».
Pero, a pesar de esa visión y de la consistencia de los mensajes del equipo técnico del Gobierno, la economía colombiana no está exenta de riesgos y hay que prepararse para tiempos complicados. Para el profesor Edwards, la rebaja de la calificación de Brasil a bonos basura y con perspectiva negativa, por parte de la calificadora Standard & Poor’s, es una señal de alarma para América Latina y especialmente para Colombia.
En ocasiones anteriores, cuando una calificadora «pone el dedo en el gatillo y hace el primer disparo», le siguen otros disparos, tanto de ella como de las otras calificadoras. Así se observó en 1997-1998 cuando bajaron de la calificación de las economías asiáticas en forma sistemática, una tras otra. Según los análisis de Standard & Poor’s los próximos candidatos son Malasia, Turquía y Colombia; aun cuando no hay certeza sobre esas decisiones, hay que estar alerta.
En opinión del profesor Edwards, al final volvemos a un tema crucial de toda la vida: la sostenibilidad de la cuenta corriente. Según los cálculos de Merrill Lynch, entre las economías a las que les hace seguimiento, Colombia es el país que requiere de un mayor ajuste en la cuenta corriente para llevarla al nivel que se considera sostenible. Los cálculos de esa agencia también ubican a Colombia como la segunda nación que más tiene de que depreciarse, después de Argentina.
No obstante, Edwards cerró sus comentarios sobre Colombia dando un mensaje de tranquilidad por la confianza que inspira el ministro Cárdenas y el equipo económico del Gobierno, a pesar de que el tema es complejo.
Tomando a Chile como referencia, se debe tener en cuenta que su éxito fue consecuencia de políticas pro competencia, apertura, tarifa uniforme del arancel y reglas de juego claras que permitieron un salto en la productividad de forma nunca vista en América Latina. Ese es un ejemplo para Colombia, según Edwards.
Sin duda, el llamado de atención de Edwards sobre la sostenibilidad de la cuenta corriente es de gran importancia y amerita una discusión amplia en el país. La autoridad monetaria ha dado sus mensajes sobre la inflación, y el Gobierno sobre la acomodación del déficit fiscal a las nuevas circunstancias del mercado mundial. Pero en el caso del déficit en cuenta corriente no es claro el camino que se va a seguir.
El choque externo por la caída de los precios internacionales de los productos básicos ocasionó un gran deterioro de la balanza comercial y de la cuenta corriente. El problema es que no es una caída coyuntural, sino que tenderá a mantenerse a mediano plazo, toda vez que el 50 % de las exportaciones de Colombia hasta 2014 lo aportaba el petróleo.
Las perspectivas petroleras, desafortunadamente, no son las mejores. Por el lado de los precios, en el mercado mundial se está jugando una guerra con profundos intereses geopolíticos y es difícil que alguna de las partes ceda; por eso, en el mejor de los casos, cabe esperar que los precios se mantengan en un rango como el observado en los últimos meses, que equivale al 50 % de los registrados hasta mediados del 2014.
Por el lado de la oferta, Colombia tiene un gran reto, pues las reservas petroleras no dan para más de seis o siete años. Esto significa que difícilmente podrá mantener el volumen de las exportaciones recientes y en los próximos años ellas pueden declinar.
Las esperanzas están puestas en la reacción del comercio a la acelerada depreciación del peso colombiano; por un lado, con el aumento de las exportaciones no minero energéticas y, por otro, con la caída más acelerada de las importaciones, de forma que se cierre el abultado déficit comercial. Pero lo primero difícilmente ocurrirá a corto plazo por el debilitamiento de la demanda mundial que ha llevado a la OMC a revisar nuevamente a la baja el crecimiento proyectado del comercio mundial para el 2015, del 3.3 % al 2.8 %.
Conclusiones
La conferencia del profesor Edwards enriqueció el análisis sobre la economía mundial en la coyuntura actual y mostró aspectos de interés para las economías latinoamericanas, en general, y la colombiana en particular.
El mundo sigue pendiente del aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos y, pese a que los mercados aguardan esta decisión, cabe esperar algún grado de volatilidad adicional, mayores depreciaciones de las monedas de las economías emergentes y posibles salidas de capitales. También es posible que las autoridades monetarias de diversos países reaccionen a esto con el incremento de sus tasas de intervención.
China es un tema al que hay que hacer un seguimiento continuo. Otras experiencias muestran que situaciones o inconvenientes que parecen poco importantes se pueden transformar en detonantes de problemas mundiales; en este caso, se trata de la economía emergente más importante, con gran influencia en todos los mercados, como ya lo evidencian los precios de los productos básicos.
Finalmente, la sostenibilidad de la cuenta corriente es un tema al que se debe poner mucha atención y en el que el Gobierno debería explicar con más detalle las bases de sus proyecciones optimistas, con el fin de dar tranquilidad a los mercados y a los analistas internacionales.
El economista y consultor internacional, Sebastian Edwards presentó un panorama sobre la economía mundial, en el que desatacó algunos de los factores determinantes de su rumbo a corto y mediano plazo. Analizó los probables efectos de esos factores en América Latina y en Colombia.
En este artículo se resumen las apreciaciones de Edwards acerca de los impactos probables de la decisión que tome la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos de subir la tasa de interés, sobre las perspectivas de China y los problemas que puede enfrentar la economía colombiana en ese entorno global.
Tasas de interés en Estados Unidos
En opinión de Edwards, la inminente subida de la tasa de intervención de la FED está más que justificada por varias razones. En primer lugar, porque hay un consenso sobre el exagerado aumento de la liquidez de la economía; la base monetaria se multiplicó por cuatro y esa gran masa monetaria en cualquier momento puede desencadenar procesos inflacionarios difíciles de contener.
En segundo lugar, el nivel de desempleo ha bajado continuamente y puede estar ya en su nivel de pleno empleo; de no actuar oportunamente, pueden aparecer presiones sobre los salarios y por esa vía sobre la inflación.
En tercer lugar, se empiezan a detectar burbujas en algunos activos financieros como consecuencia de las bajas tasas de interés; aún están frescos en la memoria los problemas generados por la burbuja de las subprime, por no ser contenida a tiempo.
Edwards observó que en los últimos 20 años solo hay tres episodios de aumento de las tasas de la FED. En todos ellos, se observó que después del primer aumento vinieron otros; el incremento total más bajo fue de 185 puntos básicos y el máximo fue de 420 puntos.
En los dos primeros episodios, el impacto en América Latina fue muy grande. El aumento de 1994-95 fue uno de los detonantes de la crisis del efecto tequila en México; el de 2004-2006 precipitó la crisis de la caja de conversión en Argentina.
En consecuencia, no solo se puede esperar que la FED tome finalmente la decisión de aumentar la tasa de interés en la reunión de diciembre o en la de marzo del año entrante, sino que en las reuniones posteriores la siga subiendo. Según Edwards, cabría esperar que el aumento total sea del orden de 300 puntos básicos, lo que coincide con lo que han manifestado varios miembros de la junta de la Reserva Federal.
Para los bancos centrales de América Latina, la decisión que tome la FED plantea un dilema: seguirla o no seguirla en su incremento de tasas de interés. Es un dilema porque si aumentan sus tasas de interés, retrasan la recuperación de sus economías, que actualmente se están desacelerando; y si no las aumentan o, por el contrario, las reducen, los tipos de cambio se pueden depreciar más, porque el dólar se seguirá fortaleciendo.
La evidencia empírica muestra que en los episodios de alza las decisiones de los bancos centrales siguen en la misma dirección (coeficiente de correlación de 0.6). De hecho, en el caso de México el banco central no solo anunció su intención de aumentar sus tasas de intervención, sino que resolvió modificar el cronograma de reuniones, y las programó para el día siguiente a las de la FED, con el objetivo de tomar la decisión lo más pronto posible. Edwards llamó la atención sobre el contraste con Colombia, donde la Junta Directiva del Banco de la República se reunirá tres semanas después de una eventual medida de la Reserva Federal.
Sobre este tema caben cuatro comentarios a la exposición de Edwards. El primero se relaciona con la solidez de la reactivación de los Estados Unidos. Los indicadores no respaldan del todo la idea de una recuperación plena de la dinámica económica; cabe recordar que la proyección que hizo el FMI en enero de 2015 era del 3.5 % y, en revisiones sucesivas, la bajó al 2.5 % en julio.
Si bien es claro que la caída de los precios del petróleo ha tenido un impacto importante en la inflación, su descenso a niveles cercanos a cero plantea interrogantes sobre el comportamiento de la demanda interna; existe el riesgo de que el aumento de las tasas de interés golpee esta variable y frene el aumento del PIB.
El segundo comentario es sobre el comportamiento del mercado laboral. La tasa de desempleo se ubicó en el 5.1 %, pero hay debates acerca de si está llegando al nivel de pleno empleo o no, pues no es contundente la información sobre crecimiento de los salarios. Mientras Feldstein afirma que los salarios de profesionales están creciendo, Stiglitz indica que el desempleo de afroamericanos está en el 9 % y esto impide el aumento de los salarios.
El tercer punto se relaciona con la hipótesis de Lawrence Summers sobre el estancamiento secular, que se refleja en reducciones continuas del PIB potencial. Este es un aspecto que también mencionó indirectamente Juan José Echavarría en su presentación en la Convención, al plantear el interrogante de lo que ha ocurrido con la dinámica económica de Japón y sobre la posibilidad de que los Estados Unidos entren en un comportamiento similar. Si la hipótesis fuera cierta, el aumento de las tasas de interés por parte de la FED sería un error.
El cuarto comentario, en el caso de América Latina, es la mayor depreciación esperada, que también se relaciona con las dificultades que pueden enfrentar las economías para acceder al financiamiento, pues la percepción de riesgo en el vecindario viene creciendo, como lo refleja el aumento de los spreads en los meses recientes. Esta es otra razón para aumentar las tasas de interés y para tratar de contener la salida de capitales, especialmente los invertidos en portafolios.
En síntesis, si bien es inminente un aumento de la tasa de intervención en los Estados Unidos, con base en los claros argumentos expuestos por Edwards, hay interrogantes sobre la continuidad de la política.
La incertidumbre china
En sus presentaciones en la Convención, Juan José Echavarría y Sebastian Edwards coincidieron en su percepción sobre los interrogantes que genera China. La opinión de Edwards es que esta economía no va a colapsar, pero sí puede desacelerarse más.
La devaluación del yuan sorprendió a los mercados, cuando, según Edwards, era una situación previsible. Considera que más sorpresiva fue la práctica desaparición del superávit en cuenta corriente, que pasó del 10 % del PIB en el 2008 a menos del 2 % en 2014. Esta fue una señal que la racionalidad de los mercados no interpretó adecuadamente, pero que estaba indicando el fin de la sobrevaluación de esta moneda.
El problema para América Latina es que el menor crecimiento de China y la devaluación de su moneda permiten prever que los precios internacionales de los productos básicos se mantendrán bajos a mediano plazo y que las exportaciones de la región a ese mercado se encarecerán en términos relativos.
Como complemento a las apreciaciones del profesor Edwards, se debe comentar que a los problemas de China hay que ponerles más atención. La experiencia internacional de las últimas décadas ha demostrado que algunos problemas que son considerados marginales, de pronto adquieren dimensiones inimaginables que impactan en la economía mundial. El mejor ejemplo reciente es el de las hipotecas subprime.
A finales de julio, frente a la volatilidad de la bolsa de Shanghái, Krugman afirmó que «en sí mismo, el precio de las acciones chinas no debería importar tanto» (New York Times, 31 de julio de 2015). La percepción del nobel cambió por una manifiesta preocupación después de la devaluación del yuan: «si de verdad no lo comprenden, hay motivos para preocuparse. China es una superpotencia económica, aún no tan grande como Estados Unidos o la Unión Europea, pero lo suficiente para ser muy importante. Y enfrenta tiempos difíciles. De modo que si sus líderes están tan despistados como últimamente parece, es un mal presagio, no solo para China, sino para todo el mundo» (New York Times, 14 de agosto del 2015).
Otro aspecto a tener en cuenta es que la economía china inició una transición que busca fortalecer el mercado interno y depender menos del mercado externo. Inicialmente buscó sustituir la demanda externa aumentando la inversión, pero ese modelo ya se agotó y generó un exceso de capacidad instalada.
Para reequilibrar la economía son necesarias diversas reformas estructurales que abarcan el sistema financiero, el mercado laboral, reforma fiscal y apertura del sector de servicios, entre otros. El problema es que esas agendas se han retrasado y, por lo tanto, dificultan el retorno de China a tasas de crecimiento del 10 %.
Colombia: problemas a la vista
Sebastian Edwards opina que la visión de la política económica que presentó el ministro Cárdenas en la Convención es la correcta. Tener la sostenibilidad fiscal como el ancla de la política significa cerrar de tajo la opción a quienes plantean que un poquito de inflación no es dañina; Edwards sostiene que ella siempre es dañina y puede llevar a una «pendiente resbalosa en que un poquito de inflación lleva a otro poquito de inflación y antes de que nos demos cuenta estamos en niveles del 20 % o 25 % que matan los mercados de rentas vitalicias, el mercado de capitales y el sistema de financiamiento de las empresas».
Pero, a pesar de esa visión y de la consistencia de los mensajes del equipo técnico del Gobierno, la economía colombiana no está exenta de riesgos y hay que prepararse para tiempos complicados. Para el profesor Edwards, la rebaja de la calificación de Brasil a bonos basura y con perspectiva negativa, por parte de la calificadora Standard & Poor’s, es una señal de alarma para América Latina y especialmente para Colombia.
En ocasiones anteriores, cuando una calificadora «pone el dedo en el gatillo y hace el primer disparo», le siguen otros disparos, tanto de ella como de las otras calificadoras. Así se observó en 1997-1998 cuando bajaron de la calificación de las economías asiáticas en forma sistemática, una tras otra. Según los análisis de Standard & Poor’s los próximos candidatos son Malasia, Turquía y Colombia; aun cuando no hay certeza sobre esas decisiones, hay que estar alerta.
En opinión del profesor Edwards, al final volvemos a un tema crucial de toda la vida: la sostenibilidad de la cuenta corriente. Según los cálculos de Merrill Lynch, entre las economías a las que les hace seguimiento, Colombia es el país que requiere de un mayor ajuste en la cuenta corriente para llevarla al nivel que se considera sostenible. Los cálculos de esa agencia también ubican a Colombia como la segunda nación que más tiene de que depreciarse, después de Argentina.
No obstante, Edwards cerró sus comentarios sobre Colombia dando un mensaje de tranquilidad por la confianza que inspira el ministro Cárdenas y el equipo económico del Gobierno, a pesar de que el tema es complejo.
Tomando a Chile como referencia, se debe tener en cuenta que su éxito fue consecuencia de políticas pro competencia, apertura, tarifa uniforme del arancel y reglas de juego claras que permitieron un salto en la productividad de forma nunca vista en América Latina. Ese es un ejemplo para Colombia, según Edwards.
Sin duda, el llamado de atención de Edwards sobre la sostenibilidad de la cuenta corriente es de gran importancia y amerita una discusión amplia en el país. La autoridad monetaria ha dado sus mensajes sobre la inflación, y el Gobierno sobre la acomodación del déficit fiscal a las nuevas circunstancias del mercado mundial. Pero en el caso del déficit en cuenta corriente no es claro el camino que se va a seguir.
El choque externo por la caída de los precios internacionales de los productos básicos ocasionó un gran deterioro de la balanza comercial y de la cuenta corriente. El problema es que no es una caída coyuntural, sino que tenderá a mantenerse a mediano plazo, toda vez que el 50 % de las exportaciones de Colombia hasta 2014 lo aportaba el petróleo.
Las perspectivas petroleras, desafortunadamente, no son las mejores. Por el lado de los precios, en el mercado mundial se está jugando una guerra con profundos intereses geopolíticos y es difícil que alguna de las partes ceda; por eso, en el mejor de los casos, cabe esperar que los precios se mantengan en un rango como el observado en los últimos meses, que equivale al 50 % de los registrados hasta mediados del 2014.
Por el lado de la oferta, Colombia tiene un gran reto, pues las reservas petroleras no dan para más de seis o siete años. Esto significa que difícilmente podrá mantener el volumen de las exportaciones recientes y en los próximos años ellas pueden declinar.
Las esperanzas están puestas en la reacción del comercio a la acelerada depreciación del peso colombiano; por un lado, con el aumento de las exportaciones no minero energéticas y, por otro, con la caída más acelerada de las importaciones, de forma que se cierre el abultado déficit comercial. Pero lo primero difícilmente ocurrirá a corto plazo por el debilitamiento de la demanda mundial que ha llevado a la OMC a revisar nuevamente a la baja el crecimiento proyectado del comercio mundial para el 2015, del 3.3 % al 2.8 %.
Conclusiones
La conferencia del profesor Edwards enriqueció el análisis sobre la economía mundial en la coyuntura actual y mostró aspectos de interés para las economías latinoamericanas, en general, y la colombiana en particular.
El mundo sigue pendiente del aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos y, pese a que los mercados aguardan esta decisión, cabe esperar algún grado de volatilidad adicional, mayores depreciaciones de las monedas de las economías emergentes y posibles salidas de capitales. También es posible que las autoridades monetarias de diversos países reaccionen a esto con el incremento de sus tasas de intervención.
China es un tema al que hay que hacer un seguimiento continuo. Otras experiencias muestran que situaciones o inconvenientes que parecen poco importantes se pueden transformar en detonantes de problemas mundiales; en este caso, se trata de la economía emergente más importante, con gran influencia en todos los mercados, como ya lo evidencian los precios de los productos básicos.
Finalmente, la sostenibilidad de la cuenta corriente es un tema al que se debe poner mucha atención y en el que el Gobierno debería explicar con más detalle las bases de sus proyecciones optimistas, con el fin de dar tranquilidad a los mercados y a los analistas internacionales.
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