Publicado en Portafolio el 4 de febrero de 2014
Según la Policía de Tránsito y Transporte, en el primer mes de vigencia de la Ley 1696 (19 de diciembre de 2013 a 19 de enero de 2014), en Colombia se realizaron 492.977 pruebas de embriaguez y se “pescaron” 3.869 conductores ebrios.
Aun cuando hubo una reducción del 48% anual en las infracciones, no es clara la magnitud del descenso de la prevalencia de conducción en estado de embriaguez.
Con los datos publicados por la Policía, se obtiene una relación entre el número de sanciones y el de pruebas realizadas del 0.8% para el país. Y con los obtenidos en un estudio del Fondo de Prevención Vial y la Universidad Javeriana (FPV-UJ) para Bogotá, Cali y Chía, realizado en 2013, se colige que los indicadores comparables fueron 1.0%, 1.0% y 1.1%, respectivamente.
Si los datos para el total del país se parecieran a los de este estudio, la reducción no habría sido muy grande. Eso solo se podrá comprobar con la revelación de los datos del año anterior y con la aplicación de técnicas estadísticas que midan mejor el impacto de la ley.
De todos modos, al contrastar el fuerte aumento de las sanciones pecuniarias (multas hasta de $30 millones) con el número de infractores en un mes (3.869), sorprende que la cifra sea relativamente alta.
Lo anterior genera varios interrogantes: ¿Por qué hay conductores que siguen manejando ebrios a pesar de las drásticas penalidades económicas? ¿No perciben cambios sustanciales con las sanciones anteriores que también incluían multas y la cancelación de la licencia de conducción? ¿No interpretan como permanentes los cambios de actitud en las autoridades?
Similares cuestionamientos sobre la forma en que las leyes afectan los comportamientos sociales fueron formulados recientemente por Kaushik Basu, actual Economista Jefe del Banco Mundial, en su libro “Más allá de la mano invisible”. Él opina que todos los ciudadanos cumplirán con una ley solo si los controles los ejercen “agentes robóticos”; pero en la práctica son realizados por agentes de carne y hueso, como cualquier ciudadano.
En el enfoque tradicional el cumplimiento de una ley depende del análisis costo-beneficio del agente, que está en función de la sanción y de la probabilidad de ser “atrapados”. Elevadas multas, aumento de los retenes, mayor publicidad y seguimiento de los medios, habrían inducido a la desaparición de los conductores borrachos en Colombia, en un escenario con controladores “robóticos”.
Basu considera que la efectividad de una ley también depende de la creación de puntos focales, esto es, la forma en que la ley “tiene el poder de cambiar lo que los individuos creen respecto a lo que harán los otros”; esto requiere asignar debidamente los incentivos de cada agente. Pero muchas leyes no funcionan, precisamente porque concentran los incentivos en el agente objetivo (el conductor) y olvidan los demás agentes vinculados (policías, jueces, etc.). Adicionalmente pueden fracasar porque no logran modificar un punto focal existente, plasmado en diversos comportamientos sociales.
Al respecto, Basu afirma que “si el gobierno tiene reputación de anunciar leyes que no son obedecidas, entonces la siguiente ley puede no ser obedecida sencillamente porque nadie espera que lo sea”. En materia de tránsito vehicular tenemos ejemplos de sobra en el país; es el caso de la velocidad máxima que muy pocos conductores respetan y las autoridades son testigos permanentes e incluso actores; o el de los motociclistas que parecieran orientados por el propósito de violar todas las regulaciones.
Al no considerar sus incentivos, las propias autoridades parecieran inmunes a las normas. Según Basu, “en muchos países en desarrollo, y también en algunos desarrollados, a menudo los policías no cambian su comportamiento al cambiar la ley. Hay ejemplos de policías que no detienen a los automovilistas cuando están violando abiertamente la ley, y también de policías que detienen a los automovilistas aunque no la estén violando y les cobran “multas” que rápidamente van a parar a sus bolsillos”.
Esto afecta las percepciones de los ciudadanos, como lo evidencia el estudio de FPV-UJ: “En Bogotá y Cali 2 de cada 3 personas creen que la posibilidad de ser detenido en un operativo de control es baja o media, mientras que para Chía esta percepción la reportaron 3 de cada 4 personas”. Esto podría explicar por qué algunos conductores no van a cambiar su conducta de consumo etílico.
Con frecuencia creemos que los problemas se solucionan expidiendo normas, pero su observancia es muy baja como lo muestran los rankings internacionales sobre “imperio de la ley”. Lo anterior no significa que todas las leyes sean ineficaces; indica que es necesario pensar más en cómo ellas pueden modificar comportamientos sociales muy arraigados. Casos exitosos como el del uso del cinturón de seguridad en Bogotá muestran que sí se puede.
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