Artículo publicado en el diario La República el jueves 28 de octubre de 2010
La teoría económica y la evidencia empírica aportan sólidas argumentaciones sobre los beneficios del comercio internacional en el crecimiento de las economías. Aún así, los gobiernos suelen imponer obstáculos arancelarios y no arancelarios por diversos motivos, entre los que cabe destacar la amenaza de productos de otros países, el equilibrio de la balanza de pagos, la seguridad nacional, pérdida de ventajas competitivas, el fortalecimiento de los ingresos fiscales, y la protección de la industria naciente.
Como señalan Paul Krugman y Robin Wells en su obra "Macroeconomics", "algunas personas, entre ellos muchos políticos, cuestionan a menudo el comercio internacional, defendiendo que cada país produzca los bienes que consume en lugar de comprarlos en el extranjero. Las empresas reclaman protección ante la competencia extranjera: los agricultores japoneses no quieren que se importe arroz de Estados Unidos; los productores de acero estadounidenses no quieren que se compre acero europeo".
Esas posiciones generan dividendos políticos, pero desconocen la realidad del mundo globalizado y ocasionan problemas de competitividad a las empresas locales. Los aranceles altos las aíslan de la competencia y les reducen los incentivos a la innovación, a la vez que les dan margen para transferir a los consumidores los sobrecostos y las ineficiencias.
El mundo está presenciando una profunda transformación en la organización productiva, con la fragmentación geográfica de los procesos de producción. Cada vez más y más productos y servicios son el resultado de integrar insumos de diferentes regiones del planeta, lo que da más relevancia al concepto de "design in" que al de "made in".
En concordancia con ese fenómeno, los sectores productivos de todos los países buscan la inserción en las cadenas mundiales de valor en las fases de la producción en las que son más competitivos. En ese contexto, los países que se empeñan en mantener altos aranceles con sus sesgos antiexportadores estarán condenados al atraso; sus aparatos productivos se mantendrán en los obsoletos esquemas de producir "todo en el mismo país".
En el caso de Colombia la apertura económica presuntamente nos convirtió en una economía abierta, lo que, según ciertos críticos, causó la destrucción de una parte del aparato productivo. Ese tipo de análisis desconoce lo que ocurrió más allá de las fronteras del país.
El país entró en la onda de la apertura después de la mayoría de países de la región y redujo los aranceles en menor proporción que otras economías del mundo. Por eso, Colombia registra actualmente el cuarto arancel nominal promedio más alto de América Latina, lo que se constituye en un factor de desventaja competitiva que encarece las materias primas y los bienes de capital a las empresas.
Los diferentes escalafones de competitividad mundial evidencian ese problema. Según el World Economic Forum, en la comparación del arancel promedio ponderado Colombia clasifica en el puesto 101 entre 135 naciones, mientras Perú ocupa el 37.
Colombia ha dado pasos importantes en la dirección correcta mediante las políticas de internacionalización, competitividad y transformación productiva. Pero aún hay grandes barreras por superar, lo que justifica la revisión de la estructura arancelaria que el gobierno se ha propuesto adelantar.
El mundo da vueltas. El proteccionismo que por décadas fue vendido como la panacea, hoy es, sin duda, un lastre para la competitividad de las naciones, por lo que es preciso mantener el objetivo de desmontarlo.
Protección efectiva negativa
viernes, 22 de octubre de 2010
Publicado en el diario La República el 14 de octubre de 2010
Es amplio el debate generado por el propósito del gobierno de modificar la estructura arancelaria del país. Se trata de un tema sensible que rápidamente se polariza entre los sectores productivos partidarios de menores aranceles y los que piden mantener los niveles actuales, e incluso elevarlos.
Como suele suceder, hay críticas extremas que pretenden mostrar improvisación y falta de justificación en la anunciada reforma. Se dice, por ejemplo, que no tiene sentido esperar un potencial impacto devaluacionista; opinan que la esperanza de un incremento de la demanda de divisas no puede fundamentarse en el abaratamiento relativo de los insumos y los bienes de capital, porque que la revaluación ya ocasionó una caída de los precios de importación.
Esa crítica parece muy lógica, pero no se ciñe a la argumentación real del gobierno, que debe ser vista en conjunto y no de forma aislada. El fundamento básico de la reforma es la reducción o eliminación de las protecciones efectivas negativas que impiden el desarrollo de sectores de mayor valor agregado en la economía.
Ese problema surge porque los aranceles de los insumos son más onerosos que los de los bienes terminados. Así, si alguien se pregunta por qué en Colombia no existe una industria de ensamble de computadores, que a su vez estimule el desarrollo de sectores que produzcan insumos para ella, la respuesta radica en que los componentes tienen aranceles altos, mientras que los del producto terminado son bajos o nulos. De esta forma, siempre saldrá más barato importar los computadores terminados que sus partes para manufacturarlos en el país.
Esto es lo que se denomina protección efectiva negativa. En términos generales, ella inhibe el desarrollo de los sectores que se ven afectados por la protección que han obtenido algunos sectores ¿Cuántos empleos se dejan de generar por ese motivo?
La situación comentada explica que, a pesar de la revaluación de la moneda, la demanda de importaciones de materias primas y bienes de capital no haya reaccionado en forma más dinámica. No se puede perder de vista que así como se reduce el precio de los insumos, también se reduce el de los bienes terminados, y la distorsión se mantiene.
Es en este contexto que la reducción o eliminación de la protección puede impulsar la demanda de divisas y contribuir a contener las presiones revaluacionistas. Pero el principal impacto esperado es el crecimiento de sectores hoy bloqueados.
Desde luego, el gobierno debe manejar el tema con equilibrio, de forma que no implique la desprotección indiscriminada de la producción nacional que enfrenta una competencia desleal, y evite los costos fiscales excesivos que pueden deteriorar radicalmente las finanzas públicas.
Es amplio el debate generado por el propósito del gobierno de modificar la estructura arancelaria del país. Se trata de un tema sensible que rápidamente se polariza entre los sectores productivos partidarios de menores aranceles y los que piden mantener los niveles actuales, e incluso elevarlos.
Como suele suceder, hay críticas extremas que pretenden mostrar improvisación y falta de justificación en la anunciada reforma. Se dice, por ejemplo, que no tiene sentido esperar un potencial impacto devaluacionista; opinan que la esperanza de un incremento de la demanda de divisas no puede fundamentarse en el abaratamiento relativo de los insumos y los bienes de capital, porque que la revaluación ya ocasionó una caída de los precios de importación.
Esa crítica parece muy lógica, pero no se ciñe a la argumentación real del gobierno, que debe ser vista en conjunto y no de forma aislada. El fundamento básico de la reforma es la reducción o eliminación de las protecciones efectivas negativas que impiden el desarrollo de sectores de mayor valor agregado en la economía.
Ese problema surge porque los aranceles de los insumos son más onerosos que los de los bienes terminados. Así, si alguien se pregunta por qué en Colombia no existe una industria de ensamble de computadores, que a su vez estimule el desarrollo de sectores que produzcan insumos para ella, la respuesta radica en que los componentes tienen aranceles altos, mientras que los del producto terminado son bajos o nulos. De esta forma, siempre saldrá más barato importar los computadores terminados que sus partes para manufacturarlos en el país.
Esto es lo que se denomina protección efectiva negativa. En términos generales, ella inhibe el desarrollo de los sectores que se ven afectados por la protección que han obtenido algunos sectores ¿Cuántos empleos se dejan de generar por ese motivo?
La situación comentada explica que, a pesar de la revaluación de la moneda, la demanda de importaciones de materias primas y bienes de capital no haya reaccionado en forma más dinámica. No se puede perder de vista que así como se reduce el precio de los insumos, también se reduce el de los bienes terminados, y la distorsión se mantiene.
Es en este contexto que la reducción o eliminación de la protección puede impulsar la demanda de divisas y contribuir a contener las presiones revaluacionistas. Pero el principal impacto esperado es el crecimiento de sectores hoy bloqueados.
Desde luego, el gobierno debe manejar el tema con equilibrio, de forma que no implique la desprotección indiscriminada de la producción nacional que enfrenta una competencia desleal, y evite los costos fiscales excesivos que pueden deteriorar radicalmente las finanzas públicas.
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