Publicado en Portafolio, el 22 de agosto de 2014
El anhelo bogotano de tener un sistema masivo de transporte moderno y eficiente, parece una quimera. Se viene desdibujando por la pérdida de controles, el desinterés del Gobierno distrital y la tendencia al deterioro de la cultura, entre otros males.
Vienen a mi mente las imágenes de aquel Transmilenio recién estrenado: estaciones y buses limpios y en muy buen estado; orientación a los usuarios para entender la enrevesada nomenclatura de las rutas; ausencia de rancheras y música guasca a todo volumen; una nueva cultura ciudadana, con pasajeros respetuosos de las sillas azules, y puntualidad en los recorridos, era lo que me permitía desplazarme en 25 minutos hasta mi trabajo. Estos factores invitaban a usar menos el automóvil.
Pero todo cambió. Los 25 minutos de mi recorrido ya no existen, ahora son alrededor de 60. Uno, por el pésimo estado de las vías; la mal llamada autopista y la Avenida Caracas son una interminable colección de losas rotas y parches de asfalto. Dos, por el deterioro de numerosos buses al circular por esas trochas. Tres, porque con inusitada frecuencia el servicio es interrumpido por bloqueos de grupúsculos que protestan por cualquier cosa (ocasionalmente por el mal servicio).
La cultura ciudadana que se estaba gestando tiende a desaparecer. Desafiantes adolescentes se adueñan de las sillas azules y se hacen los zombis cuando alguien las solicita. El ‘toque toque’ de algunos depravados, aprovechando las aglomeraciones, llevó a la vergonzosa decisión de crear un ‘apartheid’ femenino.
La ‘viveza’ de la que tanto nos ufanamos, también pisotea la cultura ¿Por qué pagar el pasaje si otros no pagan? Mejor, ‘hacer conejo’, saltar por encima de la registradora o ‘colarse’ por las puertas habilitadas para entrar y salir de los buses.
Los costos, que finalmente asumimos todos los residentes de Bogotá, son enormes. Se estima que, diariamente, hay 70.000 ‘colados’; así se pierden ingresos superiores a 30 mil millones de pesos por año, equivalentes a la reparación de más de 9.000 losas. Esos gastos suben por el arreglo de las puertas averiadas al forzarlas para entrar o salir.
Además, están los costos de las vidas humanas que, por no pagar 1.700 pesos, terminan bajo las ruedas de un bus.
Por último, la inacción de la Bogotá Humana está fortaleciendo la informalidad en las estaciones, haciéndonos evocar las viejas terminales de las flotas. En los alrededores y dentro de las estaciones hay vendedores de toda clase de alimentos y chucherías; los buses se llenaron de artistas frustrados, que van desde ruidosos raperos hasta destemplados baladistas; y cuando ellos se apean en una estación, los sustituyen los lastimeros cuentos chinos de una variopinta tropa de mendigos.
Todos los aspectos enumerados no son más que una verificación de la teoría de los vidrios rotos. La falta de decisiones de las autoridades, la permisividad frente a los desmadres de diversa índole, la escasa vigilancia y la falta de sanciones rigurosas están generando la ley de la selva en Transmilenio.
Solo la reacción efectiva de las autoridades distritales, la concientización de los ciudadanos, la recuperación de la infraestructura y el desarrollo de las obras represadas por los últimos gobiernos harán posible retornar a aquel Transmilenio del comienzo. De lo contrario, solo quedará para las remembranzas de los proyectos fallidos de modernización.
Colombia camino a la OCDE
martes, 19 de agosto de 2014
Publicado en la revista Misión Pyme no. 77, agosto de 2014
El tema de la adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) ha levantado diversas opiniones. A algunos les parece uno más de los TLC que, en opinión de un exministro, nos tienen indigestos; para otros simplemente al gobierno se le metió la pretenciosa idea de “codearse” con las economías desarrolladas; y para los más pesimistas, es otra política neoliberal para seguir entregando el país a los imperialistas.
Es importante que todos los ciudadanos, y especialmente los empresarios, entiendan lo que eso significa y las repercusiones que puede tener para el país. En un mundo crecientemente globalizado, no entender las decisiones que toma un gobierno impide que los beneficios esperados sean aprovechados y, por el contrario, puede impactar negativamente a las empresas y al bienestar de la población.
Lo cierto es que este organismo, el club de las buenas prácticas, como lo denominó el presidente Santos, cuenta con 34 miembros, que incluyen todas las economías desarrolladas, por lo que suelen denominarlo el “club de los países ricos”, y un selecto grupo de economías en transición y emergentes, entre las que están México y Chile.
El objetivo de este organismo es “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La Ocde ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes”.
Colombia ha avanzado en la calidad de sus políticas públicas, hecho que es reconocido internacionalmente. Se han implementado reformas estructurales que mejoraron la estabilidad y la credibilidad de las decisiones en materia económica y social. Es el caso de la creación de la autoridad monetaria independiente y la prohibición de otorgarle créditos al gobierno, la regla fiscal y la ley de responsabilidad fiscal, entre otras.
Pero en otros casos se han adoptado normas que, aunque son deseables, no tienen una aplicación práctica o plena. También hay casos en los que las normas que nacen como una buena iniciativa terminan siendo colchas de retazos por el afán de satisfacer múltiples intereses contradictorios.
La Ocde como foro de discusión de políticas públicas busca mejorar la normatividad en su gestación, construcción e implementación. De igual forma, contrasta las normas vigentes con las mejores prácticas internacionales y sugiere los cambios necesarios para hacerlas operativas y minimizar los efectos no deseados.
El proceso de adhesión
En términos generales, el proceso de adhesión abarca dos elementos. El primero es un memorando del gobierno expresando su posición sobre cada uno de los 250 instrumentos legales de la Ocde. Estos instrumentos son acuerdos o convenios –como el de combate a la corrupción o el de intercambio de información sobre impuestos–, y estándares o recomendaciones –como las de gobierno corporativo.
Las recomendaciones subrayan las buenas prácticas en diferentes campos, con el fin de mejorar la calidad de las políticas. Por ejemplo, para el caso del sector de seguros hay una recomendación sobre la administración de reclamaciones de seguros.
La recomendación incluye un listado de diez buenas prácticas para el proceso de reclamaciones por siniestros. Ellas abarcan las políticas de transparencia e información al asegurado, reclamante o beneficiario desde el mismo momento de suscripción de la póliza; respuestas oportunas, acciones para evitar fraudes, atención de quejas y reclamos, personal idóneo para las labores, creación de bases de datos sobre fraude y sobre eficiencia en los procesos de respuesta, etcétera.
El segundo son los exámenes técnicos realizados por los 23 comités técnicos establecidos en la Ocde. Los comités de expertos no tienen un tiempo establecido para producir su informe. Por ejemplo, en el informe recientemente presentado sobre desarrollo territorial se tomaron 13 meses y realizaron más de 60 entrevistas en diferentes regiones del país.
La tarea de cada comité técnico se orienta a evaluar la compatibilidad que existe entre la normativa de la OMC y las normas del país evaluado. Para ello hacen una revisión exhaustiva de la regulación en sus áreas de competencia, el funcionamiento de los mercados, las tendencias, los productos y servicios ofrecidos a los consumidores, la aplicación del gobierno corporativo, la percepción de los empresarios, las instituciones de defensa de los consumidores, la educación de los agentes relacionados, etcétera.
Adicionalmente, cada comité formula las recomendaciones y modificaciones normativas necesarias para elevar los estándares. En este aspecto, aun cuando Colombia no es miembro, desde el momento mismo en que manifestó su interés de ingresar a la organización, se ha beneficiado de estudios específicos y recomendaciones en temas como la estructura arancelaria, la eliminación de parafiscales y la simplificación de la estructura del IVA.
La membresía de Colombia en la Ocde es de gran trascendencia para el país. Le brinda acceso a la asesoría del más alto nivel para la toma de decisiones de política económica y social, la posibilidad de compararse con las mejores prácticas en el mundo y de mejorar la calidad de la regulación.
El sector empresarial será beneficiado con un Estado más eficiente, lo que redundará en menores costos de transacción de las empresas. Además, el ambiente de negocios será más favorable a la inversión y ayudará a reforzar los logros alcanzados con los TLC y los acuerdos de protección de inversiones.
Finalmente, los consumidores serán favorecidos con las mejores prácticas del gobierno y las empresas en materia de gobierno corporativo, transparencia, defensa del cliente y educación
El tema de la adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) ha levantado diversas opiniones. A algunos les parece uno más de los TLC que, en opinión de un exministro, nos tienen indigestos; para otros simplemente al gobierno se le metió la pretenciosa idea de “codearse” con las economías desarrolladas; y para los más pesimistas, es otra política neoliberal para seguir entregando el país a los imperialistas.
Es importante que todos los ciudadanos, y especialmente los empresarios, entiendan lo que eso significa y las repercusiones que puede tener para el país. En un mundo crecientemente globalizado, no entender las decisiones que toma un gobierno impide que los beneficios esperados sean aprovechados y, por el contrario, puede impactar negativamente a las empresas y al bienestar de la población.
Lo cierto es que este organismo, el club de las buenas prácticas, como lo denominó el presidente Santos, cuenta con 34 miembros, que incluyen todas las economías desarrolladas, por lo que suelen denominarlo el “club de los países ricos”, y un selecto grupo de economías en transición y emergentes, entre las que están México y Chile.
El objetivo de este organismo es “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La Ocde ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes”.
Colombia ha avanzado en la calidad de sus políticas públicas, hecho que es reconocido internacionalmente. Se han implementado reformas estructurales que mejoraron la estabilidad y la credibilidad de las decisiones en materia económica y social. Es el caso de la creación de la autoridad monetaria independiente y la prohibición de otorgarle créditos al gobierno, la regla fiscal y la ley de responsabilidad fiscal, entre otras.
Pero en otros casos se han adoptado normas que, aunque son deseables, no tienen una aplicación práctica o plena. También hay casos en los que las normas que nacen como una buena iniciativa terminan siendo colchas de retazos por el afán de satisfacer múltiples intereses contradictorios.
La Ocde como foro de discusión de políticas públicas busca mejorar la normatividad en su gestación, construcción e implementación. De igual forma, contrasta las normas vigentes con las mejores prácticas internacionales y sugiere los cambios necesarios para hacerlas operativas y minimizar los efectos no deseados.
El proceso de adhesión
En términos generales, el proceso de adhesión abarca dos elementos. El primero es un memorando del gobierno expresando su posición sobre cada uno de los 250 instrumentos legales de la Ocde. Estos instrumentos son acuerdos o convenios –como el de combate a la corrupción o el de intercambio de información sobre impuestos–, y estándares o recomendaciones –como las de gobierno corporativo.
Las recomendaciones subrayan las buenas prácticas en diferentes campos, con el fin de mejorar la calidad de las políticas. Por ejemplo, para el caso del sector de seguros hay una recomendación sobre la administración de reclamaciones de seguros.
La recomendación incluye un listado de diez buenas prácticas para el proceso de reclamaciones por siniestros. Ellas abarcan las políticas de transparencia e información al asegurado, reclamante o beneficiario desde el mismo momento de suscripción de la póliza; respuestas oportunas, acciones para evitar fraudes, atención de quejas y reclamos, personal idóneo para las labores, creación de bases de datos sobre fraude y sobre eficiencia en los procesos de respuesta, etcétera.
El segundo son los exámenes técnicos realizados por los 23 comités técnicos establecidos en la Ocde. Los comités de expertos no tienen un tiempo establecido para producir su informe. Por ejemplo, en el informe recientemente presentado sobre desarrollo territorial se tomaron 13 meses y realizaron más de 60 entrevistas en diferentes regiones del país.
La tarea de cada comité técnico se orienta a evaluar la compatibilidad que existe entre la normativa de la OMC y las normas del país evaluado. Para ello hacen una revisión exhaustiva de la regulación en sus áreas de competencia, el funcionamiento de los mercados, las tendencias, los productos y servicios ofrecidos a los consumidores, la aplicación del gobierno corporativo, la percepción de los empresarios, las instituciones de defensa de los consumidores, la educación de los agentes relacionados, etcétera.
Adicionalmente, cada comité formula las recomendaciones y modificaciones normativas necesarias para elevar los estándares. En este aspecto, aun cuando Colombia no es miembro, desde el momento mismo en que manifestó su interés de ingresar a la organización, se ha beneficiado de estudios específicos y recomendaciones en temas como la estructura arancelaria, la eliminación de parafiscales y la simplificación de la estructura del IVA.
La membresía de Colombia en la Ocde es de gran trascendencia para el país. Le brinda acceso a la asesoría del más alto nivel para la toma de decisiones de política económica y social, la posibilidad de compararse con las mejores prácticas en el mundo y de mejorar la calidad de la regulación.
El sector empresarial será beneficiado con un Estado más eficiente, lo que redundará en menores costos de transacción de las empresas. Además, el ambiente de negocios será más favorable a la inversión y ayudará a reforzar los logros alcanzados con los TLC y los acuerdos de protección de inversiones.
Finalmente, los consumidores serán favorecidos con las mejores prácticas del gobierno y las empresas en materia de gobierno corporativo, transparencia, defensa del cliente y educación
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