Candidatos: ¡A formalizar!

viernes, 25 de mayo de 2018
Artículo publicado en Portafolio, el viernes 25 de mayo de 2018

Por múltiples razones el país debe emprender una lucha a muerte contra la informalidad. De ellas, considero tres prioritarias: el acceso a las pensiones, la productividad de la economía y la necesidad de enseñar a pescar.

Con relación a las pensiones, la sociedad como un todo debería vivir en permanente alarma, porque el 80% de las personas en edad de jubilación no puede acceder a ellas. Aun cuando Colombia registra notables avances en algunos indicadores sociales y persiste la cultura de solidaridad familiar, este hecho es un lunar enorme.

Paradójicamente, esos avances agravarán la situación. Menores tasas de natalidad, caída de las tasas de mortalidad y aumento de la esperanza de vida, nos pusieron en la senda del envejecimiento poblacional, hacen más compleja la sostenibilidad del sistema pensional de reparto y más oneroso el costo fiscal que toda la sociedad debe asumir, si la alta informalidad perpetúa los actuales niveles de cobertura.

Con relación a la productividad, Mckinsey calculó hace algún tiempo la productividad laboral relativa de la mano de obra informal del país y encontró que en promedio se necesitan 17 trabajadores informales de Colombia para producir lo de un trabajador de Estados Unidos.

La productividad de un trabajador del sector formal de Colombia es siete veces superior a la del informal. Esto evidencia la magnitud del impacto negativo que sufre la economía como consecuencia de las elevadas tasas de informalidad. Pese a que este índice ha descendido desde la reforma tributaria de 2012, que eliminó los parafiscales del Sena y del ICBF, su nivel se encuentra en el 62.9% para el total nacional en el primer trimestre de 2018.

Esta relación entre informalidad y productividad es fundamental para entender, entre otras cosas, por qué el país no logra diversificar las exportaciones, a pesar de los numerosos programas implementados en los últimos 50 años.

Por último, para combatir la informalidad es necesario aplicar el adagio de enseñar a pescar en lugar de regalar el pescado. Está muy bien que una economía en desarrollo tenga acceso universal a la salud, subsidiando el acceso del 50% de la población, brinde educación gratuita, regale viviendas o las subsidie, cuente con subsidios al consumo de servicios públicos, y tenga programas de alimentación para las personas menos favorecidas; pero esas acciones caritativas tienen un impacto negativo en la formalización.

Son conocidas las marrullas usadas para inscribirse en el Sisben y hacerse acreedores a diversos subsidios; de igual forma, muchos afiliados se niegan a contratarse en empleos formales por temor a perder esas dádivas.

Es lícito evaluar la política de subsidios como un éxito de la política social, porque ha contribuido a reducir la pobreza, pero también son evidentes los efectos no deseados que alimentan la informalidad y la pésima distribución del ingreso. Los indicadores de concentración del ingreso (Gini) de Colombia no solo están entre los peores del mundo, sino que se mantienen prácticamente iguales antes y después de la política de subsidios. La causa es conocida: problemas de focalización, subsidios regresivos en pensiones y educación y fuerte relación de dependencia porque la política carece de mecanismos de graduación para los beneficiarios de la generosidad del Estado.

Este es un gran reto para el nuevo presidente. Los candidatos tienen la palabra.

América Latina y la incertidumbre global

viernes, 4 de mayo de 2018
Publicado en la Revista Fasecolda No. 169

En el periodo reciente aparecieron diversos factores exógenos que pueden afectar la dinámica de crecimiento de las economías de América Latina. Ante ellos, los gobiernos solo pueden adoptar medidas para mitigar sus impactos, pero no es una tarea fácil.

Migración venezolana

El desastre económico ocasionado por la dictadura de Venezuela originó la migración masiva de residentes que buscan escapar de la penuria que los agobia. Según la firma Consultores 21, la diáspora, que en los últimos años supera los cuatro millones de personas, se orienta especialmente hacia países de América y Europa; Colombia y Chile aparecen como los principales destinos, con el 17% cada uno, seguidos de EE.UU. (10%), Perú (10%), Ecuador (8%), Panamá (7%) y Argentina (4%).

Al principio, migraron los empresarios afectados por la pérdida de estabilidad jurídica en el país; luego salieron muchos trabajadores calificados, bien sea por el cierre de empresas o porque los áulicos de la revolución bolivariana se apoderaron de los cargos gerenciales (como en el caso de PDVSA). Ahora están migrando familias de clase media y baja, castigadas por la escasez de alimentos y medicinas, la erosión de los ingresos que ocasiona la hiperinflación y la represión de la dictadura a cualquier forma de protesta contra el régimen.

Para los países receptores de la región, esa masiva llegada de migrantes en pésimas condiciones económicas y sanitarias tiene serias repercusiones: crecimiento de la informalidad; presión sobre los sistemas de salud para la atención gratuita; entrada de enfermedades como la difteria y el sarampión, que estaban erradicadas de América Latina; atención en el sistema educativo a niños sin recursos; incremento de la delincuencia y prostitución; y riesgo de aparición de problemas de xenofobia, debido a que los residentes se sienten desplazados de sus empleos y del acceso a servicios esenciales, por los migrantes.

Además del malestar social, es evidente que los costos económicos son elevados y afectan las ya debilitadas finanzas nacionales y municipales de los países receptores.

Comercio internacional

Aun cuando el comercio internacional está en proceso de recuperación, hay serias amenazas a la institucionalidad que ha regido durante décadas.

En la última Conferencia Ministerial de la OMC, el presidente del Consejo General afirmó que «los ciudadanos de todo el mundo… cuestionan cada vez más los beneficios del comercio internacional y los acuerdos comerciales, y ponen a prueba el multilateralismo». 

Esos sentimientos han sido alimentados por los pobres resultados del largo periodo de la Ronda de Doha y por el aumento del proteccionismo en numerosas economías durante la Gran Recesión.

A esto se suman las posiciones del presidente Trump contra los acuerdos comerciales, incluyendo la OMC; según el mandatario, este organismo no beneficia a los EE.UU. y los jueces están en su contra, lo que explica el predominio de fallos adversos.

En consecuencia, EE.UU. optó por bloquear el órgano de apelaciones de la OMC; actualmente tres de los siete cargos están vacantes porque ese país no ha dado su voto para suplirlos. Como cada apelación debe ser atendida por tres jueces, en poco tiempo se puede paralizar este órgano, que es parte esencial del mecanismo de solución de diferencias.

«Trumponomics»

La presidencia de Trump plantea riesgos para la economía mundial por sus erráticas decisiones. Dos de ellas merecen especial atención, por los efectos sobre el comercio y la economía.

Sobre comercio, desde que asumió el cargo, retiró a EE.UU. del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, congeló la negociación de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, forzó la renegociación del Nafta, mantiene amenazas continuas contra las importaciones de China y México, e impuso mayores gravámenes a las lavadoras y los paneles solares. Más grave, sin embargo, es la decisión de imponer aranceles del 25% y del 10% a las importaciones de acero y aluminio, respectivamente.

Con esto, puso al mundo al borde de una guerra comercial. Trump y sus asesores olvidaron o desconocen la experiencia de 2002, que mostró cómo ese tipo de barreras comerciales castigan a los consumidores, vía mayores precios, y a los fabricantes de EE.UU. que utilizan esos productos como insumos, vía pérdida de competitividad. Además, el efecto sobre las cadenas globales de valor puede ser desastroso y, paradójicamente, el mayor impacto lo sufrirían las empresas y la población estadounidenses.

Sobre la economía, resulta difícil entender que, en un entorno de posible recalentamiento de la economía, se impulse una reforma tributaria que generará incrementos adicionales de la demanda y aumento del déficit fiscal. Algunos analistas cuestionan si realmente era necesaria. Brookings Institution señala que, si bien la tarifa corporativa de impuestos estaba en el 35%, la mayor parte de las empresas pagaban una mucho menor por exenciones y tratamientos especiales; además, en las últimas décadas, las empresas perdieron participación en el recaudo impositivo. El interrogante es qué harán las empresas con los recursos adicionales que les genera el menor pago de impuestos y cómo financiará el Gobierno el aumento del déficit fiscal.

Con el escenario hipotético de mayor gasto, aumento de la inflación y creciente endeudamiento del Gobierno, crece la probabilidad de incremento de las tasas de interés por parte de la FED, con más celeridad y en mayor magnitud a las previstas inicialmente, fortalecimiento del dólar y un déficit comercial de mayor cuantía. Esto pone en riesgo la reciente recuperación de la economía mundial y puede repercutir en dificultades de acceso de las economías emergentes a los mercados financieros.

Petróleo

El repunte de los precios del petróleo desde finales de 2017 es un alivio para las economías productoras y exportadoras. Pero no se debe perder de vista la alta volatilidad del mercado del hidrocarburo y los grandes márgenes de error de las proyecciones de sus precios a mediano plazo.

En ese contexto, es relevante la pregunta sobre la sostenibilidad de los precios alrededor de los USD 70 por barril. El reciente aumento se explica por el crudo invierno en el hemisferio norte, la reactivación de las economías desarrolladas y emergentes, y el acuerdo flexible entre la OPEP y Rusia. Es claro que el primer factor se agota en poco tiempo, pero el segundo se puede sostener por el resto del año; en el caso del tercero, es más compleja cualquier predicción.

Los precios más altos están incentivando la entrada en producción de pozos de hidrocarburos no convencionales, que fueron sellados por la caída de los precios. Es evidente que la unidad de la OPEP se ha resquebrajado en los últimos años y que su acuerdo de reducción de la producción se puede romper en cualquier momento. Aun cuando Arabia Saudita y Rusia están diseñando estrategias para fortalecer el acuerdo y vincular a más países no-OPEP, la debilidad mencionada aumentará en un escenario de mayor oferta de EE.UU.

China y la geopolítica

En enero de 2017, mientras Trump tomaba posesión de su cargo como presidente de EE.UU. con un discurso que glorifica el proteccionismo, Xi Jimping intervenía en Davos postulando a China como el líder mundial de la globalización.

China está desarrollando una estrategia diplomática global que Trump no percibe; solo eso explica que haya retirado a EE.UU. del TPP, sin valorar que el objetivo de Obama era hacer contrapeso al creciente poderío de esa nación en el Pacífico.

Los últimos gobiernos de EE.UU. no han manifestado gran interés por América Latina. Entre tanto, los chinos iniciaron una paciente labor de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas, y lograron una notable presencia en la región: son el segundo socio comercial de América Latina y el primero de Brasil, Chile y Perú; han adquirido más de un millón de hectáreas de tierras, con la visión de producir productos básicos para exportar a China; la inversión extranjera directa se calcula en USD 90.000 millones entre 2005 y 2017 (5% del total); y, los préstamos a los gobiernos de la región, en el mismo periodo, superan los USD 140.000 millones. Además, han manifestado su intención de apoyar la construcción de obras estratégicas de infraestructura para varios países, como el corredor del Trópico de Capricornio (Chile, Brasil y Argentina) y el tren bioceánico (Uruguay, Bolivia y Perú o Chile).

En este escenario, América Latina puede ser víctima de una nueva colonización que perpetuará la función de proveedores de bienes de bajo valor agregado y sin opciones claras de desarrollo. 

Síntesis

En el mundo siempre habrá amenazas y oportunidades para cada país. Pero en la situación reciente están confluyendo diversas fuerzas exógenas de gran magnitud que pueden limitar la recuperación económica de América Latina y ante las cuales es muy escaso el margen de maniobra.

No obstante, es importante que los gobiernos y los empresarios tengan plena conciencia de ellos y adopten oportunamente medidas que puedan mitigar los impactos. Por ejemplo, evitar una nueva enfermedad holandesa; diseñar estrategias de aprovechamiento del capital humano migrante y allegar recursos de organismos internacionales para afrontar la crisis humanitaria; fortalecer los acuerdos comerciales en un escenario de guerra comercial; y adoptar estrategias activas frente a China, para vincular empresas a las cadenas globales de valor y desarrollar programas de cooperación para diversificar las exportaciones hacia bienes y servicios de mayor sofisticación.

Opciones existen, pero hay que anticiparlas y fortalecer la construcción de puentes, en lugar de muros.