¿Ministerio de industria?

miércoles, 29 de enero de 2014
Publicado en Ámbito Jurídico Año XVII – No. 387; 27 de enero al 9 de febrero de 2014



Los clamores de algunos empresarios y analistas por un “Ministerio de Industria” repicaron hasta las postrimerías del 2013 y no tardan en resurgir en 2014. Sus fundamentos son la supuesta carencia de política industrial y la presunta desindustrialización del país.

La carencia de una política industrial como punto de partida anula cualquier posibilidad de debate sobre el tema. Cosa distinta es discrepar sobre el enfoque, algunos instrumentos, o la forma de implementación.

La Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana, pionera de esa visión, contrató un estudio con José Antonio Ocampo y Astrid Martínez que, curiosamente, en una de sus conclusiones demostró lo contrario de lo que venía formulando esta agrupación:

“En todo caso, en los últimos veinte años se han adoptado políticas de desarrollo productivo que combinan instrumentos verticales y horizontales y que acogen las iniciativas público-privadas para identificar actividades con potencial exportador. El andamiaje institucional se ha perfeccionado y se han superado parcialmente algunas dificultades como la carencia de indicadores y seguimiento. De hecho, en el contexto latinoamericano, Colombia es uno de los países que ha avanzado más en construir dicho andamiaje”.

Conclusión: la afirmación sobre inexistencia de política industrial no tiene fundamento.

La presunta desindustrialización es un debate anacrónico, pues la pérdida de participación de la industria en el PIB viene desde 1973. Para más señas, la caída empezó en plena aplicación del modelo sustitutivo de importaciones o de “industrialización dirigida por el Estado”, como optan por denominarlo Bértola y Ocampo (2013).

Cabe recordar que después de 35 años de políticas de “industrialización dirigida por el Estado” (1945-1980) la industria colombiana no logró una participación en el PIB como la que alcanzó Brasil (35% en 1982) o Corea (31% en 1988). Si supuestamente estábamos aplicando las mismas recetas ¿por qué no obtuvimos resultados similares? ¿Y por qué con ese recetario empezó a caer la participación de la industria colombiana antes que en esos otros países? Estas preguntas deberían ser resueltas por los teóricos de la prematura declinación de la industria.

El reciente estudio de Esteban Carranza y Stefany Moreno (2013), del Banco de la República, demuestra que la desintegración vertical es un elemento importante para comprender este asunto; además, ayuda a entender lo que está ocurriendo en el mundo.

Conclusión: las visiones sobre desindustrialización en Colombia adolecen de miopía.

La reducción de costos de transacción, incluyendo la gradual eliminación de barreras al comercio, está generando una creciente fragmentación de los procesos de producción y fortaleciendo las cadenas globales de valor (CGV) como forma óptima de organización de los procesos productivos.

Un efecto notable de estas CGV es la desintegración vertical. “El aumento de la integración de los mercados mundiales ha llevado a la desintegración de los procesos de producción, de forma que la manufactura o los servicios realizados en el extranjero se combinan con procesos locales. Ahora las empresas encuentran rentable la tercerización de parte creciente de su proceso productivo, tanto en el país como en el exterior” (R.Feenstra (1998) “Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy”).

Las CGV y la desintegración vertical generaron espacios para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas productoras de bienes y servicios. “Los bienes y servicios ahora se entrelazan totalmente y son inseparables en su producción” (Sheila Stephenson (2012) “Global Value Chains: The New Reality of International Trade”).

A partir de estos elementos, los círculos académicos y los hacedores de política económica de otras economías discuten los retos y los cambios que deben ocurrir en las políticas comercial e industrial para que las empresas se beneficien de la nueva organización mundial de la producción. Poco y nada se ventilan esos temas por estas latitudes.

Conclusión: un ministerio exclusivo para la industria quedaría cojo e impediría una eficiente vinculación de las empresas a las CGV.

Por último, cabe preguntarse qué hace en otros países su ministerio del tema industrial. En Brasil tiene a su cargo la política industrial, la comercial y la de innovación y tecnología. En México, formula y aplica las políticas de “industria, comercio exterior, interior, abasto” y la minera. En Alemania, responde por las áreas de economía, tecnología, energía, comercio internacional y turismo; en economía se incluyen los temas de competencia, política de pymes, política industrial, industria de servicios y política vocacional.

Conclusión: en los países que valdría la pena tener como modelo, no existe un ministerio especializado en manufactura; por el contrario, abarca una mayor amplitud de áreas que en Colombia.

Solucionar una coyuntura de caída temporal de la producción industrial creando un ministerio de manufacturas, lejos de solucionar los problemas los complicaría; para empezar, serían necesarios esfuerzos adicionales de coordinación, por ejemplo, con el Ministerio del Comercio Exterior. Y el desarrollo seguiría siendo una utopía para Colombia.

TLC y agricultura: entre la realidad y la fantasía

jueves, 16 de enero de 2014
Publicado en Portafolio el jueves 16 de enero de 2014


Si la Junta Directiva del Banco de la República aumenta la tasa de interés un viernes, resultaría absurdo que los medios le pregunten el siguiente lunes por los efectos que ha observado en la tasa de inflación. Y sería absurdo porque existen rezagos entre la decisión de la autoridad monetaria y la observación de los resultados esperados.

Algo similar ocurre cuando los acuerdos de libre comercio (ALC) entran en vigencia y a las pocas semanas algunos sesudos analistas pretenden achacarle la culpa de los problemas de un sector, caso que ya se vio con el paro agrario.

La realidad es que el rezago en los ALC es mucho más largo que el de la política monetaria. Como lo enfatiza un documento de la Comisión Europea, que evalúa el acuerdo de ese grupo con Corea del Sur:

“Transcurrido poco más de un año de su funcionamiento, aún es demasiado pronto para evaluar el pleno impacto del ALC, una vez que las disposiciones relativas a las medidas arancelarias y no arancelarias de liberalización, así como las medidas sobre los servicios y las inversiones, entrarán en vigor a lo largo de un período más largo”.

No obstante, esto no implica que no se pueda hacer un seguimiento continuo de la forma en que se van reflejando la reducción arancelaria y otras medidas acordadas sobre el comercio y otras variables. Pero en este caso es imprescindible aplicar el rigor analítico.

Con ese rasero se debe evaluar el reciente estudio de Barberi (“La agricultura, los pequeños productores agropecuarios y el primer año de vigencia del acuerdo de libre comercio suscrito con Estados Unidos”), que pretende evaluar el impacto del primer año de vigencia del ALC de Colombia con los EEUU sobre la “agricultura y los pequeños productores agropecuarios”.

Desde el mismo título hay imprecisiones, pues el autor afirma que “los indicadores… que se estimarán no permiten medir el impacto del Acuerdo sobre un determinado grupo de productores”. En plata blanca, esto significa que no puede medir el efecto sobre la producción campesina que es lo que prometió en el título.

El argumento central del documento es que el crecimiento de las importaciones de alimentos desde EEUU representa una “amenaza para los productos de economía campesina”.

El autor cae en el error habitual de los críticos de las negociaciones comerciales, al desconocer lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Por eso no ve que en gran medida el resultado observado en las importaciones de productos agropecuarios desde EEUU refleja una sustitución de proveedores, posiblemente relacionada con los conceptos teóricos de desviación y creación de comercio.

El volumen importado de estos productos desde EEUU en enero-septiembre de 2013 aumentó en 602 mil toneladas con relación al mismo periodo de 2012; con esto se recuperó parcialmente el terreno perdido a septiembre de 2012 (-716 mil toneladas con respecto a septiembre de 2011).

La sustitución es evidente, pues las importaciones agropecuarias del resto del mundo cayeron 615 mil toneladas a septiembre de 2013, mientras que en el periodo anterior habían crecido en 1.5 millones de toneladas.

Barberi seleccionó 14 productos que, según él, reflejan la sensibilidad de la economía campesina a los ALC. En su revisión de las importaciones de los nueve primeros meses de vigencia del TLC (no el año que anuncia en el título), detectó cinco productos con riesgo alto (arroz, lactosuero, leche en polvo, carne de cerdo y maíz blanco), cinco con riesgo medio (trigo, carne de pollo, zanahoria, arveja y tomate) y cuatro con riesgo bajo (fríjol, cebolla, maíz amarillo y sorgo).

Tomando un periodo de 16 meses de vigencia del ALC (que debería mostrar aún más los impactos negativos) y comparándolo con los 16 meses anteriores, se observan datos interesantes. En cinco productos el valor las importaciones desde EEUU registró variaciones absolutas negativas, incluidos dos de los de “riesgo alto”, y en dos de ellos también cayeron las importaciones del resto del mundo. En dos productos el crecimiento de las compras a EEUU se compensa con caídas del resto del mundo; y en cinco crecen las importaciones de ambas fuentes. Por último, la mayor variación corresponde a trigo, producto del cual el país importa el 98% del consumo.


Importaciones de 14 productos agropecuarios desde EEUU y el resto del mundo (US$ millones)
Fuente: Dane, Dian, MinCIT; cálculos del autor.

El análisis debe tener en cuenta que en productos como carne de pollo, lácteos y arroz se negociaron contingentes que en ningún caso superan el equivalente al 3% de la producción anual.

En total los 14 productos importados desde EEUU registraron un incremento de US$20 millones entre los dos periodos, mientras que del resto del mundo aumentaron US$233 millones.

En síntesis, como reza el aforismo atribuido a Patrick Moynihan, “todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones, pero no nuestros propios hechos”.