Publicado en Portafolio el 22 de diciembre de 2023
Por donde miremos hay grandes problemas que son lastres para el desarrollo de Colombia, reducen la tranquilidad de los ciudadanos e incrementan el pesimismo y el malestar social que se refleja en las encuestas y en las elecciones: inseguridad, corrupción, informalidad laboral, colados en el transporte masivo, florecimiento de riesgosos transportes informales, evasión del Soat, fraudes a granel, bloqueos de vías urbanas y nacionales, etc.
En su gran mayoría esos problemas fueron pequeños, pero crecieron ante la ausencia de controles que hicieran cumplir las normas vigentes, la permisividad y la inacción de las autoridades y la complicidad de la ciudadanía en general. Pensemos en los colados del Transmilenio. Hace nueve años en mi columna de Portafolio llamaba la atención sobre los 70 mil colados diarios; hoy fácilmente sobrepasan el millón. En otra dimensión, siguen asesinando líderes sociales; como se hace de a poquitos pocos le paran bolas, pero, según Indepaz, desde la firma del acuerdo con las Farc, han asesinado 1.588 líderes.
¿Cuál es el costo económico y social de esos problemas? ¿Cuántos empresarios dejan de invertir o de crecer sus empresas y generar más empleos formales como podrían hacerlo en un mejor ambiente? Nadie lo ha calculado, pero es claro que representan un freno al desarrollo, el desangre de recursos públicos y la pérdida o el desvío de dineros que podrían estar mejor asignados para el crecimiento económico. Las pocas cifras que se conocen son exorbitantes; a manera de ejemplo, Transparencia por Colombia calcula que entre 2016 y 2020 se identificaron 967 hechos de corrupción, pero solo en 367 se pudo estimar una cifra del dinero comprometido; este ascendió a $92,8 billones. Como lo resalta Juan Lozano, ellos darían para la construcción de 461.000 casas o 32 hospitales de alto nivel, junto con la contratación del personal médico.
Tenemos leyes, jueces, cortes judiciales, policía e incentivos para los delincuentes que colaboran con la justicia, pero poco funcionan en la práctica; en los índices globales de “imperio de la ley” Colombia aparece en los últimos lugares.
Como no hay un solo problema, sino que ellos abundan y son inmanejables, es imperativo convencernos de que el desarrollo es un tema de decisión. Los grupos dirigentes en lugar de alimentar la polarización deberían aprovechar el fin de año para reflexionar sobre cómo lograr una coalición o un pacto que apoye la decisión de tomar la vía del desarrollo, de recuperar la cultura ciudadana, de reducir o eliminar muchas de las fuentes de pésima asignación de los recursos y hacer sentir la presencia del Estado como garantía para la tranquilidad, el bienestar de la población y la recuperación del territorio.
