Salario mínimo y crisis

 

Publicado en Portafolio, el viernes 18 de diciembre de 2020

En la negociación del salario mínimo (SM), el país debe tener en cuenta aspectos que siempre se han pasado por alto, como la carencia de representación de gran parte de los trabajadores, y otros que son producto de la crisis ocasionada por la pandemia, como el deterioro social.

La tasa de desempleo es alta. Alcanzamos niveles similares a los de comienzos del siglo (20%); en esa época tomó 10 años volver a tasas de un dígito, a pesar del auge económico por la bonanza de precios de los productos básicos. La OCDE proyecta para 2022 una tasa de desempleo del 13%, que revela un lento ajuste hacia tasas menores del 10%.

También es alta la tasa de informalidad. Medida por afiliación al sistema pensional, fue del 62,5% en el trimestre agosto-octubre; 12,7 millones de trabajadores son informales, mientras que 7,6 son formales. Ese grupo sumado a los desempleados totalizan 16,5 millones de personas y son el 68,4% de la población económicamente activa; ellos no están representados en las negociaciones del SM, pero sí son afectados por sus decisiones.

Según la OCDE “el elevado salario mínimo contribuye a la informalidad”; Ese organismo incluye cinco economías de la región (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México) y Rusia en el cálculo del SM real en dólares a precios de paridad; entre ellos Colombia tiene el segundo más alto. Por contraste, las estimaciones de la OIT indican que, en ese grupo, Colombia tiene la más baja productividad real en dólares a precios de paridad.

Adicionalmente, el SM equivale al 90% del salario mediano –una de las relaciones más altas del mundo–, lo que muestra su baja aplicación en el país. En el estudio “Colombia: Economic Assessment 2013”, la OCDE encontró que solo en Bogotá el salario mediano es superior al SM; en las demás regiones, especialmente en las más pobres y menos productivas, es igual o inferior.

La población que se ve forzada al rebusque en la informalidad hace trabajos de baja productividad, sin protección social y con menores remuneraciones. Según el Dane, en el periodo enero-octubre el 48,6% de los trabajadores ganó menos del 0,9 del SM, mientras que solo el 22,5% obtuvo entre 0,8 y 1,1 SM; además, un estudio de la Universidad de los Andes afirma que, por la pandemia, “la proporción de hogares que reportaron cero ingresos laborales pasó de 1% a 10%” (“La afectación efectiva del empleo en la pandemia”).

Las consecuencias son mayor pobreza y menor bienestar. La encuesta “Pulso Social” del Dane evidencia que un creciente número de hogares redujo el consumo de alimentos. Antes de la cuarentena 6,7 millones de hogares en 23 ciudades consumían tres comidas al día; en octubre lo hicieron 5,4 millones. En cambio, los hogares que consumían dos comidas o menos aumentaron de un millón a 2,3 millones.

En síntesis, urge reducir rápidamente el desempleo y generar ingresos y protección social para el 68,4% de los trabajadores que no tienen representación en la negociación del SM. Por eso tiene mucho sentido el plan de emergencia planteado por exministros, empresarios y académicos, en el que se propone permitir temporalmente la creación de nuevos puestos de trabajo con remuneración del 80% del SM, con aportes a salud y ARL.

Covid-19: Del dicho al hecho

 

Publicado en Portafolio, el viernes 20 de noviembre de 2020

Hay buenas políticas que fracasan por las actitudes de algunos ejecutores. Se esperaría que todas las políticas contra el Covid-19 y muy especialmente las sanitarias tuvieran pronta y plena aplicación para frenar los contagios. Lamentablemente hay casos de parsimonia y desinterés de ciertos agentes en el cumplimiento de sus funciones. Aun cuando vemos frecuentes denuncias en los medios, bueno es insistir y lo haré con un episodio que conocí de cerca.

Una persona comienza con síntomas de gripa. De acuerdo con una circular del Ministerio de Salud, debería quedarse en casa; pero hay patronos que exigen a todos los trabajadores hacer presencia en la empresa, aun con esos síntomas.

Como precaución, llama a la EPS, describe los síntomas y solicita la prueba de Covid-19. Le responden que en efecto la sintomatología corresponde a un probable contagio, pero que no pueden dar una respuesta inmediata porque la persona vive en un municipio cercano a Bogotá y les tomará tiempo buscar un laboratorio aliado.

Ante la persistencia de los síntomas, la persona paga de su bolsillo la prueba en un laboratorio privado y corrobora el diagnóstico de Covid-19. Entonces, se aísla en su vivienda.

Llama a la EPS para informar el resultado de la prueba y solicitar la incapacidad. Ante esto, la entidad dice que primero hará la prueba (ahora sí “encontraron” un laboratorio aliado). Al día siguiente van a la vivienda y toman la muestra solo a él y no a la esposa porque no tiene síntomas (desechan la posibilidad de que ella sea asintomática y haya contagiado al esposo). Además, le informan que el resultado tarda ¡alrededor de 10 días! Suertudo, pues en los medios exponen mayores demoras.

Aun cuando el gobierno diseñó una estrategia para romper la cadena de contagios (PRASS), que está contenida en un documento CONPES, y en ella se incluye el rastreo, a la persona en ningún momento le preguntaron sobre sus contactos recientes, ni le recomendaron aislamiento. ¿Cuántos contagios podría ocasionar sin aislamiento y sin el diagnóstico de la EPS?

Veamos lo que está ocurriendo en Europa con la segunda ola, como lo destaca The Economist: “Solo el 23% de los examinados en Inglaterra durante la semana hasta el 22 de octubre recibieron resultados en 24 horas, frente al 93% a fines de junio. Y solo el 45% de los que dieron positivo recibieron una llamada de un rastreador de contactos el mismo día de su diagnóstico, en comparación con alrededor del 80% durante el verano”.

Con el tortuguismo de algunos empleados de las EPS, la inaudita demora en dar los resultados y el menosprecio por el rastreo estratégico no es de extrañarnos si los contagios de Covid-19 crecen nuevamente.

Cuando solo prima la preocupación por las aglomeraciones y la indisciplina social y no por los diagnósticos rápidos, el rastreo eficiente y la responsabilidad de la burocracia de las EPS, se está buscando la fiebre en las sábanas. La sociedad admira y aplaude la abnegada labor de médicos y enfermeras que dan la batalla contra el virus, pero también debe criticar y sancionar a quienes son ineficientes en su labor para romper la cadena de contagios. En fin, hay que velar porque las buenas políticas implementadas tengan cabal cumplimiento.

Covid-19 a domicilio

 

Publicado en Portafolio el 23 de octubre de 2020

Bogotá fue una de las ciudades que cerró la economía por más tiempo; según la alcaldesa, “primero la vida y la salud” que “privilegiar los intereses económicos”. Ese criterio explica la demora en la aprobación de los protocolos sanitarios y la dosificación de los días en que podían funcionar las empresas. Además, estableció horarios de entrada de los trabajadores para no sobrepasar del 35% el uso de Transmilenio porque eso podría desbocar la pandemia; sin embargo, en las declaraciones más recientes asegura que el transporte masivo no es un foco de contagios. A pesar de esos argumentos, la capital registra la mayor tasa de incidencia del covid-19 y la tercera de mortalidad en Colombia.

La alcaldesa olvidó que la capital no es una isla y que los procesos productivos funcionan en cadenas que integran diversas regiones del país y del mundo. Como consecuencia, la economía bogotana es la más postrada entre las principales ciudades del país. La tasa de desempleo de Colombia en el trimestre junio-agosto fue de 18,9% y la de Bogotá 24,1%; mientras la caída en el número de ocupados nacional fue de 16,2% respecto al mismo trimestre de 2019, en la capital cayeron en 21,0%.

La producción industrial de Bogotá cayó en agosto -17,4%; solo la supera Bucaramanga (-26,0%), pero mientras la primera explica el 26% de la caída nacional, la segunda aporta el 3%. El empleo industrial en la capital se contrajo en 12,7% ese mes, superó las ocho ciudades con las que el Dane la compara y aportó el 39% de la reducción total de Colombia. En comercio minorista las ventas reales se redujeron en 20,2%, la mayor contracción respecto a las principales regiones y explica el 42,5% del resultado del país.

Las consecuencias de esa debacle económica se apreciarán en mayor pobreza de la población bogotana. Esperemos que esos resultados no sean atribuidos por la alcaldesa al gobierno nacional, como ya se le volvió costumbre.

Lo curioso es que mientras le puso muchas trabas a la actividad económica formal para la reapertura de sus negocios, se ha hecho la de la “vista gorda” con los informales y los domiciliarios. Hace meses viene anunciando medidas para controlar las aglomeraciones y el incumplimiento del distanciamiento social en las ventas callejeras, pero hasta la fecha todo sigue igual o peor. ¿No percibirá la alcaldía que ese puede ser un factor explicativo de la concentración de contagios y muertes por covid-19 en los estratos de menores ingresos?

Por si fuera poco, los miles de trabajadores que sobreviven con las entregas a domicilio se están convirtiendo en un problema adicional sin que se tomen medidas para evitar las aglomeraciones, los basureros que generan y el uso del espacio público como sanitario. Las empresas de servicios domiciliarios se habían comprometido a establecer sitios de tránsito en los que estas personas tuvieran unas condiciones mínimas de espera, de acceso a servicios sanitarios y de higiene básica, pero tampoco han cumplido. ¿La alcaldesa que le impuso fecha de apertura, días y horarios de operación a las empresas formales no podrá obligar a las de domicilios a proteger estos trabajadores y con ello a la población bogotana crecientemente expuesta a contagios de coronavirus por la forma en que operan tales negocios?

¿Y dónde está la alcaldesa?

 

Publicado en Portafolio el viernes 25 de septiembre de 2020

Mientras la ciudad era vandalizada a raíz del asesinato de Javier Ordoñez, la alcaldesa Claudia López echaba culpas al gobierno, denunciaba a la policía ante las Naciones Unidas y regañaba al presidente Duque porque «él como "comandante en jefe" de la institución debía ordenar a los uniformados no usar "armas de fuego en protestas sociales ni en Bogotá ni en ninguna ciudad de Colombia"» (Portafolio, septiembre 18).

La alcaldesa se olvidó del artículo 315 de la Constitución que establece que “el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio”. Según Semana (septiembre 13), “le faltó asumir que ella es la primera autoridad de la ciudad y no la oposición al Gobierno”.

No es la primera vez que la alcaldesa busca culpables en lugar de afrontar las situaciones. En junio, refiriéndose a los contagios y la falta de disciplina social en Corabastos, afirmó que “esa central es responsabilidad del Gobierno” (Portafolio, junio 5). Unas semanas antes, dijo que los migrantes venezolanos también son un problema del Gobierno (El Tiempo, abril 2). Afirmó que el coronavirus llegó a Bogotá porque el presidente no quiso cerrar antes el aeropuerto; sin embargo, en las recientes noticias sobre reapertura de El Dorado es ella la que sale autorizando la operación.

Pero hay problemas como el de las aglomeraciones de vendedores informales que inundaron las calles violando las cuarentenas y ante eso no dijo ni hizo nada. ¿Qué diferencia hay entre los miles de personas que se aglomeran alrededor de Corabastos, buscando cualquier oportunidad de ganarse unos pesos y los miles que salieron a las calles al rebusque? ¿No crean focos de contagio al no usar tapabocas y no aplicar el distanciamiento? ¿No deberían estar en casa si son beneficiarios de las transferencias monetarias del gobierno y la alcaldía?

Hay decisiones acertadas de la alcaldesa en pro de la ciudad; se ha anticipado al gobierno en varias ocasiones y ha manifestado sensibilidad por la situación de la población vulnerable. Pero esa cantinela de culpar al gobierno de temas que debería afrontar la alcaldía deja la sensación de que no tenemos piloto.

De igual forma podría el gobierno nacional preguntarle a la alcaldesa de quién es la responsabilidad del metro para Bogotá. Y si es de la ciudad, ¿por qué tiene la Nación que poner cuantiosas sumas de dinero que, en lugar de destinarlas a los “ricos” de la capital, podría asignarlas a mejorar las condiciones de vida de los pobres de Chocó o de La Guajira?

Ahora que vuelven las congestiones de tráfico, hay menos kilómetros de vías para los automotores, porque los volvieron ciclorrutas (una solución “hechiza” y riesgosa para los ciclistas, en lugar de hacer construcciones con diseños técnicos). Como consecuencia, los trancones serán mayores y habrá que pensar en cómo castigar a los propietarios de carros particulares; por contraste, en las economías desarrolladas incentivan el uso de los carros para no atiborrar el transporte masivo, por el mayor riesgo de contagios. La alcaldesa debe estarse preguntando cómo echarle la culpa de los problemas de movilidad capitalina al gobierno.

Reactivación y recuperación

 

Publicado en Portafolio el 28 de agosto de 2020

La caída de -15.7% del PIB de Colombia en el segundo trimestre confirmó los temores sobre los impactos negativos de la pandemia y las medidas de contención. Se esperan mejores resultados en lo que resta del año, para lo cual son cruciales las medidas de política económica.

En esta materia es importante la diferenciación que establecen Carmen y Vincent Reinhart entre reactivación y recuperación (“The Pandemic Depression. The Global Economy Will Never Be the Same”. Foreign Affairs, Vol. 99 No. 5). Es posible que algunas economías empiecen a mostrar variaciones positivas (como ya se observa en China), pero volver al valor del PIB precovid-19 tomará más tiempo; lo primero corresponde a la reactivación, producto de la reapertura de sectores y las políticas fiscales y monetarias expansivas, mientras que lo segundo se refiere a la recuperación. Según estos autores, “en todas las peores crisis financieras desde mediados del siglo XIX, el PIB per cápita tardó un promedio de ocho años en volver al nivel anterior a la crisis”.

El problema es que la “depresión pandémica”, como la denominan los Reinhart, tiene una naturaleza regresiva porque afecta más a las economías en desarrollo y dentro de ellas a los más pobres. Las economías desarrolladas cuentan con sólidas redes de seguridad social y mayor capacidad de uso de la política fiscal, mientras que las economías en desarrollo carecen de esas redes o son muy débiles y el margen fiscal es reducido, cuando no está ya copado.

En todos los países las empresas pequeñas son las más golpeadas y ellas son la fuente de empleo de una gran cantidad de trabajadores que son remunerados con bajos salarios. Pero hay una gran diferencia en el peso relativo de estas empresas entre países; Marcela Eslava muestra que las empresas de menos de 10 trabajadores ocupan cerca del 15% de los trabajadores de Estados Unidos, mientras que en Colombia ocupan el 70% (“El empleo y los cierres por COVID19”).

De lo anterior se colige la importancia de contar con políticas que aceleren la recuperación, pero hay que dar prioridad a las de corto plazo para impulsar la reactivación. El gobierno ha implementado políticas acertadas y oportunas, pero urge fortalecer algunas de ellas.

Por ejemplo, al cierre de julio se habían entregado subsidios a la nómina (PAEF) por un monto de $2,4 billones, otorgados a 132.537 empleadores, que emplean 3,2 millones de trabajadores. Teniendo en cuenta que los empleados formales son alrededor de nueve millones, se deduce que solo el 36% de los trabajadores potenciales tuvo acceso. Y si suponemos que en Colombia hay unos dos millones de empresas y que el 50% son formales, la cobertura hasta el momento es de apenas el 13%; con 86 mil microempresas y 35.000 pequeñas beneficiadas, es evidente que la mayoría de estos segmentos empresariales no ha tenido acceso.

Son justamente las micro y pequeñas las más afectadas por la regresividad de la depresión pandémica; la consecuente destrucción del tejido empresarial repercutirá en formidables retos para restablecer el empleo y mitigar el impacto en la pobreza. Por eso, urge hacer un balance entre hacer mayores esfuerzos focalizados en esas empresas en el corto plazo o asumir los onerosos costos económicos y sociales de un largo proceso de recuperación.

Coronavirus y críticos

Publicado en Portafolio el viernes 17 de julio de 2020

Estamos en una pandemia. “Eso significa que incluso con las medidas implementadas, veremos que los casos y las muertes continúan aumentando a nivel mundial, nacional y en nuestras propias comunidades. Esto puede llevar a algunas personas a pensar que las medidas de distanciamiento social no están funcionando. Lo están. Pueden parecer inútiles. No lo son”. El texto es de una carta del profesor de epidemiología en la Universidad de Yale, Jonathan Smith, a sus vecinos para sensibilizarlos sobre el distanciamiento social.

Lo que dice Smith es muy pertinente para Colombia. Algunas autoridades locales, medios y connotados analistas están encendiendo las alarmas y endilgando responsabilidades al gobierno. Opinan que fue un error decretar la cuarentena de forma anticipada, pues ahora tenemos disparados los contagios y la economía postrada. Afirman que las economías desarrolladas fueron cerradas cuando estaban en el pico de la pandemia y reabrieron al superarlo; pero no recuerdan que en varios casos colapsó el sistema de salud y se elevó la mortalidad.

También olvidan, quienes así opinan, que no hay vacuna para el virus y que mientras no exista seguirán creciendo los infectados y los muertos. Lo que sí debería enfatizarse es que, con cuarentena o sin ella, en gran medida el número de contagiados y fallecidos lo determinamos con nuestro comportamiento.

En una economía con informalidad laboral bordeando el 60%, la presión por satisfacer las necesidades básicas lanza a la calle a muchas personas que no se protegen. Pero ninguna autoridad local parece darse cuenta de ese problema; adoptan toques de queda y nuevas cuarentenas, pero nada en concreto sobre las ventas ambulantes que quedan como ruedas sueltas y crean focos de contagio. Al respecto, Smith señala que estas situaciones ocasionan un efecto grave, pues la epidemia crece como si no se hubieran adoptado medidas.

Piensen, quienes critican la cuarentena, que la tasa de contagio a comienzos de abril estaba en 2,6. Sin las medidas de confinamiento, ya tendríamos contagiada casi toda la población; habríamos logrado la inmunidad del rebaño, ¿pero con cuántas muertes? Con la ventana de tiempo que generaron esas medidas, están llegando los ventiladores al país y se incrementó el número de UCIs; sin ellas, ¿cuánto hace que hubiera colapsado el sistema de salud?

El profesor Salomon Hsiang de la Universidad de Berkeley lideró un estudio sobre el impacto de las políticas de confinamiento y restricción a la movilidad en China, Corea, Italia, Francia, Irán y Estados Unidos, y concluyó que sin medidas el número de contagiados habría sido de 530 millones de personas. Para tener una referencia, a la fecha el total mundial está superando los 13 millones.

Según el INS la tasa de contagio de Colombia está en 1,17 como resultado de las medidas de contención; es una diferencia notable con el 2,6 de abril. Pero los contagios crecen geométricamente; los cinco mil nuevos casos diarios que hoy nos asustan, serán 10 mil en unas pocas semanas si seguimos con el desorden social. Además de sanciones ejemplarizantes a los indisciplinados, los alcaldes deberían censar a los informales y brindarles una renta básica por quedarse en casa y adoptar las medidas de higiene y distanciamiento social. Solo así lograremos bajar de uno la tasa y evitar el colapso del sistema de salud.

Colombia y los bienes médicos esenciales

Documento de trabajo

Es importante entender el mercado internacional de los bienes médicos esenciales en el que Colombia debe adquirir los elementos necesarios para la lucha contra el covid-19. Esta nota se propone presentar una caracterización y, en particular, utilizar como referencia los datos de una base recientemente construida por investigadores del Banco Mundial (Espitia, Rocha y Ruta, 2020a).

Para Colombia, igual que para la mayoría de los países del mundo, especialmente para las que son importadoras netas de bienes médicos, ha sido difícil el abastecimiento de estos productos. Tal situación ocurre por varias razones básicas: los países tienen escasa o nula producción de algunos de ellos; no contaban con el volumen de existencias necesario; la magnitud de la pandemia es de proporciones que nadie se imaginaba; y la alta concentración que existe en los proveedores mundiales de esos productos, sumada a las restricciones que muchos de ellos impusieron a las exportaciones.

La Organización Mundial de la Salud estableció una lista de 17 productos esenciales para hacer frente al problema del covid-19 (WHO, 2020). Un grupo de investigadores del Banco Mundial mostró que en el mercado mundial que enfrentan los 20 países en desarrollo más afectados por la pandemia esos productos están altamente concentrados, como se observa en el gráfico 1. Para el conjunto de productos críticos el 80% es provisto por cinco países; pero en los productos para la gestión de casos y para diagnóstico la concentración es aún mayor (Espitia, Rocha y Ruta, 2020b).

La escasez que se generó en el mercado mundial de bienes médicos esenciales por la creciente demanda presionó los precios internacionales al alza. En ese contexto, las restricciones a las exportaciones hacen que los aumentos sean aún mayores y afecten negativamente a las economías que dependen de las importaciones. En el caso de Colombia, según un estudio de Kearney (2020), entre enero y abril de 2020 los precios de los tapabocas quirúrgicos se incrementaron en 531%, los tapabocas N95 en 262%, las batas desechables en 173% y los ventiladores mecánicos en 142% (citado por Plata, 2020a).

Como se muestra más adelante, Colombia tiene aranceles a las importaciones de varios productos médicos. Con el fin de evitar que ellos sean un factor adicional de incremento de los precios, el gobierno resolvió bajarlos a cero por un término de seis meses (Presidencia de la República, 2020).

En el cuadro 1 se muestran algunas características de las importaciones promedio de Colombia de bienes médicos esenciales en el periodo 2017-2019; su monto ascendió a US$617 millones. El primer aspecto que sobresale es cómo los tres principales países proveedores de cada uno de ellos tienen una participación superior al 50%; incluso, en el caso de los guantes, las gafas protectoras y los gorros superan el 90%.

Un segundo aspecto que corrobora esa característica es el Índice Herfindahl-Hisrchman. Este indicador toma valores entre cero y 10.000 e internacionalmente se usa como referencia el valor 1.800 para revelar una alta concentración. Por lo tanto, solo tres de los productos incluidos en el cuadro muestran un nivel moderado del índice. En cambio, en el caso de las máscaras Venturi para el suministro de oxígeno a los pacientes y en el de los ventiladores hay una altísima concentración.

Otra forma de análisis que permite la base de datos del Banco Mundial es por cada uno de los productos críticos. El cuadro 2 presenta, como un ejemplo, la información de importaciones de máscaras médicas. En promedio Colombia realizó compras a los países listados por un monto de US$19 millones. Pero simultáneamente es un país exportador, con ventas por un promedio de US$10,6 millones en 2017-2019; esto explica que tenga un arancel de nación más favorecida del 15%, con el fin de proteger la producción nacional, frente a países con los que no se tiene acuerdo comercial (cuando lo hay, el preferencial es cero o menor de 15%).

El cuadro también muestra cómo el impacto de las restricciones a las exportaciones afecta directamente los precios. China es un país que impuso restricción y, según los cálculos del Banco Mundial, ella induce un incremento del 16,7% en el precio; aun cuando Estados Unidos no impuso control a las exportaciones de máscaras médicas, su precio también aumenta (12,4%) porque se reduce la oferta mundial.

En síntesis, esta información demuestra que la estructura del comercio internacional de bienes médicos esenciales es altamente concentrada y que en la coyuntura de la pandemia se hace más evidente la vulnerabilidad de las economías que son importadoras netas de ellos. También sirve para ilustrar el difícil mercado en el que tuvieron que incursionar las Administradoras de Riesgos Laborales para cumplir con la provisión de equipos de protección personal a los profesionales de la salud, en cumplimiento de lo establecido de forma temporal en el marco de la emergencia sanitaria que declaró el gobierno nacional.

Una lección importante que dejan los problemas de abastecimiento de estos bienes esenciales en una coyuntura de emergencia es la necesidad de establecer una reserva estratégica nacional de salud, como lo sugiere Plata (2020b). Algunas economías desarrolladas la tienen y la manejan como un tema de seguridad nacional; en el caso de Estados Unidos ha sido muy útil para emergencias como la de las torres gemelas y el huracán Katrina.

También es evidente la necesidad de contar con producción nacional de algunos de esos bienes. Con el ánimo de crecer la oferta de ventiladores, países como Estados Unidos flexibilizaron las estrictas normas de la FDA para autorizar su comercialización y se invitó a empresas de diferentes sectores, como el automovilístico, a usar sus plantas para producirlos.

En Colombia también se flexibilizó la regulación del Invima para los ventiladores; mediante la Circular 031, el Ministerio de Salud señala que, en caso de necesidad, se pueden usar ventiladores nacionales que todavía están en la Fase Clínica II, que implica pruebas con personas, siempre y cuando se tenga el consentimiento del paciente o la familia. Con esta decisión se da un impulso a los numerosos proyectos desarrollados en las universidades del país; algunos de ellos cuentan con aportes de inversionistas privados por lo que es alta la probabilidad de que las empresas perduren una vez superada la pandemia. Debería enfocarse como un tema de seguridad nacional y plantear incentivos de política para su permanencia.

Referencias

Espitia, A.; Rocha, N. y Ruta, M. (2020a). “Database on COVID-19 Trade Flows and Policies”, World Bank. https://dataviz.worldbank.org/t/DECDG/views/Covid-19_Trade/story?iframeSizedToWindow=true&:embed=y&:showAppBanner=false&:display_count=no&:showVizHome=no

Espitia, A.; Rocha, N. y Ruta, M. (2020b). "Trade In Critical Covid-19 Products". Trade and COVID-19 Guidance Note, World Bank, 27 de marzo. Recuperado de: http://documents1.worldbank.org/curated/en/764011585606299529/pdf/Trade-and-COVID-19-Guidance-Note-Trade-in-Critical-COVID-19-Products.pdf

Kearney (2020). “Perspectiva del mercado de insumos y dispositivos médicos para el COVID-19”. Documento para discusión, 14 de mayo.

Plata, L.G. (2020a). “'Guerre des masques'”. El Tiempo, 3 de junio. https://www.eltiempo.com/salud/opinion-guerre-des-masques-el-enfrentamiento-mundial-por-los-recursos-frente-al-coronavirus-502628

Plata, L.G. (2020b). “Reserva estratégica nacional de salud”. El Tiempo, 25 de junio. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/que-es-una-reserva-estrategica-y-por-que-colombia-la-necesita-510896  

Presidencia de la República (2020). “Gobierno reduce a 0% el arancel para la importación de 53 productos y elementos de los sectores de salud, higiene y saneamiento básico”. Comunicado de Prensa, 23 de marzo. Recuperado de: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-reduce-a-0-arancel-para-importacion-de-53-productos-elementos-de-sectores-salud-higiene-saneamiento-basico-200323.aspx

World Health Organization - WHO (2020). “Disease Commodity Package - Novel Coronavirus (COVID-19). WHO, 6 de marzo. Recuperado de: https://www.who.int/publications/i/item/disease-commodity-package---novel-coronavirus-(ncov)

Del pesimismo al optimismo

Publicado en Portafolio el viernes 19 de junio de 2020

La reciente actualización de las “Perspectivas económicas” de la OCDE es más pesimista en su proyección del PIB de Colombia para el 2020 que la del consenso de los analistas privados: -6,1% y -4,0%, respectivamente. En cambio, para el 2021 es más optimista sobre la recuperación esperada (4,3% y 3,7%).

La OCDE también incluye un escenario en el que podemos agravar la crisis con la indisciplina social, que se materializaría en una “segunda ola” de la pandemia; en esa situación, el PIB caería -7,9% este año y apenas crecería 2,8% en el próximo.

Sin duda, estamos en la crisis económica más profunda de Colombia desde la Gran Depresión, pero podríamos salir rápidamente de ella, aun cuando no hay acuerdo entre los economistas sobre los efectos del desmonte de las restricciones impuestas por el covid-19. Para algunos, poco servirán las inyecciones de liquidez y el impulso a la demanda con mayor gasto público, porque los patrones de consumo cambiarán radicalmente. Las familias ahorrarán más, debilitando la demanda, por incertidumbre en la estabilidad de sus ingresos en el futuro y porque no se sabe cuándo terminará la pandemia.

Para otros, la recuperación será rápida, justamente porque no se trata de una crisis de demanda ni de capacidad de las empresas para crecer su oferta. Lo ilustra el caso de China, cuyo PIB disminuyó -6,8% en el primer trimestre de 2020, pero ha respondido pronto al desmonte de la cuarentena y las restricciones de movilidad; su PMI manufacturero, que cayó más que en el periodo de la crisis mundial de 2008-2009, ya volvió por encima de 50, que es el nivel de referencia para esperar un ritmo normal de crecimiento.

En Colombia, en un entorno de proyecciones de crecimiento cada vez más negativas, hay algunos indicios que permiten abrigar la esperanza de una recuperación rápida. El PMI manufacturero de mayo registró un rebote similar al observado en las economías desarrolladas. El consumo en ese mes cayó en términos reales mucho menos de lo esperado, por el efecto positivo de los programas de ayuda del gobierno. Los precios del petróleo bordean los US$40 por barril y los contendores de esa guerra ya entendieron el absurdo de dejar desplomar los precios. El índice de confianza del consumidor no siguió cayendo y refleja optimismo de los hogares sobre la situación de la economía en los próximos doce meses.

Adicionalmente, en el mercado laboral, las cosas pueden ser menos graves de lo que reflejan la tasa de desempleo y la disminución de más de cinco millones en el número de personas ocupadas; según el Dane, con base en la Pila, se observa que el trabajo formal no cayó tan estruendosamente como lo hizo el total del empleo. Esto podría mostrar que la caída de 5,3 millones de ocupados entre abril de 2019 y abril de 2020 refleja el problema de alta informalidad laboral; a estas personas el confinamiento las pasó automáticamente de “empleados” a “inactivos”.

En este contexto es fundamental el sostenimiento de las políticas gubernamentales orientadas a apoyar el consumo y contener la quiebra de empresas. Es necesario mitigar el impacto económico y social en los sectores más afectados y fortalecer los mensajes sobre la disciplina social para evitar la temida “segunda ola”.

Equipos de protección personal

Publicado en Portafolio el 22 de mayo de 2020

Nadie osaría entrar indefenso a una jaula con un león. De la misma forma médicos y enfermeras no deberían tratar pacientes contagiados de covid-19 sin los equipos de protección personal (EPP).

El Ministerio de Salud recomienda para los profesionales de la salud que atienden pacientes infectados que generan aerosoles (mediante tos, estornudos, procedimientos de intubación, etc.) un EPP conformado por respirador N95, visor, careta o monogafas, bata manga larga antifluido, guantes no estériles y vestido quirúrgico debajo de la bata.

La legislación obliga a los empleadores a dar a los trabajadores las dotaciones adecuadas para ejercer sus labores y, a la vez, proteger su integridad. Así como los constructores deben entregar a cada obrero un casco, guantes y botas de seguridad, entre otras, las EPS, los hospitales y las clínicas están obligados a darle a los profesionales de la salud los EPP, en función de los riesgos a los que estén expuestos.

Si estos profesionales salen a protestar en los medios porque no tienen los EPP, la pregunta es por qué no los tienen. La explicación del problema parece radicar en las modalidades de contratación y el incumplimiento de las obligaciones.

Según la “Encuesta de situación laboral de profesionales de la salud 2019”, presentada recientemente por Roberto Baquero y Samuel Barbosa, del Colegio Médico Colombiano, el contrato laboral es la forma de vinculación del 42% de los médicos generales, del 17% de los especialistas y del 45% de otros profesionales de la salud. El resto se vincula con órdenes de prestación de servicios, contratos por honorarios, cooperativas de trabajo, etc.

En síntesis, alrededor del 40% de los profesionales de la salud debería contar con los EPP adecuados y de óptima calidad entregados por los contratantes ¿Sí se estará cumpliendo con esta obligación? En algunos casos no pareciera. El restante 60% está conformado por profesionales que son independientes porque les es más rentable o porque no acceden a una forma de contratación más estable; ello implica la obligación de “dotarse” a sí mismos de los EPP porque son sus propios empleadores. Esta situación viene de tiempo atrás y no nació con la pandemia de covid-19.

Pero al aumentar el riesgo por la pandemia, las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) emergieron como un actor de apoyo. Aun cuando la legislación prohibía expresamente a las ARL entregar dotaciones a los trabajadores dependientes e independientes, dado que esa no es su función, el gobierno decretó como medida excepcional de la emergencia económica que ellas deben destinar de forma temporal un porcentaje de las primas recibidas a comprar EPP.

En cumplimiento de ese mandato excepcional, las ARL están comprando EPP, en un mercado mundial desabastecido y en medio de una guerra sin cuartel por esos productos.

No obstante, se debe precisar que las ARL aportan recursos por un monto limitado y son un proveedor temporal de los EPP que tienen que seguir entregando los empleadores o adquirir los contratistas; los cálculos indican que estos dos últimos deben responder por cerca del 95% del costo de la dotación. En ese contexto es prioritario que las autoridades sanitarias y laborales subsanen los problemas de incumplimiento que ponen en riesgo a los profesionales de la salud, especialmente frente al covid-19.

Crisis y oportunidades

Publicado en Portafolio el 24 de abril de 2020.

Winston Churchill decía: “¡Nunca desperdicies una buena crisis!” Hoy el mundo está enfrentando una sin precedentes; ¿cómo aprovecharla? 

Gobierno, empresarios, academia y analistas deberían explorar a fondo las oportunidades que hay para enfrentar la dimensión sanitaria de la pandemia y para dinamizar la economía. El punto de partida es la escasez global de productos esenciales para el sistema de salud.

¿Puede sustituirlos la producción nacional? Hay empresas con flexibilidad para reorientar su producción y otras podrían crearse para atender la urgencia. Suena utópico, pero los periodos de crisis son motores de grandes innovaciones. El politólogo francés Bertrand Badie, afirmó hace poco que una crisis como la actual, “al agudizar el miedo, permite desarrollar la creatividad humana y social”.

¿Por qué no empezar a producir en Colombia sofisticados equipos médicos? Hay quienes se oponen a la fabricación de ventiladores “made in Colombia” porque no cuentan con las certificaciones internacionales que tienen los mejores fabricantes del mundo. Recordemos la tragedia vivida en Italia; el crecimiento exponencial de enfermos graves de covid-19 desbordó la capacidad de UCIs de los hospitales italianos y los médicos tuvieron que elegir a quien salvar y a quien dejar morir. Si existe la posibilidad de que unos artefactos no tan sofisticados, pero técnicamente adecuados, puedan salvar vidas, ¿por qué no intentarlo?

Bernard Roth, profesor de Stanford, recuerda que unos estudiantes desarrollaron un producto similar a una bolsa de dormir, que por módicos US$200 sustituyó incubadoras de más de US$20.000 en Nepal. Partiendo de cero, esa innovación permitió salvar las vidas de muchos bebés prematuros y los estudiantes iniciaron una fábrica para ayudar a otras economías pobres.

Ese es un ejemplo, pero pueden surgir muchos más. El problema sanitario no desaparece “aplanando la curva”, pues existe el riesgo de una segunda ola de covid-19, según un artículo en The Lancet; esto porque unos meses de cuarentena no inmunizan la población o porque los controles se relajan prematuramente.

Se podría implementar la propuesta de Paul Romer y Alan Garber, de levantar la cuarentena gradualmente, imponiendo a las personas el uso de trajes de protección especiales, como los suministrados a los jueces en Colombia. Ahí surgen una oportunidad y un reto para que diseñadores industriales, textileros y confeccionistas fabriquen “moda” en ropa de protección que sea barata y más cómoda.

En algunos casos, como los de ventiladores diseñados en varias universidades del país, están apareciendo apoyos particulares; pero deberían ser parte de una “política pública de emprendimiento anticovid-19”, una especie de Plan Marshall o de Restauración Meiji, para potenciar las iniciativas que inventen o reinventen negocios.

Las opciones son claras: Extender las cuarentenas, con el riesgo de quebrar la economía aumentando la pobreza y el desempleo, o inducir la reorientación de recursos públicos y privados hacia industrias de productos y servicios nuevos, que dinamicen la producción y el empleo, a la vez que se logra la tan esquiva diversificación de la estructura productiva del país. ¿Qué será preferible?

Victoria pírrica

Publicado en Portafolio el 20 de marzo de 2020

En medio de la baraúnda de las últimas semanas por cuenta del Covid-19 y la guerra del petróleo, quedó sepultada la noticia de la balanza comercial de Estados Unidos. Vale la pena sacarla a flote, pues se trata del eje central de la visión trumpiana sobre la relación económica entre países y es el fundamento de la guerra comercial que tanto daño le está haciendo al mundo.

El déficit comercial de Estados Unidos en 2019 ascendió a US$853 mil millones, con una reducción del 2,5% respecto al observado en 2018; en términos absolutos disminuyó en US$22 mil millones, después de dos años de altos crecimientos.

El saldo del comercio de bienes que mayor interés suscita es el de Estados Unidos con China, que es el blanco principal de la guerra comercial; con esta nación el déficit fue 17,6% menor que el del año anterior y su caída fue de US$74 mil millones, cifra nada despreciable; este resultado refleja una contracción del 16,2% en las importaciones y una del 11,3% en las exportaciones.

Puestos en esos términos, parecería que Trump salió victorioso de su guerra. Pero la realidad no es tan clara. En primer lugar, por la existencia de cadenas globales de valor, el costo ha sido la pérdida de dinámica del comercio internacional, lo que, sumado a otros hechos, contribuyó a desacelerar el crecimiento económico de numerosos países. Según las estimaciones del Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB World Trade Monitor) durante 2019 el volumen de comercio y los precios unitarios cayeron 0,4% y 2,6%, respectivamente.

En segundo lugar, como consecuencia del “fracking”, Estados Unidos se convirtió en el primer productor mundial de petróleo y, en consecuencia, siguió reduciendo sus compras al mercado internacional. En 2019 disminuyó sus importaciones del hidrocarburo en US$30.000 millones y, según los cálculos del U.S. Census Bureau, el déficit comercial sin petróleo se incrementó en 1,8%.

En tercer lugar, parte de las compras que se hacían a China fueron sustituidas por las realizadas a otros países, lo que se refleja en el aumento del déficit comercial de Estados Unidos con México (26%), Canadá (42%), Vietnam (41%), Corea del Sur (16%) y la Unión Europea (5%).

En cuarto lugar, la esperanza de Trump y de los ideólogos de la guerra comercial, como Peter Navarro, era que la imposición de aranceles a China obligara a las empresas a retornar al país y a crecer la producción nacional. Sin embargo, lo que se está observando es lo contrario: el índice de producción industrial de Estados Unidos creció 4% anual al cierre de 2018 y registró una variación negativa del 1% al cerrar 2019.

En síntesis, la victoria de Trump en la guerra comercial es pírrica, como lo habían anticipado destacados economistas. Ahora en un escenario con coronavirus y guerra petrolera, el dólar se fortalece y hace que las exportaciones estadounidenses se vean perjudicadas por el cambio de los precios relativos, por lo que cabe esperar que esas deleznables ganancias se diluyan.

El problema es que la creciente probabilidad de una recesión mundial que no estaba en el radar de ningún analista hasta hace un par de meses, ocurrirá en una economía mundial debilitada y con un limitado margen de maniobra de las autoridades económicas de muchos países.

El Manifiesto por Colombia

Publicado en Portafolio el 21 de febrero de 2020

La semana pasada fue presentado el Manifiesto por Colombia, suscrito por más de 50 académicos, columnistas y exfuncionarios públicos, de diversas corrientes políticas y de pensamiento, con el propósito de plantear alternativas a la problemática que vive el país.

El Manifiesto comienza enunciando que “en nuestros doscientos años de vida republicana hemos alcanzado notables logros”. Colombia está en el mejor momento de su historia, como lo evidencian los indicadores disponibles de numerosas variables, incluyendo la reducción de la pobreza, la mejora en la distribución del ingreso, la menor tasa de mortalidad, el acceso casi universal a la salud, la mayor cobertura en educación, el crecimiento de la esperanza de vida, etc.

Aun así, para los promotores del paro el país se encuentra en un estado de postración y crisis que deteriora el bienestar de la población. Desde luego, tenemos mucho qué mejorar y fortalecer la tendencia favorable en todos los indicadores económicos y sociales. De igual forma, hay que reconocer la existencia de malestar y descontento en la sociedad, así como el legítimo derecho a la protesta pacífica y civilizada; quizás la corrupción, la inoperancia de la justicia, la polarización que nos hastía, el negativismo que nos bombardea desde los medios y las redes, y el desempleo, entre otros factores, están alimentando esas percepciones.

Pero debemos evitar posiciones dogmáticas y generalizaciones simplistas que, lejos de brindar soluciones, bloquean el camino para continuar mejorando. Así, por ejemplo, es errada la percepción de que vamos de para atrás en temas como la concentración del ingreso y que esa es una de las principales fuentes del descontento de la sociedad. En una columna reciente el exministro Luis Guillermo Plata (“Desigualdad y paro, gran contradicción”) muestra que hay avances notables en los indicadores de bienestar de la población y en particular en los de distribución. Y Mauricio Santamaría, nuevo presidente de Anif, mostró el gran salto que dio la clase media en Colombia: el porcentaje de personas que vive con ingresos mayores al doble de la línea de pobreza en las siete principales ciudades se incrementó del 24,7% en 1985 al 54,0% en 2017.

Es claro que el Gini sigue siendo alto y para bajarlo son necesarias diversas medidas, que incluyen vigorizar la capacidad redistributiva de la política fiscal. Eso implica una reforma fiscal que profundice los cambios estructurales que se vienen dando con las reformas recientes.

De igual forma, hay que entender la importancia del tema pensional. El 75% de la población en edad de jubilación no tiene acceso a una pensión; ese problema es muy grave en un país que envejece aceleradamente, y en el que la pobreza de los mayores de 65 años es la más alta de América Latina. Por eso, las protestas, en lugar de oponerse a la reforma pensional, deberían apoyar al gobierno en su propuesta de crecer la cobertura del programa Colombia Mayor.

El descontento y el malestar deben enfocarse en presionar por medidas efectivas contra los factores generadores, y apoyar las reformas que desmontan privilegios, fortalecen la financiación de la política social y aceleran el tránsito de Colombia hacia un país con una mejor distribución del ingreso.

En estas materias, el Manifiesto a la vez que demanda cambios, propone adoptar alternativas sustentadas y realistas.

(Puede leer el Manifiesto a continuación de esta columna)

MANIFIESTO POR COLOMBIA

En nuestros doscientos años de vida republicana hemos alcanzado notorios logros, no obstante amenazas y enormes dificultades. Nos corresponde ahora incrementar ese esfuerzo.

Todos los colombianos aspiramos a una sociedad más equitativa, más justa y más moderna. Compartimos ese deseo, sabiendo que las soluciones requieren de esfuerzos colectivos, y que hay problemas estructurales que deben ser enfrentados con inteligencia y con disposición para llegar a consensos amplios en la sociedad. De continuar postergando la búsqueda de soluciones, las consecuencias se verán no solo en el aumento de las problemáticas en sí, sino también en las manifestaciones de inconformidad de la población que hoy vemos en las calles.

En el contexto de la Conversación Nacional en curso, los ciudadanos que suscribimos este documento hemos decidido exponer nuestra visión sobre algunos de los problemas que afronta Colombia. Nuestros idearios políticos son diversos. Estamos vinculados a la docencia, en unos casos; en otros, participamos regularmente en debates públicos, o hemos sido servidores del Estado. Ninguno de nosotros participa en la actualidad en la actividad proselitista. A pesar de estas diferencias, compartimos un principio rector: la responsabilidad ética y política que tenemos todos los ciudadanos de demandar cambios y proponer alternativas, basados en sustentos y soportados en la realidad y la posibilidad.

El objetivo del grupo de firmantes del presente Manifiesto es contribuir a la toma de las decisiones que el país requiere y, en el proceso, demostrarnos como sociedad que hay alternativas a la forma como estamos discutiendo hoy.

1. Creemos en un Estado que se esfuerza para reducir la desigualdad social; que utiliza la política tributaria como uno de los mecanismos esenciales para la redistribución; que cuenta con herramientas de evaluación del impacto de esta política en la reducción de la desigualdad y que se cuida de otorgar exenciones tributarias o subsidios regresivos o ineficientes.

2. Creemos en un Estado que lucha contra la corrupción y contra las estructuras criminales que ella genera y que fortalece los mecanismos de financiación de las actividades electorales para erradicar el vínculo entre política y corrupción.

3. Creemos en un Estado que desarrolla políticas eficaces para el aumento del empleo y la formalización laboral de las que depende, en buena medida, la reducción de la pobreza y la desigualdad social.

4. Creemos en un Estado que prioriza la educación como fundamento del desarrollo económico y social; que garantiza el acceso real de la población a la educación, no solo con mayor cobertura, sino con el mejoramiento continuo de la calidad; que cuenta con una rigurosa política de medición de la calidad de centros educativos y maestros; que dispone de incentivos salariales a los docentes en función de los logros en el proceso de aprendizaje; que promueve el sistema de educación pública, haciendo énfasis en la cobertura plena, al menos en la educación básica, y en la mejora significativa en calidad y que ayuda a que la población joven cuente con formación adecuada para ingresar al mercado laboral.

5. Creemos en un Estado que protege la vejez. Que cuenta con coberturas ampliadas y más robustas de programas como el de Colombia Mayor para proteger adecuadamente a las personas mayores que no cuentan con recursos para sobrevivir dignamente; que promueve mecanismos de cobertura a personas que están en la informalidad y para las que es difícil cumplir con los requisitos mínimos para lograr una pensión; que vela porque las pensiones no tengan efectos regresivos y permitan un ingreso para una vida digna en la vejez, teniendo en cuenta las posibilidades del país en su actual grado de desarrollo.

6. Creemos en un Estado que hace presencia efectiva en todo el territorio nacional, no solo para reducir a los grupos armados ilegales y proteger a las poblaciones sino también para fomentar el desarrollo económico, prestar servicios públicos y cohesionar el tejido social.

7. Creemos en un Estado responsable con el cambio climático y el ambiente; que reconoce el reto ambiental como el de mayor envergadura que enfrenta actualmente la humanidad; que adopta decisiones basadas en el conocimiento científico, para reducir las emisiones que contribuyen al calentamiento global; que promueve cambios de comportamiento en la sociedad, incluyendo hábitos de consumo, para fomentar el uso eficiente de los recursos naturales, garantizar su conservación, y reducir la contaminación. Que facilita la adopción de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente y define políticas que promueven la adaptación y mitigación del cambio climático; que avanza decisivamente hacia la transición energética para eliminar progresivamente los combustibles fósiles y garantiza que la economía funciona de manera sostenible.

8. Creemos en un Estado que implementa el Acuerdo Final con las Farc en el horizonte estipulado, incluyendo las medidas para robustecer la participación política y lograr una reforma rural integral; que mejora los instrumentos que garanticen la paz y que dispone de las herramientas para evitar el deterioro de la seguridad y el orden público en las regiones relacionadas con el Acuerdo; que articula el Acuerdo Final, el Plan Nacional de Desarrollo y los presupuestos anuales futuros; que busca mecanismos que contribuyan a la reconciliación.

9. Creemos en un Estado que protege la vida; que en el contexto actual fortalece las actividades de inteligencia con el fin de anticipar el surgimiento de situaciones de riesgo contra ciudadanos amenazados como lo son los líderes sociales y excombatientes; que reconoce la existencia de elementos comunes en estos crímenes, entre los cuales está su ocurrencia en regiones claramente determinadas y la existencia de factores de riesgo asociados al tráfico de drogas y a la erradicación de cultivos ilícitos; que fortalece y formaliza el diálogo entre el Estado y la sociedad sobre las estrategias de prevención de esos crímenes.

10. Creemos en un Estado que promueve las condiciones del crecimiento económico y la inversión; que corrige los problemas de inseguridad jurídica que afectan negativamente la inversión; que continúa avanzando en el proceso de modernización de la infraestructura vial del país; que procura mejorar el aprovechamiento de los mercados internacionales para fortalecer el crecimiento de los sectores productivos.

11. Creemos en un Estado dotado de una justicia autónoma e independiente de los intereses políticos, responsable ante la ciudadanía, accesible y eficiente; que escoge a sus jueces con base en sus méritos; que regula y hace cumplir de manea exigente reglas sobre conflicto de interés y que tecnifica la labor judicial, con una administración autónoma y gerencial.

12. Creemos en un Estado con una política exterior que sea producto del consenso nacional; que le permita afrontar los retos que tiene en el complejo escenario geopolítico mundial y, especialmente, con relación a Venezuela.

13. Creemos en la construcción de un Estado moderno, insertado en las dinámicas del mundo global, en el que el conocimiento y la ciencia constituyan pilares de su desarrollo económico y social.

ALEJANDRA CARVAJAL

ALVARO TIRADO MEJIA

ANDRÉS HOYOS

ANDRÉS MOLANO

ANDRÉS RESTREPO LONDOÑO

ARLENE B. TICKNER

ARMANDO MONTENEGRO

BETHOVEN HERRERA

CAMILO REYES

CARLOS RONDEROS

CATALINA BOTERO

CÉSAR CABALLERO

CLAUDIA PALACIOS

CONSTANZA VARGAS

DANIEL MERA VILLAMIZAR

DANIEL PACHECO

DIEGO VALLEJO

EDUARDO LORA

EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ

ENRIQUE BAYER

ERIC TREMOLADA

ERNESTO GUHL

FEDERICO RESTREPO

FERNANDO CEPEDA ULLOA

GERMÁN ARCE

GUILLERMO TRUJILLO

HERNAN AVENDAÑO

HERNANDO JOSÉ GÓMEZ

JAIME MILLÁN

JAIRO ENRIQUE MALAVER

JORGE H. BOTERO

JOSÉ FERNANDO ZARTA

JOSÉ LEIBOVICH

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

JUAN BENAVIDES

JUAN CARLOS BOTERO

JUAN GABRIEL GÓMEZ

JUAN GUILLERMO ANGEL

JUAN MANUEL CHARRY

JUAN SEBASTIAN BETANCUR

LEOPOLDO FERGUSSON

LUIS EDUARDO CLAVIJO

LUIS IGNACIO BETANCUR

MARC HOFSTETTER

MARÍA VICTORIA LLORENTE

MARTHA HELENA BRAVO

MAURICIO GARCIA VILLEGAS

MOISÉS WASSERMAN

RAMÓN MADRIÑAN DE LA TORRE

RODRIGO RIVERA SALAZAR

SEBASTIAN GONZALEZ

STELLA VILLEGAS DE OSORIO

THIERRY WAYS

WILLIAM R. FADUL
Bogotá, 12 de febrero de 2020

Tecnología versus cavernícolas

Publicado en Portafolio el 24 de enero de 2020

Cuando surgió el trabajo asalariado como forma predominante de relación laboral, los marcos legales no incluían tal modalidad; imperaban las relaciones artesano–maestro y siervo–señor feudal.

Esto significa que la relación salarial fue disruptiva y que, a la luz de los debates modernos, “estaba por fuera de la ley”; era una nueva competencia para las formas tradicionales de producción. Si en esa época hubieran existido organismos como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), los artesanos y los siervos hubieran podido demandar a los empresarios capitalistas y, probablemente, habrían declarado ilegales esas prácticas y ordenado el cierre de las fábricas. En ese contexto, el capitalismo no habría existido y la humanidad seguiría sumida en la miseria.

Esta hipotética situación se está haciendo realidad en Colombia con el debate originado por la reciente decisión de la SIC sobre Uber y la competencia con los taxistas. En el debate, robustecido por el anuncio de Uber de salir del país, se hace una crítica generalizada al gobierno por no haber regulado el tema de las plataformas digitales y las nuevas relaciones laborales. Eso demuestra que muchos analistas de Colombia poco y nada conocen del tema.

La revolución tecnológica está generando negocios y formas de vinculación laboral no previstas por las normas, porque el cambio tecnológico siempre va adelante de los marcos jurídicos. Esos cambios modifican la naturaleza del trabajo y de las empresas, como lo demuestra el Banco Mundial en el libro “The Changing Nature of Work” (2019). Para esas nuevas relaciones laborales aún no hay un nombre aceptado universalmente, pero en la literatura especializada predominan las denominaciones de GIG Work y Crowdwork.

Por lo novedosa que es la vinculación GIG, en el mundo, y muy especialmente en las economías desarrolladas, hay un amplio debate entre gobiernos, centros de investigación, prestigiosos académicos y organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y la OIT. Además, prestigiosas universidades crearon áreas de investigación específicas que están aportando publicaciones técnicas para entender estos fenómenos. Los debates y los estudios están orientados a definir conceptos, medir el tamaño del mercado, comprender los cambios de naturaleza, establecer las implicaciones sobre los mercados factoriales, explorar los ajustes en los marcos normativos, y plantear alternativas para mejorar el bienestar de la población bajo esas modalidades de relación laboral.

Hasta ahora ningún país ha adoptado cambios regulatorios de fondo, aun cuando hay diversas decisiones gubernamentales puntuales y algunas sentencias judiciales sobre casos específicos. Por esto, Colombia, país en el que el conocimiento y estas discusiones son marginales, no puede apresurarse a expedir leyes; en buena medida ha predominado la sensatez, pero decisiones como la de la SIC pueden ocasionar trastornos.

Por ahora, se podrían adoptar medidas específicas para favorecer la “reinvención” de algunos sectores; por ejemplo, en el caso de los taxis, definir su vida útil, eliminar los cupos, y establecer mecanismos de tarifación por oferta y demanda.

De no hacerlo, podríamos repetir la historia de los luditas, que optaron por romper máquinas; ese es el camino que anuncian los taxistas: “llegaremos a la capital de la república los 480 mil taxis y los tiraremos en toda la capital”. Así, cerraremos las puertas a la innovación y quedaremos en riesgo de volver al mundo de las cavernas.